"Entre fútbol y elecciones, también la calidad educativa merece atención" (Manuel Menor)

Los pasados días, 24 y 25 de mayo incluidos –con sus secuelas inmediatas-, no son propicios para hablar de políticas educativas. O tal vez sí, dada la saturación mediática de estas actividades.

Estos días son propicios, de todos modos, para observar el alcance pedagógico de la actividad deportiva y de la mecánica de unas elecciones. Tan denso es el espacio y los tiempos de información que ocupan, que pareciera que son lo fundamental ahora mismo. No es preciso repensar qué hacen o han hecho los futbolistas estos días, para comprender el valor que damos a su actividad omnipresente en los medios y en las preocupaciones de las más variadas empresas, cuyos intereses se cruzan con nuestras modalidades inducidas de divertimento pasivo: la sensación que el fútbol nos deja estos días es la de su inevitable trascendencia para nuestras vidas, por muy resistentes que queramos ser a su omnímoda ubicuidad. Tampoco es muy obligado repensar la valía de lo que cuantos partidos concurren a estas elecciones europeas hayan podido decir o no decir: de manera más o menos inteligente o de modo más o menos zafio y trasnochado, han tratado de ocuparnos el restante tiempo de atención disponible. Vayamos a votar o no y hayamos estado o no pendientes de lo sucedido en Barcelona, Madrid o Lisboa con la actividad balompédica, no puede decirse que, de la invasión alternante de ambos planos de atracción mediática, no hayamos asistido a una intensa actividad de educación social. Aparentemente inocua -pero refrendada además por el buen lugar en que nos dejan las calificaciones de uno de nuestros evaluadores externos, como S&P, que sube nuestra nota de deuda al alza-, ha estado adoctrinando y conduciendo nuestras vidas por “la buena senda”.  Y sin que nos hayan dicho propiamente nada sustantivamente nuevo de educación estrictamente tal, sirve de cobertura sobrada para que determinadas reformas se vayan asentando, sigilosa e imperturbablemente, un poco más.

Todo apunta hacia la selección. La orgullosa metáfora del fútbol español caminando  hacia Brasil irá acompañando la maduración de medidas que se avecinan para los candidatos a estudiar en las universidades españolas a partir del curso 2017-18. En caso de que la LOMCE siga adelante, el nuevo modelo que esta propugna, además de exigir una especie de reválida previa de lo estudiado en los dos cursos de Bachillerato –un título de alcance tan impreciso como variable desde la reforma de Ruíz Jiménez en 1953-, exigirá para cursar estudios universitarios una segunda prueba que cada universidad podrá establecer para distribuir al alumnado. Si Alejandro Tiana dudaba el mes pasado en Escuela (http://www.blogcanaleducacion.es/sobre-el-cambio-del-modelo-de-acceso-a-la-universidad/) de que este nuevo modelo no fuera a dejar espacios de oscuridad, poco propicios para que el mérito y la igualdad de los alumnos concurrentes pudiera brillar decididamente, lo cierto es que, en conjunto, este procedimiento incentivará muy claramente la selecta poquedad de quienes puedan acceder a los estudios superiores de nuestro sistema educativo.

