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Aunque la legislación española obliga a escolarizar a todo menor de 16 años, alrededor de 260 adolescentes de entre 12 y 16 años no podrán comenzar sus estudios de manera reglada al inicio de este curso en Ceuta. Se trata de los adolescentes que llegaron a la ciudad durante la crisis diplomática con Marruecos. Mientas que el resto de chavales de su edad, también los menores extranjeros no acompañados que hubiesen llegado a la ciudad anteriormente, acudirán a las clases normalizadas -con apoyo de idiomas si así lo requiere-, para la mayoría de quienes llegaron en mayo el plan es diferente. La fórmula activada, basada en clases de español y un "acompañamiento individualizado", ha sido cuestionada por expertos en infancia.
Para estos menores, el Ministerio de Educación y Formación Profesional pondrá en marcha aulas de "inmersión lingüística" en castellano para dar "atención educativa" a los alrededor de 260 menores migrantes marroquíes no acompañados que se encuentren en edad de escolarización obligatoria por encima de Primaria. Los espacios y los turnos serán diferentes a los del resto del alumnado. El plan de Educación pasa por crear grupos de 15 alumnos para impartir a los chicos con entre 12 y 16 años cuatro horas diarias de clase, en horario vespertino, de español, valores y relaciones sociales con un plantel de 22 maestros y un especialista en intervención sociocomunitaria por instituto.
"Es una buena señal que al Gobierno le preocupe cumplir con la Ley y respetar los derechos de la Infancia, también los de los niños y niñas que llegan solos, pero según nuestras leyes y tratados internacionales , deberían estar escolarizados todos los menores de 16 años, con un itinerario especial de refuerzo lingüística y de evaluación de su nivel, pero dentro del sistema de educación formal", sostiene Lourdes Reyzabal, presidenta de la Fundación Raíces. Desde la Plataforma de Infancia de España, Carles López considera que el Ministerio no puede ofrecer a estos menores un "derecho parcial" a la educación con la excusa de las ratios de estudiantes por grupo locales desbordadas y de la falta de infraestructuras escolares.
"Debemos tener en cuenta que España tiene la obligación de asegurar a esos niños su derecho a la Educación completo de acuerdo con nuestra legislación y las normas internacionales y que Ceuta, según los informes del Consejo Escolar del Estado, no tiene capacidades ni recursos para escolarizarlos con normalidad, por lo que lo mejor sería asegurárselo a través un reparto por autonomías acordado en Conferencia Sectorial", opina el presidente de la Plataforma.
Menos de un mes después de que la delegada del Gobierno en Ceuta asegurase que estaba "optimista" porque, decía, esperaba no tener que "preocuparse" en septiembre por los niños marroquíes llegados durante la crisis migratoria, personal del Ministerio de Educación se ha desplazado esta semana a la ciudad para visitar los cinco institutos donde se atenderá en horario vespertino a los chavales con entre 12 y 16 años, bajo una estrategia tildada de "sectaria" por fuentes cercanas al servicio autonómico de protección a la infancia.
Según explican desde Educación a elDiario.es, sólo trece niños migrantes acogidos tienen menos de 12 años. Estos serán escolarizados con todas las de la ley una vez evaluado individualmente su nivel de conocimiento de la lengua vehicular y las competencias adquiridas en el país vecino. Las mismas fuentes no cierran la puerta a que, de manera paulatina, algunos de los menores de entre 12 y 16 años puedan pasar a una escolarización reglada, aunque la falta de plazas escolares en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados como la de Ceuta, lo complican, reconocen. Para los adolescentes de entre 16 y 17 años, unos 500, se baraja la creación de "aulas modulares" en los equipamientos en los que permanecen acogidos para orientarlos hacia programas de Formación Profesional ofertados directa o indirectamente por el Ministerio en los que ya se ha logrado inscribir a al menos dos decenas de chicos y chicas.
Numero "muy elevado" de alumnos
Desde el departamento dirigido por Pilar Alegría defienden que los menores marroquíes que se encuentren entre los 12 y 16 años no han sido escolarizados de manera reglada debido al "número muy elevado" que representan para un sistema educativo como el ceutí, lo que les ha empujado "a adoptar medidas extraordinarias". Los menores llegaron a la ciudad autónoma hace tres meses, pero la intención del Gobierno se centró en la devolución de estos chavales, cuyo primer intento ha sido frustrado por los tribunales por vulnerar la Ley de Extranjería. El Gobierno central se ha comprometido con el local a reforzar los medios necesarios para encontrar "una vía" para devolverlos cumpliendo la legislación.
La expulsión sigue siendo, según admitió el consejero de Educación de la ciudad, el objetivo. "Van a ser unos recursos transitorios, porque el fin último es la repatriación y el reagrupamiento familiar de los menores. Mientras se van a habilitar una serie de espacios, aulas y grupos para su escolarización con una evaluación previa del Ministerio para conocer su nivel y sus necesidades", explicó Carlos Rontomé, consejero de Educación de la ciudad autónoma.
