Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
23-9-2020
Unidas Podemos y el PSOE difieren respecto a las ratios. El Gobierno en su conjunto ha renunciado a bajar por ley el número máximo de alumnos por aula en las enmiendas conjuntas que han presentado a la LOMLOE, la nueva ley de Educación que se tramita en el Congreso. Ante la negativa del PSOE a incluir esta modificación en la ley (los socialistas defienden que ya hay unos máximos y que las comunidades pueden bajarlas si quieren), UP ha presentado una enmienda propia para rebajar las ratios de alumnos por aula de manera definitiva, más allá de la emergencia coyuntural. UP propone que en cada clase de Primaria y Secundaria haya un máximo de 20 estudiantes, que serían 25 en la Secundaria postobligatoria. Pero la formación morada no ha conseguido convencer al PSOE, según fuentes de UP, de manera que la iniciativa ha quedado fuera del paquete de enmiendas comunes que han presentado ambas formación bajo un cierto aire de que aquellas, las conjuntas, son las enmiendas del Gobierno a su propio texto.
Este miércoles acababa el plazo de presentación de enmiendas de los partidos al proyecto de ley del Ministerio de Educación (la LOMLOE) y las propuestas de modificación comunes que han presentado el PSOE y UP (un total de 107) no incluyen una disminución del número de alumnos por aula, la que probablemente sea la principal exigencia histórica de los docentes, reforzada por la necesidad de distancia social que impone la pandemia. Actualmente, tras la subida que realizó el exministro José Ignacio Wert en 2012, las ratios máximas permitidas por ley son de 25 alumnos por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Todas estas cifras son ampliables un 10% en casos excepcionales, aunque según dónde no necesitan ser tan excepcionales para aplicarse. UP sí propone su bajada,
Entre las enmiendas que sí han presentado los partidos que forman el Gobierno destacan tres, explica Javier Sánchez Serna, responsable de Educación de UP: el refuerzo de la educación pública situándola como eje vertebrador del sistema y con un compromiso, por escrito, de aumentar la oferta de plazas en la red pública cada año; un aumento de la oferta de plazas públicas en la Educación Infantil (no obligatoria); y eliminar los conciertos a centros que segreguen a sus alumnos por sexo, una modificación que introdujo Wert y avaló el Tribunal Constitucional. La Religión como asignatura volverá a no contar para la media y no tener asignatura espejo (la alternativa para los que no la cursan), pero también parece haber caído en el olvido, salvo que se regule por otra vía, la intención de la ministra, Isabel Celaá, de sacarla del horario lectivo.
Las enmiendas presentadas por PSOE y UP a lo que parecería su propio proyecto de ley hay que entenderlas porque el texto presentado en el Congreso es enteramente del PSOE. Para no tener que pasar el trámite de audiencia pública, etc. obligatorio en todo proyecto de ley, el ministerio presentó el mismo borrador que había registrado Celaá el mismo día que se disolvían las Cortes de la anterior legislatura, y UP ha querido, explican fuentes del partido, sentirlo como propio con algunos cambios, que se han pactado con el PSOE. Pero no deben haberlo sentido como propio del todo, toda vez que aparte han presentado sus propias enmiendas.
El PP también ha presentado sus propias enmiendas a la ley, informa Europa Press. Son 10 en total, entre las que destacan la creación de un sistema parecido al MIR de los médicos para los docentes o que el 65% del currículum sea común para toda España.
En manos de las comunidades
El tema de las ratios separa a los socios de Gobierno. Por la mañana, tras una rueda de prensa conjunta con cierto aire de improvisación, Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, ha justificado la renuncia a bajar las ratios porque la ley ya fija unos máximos, pero permite a los Gobiernos de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Educación, rebajar esos topes. "No vemos la necesidad" de cambiarlo, ha explicado. Una idea similar parece tener la ministra Celáa, que eludió la pregunta por dos veces en una entrevista con este periódico en abril y se limitó a afirmar que para eso no hace falta una ley orgánica.
Pero Podemos difiere, y ha presentado otra enmienda propia en la que incluía la petición de bajada de ratios, pero por el momento no cuenta con el apoyo del PSOE. "Se han registrado enmiendas que defienden lo que hemos defendido programáticamente desde hace años, y que también lo reivindica la comunidad educativa progresista", explican fuentes del partido. UP también propone que el suelo público sea exclusivamente para centros públicos y convertir la red concertada en "subsidiaria" de la pública, entre otras cuestiones.
El problema de dejar en manos de las comunidades las bajadas de ratios –si se entiende que no baje el máximo de alumnos por aula como un problema– es que los Gobiernos regionales no parecen muy por la labor de reducirlas, y sin una ley que lo especifique el Gobierno no tiene mecanismos para obligarlas.
