Reproducimos este artículo de CUARTOPODER.ES
Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados y Diputadas del proyecto de ley de la LOMLOE, no hemos parado de escuchar protestas escandalizadas por parte de la derecha.
Lo curioso es que, al leer la ley en cuestión, no se ve por ningún lado la base de todas estas críticas, que provienen del PP, VOX y C’s, y que han contado con el apoyo incondicional de la Iglesia católica y de la nueva Plataforma más Plural, de los colegios concertados.
1. La LOMLOE se impone y no busca el consenso. Es partidista e ideológica
Decir que la LOMLOE no es fruto de un consenso, cuando el gobierno del PP (en el que entonces estaban buena parte de VOX y C’s) aprovechándose de su mayoría absoluta, sacó a traición la LOMCE, con nocturnidad y alevosía y sin el apoyo de ni uno solo de los demás partidos de la Cámara ni de diversas organizaciones sociales, entre las que se encontraba la patronal de la enseñanza concertada, nos produce un gran estupor. Y decimos a traición, porque quizás el lector desconozca cómo surgió la LOMCE. Es una historia que retrata lo que el PP y la derecha de este país entiende por consenso educativo.
Cuando gobernaba el PSOE en 2011 y Ángel Gabilondo era ministro de Educación, comenzó una de las apuestas más ambiciosas y duras de la historia de la Educación en España. Ángel Gabilondo sentó en una mesa a los partidos políticos con representación en la Cámara y a diversas organizaciones sociales (la Iglesia católica entre ellas). Después de un duro trabajo y sesiones maratonianas, se llegó a un acuerdo (que no un pacto) para sacar adelante una ley de Educación que fuera estable y no dependiera del gobierno de turno.
Quienes suscriben, tuvieron la oportunidad de hablar con una de las personas que participaron intensamente en esas reuniones en calidad de asesor. “Aquella noche –nos contaba-, cuando ya habíamos redactado el acuerdo, quedamos en irnos a casa y volver al día siguiente para escenificar la firma. Recuerdo que cuando llegué a casa –continuaba su relato– saqué una botella de champán de la nevera que guardaba para la ocasión y brindé con mi mujer y con mis hijas –todas ellas trabajadoras del sector docente-. Por fin tenemos en este país un acuerdo educativo, les decía en el brindis de rigor. Cuando al día siguiente llegamos al Ministerio de Educación, el jefe de la delegación del PP nos pidió una reunión urgente. En esa reunión, nos informó de que no iban a firmar el acuerdo. Ante el estupor del anuncio, Ángel Gabilondo le pidió explicaciones. Había costado mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo poder ponerse de acuerdo, y todo iba a quedar en nada. La respuesta del jefe de la delegación del PP fue que las encuestas les estaban dando mayoría absoluta en las siguientes elecciones y que “ellos” ya tenían una ley de Educación prevista y guardada por si se daba esa circunstancia”
Esa ley era la LOMCE y estaba guardada en un cajón de la FAES. Efectivamente, el PP sacó mayoría absoluta e impuso su ley educativa contra toda la comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado) tal como quedó retratado en todo el país recorrido de huelgas y manifestaciones de la Marea Verde a favor de la enseñanza pública.
Esta historia retrata lo que la derecha de este país entiende como consenso educativo: la imposición de la LOMCE como modelo de educación. Así las cosas, no queda otra que revolverse del asiento cuando el PP acusa al gobierno actual de no haber consensuado la ley. Puro postureo.
Continúan, en sus críticas, alegando que la LOMLOE es una ley ideológica. Veamos los principios que inspiran la ley:
Artículo 1
“Garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión, superar las discriminaciones y asegurar el acceso universal a la educación como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales”
“La igualdad de derechos, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar. El fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. La coeducación entre niños y niñas, y la prevención de la violencia de género”
Si estos son principios ideológicos, VIVA LA IDEOLOGÍA.
Claro que, para aquellos que no creen en la violencia de género, en la coeducación de niños y niñas (apostando por centros segregadores),en la igualdad entre hombres y mujeres, o consideran que la homosexualidad es una enfermedad que se cura rezando, para todos ellos, esto es pura ideología y adoctrinamiento. La derecha piensa que todos pretendemos adoctrinar, como en realidad hacen ellos. Pero es todo lo contrario, buena es aquella ley educativa que libra a los alumnos y alumnas de la tiranía ideológica de sus familias, y les da una visión diferente del mundo. Bienvenidos sean, pues, esos principios.