El Gobierno central y el local justifican también la decisión ante el riesgo de colapsar las aulas de Secundaria de la ciudad que, con una ratio media de 30 estudiantes por clase se encuentran entre las más saturadas del país. Otro de los factores por los que descartan, por el momento, la escolarización reglada de la mayoría de chavales marroquíes llegados en mayo es el rechazo de una parte de los vecinos ceutíes a su incorporación a la actividad lectiva en condiciones de igualdad.
Desde el departamento dirigido por Pilar Alegría defienden que los menores marroquíes que se encuentren entre los 12 y 16 años no han sido escolarizados de manera reglada debido al "número muy elevado" que representan para un sistema educativo como el ceutí, lo que les ha empujado "a adoptar medidas extraordinarias". Los menores llegaron a la ciudad autónoma hace tres meses, pero la intención del Gobierno se centró en la devolución de estos chavales, cuyo primer intento ha sido frustrado por los tribunales por vulnerar la Ley de Extranjería. El Gobierno central se ha comprometido con el local a reforzar los medios necesarios para encontrar "una vía" para devolverlos cumpliendo la legislación.
La expulsión sigue siendo, según admitió el consejero de Educación de la ciudad, el objetivo. "Van a ser unos recursos transitorios, porque el fin último es la repatriación y el reagrupamiento familiar de los menores. Mientras se van a habilitar una serie de espacios, aulas y grupos para su escolarización con una evaluación previa del Ministerio para conocer su nivel y sus necesidades", explicó Carlos Rontomé, consejero de Educación de la ciudad autónoma.
El Gobierno central y el local justifican también la decisión ante el riesgo de colapsar las aulas de Secundaria de la ciudad que, con una ratio media de 30 estudiantes por clase se encuentran entre las más saturadas del país. Otro de los factores por los que descartan, por el momento, la escolarización reglada de la mayoría de chavales marroquíes llegados en mayo es el rechazo de una parte de los vecinos ceutíes a su incorporación a la actividad lectiva en condiciones de igualdad.
El sistema para otros menores migrantes
La razón destacada por la Delegación del Gobierno en Ceuta para justificar la falta de escolarización de los niños de entre 12 y 16 años difiere de la aportada por la cartera de Pilar Alegría. La Delegación del Gobierno argumenta que el establecimiento de espacios y turnos diferenciados con respecto al resto del alumnado se debe a las "características específicas" que presentan los menores migrantes no acompañados llegados en mayo, "como la falta de arraigo" que, según dicen, "impiden su escolarización ordinaria en los centros de enseñanza". Sin embargo, los niños extranjeros que llegan solos a España en edad de escolarización suelen ir al colegio junto al resto del alumnado y seguir clases normalizadas, con el apoyo de clases de español en su caso.
El plan de "atención educativa" elaborado entre Educación y el Gobierno regional choca con las "exitosas" experiencias desarrolladas durante los últimos años por el Área de Menores con niños extranjeros bajo su tutela, defienden fuentes cercanas al servicio.
Esta será la primera vez en la que el Ministerio de Educación se implique directamente en facilitar el aterrizaje de jóvenes foráneos no acompañados en el sistema educativo de la ciudad, el único junto al de Melilla en el que conserva competencias directas. Hasta ahora era en exclusiva la administración local la que, a través de un convenio con la ONG Digmun, ofrecía clases de español "durante entre 3 y 6 meses" a los adolescentes migrantes que llegaban a Ceuta "mientras se realizaban las pruebas de determinación de edad, se actualizaba su vacunación y se analizaban sus habilidades escolares" como paso previo a su escolarización en un colegio o instituto.
La razón destacada por la Delegación del Gobierno en Ceuta para justificar la falta de escolarización de los niños de entre 12 y 16 años difiere de la aportada por la cartera de Pilar Alegría. La Delegación del Gobierno argumenta que el establecimiento de espacios y turnos diferenciados con respecto al resto del alumnado se debe a las "características específicas" que presentan los menores migrantes no acompañados llegados en mayo, "como la falta de arraigo" que, según dicen, "impiden su escolarización ordinaria en los centros de enseñanza". Sin embargo, los niños extranjeros que llegan solos a España en edad de escolarización suelen ir al colegio junto al resto del alumnado y seguir clases normalizadas, con el apoyo de clases de español en su caso.
El plan de "atención educativa" elaborado entre Educación y el Gobierno regional choca con las "exitosas" experiencias desarrolladas durante los últimos años por el Área de Menores con niños extranjeros bajo su tutela, defienden fuentes cercanas al servicio.
Esta será la primera vez en la que el Ministerio de Educación se implique directamente en facilitar el aterrizaje de jóvenes foráneos no acompañados en el sistema educativo de la ciudad, el único junto al de Melilla en el que conserva competencias directas. Hasta ahora era en exclusiva la administración local la que, a través de un convenio con la ONG Digmun, ofrecía clases de español "durante entre 3 y 6 meses" a los adolescentes migrantes que llegaban a Ceuta "mientras se realizaban las pruebas de determinación de edad, se actualizaba su vacunación y se analizaban sus habilidades escolares" como paso previo a su escolarización en un colegio o instituto.
