Miles de personas se han reunido ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tras la convocatoria realizada por somescola.cat, la organización de apoyo a la escuela catalana y al modelo social que representa, para mostrar su rechazo al auto judicial con el que se pretende obligar a cinco escuelas a impartir un mínimo del 25% de sus clases en español.
La plataforma, conformada por unas cuarenta entidades, alertó en un comunicado que esta decisión supone el ataque más grave que ha recibido la escuela desde los tiempos de la Transición. El manifiesto insiste en que "ahora más que nunca hay que hacer realidad el lema Por un país de todos, la escuela en catalán".
En declaraciones a los medios, la presidenta de Òmnium Cultural y una de las portavoces de Somescola, Muriel Casals, ha defendido que la inmersión es un modelo que funciona, y ha afirmado que "no son los jueces los que tienen que decidir el porcentaje de las lenguas".
Ante las personas concentradas, los representantes de todas las entidades que forman Somescola, han leído un manifiesto que critica la intención del TSJC busca "politizar el sistema educativopara conseguir con la vía judicial los objetivos centralizadores que persiguen".
'"Constatamos la gravedad que supone que los jueces entren en el aula para decidir cuál debe ser la política lingüística de los centros" recoge este manifiesto que también constata "la espiral de acoso al sistema educativo ha ido creciendo hasta llegar a un punto que ningún país democrático puede consentir".
Por todo ello, desde esta plataforma piden que se defienda el actual modelo de escuela y hacen un llamamiento particular a la Conselleria de Educación a seguir aplicando la LEC. Somescola también ha pedido el amparo para los cinco directores "amenazados por los jueces, que tienen que saber que tienen su gobierno y su país al lado".
La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Anna Simó, mostró su apoyo a esta concentración e instó a la ciudadanía a participar en las movilizaciones en apoyo al modelo lingüístico vigente. Simó ha defendido la separación de poderes y ha asegurado que el TSJC atenta contra este principio democrático, ya que "se está extralimitando en sus funciones". ERC considera que la única institución que tiene capacidad para fijar los usos lingüísticos en un centro escolar es el Parlament de Catalunya.
Este auto, con fecha de 30 de enero, da respuesta a los recursos de varias familias que exigieron medidas a la Generalitat para garantizar la enseñanza también en castellano para sus hijos. Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal fija una cuota mínima de castellano en las aulas.
El TSJC determina de esta manera el alcance de derecho de las familias recurrentes sobre el derecho de utilizar el castellano en la enseñanza de los alumnos que lo hayan pedido, fijando de esta manera una 'utilización mínima' del 25% en horario lectivo. Esta medida significará que una asignatura o materia troncal se imparta en castellano, además de la asignatura de lengua que ya se imparte en este idioma.
La resolución afecta a los centros Mare de Déu del Roser de Barcelona; el instituto Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles; Escola Pia Sant Josep de Calassanç de Sabadell; la Escola Pia de Sarrià-Calassanç de Barcelona; el Colegio Sant Bonaventura Franciscans de Vilanova i la Geltrú.
La decisión del TSJC ha sido rechazada frontalmente por el Gobierno catalán, que ya ha presentado un recurso en contra. Según el recurso, los autos vulneran la Constitución Española, el Estatut d'Autonomia y la Ley de Educación catalana.
Una de las escuelas afectadas también se ha pronunciado explícitamente contra la imposición del TSJC. En un comunicado, la Escuela Pia recordaba que sus centros "están arraigados en el país y a su servicio".
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