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Tercer golpe de la Comunidad de Madrid contra la libertad de los padres a elegir centro escolar en menos de un año. Y tercer reproche judicial a las decisiones de la Consejería de Educación de Isabel de Isabel Díaz Ayuso. Una jueza acaba de obligar al Gobierno regional madrileño a anular una resolución de escolarización por la que imponía a una pequeña de entonces tres años la matriculación contra su voluntad en un centro de educación especial y ordena que la niña acuda a un colegio ordinario con los recursos de apoyo necesarios, como prefieren sus progenitores.
La historia de Delfina, José Alberto y la pequeña Mía, como la de Carmen Nacho y Atenea el pasado mes de junio, o como la de Cristina y Carlos en mayo, es la de una familia que no acepta que la Administración, la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio en este caso, decida unilateralmente y contra su voluntad que la menor tiene que ir a un centro de educación especial. Una familia que quiere para su hija un colegio ordinario, como el resto de los niños. Que rechaza la resolución de escolarización emitida por Educación aún a costa de perder todo un curso escolar, como les pasó. Que van a juicio cuando se quedan sin más opciones. Y que, como toda la normativa sobre inclusión educativa les da la razón, jurisprudicencia del Tribunal Supremo incluida, acaban ganando y pueden llevar a su hija, que padece el síndrome de Wolf-Hirschhorn, al colegio de su elección.
Ganan pero realmente pierden, matiza Delfina. Sobre todo pierde la menor, ya que los dos cursos no disfrutados y a los que tenía derecho, se han perdido y no volverán, añade.
Mientras los tribunales iban acumulando sentencias en contra del Gobierno autonómico, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha presumido de libertad de elección como bandera. Sin ir más lejos, este martes, Díaz Ayuso declaraba: "El sistema educativo lleva la libertad como bandera, porque permite que sean las familias las que elijan libremente el sistema educativo que sea mejor para sus hijos y, lo más importante de todo, (...) que es elegir su centro educativo (...). Elegir entre un colegio público, privado, concertado, religioso o laico (...). O la educación especial, que para nosotros es un objetivo prioritario a cuidar. Hay que tener en cuenta que son niños que tienen discapacidades, otro tipo de dificultades añadidas, y son sus padres quienes saben en qué modalidad educativa pueden integrarse mejor y conquistar sus metas".
Delfina y José Alberto, padres de Mía, no tuvieron esa suerte. "Pertenecemos a la Asociación Española de Síndrome Wolf-Hirschhorn y realizamos algunas averiguaciones: en el resto de España, aquellos que se propusieron que sus hijos, con circunstancias parecidas a la nuestra, acudieran a centros ordinarios, lo consiguieron. Somos los únicos que hemos tenido que ir a juicio", señala la madre, Delfina. "Parece que Ayuso no les otorga el mismo valor a los padres que saben que la mejor modalidad educativa para sus hijos con discapacidad es la ordinaria… estos tienen que ir a juicio contra su propia Consejería de Educación, y esto es bastante ofensivo".
"Esta sentencia es especialmente importante", explica Carme Fernández, presidenta de la Fundació Gerard y perito que ha trabajado en el juicio con la familia, "porque Madrid es donde más resistencia hay a la inclusión educativa y porque se afea a la Comunidad que hayan realizado una evaluación predeterminada". Esto es, se ajustó la evaluación a la decisión tomada (escolarizar a Mía en un centro especial) en vez de evaluar, probar y luego decidir.
La libertad de las familias para escoger centro en Madrid depende, a veces, de qué centro se elija.
"No te escucha nadie"
Mía tiene la suerte de que sus padres son maestros los dos. Conocen el sistema y conocen sus derechos. Delfina es, además, pedagoga terapeuta. "Como trabajo en un colegio, un curso me encontré con que hay un niño al que le ponen una integradora social para él solo durante toda la jornada (justo el recurso que pedíamos para nuestra hija). El niño no tiene discapacidad, pero necesitaba a la profesional. Ahí vi que se le pueden dar todos los recursos necesarios a un niño o niña, pero a mi hija se la ha discriminado por su condición de discapacidad", explica.
La familia pasó un periplo de dos cursos de duración. Con la Administración enrocada en que le correspondía un centro de educación especial, el primer año decidieron que la niña no iría al colegio. El segundo, este curso escolar 2020-21, con Mía loca por socializar con otros pequeños, según cuenta Delfina, acabaron aceptando el "mal menor" y llevaron a la pequeña al centro designado mientras se resolvía la vía judicial.
Delfina relata unas negociaciones, por llamarlo de alguna manera, desesperantes. "Se reúnen contigo. Se supone que te escuchan para encontrar un entendimiento. Pero no nos escuchó nadie, la reunión era para convencernos de que teníamos que ir al centro especial. Empiezan a tocar temas emocionales, insinúan que no queríamos lo mejor para nuestra niña, que no estábamos pensando en ella... Más tarde supe que mucha gente se derrumba en esta fase y se aprovechan de eso", asegura.