Piden apostar por el traslado a península
"Por un lado está muy bien que se aborde la escolarización de los niños llegados en mayo a Ceuta, donde no hay recursos suficientes para hacerlo en condiciones, pero aún entendiendo que se trata de una coyuntura singular lo que tendría que hacer el Ministerio de Educación en paralelo al traslado de los menores a otras comunidades autónomas es concebir esas aulas de español como un puente hacia su integración en las aulas ordinarias, esa no puede ser la solución definitiva", opina la directora de Incidencia y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, a pesar de que el Ejecutivo local ha desechado la posibilidad de solicitar, aunque sea de forma transitoria, el reparto de los niños con otras regiones.
"La Conferencia Sectorial debería llegar a un acuerdo para asegurar de verdad el derecho a la Educación, que no puede pasar sólo por cursos formativos u otras alternativas. El problema no es la segregación, que también, sino que estos niños deben tener derecho a la Educación completo, no puede entenderse de manera parcial, que sólo incluya lengua española", insiste Carles López.
"No es discutible que España tiene esa obligación, por lo que la solución pasa por una respuesta coordinada de las diferentes administraciones públicas que lo haga posible", apunta. Desde su punto de vista es evidente que "para nuestro sistema educativo en términos nacionales no es ningún problema escolarizar a 600 u 800 chicos porque el derecho a la Educación no puede limitarse a cursos de español", que también apuesta por el reparto de menores por otras comunidades, una vía promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, que trabaja en el impulso de un mecanismo estable de reparto de menores para aplicar en momentos de crisis.
A la espera de que el Ministerio concrete todos los detalles de la atención educativa que dará a los menores no acompañados marroquíes, la oficial de protección de infancia de UNICEF en Ceuta, Laura Bondendörder, advierte que la administración debe partir de que "los niños migrantes tienen el mismo derecho a la Educación que cualquier niño español", aunque asume que "hay que ser pragmáticos" y tener en cuenta la falta de recursos e infraestructuras de la ciudad.
"Nos parece muy importante que el Ministerio haya comprometido la activación de aulas de inmersión lingüística y otros programas de atención aunque sea por las tardes si es imposible acoger a todo el alumnado en el mismo horario", indica Bondendörder, a quien le preocupa más que "a nivel político se sigue hablando sólo de devoluciones anticipando el resultado de las evaluaciones del interés superior del menor que hay que realizar y que pueden concluir con resoluciones que las respalden o que aconsejen su permanencia en España o su reagrupamiento familiar en otro país".
"Por un lado está muy bien que se aborde la escolarización de los niños llegados en mayo a Ceuta, donde no hay recursos suficientes para hacerlo en condiciones, pero aún entendiendo que se trata de una coyuntura singular lo que tendría que hacer el Ministerio de Educación en paralelo al traslado de los menores a otras comunidades autónomas es concebir esas aulas de español como un puente hacia su integración en las aulas ordinarias, esa no puede ser la solución definitiva", opina la directora de Incidencia y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, a pesar de que el Ejecutivo local ha desechado la posibilidad de solicitar, aunque sea de forma transitoria, el reparto de los niños con otras regiones.
"La Conferencia Sectorial debería llegar a un acuerdo para asegurar de verdad el derecho a la Educación, que no puede pasar sólo por cursos formativos u otras alternativas. El problema no es la segregación, que también, sino que estos niños deben tener derecho a la Educación completo, no puede entenderse de manera parcial, que sólo incluya lengua española", insiste Carles López.
"No es discutible que España tiene esa obligación, por lo que la solución pasa por una respuesta coordinada de las diferentes administraciones públicas que lo haga posible", apunta. Desde su punto de vista es evidente que "para nuestro sistema educativo en términos nacionales no es ningún problema escolarizar a 600 u 800 chicos porque el derecho a la Educación no puede limitarse a cursos de español", que también apuesta por el reparto de menores por otras comunidades, una vía promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, que trabaja en el impulso de un mecanismo estable de reparto de menores para aplicar en momentos de crisis.
A la espera de que el Ministerio concrete todos los detalles de la atención educativa que dará a los menores no acompañados marroquíes, la oficial de protección de infancia de UNICEF en Ceuta, Laura Bondendörder, advierte que la administración debe partir de que "los niños migrantes tienen el mismo derecho a la Educación que cualquier niño español", aunque asume que "hay que ser pragmáticos" y tener en cuenta la falta de recursos e infraestructuras de la ciudad.
"Nos parece muy importante que el Ministerio haya comprometido la activación de aulas de inmersión lingüística y otros programas de atención aunque sea por las tardes si es imposible acoger a todo el alumnado en el mismo horario", indica Bondendörder, a quien le preocupa más que "a nivel político se sigue hablando sólo de devoluciones anticipando el resultado de las evaluaciones del interés superior del menor que hay que realizar y que pueden concluir con resoluciones que las respalden o que aconsejen su permanencia en España o su reagrupamiento familiar en otro país".
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