2. Coartan la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas
Falso. El artículo 1 en su apartado “q” recalca precisamente este principio inspirador de la ley: “La libertad de enseñanza. Reconocer el derecho a los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro en el marco de los principios constitucionales”. Queda claro, pues, que no es una ley que limita esa libertad de elección y que las familias y tutores legales de los niños y las niñas de este país, seguirán teniendo la oportunidad de elegir el centro que quieren para sus descendientes.
En cualquier caso, no deja de ser curioso que sean las personas que nunca han tenido ningún problema para escoger el colegio en el que estudian sus hijos e hijas, las que más se quejen de este asunto. A los políticos de la derecha les interesa la proliferación de los centros que ideologizan y adoctrinan al alumnado en su ideología, y cualquier atisbo de control por parte del Estado de esos centros les alarma. Esto sí es una queja puramente ideológica.
Es más, si de defensa de la libertad de elección del centro se trata, quizás, lo primero que deberían hacer es pedir la eliminación de unas cuotas, fraudulentas e ilegales, que los colegios concertados hacen pagar a las familias. De esa manera, las familias de escaso poder adquisitivo podrían acceder a esos centros y estarían en igualdad de condiciones.
Pero esa batalla no la van a dar nunca porque esas cuotas, además de un negocio, son un buen filtro para que las familias de estrato social bajo no puedan entrar en sus “centros”. Pura hipocresía y sectarismo, sin duda.
A los que tanto se quejan del supuesto daño que esta ley infringe a su “libertad de elección de centro”, sería bueno recordar que tienen total y absoluta libertad para escoger el centro público que quieran (siempre que haya plazas suficientes).
Ah! Que no quieren un centro público. Pues deberían explicar el por qué, dado que, si el Estado va a invertir dinero público en la educación de sus hijos, debería saber por qué no quieren ir a un centro público y si es oportuna la financiación de un centro privado para ellos. Porque si la razón es que no quieren que sus hijos e hijas se junten (perdonen, pero vamos a utilizar las palabras que muchos de esos padres y madres utilizarían) con moros, panchitos, rumanos o macarras, entonces el Estado no debería darles ni un céntimo. Eso sería como financiar el racismo.
3. Ataca a la concertada eliminando la Demanda social del articulado
Falso. La existencia de esa expresión (Demanda social) ni ha favorecido, ni ha aumentado el número de plazas concertadas. Aun no existiendo esa expresión, la Comunidad de Madrid habría seguido apostando por la concertada. El mejor ejemplo lo tenemos en los barrios de nueva creación de Madrid, como por ejemplo Montecarmelo.
Los vecinos relatan su situación escolar hace unos meses en un medio digital: “Contamos con un colegio concertado católico (Santa María La Blanca), que ocupa dos parcelas públicas de uso educativo (las mejor ubicadas en el barrio), la última de ellas con licencia del Ayuntamiento desde este pasado mes de marzo para construir su bachillerato (privado). Este colegio cuenta, entre otros espacios, con iglesia, auditorio y tiene planificada una piscina. Igualmente cuenta con escuela infantil propia.
Por otro lado, tenemos el Colegio Alemán de Madrid, trasladado a Montecarmelo hace dos años. Es un centro privado cuyo edificio ha venido ganando importantes premios de arquitectura y que, hasta la fecha, es la mayor obra de ingeniería civil del estado alemán realizada fuera de su territorio y que ha sido declarado como “el colegio más bonito del mundo”, contando con cerca de 1.600 alumnos y con instalaciones medioambientales y sostenibles.
En referencia a las infraestructuras educativas públicas contamos con la escuela infantil Sol Solito (que compite con numerosas escuelas privadas subvencionadas) y dos colegios de educación infantil y primaria, ambos por encima de línea (masificados) debido a la alta demanda de plazas escolares en un barrio que ya requiere la construcción de un tercer centro público. Y con el añadido de que uno de los dos colegios (Antonio Fontán) lleva años sufriendo las obras de las diferentes fases de su construcción, con las molestias que ocasiona convivir diariamente con ellas y ver que los retrasos en su entrega son la tónica general.
