Terminamos
el curso 2020-21 con la misma emergencia
educativa con la que lo empezamos. El gobierno de la Comunidad de Madrid
sigue demostrando su absoluto desinterés por la Educación Pública y por la
propia seguridad de toda la comunidad educativa.
Madrid es la
Comunidad que menos invierte por alumn@ en la Educación Pública, pese a
considerarse la más rica del conjunto del Estado español debido a su
capitalidad.
Faltan
plazas públicas en todo Madrid y se cierran aulas de forma preventiva para el
curso que viene (pérdida de 1.843 plazas) o no se construyen centros en los
nuevos barrios. Esto, unido a la falta de inversión en la Educación Pública,
convierte a Madrid en la comunidad con el mayor número de alumn@s por clase en
todos los ciclos de enseñanza. Por otro lado, las horas lectivas del
profesorado, superiores a la media española, impiden que l@s docentes puedan
preparar sus clases adecuadamente. Además, se contrata a muchos menos
profesionales dedicados a la atención a la diversidad de los que establece la
ley, dejando al alumnado más vulnerable sin los apoyos que necesitan. También,
desgraciadamente, la formación universitaria es precisamente la más cara del
conjunto del Estado.
Pese a las
ayudas del gobierno central y las ayudas europeas, el fin de los “refuerzos COVID”
(cierre de los 4.987 grupos extra) y el
aumento de las ratios por aula coloca de nuevo la Educación Pública madrileña
en la peor situación posible, vulnerando el derecho a una educación de calidad
en la que se pueda atender de forma individualizada la diversidad del alumnado
y su inclusión en todas las etapas educativas con unos servicios públicos de
Orientación adecuados. Ni qué decir que se atenta contra la tan cacareada
“libertad de elección” precisamente cuando se trata de elegir una plaza
pública.
Profesorado,
estudiantes y familias coincidimos en subrayar que hemos experimentado una muy significativa mejora en la calidad
educativa y atención a la diversidad, tanto en los resultados académicos como
de la convivencia, durante el curso 2020-2021 en aquellas etapas educativas en las que se ha bajado la ratio del
alumnado por clase y la enseñanza ha sido completamente presencial.
Es necesario
que sigamos disminuyendo y mejorando las
ratios, eliminando la semipresencialidad, si queremos que la educación cumpla
con el papel que la Constitución otorga a la formación de todas y cada una de
las personas que conforman la sociedad en la que convivimos en su diversidad.
Si tenemos
en cuenta las etapas de educación infantil o primaria, vemos la importancia de
afianzar en esas edades la educación contando con el mayor número de recursos
para abordar la integración y el aprendizaje atendiendo todas las dificultades
y, por supuesto, continuarlo en etapas tan cruciales como la ESO o la FP y el
Bachillerato.
Además, el
curso 2021-2022 comenzará sin haber superado la presente pandemia, por lo que
no se puede entender cómo ni siquiera se mantienen, cuanto menos, las ratios
establecidas para el presente curso 2020-2021 como medida de seguridad. Para
una vuelta segura a las aulas, tanto el Gobierno estatal como el de la
Comunidad de Madrid deben comprometerse con este objetivo.
La falta de
inversión en la Educación Pública coloca al alumnado madrileño en una situación
de vulnerabilidad y desigualdad injustificadas teniendo en cuenta las
posibilidades de la Comunidad de Madrid y los aportes incrementados por Europa.
Si bien es
cierto que Isabel Díaz Ayuso prometió que iba a bajar las ratios, su propuesta
nos parece muy engañosa y completamente insuficiente. Se supone que su plan
comienza en 2022-23 con el primer curso de Educación Infantil segundo ciclo (3
años) en el que habrá 20 niñ@s por clase y progresivamente y, a partir de este
curso, se irá generalizando a todos los cursos. Esto supone que no afectará a
todas las etapas educativas hasta dentro de 14 años. Además, sin más inversión
y sin un aumento de líneas provocará un recorte de las plazas públicas. Si este
curso ya ha habido una bajada de ratios generalizada, ¿por qué no seguir así en
2021-22?
Por otro
lado, acabamos el curso con el anuncio de que el gobierno de la derecha y de la
ultraderecha madrileña va a aprobar la Ley
Maestra de Libertad de Elección Educativa. Esta ley tiene como objetivo
anular algunos de los aspectos progresistas y a favor de la escuela pública que
incorpora la nueva ley estatal de educación, la LOMLOE, blindando y
favoreciendo a los centros educativos privado-concertados, infravalorando y
estrangulando aún más a los centros públicos. Las familias se merecen una
verdadera libertad de elección, en la que se pueda optar, si se quiere, por una
Educación Pública inclusiva y de calidad.
Por todo lo expuesto, desde Asamblea Marea Verde, exigimos tanto al gobierno estatal como al madrileño que aumenten la inversión en educación pública, llegando al 7% del PIB de financiación, y usen los fondos europeos adecuadamente. No se pueden seguir cerrando líneas en centros públicos, de hecho necesitamos con urgencia nuevas construcciones, en una sola fase, en los barrios nuevos. Asimismo, es una emergencia mantener las ratios bajas para el próximo curso 2021-22 eliminando la semipresencialidad y establecerlas de forma permanente. Desde AMV consideramos que lo óptimo es llegar a 15 alumn@s por clase en todas las etapas educativas. Además, se debe volver a los 18 periodos lectivos de docencia directa del profesorado y aumentar los perfiles profesionales necesarios para asegurar una atención a la diversidad adecuada. Y finalmente, nos oponemos firmemente a la Ley maestra de Libertad de Elección Educativa, que vulnera los derechos de los niños y niñas a un sistema educativo inclusivo y equitativo.
Llamamos a la unidad y la movilización de
toda la comunidad educativa y de tod@s l@s que defendemos la Educación Pública. Por un curso 2021-2022 seguro y que
garantice la calidad y la inclusión educativa para todo el alumnado.
Una sociedad
bien formada y educada es una sociedad de futuro y cohesionada, de tod@s para
tod@s.
Julio de 2021
Asamblea de Marea Verde Madrid
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