Las maniobras para intentar tapar el escándalo de su fraudulento máster llevarán al banquillo en una semana a Cristina Cifuentes. Tras aplazarse la pasada primavera por la pandemia del coronavirus, la vista en la que la expresidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial se iniciará el próximo 18 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid.
Esta primavera se cumplirán tres años desde que el caso destapado por elDiario.es acabó con la carrera de Cifuentes, una política que había intentado labrarse una imagen de "tolerancia cero" contra la corrupción tras suceder en el cargo a políticos de su mismo partido acorralados en diferentes sumarios como Ignacio González y Esperanza Aguirre. Al final ella misma se vio forzada a dimitir por el escándalo de los posgrados que la Universidad Rey Juan Carlos regalaba a alumnos VIP sin hacer nada o casi nada. Desde entonces, el PP regional —que sigue presidiendo la Comunidad aunque ahora en coalición con Ciudadanos y con el liderazgo el más frágil de los últimos 25 años— sigue descabezado en manos de una gestora.
La solución provisional tras la caída de Cifuentes fue colocar al veterano Pío García Escudero al frente del partido desde mayo de 2018 para pilotar la transición a un nuevo liderazgo. No está previsto que haya un nuevo presidente o presidenta hasta finales de este año, cuando se celebre el próximo congreso regional. Ángel Garrido, la solución de emergencia para sustituir a Cifuentes al frente del Gobierno regional, saltó a Ciudadanos en vísperas de las autonómicas de 2019. E Isabel Díaz Ayuso, la apuesta personal de Pablo Casado para ocupar después ese puesto, se dejó 338.000 papeletas en las urnas y 18 diputados en aquellas elecciones, aunque últimamente ha empezado a remontar en las encuestas a costa de su socio de gobierno.
Al equilibrio parlamentario que Cifuentes mantuvo con Ciudadanos, el PP tuvo que sumar tras las últimas autonómicas el apoyo externo de Vox y abrirse a un gobierno de coalición que año y medio después está partido en dos mitades.
Acta falsificada
Cifuentes, que el 1 marzo de 2019 anunció a través de Instagram que se daba de baja del PP, participa hoy como tertuliana en varios programas de televisión del grupo Mediaset. La expresidenta regional se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el Trabajo Fin de Máster (TFM); sino por la falsificación del acta con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo. Es decir, por lo que se le juzga no es por haber recibido el título de un máster sin hacerlo cuando ya era cargo público sino por la coartada que exhibió en varios medios y redes sociales y con la que intentó salvar su carrera política tras la exclusiva de elDiario.es que reveló que sus notas habían sido falsificadas.
La Fiscalía, que pide para ella tres años y tres meses de cárcel, la considera inductora de la falsificación del acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de TFM "que jamás se produjo" y que exhibió públicamente "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". La representación letrada de la Universidad Rey Juan Carlos eleva su petición a cuatro años de cárcel por instigar a falsear el documento que luego enseñó en las redes sociales.
El fiscal señala a la profesora Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la expresidenta porque esta sí reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Para María Teresa Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid que supuestamente presionó a la universidad para elaborar esa coartada, solicita otros tres años y tres meses de prisión.
Este proceso también se dirigía contra Enrique Álvarez Conde, responsable del Instituto de Derecho Público (IDP) que impartía el máster, fallecido en abril de 2019. Según el relato del fiscal, Cifuentes contactó con Feito por la influencia que esta asesora tenía en la universidad, de la que había sido profesora y donde conservaba varios amigos, "para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis" que "había provocado" la publicación de la exclusiva de este periódico. Y Feito se puso en contacto con Álvarez Conde para confeccionar un acta falsa "a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el TFM y no había procedido a su defensa".
Ese documento con "apariencia de verosimilitud" serviría para acreditar de cara a los medios de comunicación que la entonces presidenta regional había cursado el máster, según el fiscal. Durante la instrucción, Cifuentes alegó que hizo el trabajo y lo había defendido ante un tribunal, una versión que "no resultó creíble" a la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel.
Cifuentes, que el 1 marzo de 2019 anunció a través de Instagram que se daba de baja del PP, participa hoy como tertuliana en varios programas de televisión del grupo Mediaset. La expresidenta regional se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el Trabajo Fin de Máster (TFM); sino por la falsificación del acta con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo. Es decir, por lo que se le juzga no es por haber recibido el título de un máster sin hacerlo cuando ya era cargo público sino por la coartada que exhibió en varios medios y redes sociales y con la que intentó salvar su carrera política tras la exclusiva de elDiario.es que reveló que sus notas habían sido falsificadas.
La Fiscalía, que pide para ella tres años y tres meses de cárcel, la considera inductora de la falsificación del acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de TFM "que jamás se produjo" y que exhibió públicamente "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". La representación letrada de la Universidad Rey Juan Carlos eleva su petición a cuatro años de cárcel por instigar a falsear el documento que luego enseñó en las redes sociales.
El fiscal señala a la profesora Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la expresidenta porque esta sí reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Para María Teresa Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid que supuestamente presionó a la universidad para elaborar esa coartada, solicita otros tres años y tres meses de prisión.
Este proceso también se dirigía contra Enrique Álvarez Conde, responsable del Instituto de Derecho Público (IDP) que impartía el máster, fallecido en abril de 2019. Según el relato del fiscal, Cifuentes contactó con Feito por la influencia que esta asesora tenía en la universidad, de la que había sido profesora y donde conservaba varios amigos, "para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis" que "había provocado" la publicación de la exclusiva de este periódico. Y Feito se puso en contacto con Álvarez Conde para confeccionar un acta falsa "a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el TFM y no había procedido a su defensa".
Ese documento con "apariencia de verosimilitud" serviría para acreditar de cara a los medios de comunicación que la entonces presidenta regional había cursado el máster, según el fiscal. Durante la instrucción, Cifuentes alegó que hizo el trabajo y lo había defendido ante un tribunal, una versión que "no resultó creíble" a la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel.
Regalo de títulos
Por tanto, lo que se juzgará a partir del próximo 18 de enero serán las maniobras con las que la se intentó tapar el escándalo, no el supuesto sistema de regalo de títulos a personajes VIP que desveló este periódico. Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos "escogidos" que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018.
La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. El Alto Tribunal rechazó admitir a trámite la exposición razonada en la que Rodríguez-Medel solicitaba la apertura de una investigación por los delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación a esos estudios al no apreciar "indicios consistentes" de actuación delictiva por parte de Casado. Los jueces de la Sala de lo Penal, sí admitieron, no obstante, la existencia de "indicios" de que el líder del PP recibió un "trato de favor".
De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.
Por tanto, lo que se juzgará a partir del próximo 18 de enero serán las maniobras con las que la se intentó tapar el escándalo, no el supuesto sistema de regalo de títulos a personajes VIP que desveló este periódico. Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos "escogidos" que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018.
La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. El Alto Tribunal rechazó admitir a trámite la exposición razonada en la que Rodríguez-Medel solicitaba la apertura de una investigación por los delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación a esos estudios al no apreciar "indicios consistentes" de actuación delictiva por parte de Casado. Los jueces de la Sala de lo Penal, sí admitieron, no obstante, la existencia de "indicios" de que el líder del PP recibió un "trato de favor".
De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.
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