Y por último tenemos una parcela vacía, de uso educativo, dividida por un talud de entre 8-15 metros de altura, que imposibilita la actuación sobre ella para construir un instituto de educación secundaria público, ya que es la única que queda para su ubicación. Desde hace años, llevamos solicitando a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Madrid este centro y, tras múltiples compromisos y promesas, seguimos sin tener ninguna confirmación de nada, y la parcela sigue ahí, vacía, únicamente modificada por los anuncios que sobre ella se instalan con publicidad de negocios del barrio.
Esto es lo que tenemos. El enorme contraste entre educación concertada-privada y educación pública. Por eso no nos creemos nada cuando la Comunidad de Madrid nos dice que ellos apuestan por la Educación Pública; que su objetivo no es desmantelarla, sino potenciarla y cuidarla”.
¿Dónde está la demanda social de escuela privada concertada en este barrio? ¿Por qué los centros privados con menos demanda han sido favorecidos con suelo público y licencias exprés para su construcción?
Como puede comprobar el lector, la queja de la derecha española no tiene ningún fundamento. A lo largo de los últimos años, la “joya de la corona” y la mejor tratada en este asunto, ha sido la escuela concertada, no la pública. Basta con tener en cuenta que, durante los últimos 10 años, el presupuesto destinado a la escuela privada concertada se ha incrementado en un 25%, mientras que el de la pública sólo lo ha hecho en un 1’4%. La partida destinada a los conciertos suponía en 2017 el 17’7% del presupuesto de Educación y, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, esta cantidad no sólo no se va a reducir, sino que se va a incrementar en un 5%
¿Dónde está la discriminación en esta ley?
4.- Esta Ley no garantiza puestos escolares en la concertada
Falso. Como hemos visto en el punto anterior, la escuela privada concertada no se va a cerrar, simplemente, se va a fiscalizar y se va a comprobar que cumple con la ley vigente.
En el artículo 84 punto 1 de la ley, se puede comprobar cómo esa afirmación de pérdida de puestos escolares es mentira. En dicho artículo se recoge: “Se regulará la admisión en centros públicos y concertados garantizando el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro de los padres, madres y tutores legales”. Y continúa el artículo 84: “Se dispondrá de las medidas necesarias para evitar la segregación por motivos socioeconómicos o de cualquier otra naturaleza”, terminando el punto 1: “En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución de los alumnos con necesidades educativas especiales”
Es decir, lo que se recoge por ley es una admisión equilibrada del alumnado en la red pública y que, por lo tanto, los colegios concertados estén obligado a admitir el mismo porcentaje de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. ¿Esto es querer cerrar la concertada como argumentan en su campaña “Stop Ley Celaá”? No, hombre, no. Esto es poner en estado de derecho a los colegios concertados, hacerles cumplir la Ley, para que, entre otras cosas, se pueda poner fin a los “guettos de la Pública”, por todos conocidos.
Además, de todos es conocido el rechazo de muchos centros privados a admitir alumnos con necesidades educativas especiales. Esto lo hemos podido comprobar con el colegio de los agustinos de Guadarrama. Al poco de su apertura, hicieron llegar a un instituto público cercano, una carta solicitando la admisión de un muchacho con necesidades educativas especiales, alegando para ello, que no disponían de medios, cuando la Consejería de Educación ya había puesto por escrito que dotaría de los recursos necesarios a aquellos centros con este tipo de alumnado. Los Nees (como se les suele llamar en el argot docente) no dan buena imagen, y los colegios privados viven de la imagen.
En esta línea el punto 5 de dicho artículo 84 recoge que “no habrá en ningún caso discriminación de ningún tipo”. Es decir, queda asegurado el compromiso de la ley con la libertad de elección de centro para toda la ciudadanía.
Otra de las quejas de la derecha aparece por lo establecido en el artículo 109 en sus puntos 2 y 3. Así, en el punto 2, se dice: “…la elaboración de la oferta de plazas, conllevará una adecuada y equilibrada escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales” y en el punto 3, “se garantizará la suficiente oferta de plazas públicas en las diferentes áreas de influencia que se establezcan, especialmente en las zonas de nueva construcción”.
¿Qué quiere decir esto?
