Hay muchas formas de privatizar y degradar la escuela pública, y no cabe duda de que el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid las ha ensayado todas, haciendo de avanzadilla y marcando su hoja de ruta neoliberal para el resto de las Comunidades. Desde aquel famoso pucherazo-tamayazo aprovechado por el PP en mayo del 2003, la educación pública en Madrid ha sufrido el mayor ataque de su historia, al tiempo que la escuela privada concertada ha recibido las mayores bonificaciones públicas con las que nunca hubiera soñado. Tanto Lucía Figar como Esperanza Aguirre no han parado de felicitarse a sí mismas porque casi un 50% de los colegios de la región son concertados. Ahora bien, esta clara apuesta por la educación privada concertada no se limita únicamente a aumentar los recursos de una en detrimento de la otra, sino a una propaganda contra la Escuela Pública y su profesorado. En esta línea es donde cabe lo que nos disponemos a denunciar en este artículo: cómo la Consejería de Educación argumentado la búsqueda de la “excelencia” y de los “mejores profesionales” ha puesto en marcha un ERE maquiavélico contra el profesorado interino de la Comunidad, donde la víctima se convierte en su propio verdugo.
Desde la llegada de Rajoy y su equipo al Gobierno estatal se aprobaron un paquete de “recortes” para hacer frente a la crisis. Entre ellos, el Real Decreto que anunciaba que la tasa de reposición en educación y sanidad sería de un 10%. Así las cosas, al tiempo que las jubilaciones no se reponían, aumentaba la demanda de alumnado en matrículas a la escuela pública, por lo que se hacía necesario contratar a un mayor número de profesorado interino en condiciones cada vez más precarias. Y es en este contexto en el que la Comunidad de Madrid crea la tormenta perfecta para justificar un cambio unilateral en la regulación de la lista de profesores interinos, que no es, ni más ni menos, que un ERE para acabar con los derechos salariales y laborales de los profesionales con más experiencia.
Alegando la excelencia y basándose en un informe vergonzoso e inventado, en el que se acusaba a los aspirantes a maestros interinos de primaria de no saber los ríos de España o dónde está Murcia, se aprobó a última hora la forma de examen y contratación. “Para garantizar que los mejores lleguen a las aulas” explicaba Fígar, se modificaron los baremos para acceder a vacantes: nota del examen 80% en la calificación final, antigüedad 15% y méritos académicos un 5%. A partir de estos criterios se forma una única bolsa de interinos cuyo requisito para formar parte de ella es haber aprobado la oposición entera sin plaza en las dos últimas convocatorias. El resto, a la calle, de nada sirve la experiencia docente acumulada, la valoración de toda una carrera profesional, haber aprobado en anteriores ocasiones, la formación continua o los méritos académicos. Todo esto salvo que te necesiten, en cuyo caso debes acudir a aceptar lo que sea por muy precario que resulte: plazas a un cuarto de jornada, itinerancias imposibles entre varios centros, sustituciones de pocos días o contratos por horas para funciones concretas.
Se calcula que en los últimos cuatro años han sido despedidos por este sistema 7500 profesores y profesoras condenados a la selva del paro, al tiempo que fulminan la compensatoria, aumentan las ratios y dejan al alumnado más necesitado, y en riesgo de exclusión, sin la atención educativa que necesitan llevando la educación a situaciones de la época franquista en la que sólo unos pocos privilegiados tenían la posibilidad de estudiar.
