Celaá. ¿Actualizar los Acuerdos con el Vaticano? (Manuel Menor Currás)

 Publicamos este nuevo artículo de Manuel Menor 

La nueva embajadora en el Vaticano pronto podrá certificar si el sistema educativo ha de seguir como se acordó en 1979.

El nombramiento de Isabel Celáa como embajadora en el Vaticano, entre los muchos comentarios que suscita, tanto respecto a su preparación para el cargo, como  a si se trata o no de un premio a su trayectoria, sin duda traerá a colación la octava ley orgánica sobre educación escolar que promovió desde el Ministerio de Educación. Son notorias en esa ley, cuyo desarrollo curricular está en marcha, determinadas limitaciones, de las cuales una de las más notorias es la de la relación entre Enseñanza Pública y Enseñanza Privada y, detrás, los Acuerdos del Estado Español con el Vaticano. 

Desde 1851… y antes

Se mencionarán los problemas de comunicación que le generó el haber pretendido poner en claro los límites de la “libertad de elección de centro”  y, sobre todo, el reparto de recursos presupuestarios que prescriba el entendimiento del art. 27 de la Constitución de 1978. Según se haga, la universalidad y la libertad educativas tendrán un ajuste o desajuste más apropiados y, por consiguiente, una equidad democrática propia o impropia.

Con este nombramiento vienen al recuerdo, también, no solo las personalidades de algunos de embajadores anteriores en el mismo destino, con disparidades como las que representan Gonzalo Puente Ojea y Francisco Vázquez, entre los nombrados por el PSOE, y sobre todo Marcelino Oreja, el muñidor de los Acuerdos de 1979, en la etapa de UCD, que reiteraron a los eclesiásticos una función “fundamental” -la palabra sale varias veces en el documento- en el sistema educativo español. Y de más atrás, se agolpan, asimismo, los ministros de Educación que anteriormente hubo en la etapa preconstitucional y de la Transición, casi todos ligados a organizaciones eclesiásticas en que el confesionalismo católico tuvo total hegemonía en ese departamento ministerial. Después de que Sainz Rodríguez le diera un vuelco a la “Segunda Enseñanza” en 1938, mudando incluso el nombre de la etapa a “Enseñanza Media, Joaquín Ruiz Giménez,  que trató de reorganizarla en febrero de 1953 después de acordarla con los obispos, haber negociado desde dos años antes el Concordato que se rubricaría en agosto; la lista de estos ministros hasta la el gobierno de Suárez es larga y, después, todavía ha habido otros significados en la misma onda, uno de ello incluso ex-profeso en una de las congregaciones dedicadas a la enseñanza.  

 

Quiere decirse que, en no pocos aspectos, el nombramiento de Isabel Celáa, además de seguir a la inversa el camino de Dn. Joaquín, prosigue una marcada tradición en que la educación española está íntimamente relacionada con los objetivos de la Iglesia en España. Si se repasa el siglo XIX,   cuando en 1857 el ministro Moyano sacó adelante la primera ley general del sistema educativo español, ya nació condicionada por lo que decía el Concordato de 1851. Su art. 1, reconocía a la Iglesia católica la exclusividad  confesional de la nación, y el art. 2 establecía que “la instrucción  en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la religión católica, y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio  de velar sobre la pureza de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud aún en las escuelas públicas”. En compensación, el Vaticano, en plena segunda Guerra carlista, ya había reconocido en 1848 a la reina Isabel II como legítima y, por otro lado, aceptaba la situación que se había creado con la desamortización de muchos bienes eclesiásticos. Pronto la Ley Moyano reconoció que las órdenes religiosas establecidas legalmente en España podrían abrir colegios de enseñanza (art. 153); aquel Concordato estuvo vigente hasta 1953 -en que se restauraron las relaciones anteriores a la Constitución de 1931-  y, de entonces acá, venimos debatiendo sobre “libertad de elección de centro”, cuestiones dubitativas del currículo y otras perplejidades que sigue teniendo el sistema educativo español.

Aconfesionalismo y LOMLOE

El problema es que, con tales implicaciones, a cuantos aspiran a vivir en un país democrático, se les hace difícil no ver en el “aconfesionalismo” estatal con que se ha arropado la presencia constitucional de los intereses eclesiásticos, una intromisión inadecuada en el sistema educativo posterior a 1978. Sin contar la del PP, heredero de la antigua AP y sus connotaciones, la historia de las políticas del PSOE en este terreno ha sido ambigua y dependiente siempre de que, según haya estado en la oposición o en el gobierno, es tornadiza y oportunista; él dio carta de naturaleza a los colegios concertados en la LODE (1985) y al aumento del donativo a la Iglesia en la casilla del IRPF y, en virtud de su gestión política, desde la Transición política hasta el presente,  si se quitan de en medio los debates en torno a la Religión y a las implicaciones del confesionalismo católico en las discusiones y debates, poca modernización real  tiene el sistema educativo; las faltas de acuerdos en los tan demandados “acuerdos” suenan cada vez más a una historia decimonónica.

A pesar de que los creyentes católicos practicantes están en mínimos históricos,  el partido socialdemócrata gobernante, después de haberse apuntado  en febrero de 2018 a suscribir, en la Comisión de Educación del Congreso, una proposición no de ley en que se iban a “denunciar y derogar” los Acuerdos, en su  reciente 40º Congreso acordó tan solo “actualizarlos“. Esta parece que vaya a ser, al menos en parte, la gestión encomendada a Isabel Celáa en el Vaticano. 

De momento, si la LOMLOE vale para interpretar el alcance de su nueva actividad, las restricciones que propone esta ley a un exagerado modo de ejecutar las políticas educativas de la LOMCE no han tenido en cuenta que, en el segundo nivel de decisiones,  las autonomías de tipo conservador en la gestión controlan un 70% del alumnado, y tienen ahora –como todas- un 10% más de competencias curriculares. La cuestión principal con que se encontrará Celáa ante el Vaticano seguirá siendo la de la medida en que podrá defender el crecimiento real  de la equidad en el sistema educativo y, por tanto, la fortaleza de una educación pública para todos. Puede enrocarse en su no defensa y, prosiguiendo su subordinación a la privada, haya de facilitar el trabajo a los conservadores cuando vuelvan al poder en el Ministerio de la madrileña calle de Alcalá.

MMC (Madrid: 09.12.2021)

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