Diferenciemos dos aspectos. El primero, en lo que se refiere al punto 3, es de ley que, si la escuela pública es la única herramienta que puede favorecer la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades sociales, sea ésta la primera que se instale en el barrio, o al menos al mismo tiempo que la privada. En la LOMCE, en este artículo no se incluía el adjetivo “públicas” y eso permitió en Madrid que, a los barrios de nueva construcción, llegara antes la escuela concertada que la pública (Motecarmelo, Las Tablas,…). ¿Es esta la libertad de elección de la que habla la derecha? A ver si lo que va a ser cierto es que los que no tenemos libertad de elección somos las familias que queremos que nuestras hijas vayan a la Escuela Pública y, sin embargo, se nos obliga a llevarlos a la concertada por falta de plazas públicas en nuestros barrios.
El segundo aspecto al que se refiere la LOMLOE es a que, en caso de tener que cerrar unidades escolares, este cierre se haga por igual en la concertada y en la pública, cosa que no ha sido así en las últimas décadas, cuando por motivos demográficos y de recortes económicos, hemos visto cómo se cerraban unidades (aulas) en la Escuela Pública mientras manteníamos las de la escuela concertada. En toda Castilla y León, por ejemplo, se han cerrado aulas públicas y se han mantenido las de los padres y las hermanas religiosas. Hemos visto cómo se despedía a miles de profesores de la escuela pública y cómo se mantenían plazas privadas pagadas con nuestros impuestos.
En conclusión, La LOMLOE pone fin a esta práctica y lo que ordena es que, en caso de cierre de unidades, sea por igual en toda la red. Esto es muy diferente a decir que el gobierno va a cerrar la concertada.
Según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, el sistema educativo madrileño es, después del sistema húngaro, el que genera más desigualdad social entre su alumnado. Es un sistema segregador entre privada y concertada, pero, además, y con el programa bilingüe, se ha convertido en un sistema segregador dentro de la escuela pública. Por otro lado, el observador de la ONU que estuvo visitando el país no hace muchos meses, Philip Alston, recalcó en su informe que este sistema educativo es “segregador de facto”. Por ello, es necesario que la ley establezca mecanismos que reduzcan significativamente estos niveles de segregación.
La propia LOMCE, permitía la separación entre niños y niñas en la escuela. Los que suscriben, llevamos ya decenas de años en las aulas y, desde que comenzamos, uno de los objetivos en la escuela era la coeducación de niños y niñas como elemento fundamental para eliminar los antiguos roles de hombres y mujeres. Hoy en día, existen cerca de 90 centros en España que segregan niños y niñas en sus aulas. Con la entrada de esta ley, afortunadamente, esto ya no va a suceder y se podrán denunciar a estos centros.
Otro elemento segregador, conocido por todos, es el establecimiento de cuotas a pagar por las familias. Cuotas ilegales y en fraude de ley que tienen dos objetivos: por un lado, garantizar los beneficios de las empresas propietarias del centro y por otro, no nos olvidemos, evitar la matriculación en el centro de los hijos e hijas de las familias más humildes, económicamente hablando (en este apartado, no sería justo meter a todos los centros en el mismo saco. Damos fe de que hay centros concertados que no lo practican, como el “1º de mayo” o el “Padre Piquer” en Madrid, y seguramente otros en las distintas Comunidades Autónomas)
El 90% de los colegios concertados cobran cuotas mensuales a las familias y en el 89%, estas cuotas no son voluntarias. Dicho de otro modo, si no pagas, te vas. Esta es una irregularidad manifiesta en la que han incurrido los colegios concertados desde hace ya muchos años y que esta ley trata de corregir en su art 88: Garantías de gratuidad, donde dice que “En ningún caso podrán los centros Públicos y Concertados recibir cantidades por impartir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer la obligación de aportar cantidades a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanzas que requieran aportación económica” A día de hoy, el 90% de los colegios concertados de este país incumplen con esta norma. Pero claro, ya lo hemos explicado antes, las cuotas son un elemento fundamental para la cuenta de beneficios y, además, un elemento que va a permitir a estos centros “evitar” la matrícula de alumnado “no deseable”.
Viene a nuestro recuerdo una alumna a la que tuvimos que cambiar de centro por circunstancias que no vienen al caso contar. No existían plazas públicas en la zona y, en el Servicio de Atención a la Escolarización (conocido como el SAE) le adjudicaron un colegio concertado. Nada más llegar a dicho centro, le informaron convenientemente a la madre (los padres estaban separados y la custodia la tenía la madre) de la cuota que debía pagar y la cantidad que debía poner de inmediato para el uniforme escolar. La madre estaba en paro y sólo cobraba lo que le daba su exmarido por las hijas. No disponía de dinero para afrontar esos gastos. La rechazaron y la DAT consiguió un hueco en un instituto público de la zona, rebasando la ratio legalmente establecida.
