Posicionamiento ante la privatización del
servicio de orientación en
los centros
concertados
de Educación
Infantil y Primaria
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado un decreto por el que financiará servicios de orientación privados
en
los centros
concertados de
educación Infantil y Primaria de
la región. Hasta la fecha,
los centros concertados eran cubiertos por los servicios de orientación públicos, que se encargaban de realizar la evaluación psicopedagógica al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo y
proponer medidas y recursos para su inclusión. Este decreto significa la privatización de este servicio en los
centros concertados de educación Infantil y Primaria y supone un claro retroceso en el camino hacia una
educación inclusiva de calidad.
Esta medida contradice tres principios básicos de la orientación educativa, recogidos en la normativa
vigente, que afectan al conjunto de la educación pública y,
especialmente, al
alumnado más vulnerable:
1. Rompe el principio de equidad, por el que los Equipos de Orientación atienden a cada uno de los
centros según sus necesidades. Los centros concertados podrán evaluar al alza al alumnado con dificultades y las Direcciones de Área Territorial podrán resolver sin someterse a condiciones de
transparencia. Así, estos centros podrán reclamar profesorado de apoyo que se detraerá de los centros públicos. Se trata de una vía para asignar recursos públicos a los centros concertados sin el control
público adecuado.
2. Rompe la intervención socio-comunitaria basada en
la
interdisciplinariedad, por
la
que profesionales de distintos perfiles, de forma colegiada, deciden
las propuestas en relación con las necesidades educativas de los alumnos y alumnas. Estas necesidades van más allá del ámbito
escolar y de los centros particulares, de modo que deben abordarse a través de la coordinación con
los diferentes
servicios e instituciones del
entorno (sociales, sanitarias, etc.).
3. Rompe con los principios de objetividad
e independencia. Con esta medida, la Administración perderá el control técnico que requiere la dotación de recursos públicos, pues los centros
concertados atenderán a las familias sin profesionales independientes. Ello permitirá mantener e
incluso incrementar
los
niveles de
segregación de alumnado con dificultades.
Las experiencias de otras regiones españolas anticipan que esta medida aumentará las desigualdades educativas y potenciará la concentración de Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo en los
centros públicos. En particular, el
gobierno de Aragón ha revocado este curso numerosos expedientes
elaborados por los servicios privados de orientación de los centros concertados. Estas revocaciones se han debido al injustificado número de diagnósticos de alumnado con altas capacidades, que perseguía evitar la
escolarización de
nuevo Alumnado con Necesidad Específica
de Apoyo Educativo en sus centros.
Por todo ello, rechazamos la privatización de los servicios de orientación en los centros concertados de
educación Infantil y Primaria, y exigimos que sea la administración pública, a través de sus Equipos de
Atención Temprana, de Orientación Psicopedagógica y del Servicio de Inspección Educativa, la encargada de establecer las Necesidades Educativas Especiales de todo el alumnado, así como de asignar los recursos
necesarios para la inclusión. De la misma forma, consideramos urgente aumentar estos recursos en los
centros ordinarios, siempre desde una gestión pública que defienda los derechos de todos los niños y las niñas, garantizando que en estos procesos no interfieren intereses privados
de ningún tipo.
Grupo promotor de
la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos
por
una escolarización inclusiva
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