María José Alonso Parreño, la abogada que ha acompañado a la familia en todo este proceso, corrobora este punto. "En general las familias no reciben suficiente información sobre sus derechos. Muchas veces acaban de recibir la noticia y están todavía sobrecogidos con las dificultades que conlleva en la sociedad gestionar una discapacidad y así es difícil que cuando te mandan a un colegio especial te pongas a luchar", relata.
Las administraciones educativas en sus presupuestos tienen previstos financiar tantos colegios de educación especial, tantos públicos y tantos concertados. Y una vez presupuestado tienes que llevar a los niños allí porque si no gastas dinero por dos sitios
María José Alonso Parreño — Abogada de la familia
Pero la normativa es bastante clara, recuerdan tanto la abogada como la perito Fernández. Como recoge la jueza en su sentencia, argumentos que se repiten una y otra vez en este tipo de decisiones, desde la Constitución hasta la ley educativa vigente, pasando por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen los principios de "no discriminación" e "igualdad de oportunidades" de todos los niños, el derecho a la igualdad en el acceso a la educación como derecho fundamental e incluso, específicamente, que "la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo (...)".
El Tribunal Supremo concluyó en una sentencia, que es una referencia en el sector, que es obligación de la Administración poner los recursos necesarios para que esta inclusión sea efectiva en el sistema ordinario. Los recursos deben ir al niño, sostiene el TS, no el niño a los recursos en el centro especial, excepto en contadísimas ocasiones en las que la primera opción no sea posible o se demuestre que los apoyos no funcionan. La reciente modificación de la ley educativa, ahora la Lomloe, solo ha ahondado en el derecho a la inclusión y establece que se tendrá en cuenta la opinión de los padres a la hora de escolarizar a un menor con necesidades educativas especiales, pero no llega a prohibir la práctica contraria.
En esta sentencia, este jueza destaca que "se concluye que las resoluciones de la Administración no explican el motivo por el que considera una carga desproporcionada la educación de Mía en un centro ordinario, en una edad tan temprana, siendo ésta la principal justificación de la decisión. Del expediente se deduce que incluso antes de la evaluación de la menor ya se consideraba adecuada la educación especial, sin haber estudiado a la niña en el contexto escolar y sin agotar las posibilidades de su inclusión". Los mismos argumentos una y otra vez.
"Esta sentencia viene a reflejar hasta dónde es capaz de llegar la administración educativa, incluso con niños de temprana edad aún sin escolarizar", explica Fernández. "Porque la evaluación que han hecho para justificar el dictamen de escolarización [en un centro especial] es predeterminada porque no se ha realizado en el contexto escolar, no se han podido determinar las necesidades de la niña, por lo tanto no se puede concretar los apoyos, y si no se pueden probar los apoyos no se puede concluir que implican una carga indebida o que hayan fracasado", elabora. Y ese, el fracaso probado de los recursos adicionales en su cometido de la inclusión, es el único argumento que podría justificar una escolarización forzosa en un centro especial, explica la experta. "No se puede dictaminar la educación especial sin estar el niño escolarizado, haber probado los ajustes y que además hayan fracasado, aunque impliquen un coste elevado. Porque si están funcionando orientados al fin de la inclusión son pertinentes, nunca serán desproporcionados", concluye.
"Penaliza que haya tantos centros"
Delfina tiene sus propias teorías sobre por qué la Comunidad de Madrid actúa como lo hace. "Madrid penaliza bastante por el hecho de tener tantísimos centros de educación especial. Allí donde casi no hay, no te pueden obligar y te acaban poniendo el recurso necesario [profesionales de apoyo, normalmente] en el centro más cercano", sostiene. La abogada Alonso Parreño coincide en parte. "Las administraciones educativas en sus presupuestos tienen previstos financiar tantos colegios de educación especial, tantos públicos y tantos concertados. Y una vez presupuestado tienes que llevar a los niños allí porque si no gastas dinero por dos sitios", afirma.
Según los datos oficiales, Madrid no es la comunidad autónoma que más alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) matricula en centros específicos, pero sí está por encima de la media, según datos del Ministerio de Educación. Mientras en España el 82,4% de estos alumnos acuden a centros ordinarios, en Madrid lo hace un 80,2%. La Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Canarias y Catalunya tienen, porcentualmente, más alumnado en centros de educación especial.
Tampoco es la que más centros tiene, con un total de 68, frente a los 100 de Catalunya, por ejemplo. Pero sí tiene más que Andalucía (59) pese a tener menos población. De los 68 centros madrileños, 25 son públicos y 43 privados, con o sin concierto. Llama la atención en este sentido, aunque más o menos sucede lo mismo por toda España, que pese a que la proporción de centros es de casi 2 a 1 favorable a los privados, hay más profesores en los públicos (882 frente a 738).
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