Concluyendo, lo que hace la LOMLOE, como hemos dicho más arriba, es poner a la concertada en “Estado de Ley”, poner fin a la segregación económica y la discriminación que practican muchos centros concertados.
¿Consideramos que es suficiente? Para nosotros no. Porque esta ley, a pesar de lo que dice la patronal de la concertada, la Iglesia y la derecha no toca NADA en lo que se refiere a conciertos y a libertad de enseñanza recogido en la LODE( Ley Orgánica del Derecho a la Educación 8/1985) Por eso, para los defensores de una red pública sin concertada esta ley es muy conservadora.
5. Se vuelve a imponer la asignatura de Educación en Valores Éticos como instrumento de adoctrinamiento
Cierto. La asignatura, que entonces se llamaba “Educación para la Ciudadanía”, vuelve a estar en el currículo. Se impartirá en un curso del tercer ciclo de primaria (5º o 6º) y en algún curso de la ESO (el que determinen las Comunidades Autónomas). Pero esa acusación de adoctrinamiento es totalmente falsa. Para comprobarlo, veamos lo que dice la Ley.
Dice el artículo 18 apartado 3 de la ley que “el área de Educación en Valores Cívicos y Éticos en la etapa de primaria incluirá contenidos referentes a la Constitución Española, los Derechos Humanos y de la Infancia, el desarrollo sostenible, la Igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a la diversidad y la cultura de la paz y la no violencia”
Asimismo, en su artículo 31 apartado 7 dice la Ley que “en algún curso de la ESO todos deben estudiar “Educación en Valores Cívicos y Éticos”. Los contenidos de dicha asignatura versarán sobre los Derechos Humanos, la Constitución Española, el desarrollo sostenible, la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a la diversidad, la cultura de la paz y la no violencia, y el desarrollo del espíritu crítico”
Como pueden comprobar, los temas a tratar son de un adoctrinamiento peligroso. Próximos al nazismo alemán o al fascismo italiano (aunque si así lo fueran, no creo que les importara tanto a quienes están en contra de esta ley), o peor, al comunismo estaliniano.
Ironías aparte, no es comprensible que existan dentro de la derecha española familias que puedan estar en contra de estos valores, aunque ya sabemos que aceptaron la Constitución a regañadientes, que no creen en el cambio climático y que lo de la diversidad afectivo sexual lo llevan regular. Vaya, quizás sea por eso por lo que están en contra de que la escuela pública desadoctrine a sus hijos e hijas con esta asignatura. Vayan ustedes a saber.
Pero la mayoría de los lectores comprenderá que esta asignatura está en las antípodas de lo que supone un adoctrinamiento (no así la de religión católica, por ejemplo). Por otro lado, de las 120 horas a la semana que pasan los alumnos de la ESO en el centro (desde 1º hasta 4º), tan sólo en dos horas de las 120 van a tratar estos temas. Demasiado escaso para pretender un supuesto adoctrinamiento.
6. Peligra el Castellano, pues desaparece como “lengua vehicular” y deja de ser lengua oficial en la ley.
Falso. La Lengua Castellana no peligra en absoluto en ninguna parte del Estado español y mucho menos como lengua oficial.
Lo de la segunda parte de la queja, además de una estupidez, es de una ignorancia jurídica alarmante, pues la oficialidad del castellano es un artículo constitucional y, por tanto, aunque no figure en una ley orgánica, no significa que no lo sea. De ser así, debería dedicarse un artículo en todas las leyes orgánicas a recordar que el castellano es la lengua oficial del Estado (junto con el euskera en Euskadi, el catalán en Cataluña y el gallego en Galicia, no lo olvidemos tampoco)
Repasemos la ley para ver qué hay de cierto en todo esto:
Artículo 17 apartado e). Sobre los objetivos en Primaria: “Conocer y utilizar de manera apropiada la Lengua Castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad autónoma”
Artículo 23 apartado h). Sobre los objetivos en la ESO: “Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la Lengua Castellana y, si la hubiere, en la cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura”
Artículo 33 apartado e). Sobre los objetivos en Bachillerato: “Dominar, tanto en su expresión escrita como en su expresión oral, la Lengua Castellana y la cooficial de la Comunidad Autónoma”
Con estas referencias queda claro que no existe ningún agravio hacia el castellano ni la posibilidad de la pérdida de este idioma dentro del territorio nacional, pues así se establece en los objetivos de Primaria, de Secundaria y de Bachillerato.