Se ha podido observar con el planteamiento de este curso con la COVID-19. A finales de agosto, el Ministerio pactó con las comunidades que los grupos que debían tener una educación 100% presencial (hasta 2º de la ESO, con carácter general) serían de 20 alumnos máximo siempre que fuera posible. Pero, sin ley de por medio, esta medida quedó en recomendación. El resultado es que la mayoría de las comunidades no han reducido sus clases a estos 20 alumnos, según denuncian docentes y familias por toda la geografía a falta de datos oficiales. Y en algún caso que sí los han ofrecido, como en Andalucía, solo ha servido para confirmar que efectivamente no cumplen la recomendación de los 20 alumnos por aula. Según la Consejería asturiana de Educación, solo su comunidad y la Valenciana están cumpliendo.
Fuentes de Podemos explican que la cuestión se ha debatido, pero que "no ha habido consenso entre los socios de Gobierno". En el partido creían que el tope actual se podía ajustar más, explican estas fuentes, pero también anticipaban complicaciones al encajarlo en el debate presupuestario (ratios más bajas significa más profesores, lo que significa más dinero) y finalmente aceptaron no dar la batalla en este campo. Desde el partido explican que se planteó bajarlas al inicio de curso por Real Decreto –la fórmula que utilizó Wert para subirlas–, pero finalmente se apostó por otras vías, y que para un RD "siempre hay tiempo".
El tema de las ratios separa a los socios de Gobierno. Por la mañana, tras una rueda de prensa conjunta con cierto aire de improvisación, Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, ha justificado la renuncia a bajar las ratios porque la ley ya fija unos máximos, pero permite a los Gobiernos de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Educación, rebajar esos topes. "No vemos la necesidad" de cambiarlo, ha explicado. Una idea similar parece tener la ministra Celáa, que eludió la pregunta por dos veces en una entrevista con este periódico en abril y se limitó a afirmar que para eso no hace falta una ley orgánica.
Pero Podemos difiere, y ha presentado otra enmienda propia en la que incluía la petición de bajada de ratios, pero por el momento no cuenta con el apoyo del PSOE. "Se han registrado enmiendas que defienden lo que hemos defendido programáticamente desde hace años, y que también lo reivindica la comunidad educativa progresista", explican fuentes del partido. UP también propone que el suelo público sea exclusivamente para centros públicos y convertir la red concertada en "subsidiaria" de la pública, entre otras cuestiones.
El problema de dejar en manos de las comunidades las bajadas de ratios –si se entiende que no baje el máximo de alumnos por aula como un problema– es que los Gobiernos regionales no parecen muy por la labor de reducirlas, y sin una ley que lo especifique el Gobierno no tiene mecanismos para obligarlas.
Se ha podido observar con el planteamiento de este curso con la COVID-19. A finales de agosto, el Ministerio pactó con las comunidades que los grupos que debían tener una educación 100% presencial (hasta 2º de la ESO, con carácter general) serían de 20 alumnos máximo siempre que fuera posible. Pero, sin ley de por medio, esta medida quedó en recomendación. El resultado es que la mayoría de las comunidades no han reducido sus clases a estos 20 alumnos, según denuncian docentes y familias por toda la geografía a falta de datos oficiales. Y en algún caso que sí los han ofrecido, como en Andalucía, solo ha servido para confirmar que efectivamente no cumplen la recomendación de los 20 alumnos por aula. Según la Consejería asturiana de Educación, solo su comunidad y la Valenciana están cumpliendo.
Fuentes de Podemos explican que la cuestión se ha debatido, pero que "no ha habido consenso entre los socios de Gobierno". En el partido creían que el tope actual se podía ajustar más, explican estas fuentes, pero también anticipaban complicaciones al encajarlo en el debate presupuestario (ratios más bajas significa más profesores, lo que significa más dinero) y finalmente aceptaron no dar la batalla en este campo. Desde el partido explican que se planteó bajarlas al inicio de curso por Real Decreto –la fórmula que utilizó Wert para subirlas–, pero finalmente se apostó por otras vías, y que para un RD "siempre hay tiempo".
Más escuela pública
Las principales enmiendas presentadas, más allá de algunas novedades técnicas, van en la línea de reforzar la escuela pública, explica Sánchez Serna. "Por primera vez, se incluye en una ley educativa el compromiso de incrementar las plazas en centros de titularidad pública", valora el diputado. Una medida similar se aplicará, si la ley sale adelante con estas modificaciones, a las escuelas infantiles. "Hemos querido poner negro sobre blanco que la oferta del 0-3 (la primera etapa de la Educación Infantil) debe ser pública, suficiente y asequible para cerrar el paso a estas propuestas privatizadoras de Ciudadanos y PP con el cheque escolar, que funciona para el régimen de conciertos", explica Serna.
