EL PERIÓDICO.COM: La implantación de la LOMCE costará 7,5 millones en los dos primeros años
Que José Ignacio Wert no se lleve a engaño. El apoyo que los consejeros de Enseñanza de las comunidades gobernadas por el PP otorgaron el pasado día 19 a su reforma no es un cheque en blanco.
A cambio de lograr su voto favorable a la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), el titular de Educación se ha tenido que comprometer por escrito a que "el ministerio asumirá con cargo a su propio presupuesto la financiación de los gastos directamente relacionados con la implantación de la ley".
La estimación inicial del Gobierno es que los dos primeros años de la LOMCE (que Wert quiere que entre en vigor en el curso 2014-2015) supondrán un sobrecoste de 7,5 millones de euros.
El compromiso de financiación -que tanto inquietaba hasta hace unos días a los consejeros- figura en la memoria del borrador de la ley, que, sin embargo, no despeja las dudas sobre quién pagará la segunda fase del despliegue de la ley, los denominados «costes de consolidación de la reforma». La respuesta se espera que la dé el ministro en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación convocada para la tercera semana de enero.
EL PRIMER AHORRO / El ministerio espera que en el primer ejercicio completo de la ley, el del 2015, se consiga incluso un ahorro de 3,8 millones, gracias al nuevo diseño que la LOMCE hace del bachillerato, que de las actuales nueve vías de estos estudios posobligatorios pasa a tan solo cuatro modalidades. El propósito es que cada instituto se especialice en una de estas modalidades y que, por lo tanto, se abaraten los gastos corrientes y de personal.
El verdadero sobrecoste, admite la misma memoria, llegará en el segundo año de la reforma, el 2016, cuando el ahorro de 44,6 millones que se conseguirá con el desarrollo completo del nuevo bachillerato no será suficiente para compensar los 52,8 millones que costará la puesta en marcha de la formación profesional básica, hacia la que se encaminará a los alumnos de 15 años que «no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso de la ESO», según recoge la LOMCE. El gasto estimado para ese año es de 11,3 millones.
«Lo cierto es que son estimaciones que no se sabe muy bien en qué elementos están basadas, pero, al margen de eso y de las dudas que se puedan plantear sobre el importe, no parece que la implantación de la LOMCE vaya a requerir unas cifras de inversión sustantivas. Parece, a priori, un presupuesto asumible», valora Jorge Calero, profesor de Economía Aplicada en la Universitat de Barcelona (UB) y expresidente del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Catalunya. Quizá por eso, porque no es una cantidad desorbitada, y porque no se tendrá que empezar a pagar hasta dentro de tres años, el ministerio ha aceptado hacerse cargo del importe.
LA CONSOLIDACIÓN / Pero más que la implantación, lo que realmente preocupa a las comunidades autónomas es lo que el Gobierno ha bautizado como «costes de consolidación de la reforma educativa», un proceso que se prolongaría hasta el año 2020 y que, en teoría, tendría que confirmar el éxito de la LOMCE. «Para esa fecha, el 2020, la Unión Europea ha pedido a los países miembros que hayan reducido sus tasas de abandono escolar temprano al 10%», recuerda Calero. Los últimos datos del ministerio hablan de una tasa actual del 30,6%. El camino que hay que recorrer antes del fin de la década promete ser, pues, complicado.
Wert confía en que, solo con la entrada en vigor de la LOMCE, el porcentaje de jóvenes que aprueben para entonces el bachillerato sea, como mínimo, del 50% de los alumnos de estudios posobligatorios (ahora es del 48,6%) y de al menos el 20% en la formación profesional de grado medio (actualmente es del 18,9%). La tasa de titulados de la nueva formación profesional básica sería del 8%.
Pero eso, prosigue la memoria, tiene también un coste. ¿Cuánto? «Incrementar un punto la tasa de titulación en bachiller supone un coste de 74,36 millones de euros y un punto [...] en ciclos formativos de grado medio sería de 88,5 millones», dice el texto, que a renglón seguido añade que el importe «dependerá de las decisiones de cada administración educativa» o, lo que es lo mismo, que será cada autonomía quien tendrá que decidir, en función del resultado de sus alumnos, cuánto quiere invertir. Otra cosa, observa el profesor de la UB, «es saber quién pondrá aquí el dinero».
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