Publicamos este nuevo artículo de nuestro compañero Manuel Menor
El discurso de “la
calidad educativa” ha vuelto; sin vacaciones y con la COVID-19 de fondo, está
donde ha estado desde los años noventa.
Con el pretexto de los borradores de enseñanzas
mínimas de Educación Primaria, la oposición gubernamental ha decidido que,
al derogarse las propuestas que habían hecho en el R.D. 126/2014, tenía un
pretexto para invalidar la LOMLOE. Al urgir que desde todas las áreas de
conocimiento (art. 6.3) –incluidas las matemáticas-, se aproveche la actividad
educadora para el desarrollo de los valores cívicos (art. 8.2), creen haber
encontrado un argumento demostrativo de un presunto afán adoctrinante, extraño a lo que deba ser
la educación de todos. Ni a pensar se han parado en lo que han sido siempre sus
propuestas, ni menos tampoco qué signifique llevar la Constitución al quehacer
diario del aula; no reparan en la “Ley Wert” ni en sus contribuciones precedentes, visibles en los libros de
lecturas o de Historia que nos impusieron e, incluso, en los ejercicios de
Aritmética con que inundaban las mentes infantiles con mezclas de líquidos y
áridos en que siempre salía bien parado el tendero, a fin de que su
rudimentario “emprendimiento” se inclinara por la codicia en el balance de
caja.
Coincidentes desacuerdos
Coincide este falso debate con otros de mayor enjundia
significativa como el precio de la energía eléctrica en máximos desconocidos
desde antes de las sucesivas privatizaciones del principal sistema energético de
las familias, otro asunto en que las colisiones entre “lo social” y la libertad
absoluta del mercado andan tan a la greña que, en declaraciones del 10 de
agosto, a la portavoz del PP, Ana
Pastor, se le vino pronto a la boca la recriminación a estos gobernantes de
la Moncloa por dejar atrás a los más necesitados; proseguía el tirar la piedra
y esconder la mano con que tantas lecciones continuadas han dado como
responsables de la normativa en que se basan estos precios, y culpables de los
continuados recortes a las prestaciones de los más débiles donde quiera que
gobiernan. Sabido es, por ejemplo, que en Galicia –repitiendo actuaciones en
Madrid y en otras Comunidades-, Feijóo ha cerrado 138 centros educativos
públicos (aproximadamente uno de cada diez), mientras incrementó
la presencia de la enseñanza concertada y privada, aumentándose este año 16
respecto a años anteriores, en perjuicio, sobre todo, de las zonas del rural,
como ha sido el caso de
Begonte (en Lugo).
No es menos relevante que, en este fin de verano, el nuevo curso
se inicie bajo dos situaciones coyunturales altamente inquietantes. Por un
lado, que la
quinta ola no haya acabado resolviéndose de manera acorde con las
expectativas depositadas en su evolución: ni está claro qué pase con la
cobertura real de las vacunas, ni menos qué pueda suceder con las mutaciones de
la Covid-19; termina el verano y, si bien el sector del turismo parece haberse
recuperado bastante no alcanza plena satisfacción ni augura que, al reanudarse
la presencia de alumnos en los centros educativos, hayan desaparecido los
riesgos, especialmente donde se hayan activado recortes de docentes. Por otro
lado, los acontecimientos últimos de Afganistán, por muy jaleados que hayan sido
los servicios humanitarios de nuestros militares, dejan abierto el clamor por
veinte años de presencia no deseada en un área tan diferente a la de nuestras
burbujas occidentales; en el aire ha quedado la sensación de que hay intereses
superiores a los que llevaron a los socios implicados en tan prolongada
operación geopolítica, que han aconsejado su retirada sin que la zona sea ahora
más segura, ni Occidente esté exento de
percances como el que sirvió de pretexto.
El BOE reformador
En ese contexto, la nueva ministra Pilar Alegría parece querer
rebajar algo más las medidas de la LOMLOE. Los partidarios de
pactos que no son tales le estarán agradecidos, pero ganaría credibilidad
si repasara errores e incongruencias del pasado para que, al menos, no se
degradara más este servicio público fundamental. Desde que los reformismos
educativos proliferaron tanto que unos y otros gobiernos de la restaurada
democracia los adoptaron como símbolo de cambios señeros, no hemos cesado de
entonar himnos alternativos sin que mejorara el sistema en asuntos relevantes,
que siguen ahí. Es muy recomendable, por ello, releer los irónicos, rigurosos y
sistemáticos análisis que al respecto fue haciendo José Gimeno-Sacristán desde
los años ochenta, que ahora se reeditan bajo el título Ideas que perviven. Aquellos artículos suyos en Cuadernos de Pedagogía siguen actuales y
vamos camino de repetir por octava vez después de la CE78 la vieja creencia de
que con la publicación de los currícula de la LOMLOE en el BOE cambiará en firme la realidad educativa en las aulas. Las
disposiciones derogatorias de normas anteriores que suelen incluir estas leyes
orgánicas ignoran que existen “culturas escolares” muy asentadas de tiempo
atrás, contrarias a ir más allá de nuevas formalidades, pero inconsistentes
para superar los desajustes continuados que en las aulas viven docentes y
alumnado.
En aras de la verdad -como se ve también con la Covid-19-, sigue
siendo excesiva la confianza que tales disposiciones muestran en que los neolenguajes
que proponen para referirse a la docencia en las aulas sean suficientes. Y más
que sospechoso es que sus grandes criterios orientadores se cifren en las “competencias” que, desde hace años, deban
perseguir los trabajadores de la enseñanza, mientras no se ve similar
persistencia de las Administraciones en ocuparse de las condiciones reales de
las aulas y los centros, las ratios de alumnado o la cualificación profesional
de un profesorado, cansado de que gran parte de la eficiencia de su quehacer
dependa de la estricta voluntariedad de su empeño personal. A menudo, sin
embargo, el de muchos expertos y responsables de las políticas educativas, una
vez hechos estos documentos para sus
boletines oficiales, parece ser el descanso: no les preocupa lo que pase a
continuación, ni las desigualdades de trato que –como repite esta nueva ley-
sostenga el sistema entre unos y otros alumnos.
A estas alturas de la secuencia pandémica, incierta en tantos
aspectos, lo que se avecina para el comienzo de curso inmediato es que, pese a
tanta ley educativa como hemos subido al BOE,
una parte destemplada de la ciudadanía seguirá con sus liberales twits pro domo sua, mientras otra más amplia
volverá a demandar la básica calidad
democrática para un sistema educativo de todos; para empezar, este día cuatro
de septiembre
reclamará en Madrid “una vuelta
segura a las aulas” y un “Plan de rescate para la Educación Pública”.
Manuel Menor Currás
27.08.2021
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