Las enmiendas de ambos partidos proponen una serie de cambios en cuanto a la escuela concertada y su relación con la pública, aunque sin llegar a entrar al fondo de la cuestión. Así, PSOE y UP quieren acabar "con esa segregación por origen socioeconómico" que, cuenta el diputado de Unidas Podemos, se da "no en toda, pero si en buena parte de la concertada". Aquello de que los ricos van a clase con los ricos y los pobres con los pobres. Para ello, proponen que las administraciones educativas "velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación económica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación", según se lee en la enmienda presentada.
Esta medida se complementa con una apuesta por la "escolarización de proximidad": se dará preferencia para los conciertos a aquellos centros que prioricen a las familias residentes en el barrio en el que están ubicados, para acabar esa práctica, cuenta Serna, de que la libertad de elección de las familias del tipo de educación que quieren para sus hijos se había convertido en libertad de los centros educativos de escoger a sus alumnos, con medidas por ejemplo como el distrito único que instauró Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
La otra gran medida que va a afectar a la escuela concertada es que se pretende prohibir de facto por ley los conciertos a centros que segreguen a su alumnado por sexo, una medida que introdujo el Gobierno del PP en la LOMCE de Wert y que el PSOE llevó al Tribunal Constitucional para ver cómo este la validaba. Esta medida no será cuantitativamente muy utilizada, pero desde UP y el PSOE ya anticipan que va a ser una de las que más contestación social tengan desde ciertos sectores. Fuentes de UP señalan, de hecho, que hubo cierto debate con la ministra con esta cuestión, porque el PSOE teme que al haber perdido en el TC la derecha acuda a este tribunal para que anule la medida. Pero desde el partido morado señalan que el hecho de que el TC avale una práctica no quiere decir que prohíba la contraria. En cualquier caso, la fórmula elegida para la enmienda no será en negativo, sino en positivo: "Tanto los centros públicos como los centros sostenidos con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su sexo", se lee en la enmienda.
Las principales enmiendas presentadas, más allá de algunas novedades técnicas, van en la línea de reforzar la escuela pública, explica Sánchez Serna. "Por primera vez, se incluye en una ley educativa el compromiso de incrementar las plazas en centros de titularidad pública", valora el diputado. Una medida similar se aplicará, si la ley sale adelante con estas modificaciones, a las escuelas infantiles. "Hemos querido poner negro sobre blanco que la oferta del 0-3 (la primera etapa de la Educación Infantil) debe ser pública, suficiente y asequible para cerrar el paso a estas propuestas privatizadoras de Ciudadanos y PP con el cheque escolar, que funciona para el régimen de conciertos", explica Serna.
Las enmiendas de ambos partidos proponen una serie de cambios en cuanto a la escuela concertada y su relación con la pública, aunque sin llegar a entrar al fondo de la cuestión. Así, PSOE y UP quieren acabar "con esa segregación por origen socioeconómico" que, cuenta el diputado de Unidas Podemos, se da "no en toda, pero si en buena parte de la concertada". Aquello de que los ricos van a clase con los ricos y los pobres con los pobres. Para ello, proponen que las administraciones educativas "velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación económica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación", según se lee en la enmienda presentada.
Esta medida se complementa con una apuesta por la "escolarización de proximidad": se dará preferencia para los conciertos a aquellos centros que prioricen a las familias residentes en el barrio en el que están ubicados, para acabar esa práctica, cuenta Serna, de que la libertad de elección de las familias del tipo de educación que quieren para sus hijos se había convertido en libertad de los centros educativos de escoger a sus alumnos, con medidas por ejemplo como el distrito único que instauró Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
La otra gran medida que va a afectar a la escuela concertada es que se pretende prohibir de facto por ley los conciertos a centros que segreguen a su alumnado por sexo, una medida que introdujo el Gobierno del PP en la LOMCE de Wert y que el PSOE llevó al Tribunal Constitucional para ver cómo este la validaba. Esta medida no será cuantitativamente muy utilizada, pero desde UP y el PSOE ya anticipan que va a ser una de las que más contestación social tengan desde ciertos sectores. Fuentes de UP señalan, de hecho, que hubo cierto debate con la ministra con esta cuestión, porque el PSOE teme que al haber perdido en el TC la derecha acuda a este tribunal para que anule la medida. Pero desde el partido morado señalan que el hecho de que el TC avale una práctica no quiere decir que prohíba la contraria. En cualquier caso, la fórmula elegida para la enmienda no será en negativo, sino en positivo: "Tanto los centros públicos como los centros sostenidos con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su sexo", se lee en la enmienda.
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