Nota de prensa de AIDMAD sobre la regulación de listas de interinos en Madrid

La Asociación de Interinos Docentes de Madrid nos envía este comunicado

AIDMAD DENUNCIA UN NUEVO ATAQUE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA A TRAVÉS DE SU PROFESORADO INTERINO.

La Comunidad de Madrid  ha denunciado el acuerdo sectorial sobre regulación de listas de interinidades de Primaria, Secundaria y Formación Profesional y pretende imponer una normativa en que la experiencia sólo contaría un diez por ciento del baremo frente al 80 por ciento de la nota del examen. Sólo los aprobados en las pruebas del proceso selectivo que no obtuvieran plaza formarían parte de esta lista. Ante esto la Asociación de Interinos Docentes Madrileños (AIDMAD) quiere denunciar que:

Con esta medida la Comunidad desprecia y desperdicia el trabajo de miles de profesores formados y con experiencia a los que condena a una precariedad laboral aún mayor de la que ya padecían. Como en cualquier trabajo, pero más aún que en cualquier trabajo, la experiencia es algo fundamental para la docencia. Cualquier profesor sabe que a enseñar se aprende enseñando. Es una labor eminentemente práctica en la que, sin despreciar la importancia de los conocimientos teóricos, se mejora día a día enfrentándose a los retos que propone el alumnado y la multiforme y complicada realidad educativa. La Comunidad pretende prescindir, por motivos exclusivamente ideológicos, de  muchos de sus mejores activos.

Con esta medida tampoco se favorece, como argumentará torticera y demagógicamente la administración, a los profesores con mayores conocimientos. Con el actual acuerdo, que se caracteriza por un equilibrio entre la nota y la experiencia del profesorado, la mayoría de los profesores interinos han aprobado ya en alguna ocasión, incluso con nota, el proceso opositor, por lo que también en el aspecto teórico son docentes con una excelente formación a los que se obliga a examinarse repetidamente de algo que ya han aprobado con notas que les habrían supuesto una  plaza en otras convocatorias, la cual no han obtenido, únicamente,  porque las sucesivas administraciones educativas (ninguna con el descaro de esta última, eso sí) preferían tener a los profesores interinos en una situación de precariedad laboral y no convocaban las plazas que requeriría nuestra educación pública.

Este último argumento de la administración, el de favorecer la supuestamente mejor formación de los aprobados en el examen, es especialmente cínico cuando sabemos que la agenda apenas ya oculta de la administración, de la que esta regulación forma parte, pasa por saltarse el sistema de oposiciones para el acceso al sistema educativo público. De ello hay múltiples ejemplos: convocatoria de oposiciones con número de plazas ridículas que no cubren en absoluto las necesidades educativas; contratación de “profesores” extranjeros que no han pasado ningún proceso opositor y en ocasiones ni siquiera están formados como docentes; instauración , de cara a la galería, de un sistema de bilingüismo  mal diseñado y peor ejecutado que favorece que, ahí sí, profesores sin nota pasen por delante en la lista de los compañeros que sí han aprobado el examen; clases de refuerzo externalizadas y adjudicadas a oscuras “fundaciones” con ningún interés en la educación pública; y, en fin, una política de supuesta austeridad que se ceba a fondo con los centros públicos mientras que se favorece un modelo de enseñanza concertada que, desde luego, no tiene ningún sistema objetivo de acceso para sus empleados. Pues bien, como decimos, esta regulación es parte de esas medidas. El que la lista esté solo formada por aprobados en el examen daría lugar a unas listas cortas que dejarían vía libre a una elección arbitraría, sin tener en cuenta ningún baremo por parte de la administración. El que la LOMCE deje abierta la posibilidad de que el director elija a los profesores de su centro da una pista importante de que lo que se quiere realmente no es favorecer la nota en las oposiciones, sino cambiar el modo de acceso al modelo de la empresa privada, el único en que cree esta administración. Incluso, posibilitar, que sean ETT`s las que seleccionen los candidatos para ocupar puestos como interinos docentes.

En cualquier caso esta medida sería consecuente con las políticas, que bajo pretexto de la llamada crisis económica, está tomando este gobierno y que conducen a una sistemática precarización del mercado laboral. La administración quiere sustituir a un profesorado formado y con cierta (desde luego muy insuficiente) seguridad laboral, por un profesorado precario y sin experiencia al que no se le dejaría ninguna posibilidad de asentarse en su labor pues se le sustituiría inmediatamente con sucesivos procesos opositores, por supuesto, insuficientes. Esto favorece además un profesorado forzosamente descomprometido con la enseñanza pública que no se oponga a la labor de demolición de lo público, a la que por motivos en absoluto económicos y sí ideológicos está entregada esta administración.

De momento los representantes de las distintas fuerzas sindicales con presencia en la mesa sectorial se han opuesto a esta medida y han defendido, unos con mayor energía que otros, el mantenimiento del actual acuerdo sectorial. Nos congratulamos de ello y advertimos que consideramos que, frente a este descarado intento de demolición, cualquier negociación sería un gravísimo error que rechazaríamos totalmente. Cuando la administración pretende, como hemos argumentado, destruir o precarizar (aún más) el empleo de muchos de sus mejores docentes, despreciando, además, a los usuarios de la educación pública, a los que se priva de estos profesores, y, en definitiva, seguir con la política neoliberal de destrucción de lo público, no hay acercamiento posible. Las acciones que deben llevar a cabo las distintas fuerzas sociales (sindicatos, padres, alumnos y  profesores), a las que nos sumaremos, y las que nosotros realicemos como colectivo, tendrán que ser acciones de combate social, legal o comunicativo que convezcan a la administración de la imposibilidad de implantar este tipo de  política. Sólo cuando se haya ganado esa batalla será posible negociar.

Por último, queremos dejar claro que en absoluto queremos perpetuar nuestra nada envidiable condición de “interinos”. Nuestras reivindicaciones están enmarcadas en un horizonte mucho más amplio que el rechazo de esta regulación. Creemos en la necesidad de que se convoquen oposiciones justas y transparentes con una tasa de reposición del 100 por cien. Creemos en la necesidad de que vuelva a haber unos cupos de profesores razonables de acuerdo a las necesidades educativas y un ratio de alumnos por clase que favorezca la calidad de la enseñanza. Creemos en la necesidad de que se universalice la enseñanza pública suprimiendo los conciertos educativos y, en definitiva, creemos que la enseñanza pública y universal es un derecho que no se puede cercenar con la excusa de una crisis financiera de la que los ciudadanos no somos responsables, pero que intentan hacernos pagar.