EL PAIS.COM: “Me enteré de mi despido en el cajero”
“Llegué a las diez de la noche a la estación de Chamartín después de una semana de vacaciones. Me acerqué al cajero automático a sacar dinero para coger un taxi. De repente vi que tenía 12.000 euros en mi cuenta. Pensé que el cajero se había vuelto loco porque solamente tenía 2.000 euros de ahorro. Al día siguiente volví a meterme en mi cuenta y vi que tenía un ingreso de 10.000 euros. En el concepto se podía leer: Indemnización por despido. Así me ha echado a la calle la Universidad Rey Juan Carlos”. El relato corresponde a una profesora de Estadística de esta universidad pública de Madrid, que recibió el finiquito el jueves pasado. El burofax en el que le notificaban la carta de despido no llegó hasta el día siguiente.
No tuvo tiempo para reclamar. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) —con 1.653 docentes— cerró por vacaciones justamente el viernes al mediodía hasta el próximo 20 de agosto. Tampoco ha podido informarse F. G., profesor contratado desde 2003. “Para acceder a esta categoría es necesario pasar un proceso de acreditación por parte de una agencia nacional o autonómica, independiente de la universidad. Por ejemplo, yo estoy acreditado por la agencia nacional Aneca, que verifica que tenemos la experiencia docente e investigadora necesaria”.
Como ellos, otros nueve docentes, también contratados doctores (es decir, personal no funcionario pero indefinido), fueron despedidos la semana pasada, en plenas vacaciones, sin previo aviso. La URJC no precisó a este diario si hay o habrá más. “Primero te mandan el dinero y luego te dicen que es porque te despiden”, se queja Clara Simón, profesora doctora de Estadística, que también se enteró a través de la inesperada transferencia bancaria. El centro asegura que ha cumplido con la normativa laboral al comunicar los despidos.
La Rey Juan Carlos justifica en la carta de despido de 13 páginas que debe ajustarse al último recorte impuesto por la Comunidad de Madrid en la ley 4/2012, que consagra un tijeratazo de 175 millones en las seis universidades públicas de la región. En el caso de la URJC, supone recortar entre 15 y 16, según el escrito. Otro de los argumentos que esgrime es la carga lectiva en los departamentos afectados, según el centro, escasa, por debajo de la media. En el caso de Estadística, los docentes afirman que el centro lleva dos años quitándoles asignaturas y que ellos no deberían pagar por la “mala organización”.
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