Verdad es que, con responsabilidad de los implicados –universidades y Gobierno-, pueden soslayarse los temores que a Tiana inspira la nueva fórmula. Pero también lo es que algunas actitudes que no cejan en estos días de fútbol y propaganda política, no propician esa confianza.  A propósito de los modos de hacer de muchas universidades -y sin demérito para eximias y muy loables maneras de proceder-, basten tan sólo dos o tres observaciones poco halagüeñas. Una, por ejemplo, consistente en la poquísima relación simbiótica que nuestras Facultades universitarias mantienen con el profesorado de los niveles de enseñanzas escolares; viven y actúan como si nada tuvieran que ver con ellas o muy poco cuando, en realidad, la formación inicial de todo el profesorado –con excepción del universitario- depende desde 2009 de la universidad. En los grados y másteres que ofrecen -y que, al menos como requisito han de alegar quienes quieran optar a la profesión docente-, ni siquiera los “prácticum”, tan determinantes de la calidad de las competencias didácticas que pretenden, son homologables de unas a otras universidades: la relación indispensable con los profesores y maestros de los centros educativos en que han de desarrollarse esos créditos o ECTS primordiales deja mucho que desear. Continúa existiendo en demasía un estancamiento del pasado tal que la universidad se considera a sí misma perteneciente a otra órbita distinta e independiente de la del sistema educativo general. Es más, sigue siendo excesivamente habitual que las Facultades de Ciencias de la Educación –centro neurálgico de otro concepto relacional-, sean consideradas como Facultades “otras”, de un tipo de saberes cuya clasificación les es difícil de establecer a las autoridades de cada universidad más allá de lo que digan los papeles burocráticos preceptivos. Y en la misma línea están –por poner otro ejemplo más- los modos de desarrollar o impartir tales enseñanzas –de nomenclaturas importadas con la implantación del EEES o “Plan Bolonia”, pero con una infraestructura de subcontratación consolidada-. Sabido es que no es difícil encontrar, en bastantes de ellas, una amplia mayoría de profesores constituida con diversas figuras de contratos temporales de bajo coste, cuyos candidatos principales son profesores de Instituto a tiempo parcial, a quienes no tienen que pagar seguros ni otras remuneraciones salariales. Con la consecuencia de que pasan los años, sin que mejore la consideración de los meritorios trabajos de estos profesores, su posición relacional respecto a los pocos profesores titulares,   y sin que tampoco puedan establecerse en estos departamentos serios proyectos de investigación y de docencia claramente innovadores. Puede alegarse que estamos en una situación de crisis, pero no vale sino como pretexto: es un proceder que viene de lejos y que, en muchos casos, se prolonga –irresponsablemente- desde antes de la LRU (Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, vigente hasta el 13/01/2002), de cuando los PNNS eran los encargados de gran parte de la docencia a un alumnado en crecimiento continuado; de cuando en 20 años -entre 1960 y 1980-, se había pasado de 170.000 a 650.000 alumnos, y que serían millón y medio cuando el PSOE dejó el poder en 1996 (Ver: PUELLES. M. de, Política, legislación y educación, UNED, 2012, pág. 186).

Y, además, todo apunta a que los designios del actual Gobierno pretenden explotar a fondo esta inestable situación para un mayor deterioro de la universidad pública. Apuntarse a impartir grados o másteres ya está siendo un buen negocio para algunas empresas privadas, que pueden hacerlo bajo “su responsabilidad” inscribiendo títulos aparentemente innovadores, demandados en algunos nichos sociales, a impartir con profesorado cazado al vuelo de diversas y muy mejorables calidades científico-pedagógicas –algunos, los de más renombre, sólo son mencionados en los papeles acreditativos para figurar o dar, muy concentrados, unos pocos créditos-, pero con con jugosas conexiones rentables para algunas entidades o fundaciones colaboradoras. Y, por otro lado, en este momento ya corre el rumor de que este leal Gobierno pretende hacer en ANECA algunas modificaciones más propicias a estos desarrollos. A esta entidad, instituida por Pilar del Castillo en 2001 (L. O. 6/2001, de 21 de diciembre), supuestamente para acreditar imparcialmente la “calidad” meritoria de quienes aspiraran al desempeño de determinadas modalidades de docencia universitaria y la garantía de su “calidad” investigadora, se le encargó posteriormente la evaluación de los propios títulos universitarios oficiales y sus planes de estudio, como quedó establecido por la L.O. 4/2007, de 12 de abril y concretaron todavía más los Reales Decretos de 2 de julio de 2010 y 28 de enero de 2011. Ahora parece que en su metodología de trabajo se evitarán cuantificaciones puntuales de cada uno de los ítems alegados para ser evaluados. Si llega a buen puerto este globo sonda de unos nuevos protocolos decisorios, más aleatorios y fiados al buen criterio de los tribunales designados para juzgar, en vez de acrecentarse sus garantías de responsabilidad seguramente disminuirán y, con ellas, una muy deseable transparencia mayor.

Y de fondo -mientras repasamos la porra acerca de las elecciones y sobre lo que vaya a pasar en Lisboa, o al revés-, nadie nos aminora la duda de si cuanto ahora quiere reafirmar esta nueva ley es o no lo más responsable que hacerse pueda con el sistema educativo español. Han pasado 112 años desde que que D. Miguel de Unamuno ya escribiera que “hay que predicar de continuo contra esa barbarie de la supremacía de los conocimientos de aplicación y contra esa otra barbarie del especialismo a toda costa y sin base de universalidad. Así llegaríamos a manejar máquinas, pero no a saber hacerlas, y sobre todo a perder el apetito de vida y a no tener motivo de vivir” (Ver: “La Educación” [febrero de 1902], en: Ensayos, I, Madrid, M. Aguilar, 1942, p. 326). Toda una premonición de un indignado.

Manuel Menor Currás

Madrid, 23/05/2014