La secretaria general de Educación de CCOO Madrid ha mostrado en ‘Salvados’ su rechazo a equiparar la Religión al resto de materias, como hace la Ley Wert, que además “legaliza la financiación con dinero público de los centros segregados por género”. Galvín ha señalado que “la pagamos entre toda la ciudadanía, pero su control lo tiene la Conferencia Episcopal”.
Isabel Galvín ha denunciado que “en España tenemos que convivir en un sistema educativo en el que es obligatorio que en todos los centros se oferte religión católica”, según recoge el concordato firmado con la Santa Sede, que garantiza “que las familias tienen derecho a solicitar la religión católica para sus hijos”.
Por otra parte, habla de que la religión católica “tendrá un tratamiento equiparable a otras materias de los programas educativos y no estará sometida al número de alumnos que la demanden”. Galvín pone como ejemplo, en el curso actual, “centros de educación secundaria donde hay un solo alumno y el profesor de Religión está allí”. Sin embargo, para el resto de materias troncales, “hay unas ratios mínimas y, si estas ratios no se cumplen, no hay profesor”.
La secretaria general de Educación de CCOO Madrid ha precisado que en clase de Religión, los niños estudian “religión católica y catequesis”, lo que no ocurre “en ningún otro país de nuestro contexto europeo”.
No sólo eso, sino que en España, “la pagamos entre toda la ciudadanía, pero el control sobre esa asignatura lo tiene la Conferencia Episcopal”. “Son ellos los que elaboran los temarios y los que elaboran los métodos de evaluación, y también los que eligen al profesorado”, denuncia.
“Ese profesorado lo pagamos todos, unos 700 millones al año, pero no hay oposiciones”, señala Galvín, “es la Conferencia Episcopal quien les da el certificado de que son profesores de Religión”. Para contrastar, pone el ejemplo de Alemania, donde “es el Estado el que elige al profesorado y los temarios”.
Para obtener el certificado de Idoneidad “hay que tener una recta doctrina”, lo que significa “casarse por la Iglesia, no convivir con una pareja sin estar casado, no quedarse embarazada sin estar casada, etc”. Si no lo cumples, “te despiden”, nos cuenta Galvín.
Es cierto que existe la opción de estudiar en un centro público las religiones protestante, musulmana y judía, pero “los organismos de estas religiones se quejan de los obstáculos que se encuentran para tener profesores e incluso para que la demanda y el derecho de las familias pueda ser ejercida”.
La Ley Wert “equipara la Religión a cualquier otra materia y su nota computa para el expediente académico”. Además, “legaliza la financiación con dinero público de los centros segregados por género”, algo que hasta ahora no era legal “porque los tribunales dictaron que no se podía financiar con fondos públicos este tipo de centros”.
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