El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del consejero de
Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la
Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa
para la FP.
Los últimos datos de alumnado no admitido en el proceso de matriculación de ciclos de Grado Superior de Formación Profesional (FP) son demoledores. Según la información recogida por CCOO en el 88,9% de los centros, 17.976 alumnos y alumnas se quedan sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior y están obligados a buscarse la vida en centros privados y concertados o a quedarse en su casa. Tan solo han sido admitidos 14.976 alumnos, es decir, el 46%. Estos datos hay que acompañarlos de tres comentarios. Por un lado, si se compara con la cifra de otros años, demuestran el carácter estructural del déficit de plazas públicas en FP, que se sitúa de nuevo en el orden de las 20.000 solicitudes rechazadas. Por otro, la dificultad para obtener esta información, dada la poca transparencia de la Consejería, que obliga a obtener centro a centro y grado a grado la demanda concreta que se queda sin atender. Por último, llama la atención que las familias sanitarias son las que tienen más déficit de plazas, entre un 70% y 90% de rechazo, lo que demuestra una falta de previsión absoluta de la demanda real.
A estas cifras escandalosas, hay que sumar las 6.938 personas que se han quedado sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio, lo que totaliza 24.914 solicitudes rechazadas para cursar ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Estamos ante un grave problema educativo, como demuestra el déficit estructural de plazas, la falta de planificación y la crisis en el proceso de admisión que hace que sean rechazadas el 54% de las solicitudes de Grado Superior, y el 25% de las de Grado Medio. Es una crisis social, ya que afecta a la equidad y a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo.
Por último, refuerza la debilidad del mercado de trabajo, al negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes que, sin ella, se ven abocados al paro, la precariedad y los bajos salarios.
Esta situación tiene que ver con la bajísima inversión educativa y con el proceso de privatización galopante que vienen realizando los gobiernos del PP. La inversión educativa es la más baja del país (un 2,2% del PIB regional, frente al 4,2% de media en España), a pesar de ser la comunidad autónoma más rica. En cuanto a la privatización, se observa en la evolución de la formación profesional en Madrid en los siguientes datos: en la década que va del curso 2010-11 al curso 2019-20, la formación profesional de Grado Superior ha pasado de suponer un 72,8% al 56,5%; es decir, se ha reducido en un 16,3% en beneficio de los ciclos de Grado Superior privados. En número concretos, el alumnado de la pública ha pasado de 24.889 a 30.549; mientras que el alumnado de la privada ha pasado de 3.716 a 21.885. En los ciclos de Grado Medio, la evolución ha sido similar: en esa misma década el sector público ha pasado de suponer el 72,8% al 55,9%, es decir, se ha reducido en un 16,9%. Para activar esta brutal privatización, se combina el déficit estructural de plazas públicas con la política de becas para estudiar en los centros privados. Así, en la orden 1485/2021, de 22 de mayo de la Consejería de Educación, se destinan 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las
secretarias de los centros privados.
En este contexto, solo cabe hablar de duro golpe a la educación madrileña por los Gobiernos del PP. Por ello, impresiona que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hable de desastre en la educación madrileña (y en la Atención Primaria), cuando ella es la principal responsable de la educación al tener trasferida toda la capacidad de actuación, y cuando su partido lleva gobernando 26 años consecutivos. El déficit estructural de plazas pone de manifiesto que, más allá de la propaganda (la FP dual solo supone el 5%), al gobierno de Madrid le importa muy poco la Formación Profesional, ya que no se planifica algo que es fundamental: la oferta educativa en base al grado de inserción laboral de los ciclos. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la Comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros.
El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del Consejero de Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. El Gobierno central ha transferido 23 millones de euros a Madrid para FP y hay que asegurar su carácter finalista y que no sean desviados a la privatización y a otros capítulos.
Unidas Podemos pide, también, que se negocie un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente y se atienda en septiembre la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar una política de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado y no del negocio de los centros de FP privados, que aumente la dotación de medios humanos y técnicos, que refuerce de los departamentos de orientación profesional, que implante nuevos títulos profesionales y que garantice la gratuidad de las matrículas.
Madrid, 6 de agosto de 2021
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