La nueva regulación de la listas del profesorado interino es, a todas luces, un ERE. Es la forma de quitarse de encima a un profesorado que ha acumulado demasiados derechos laborales, trienios y sexenios. Es la eterna cuenta pendiente: los interinos no son ni trabajadores ni funcionarios docentes, en realidad, no existen. Su figura laboral está pensada para la provisionalidad. Pero varias décadas de políticas educativas canallas han convertido esta provisionalidad en crónica e, incluso, en muchas ocasiones, en toda una vida laboral. Y así pues, los interinos trabajan año tras año, sin la protección de la administración del trabajo. Algunos creían que acumulaban derechos laborales, pero, a ojos de las autoridades, ni siquiera eran trabajadores. De ahí que sus despidos no son despidos, lo mismo que sus vacaciones no son vacaciones (pues no son pagadas). Esta situación no habría resistido ni un asalto en los Tribunales de Justicia, si los interinos hubiesen sido considerados como trabajadores ante la Ley. Pero los interinos carecen de protección laboral legal, porque propiamente no son trabajadores. El resultado está a la vista: rotatividad y precariedad laboral absoluta. Al tiempo, se crea malestar entre los recién llegados a la condición de interino y los más antiguos, creando enfrentamientos internos en el colectivo. El colmo, fue, sin duda, el sarcasmo de la lideresa (esa que bailaba con Francisco Granados en la calle Génova): la mayoría de los interinos, dijo, “nunca habían aprobado las oposiciones, ni con plaza ni sin plaza, y estaban ahí puestos a dedo por los sindicatos”.
Ahora bien, lo que subyace debajo de la nueva regulación del profesorado interino es mucho más grave. Se trata de la lógica de “la tormenta perfecta” del neoliberalismo, en el que el único responsable de que tras 10, 15 o 20 años de servicio como profesor se quede en paro es suya, porque si hubiera estudiado más, habría aprobado. La misma lógica de culpabilización que hemos podido ver recientemente en el caso del contagio de ébola de Teresa Romero; “el pecado lleva la penitencia”.
Ante un panorama como el que se nos presenta de oferta pública (en las oposiciones de secundarias de Madrid para el 2014 ni siquiera se llegó al 10% de tasa de reposición: 157 plazas: 25 de geografía e historia, 30 de lengua y literatura, 20 de matemática, 10 de biología, 10 de física y química, 60 de inglés y 2 de alemán) parece más que seguro que tarde o temprano cualquiera que forme parte de la lista de interinos se vea afectado por la rotatividad laboral de la misma. Hoy yo y mañana tú. No son raros los casos en lo que alguien haya aprobado las oposiciones cuatro veces sin plaza, al tiempo que trabaja y tiene hijos o cuida a sus mayores. Familia, alegrías y problemas, la vida misma, vaya. Historias profesionales con más de 12 años de experiencia y cuatro oposiciones aprobadas, que si en la próxima convocatoria suspenden se van al paro. Sin despido y con la autoestima hecha trizas por no estar “entre los mejores profesionales”.
En conclusión: lo más sádico de este sistema de organización de listas de interinos es que una vez que has empezado a formar parte de ellas, comienza la cuenta atrás para ser despedido. Tarde o temprano. Por esta razón es imprescindible que luchemos por un cambio de la Orden, por un convenio colectivo, un acuerdo sectorial, que reconozca que la profesión docente está vinculada al mérito en el acceso, a la formación inicial, a la formación continua y a la experiencia. Pero además, que la tasa de reposición alcance el 100 por cien, y que se amplíe la oferta pública de empleo hasta convocar todas las plazas que son necesarias en Madrid para que haya atención a la diversidad, ratios que garanticen el proceso de enseñanza-aprendizaje en unas condiciones de calidad, se restablezcan los apoyos, los refuerzos, los programas de innovación y los proyectos de mejora y se atienda a todo el alumnado que se queda sin plaza en las diferentes etapas y las distintas enseñanzas de la educación pública. Esto es, un plan de empleo que suponga la creación de 15000 plazas en cuatro años. 7500 el curso próximo y 2500 en cada uno de los siguientes tres años.
Ahora nos toca bailar a nosotras, y como dice Nacho Vegas en su último disco, Resituación, “nos quieren en soledad, nos tendrá en común”. Pues eso.
Silvia Casado e Isabel Galvín son profesoras de la Comunidad de Madrid
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