Es, por tanto, una queja sin fundamento alguno. Puro postureo, como hemos dicho en puntos anteriores.
Además, el término “lengua vehicular” es un invento de la LOMCE, luego no es una tradición, ni una costumbre, ni aparecía en el resto de las anteriores leyes educativas.
Por otro lado, deberíamos saber qué entiende la derecha española por eso de “lengua vehicular”. Después de investigar artículos y definiciones varias, hemos llegado a la conclusión de que la “lengua vehicular” en la escuela, sería la lengua fundamental en la transmisión de los conocimientos. Si esto es así, hemos de decir al lector o lectora que esté leyendo estas líneas, que la “lengua vehicular” en la Comunidad de Madrid en la etapa de Primaria, y para la mitad de los alumnos en Secundaria, es el inglés, no el castellano. Y en la etapa de Primaria, esto no es elegible.
Ya comprenderán los lectores, que esta situación no lo ha impuesto una banda de social-comunistas pervertidos antipatriotas, sino los auténticos y genuinos garantes del castellano en España: PP, VOX y C’s a través de su programa bilingüe en la escuela. Tiene gracia el tema.
Señores de la derecha española, no existe ni un solo ciudadano o ciudadana vasca, catalana o gallega que no sepa expresarse oralmente y por escrito en lengua castellana. Asimismo, no existe ni un solo ciudadano o ciudadana vasca, catalana o gallega que no entienda esa lengua cuando le hablan en ella. Sin embargo, sí hemos de decir que existe, por ejemplo, una buena parte de la población vasca que es incapaz de comunicarse en la otra lengua oficial del territorio vasco, el euskera, aunque supongo que a ustedes eso no les parecerá mal.
No hagan de la lengua un problema que no existe, ni la utilicen como arma arrojadiza contra sus adversarios políticos. La lengua es de todos y de todas. No mientan más sobre este asunto.
7. Con esta ley desaparecerán los Centros de Educación Especial
Falso. Lo que en realidad intenta esta ley es establecer unos protocolos que permitan, en la medida de lo posible, la integración de los alumnos y alumnas de los colegios de educación especial en la vía ordinaria. Para ello, insta a los equipos de ambos centros a establecer una coordinación que permita llevar a cabo esta integración. Naturalmente, todo esto en coordinación con las familias y con el visto bueno de los padres, madres y tutores legales de los niños y niñas. Es decir, no se van a cerrar los colegios de Educación Especial, sino que se abre la posibilidad de que las familias elijan escolarizar a sus hijos en centros ordinarios tal y como recomiendan diferentes organismos internacionales, entre ellos la ONU, que abogan por programas de inclusión, siempre que sea posible, a fin de no crear guetos y de que los alumnos y alumnas de la vía ordinaria aprendan a aceptar la diversidad y la diferencia.
En el artículo 74 apartado 1 podemos leer sobre los alumnos con Necesidades educativas especiales: “Se asegurará su no discriminación y su inclusión, y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo”
“La escolarización en los Centros de Educación Especial podrá extenderse hasta los 21 años y solo se llevará a cabo cuando sus necesidades (las de los alumnos y alumnas) no puedan ser atendidas en un centro ordinario”
Asimismo, en el punto 2 de este artículo 74 se concreta que “En todo este proceso serán oídos los padres, madres y tutores legales, y se regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias, siempre teniendo en cuenta el interés del menor”.
Continua el apartado 3 diciendo: “Al finalizar el curso, se evaluarán los objetivos conseguidos. Dicha evaluación permitirá decidir si se permanece en el Centro de Educación Especial o si es posible modificar la modalidad de escolarización tendente a lograr el acceso o permanencia en un régimen más inclusivo”
Por tanto, queda constancia de que todo proceso de escolarización en Centros de Educación Especial y los procesos de posibles inclusiones en la vía ordinaria, siempre serán consultados con los padres, madres o tutores del o la menor, al contrario de lo que dice la derecha española, que afirma que es el Estado quien decidirá dónde se escolariza a un niño o niña con necesidades educativas especiales.
Así las cosas, del artículo 74 se deduce claramente que los Centros de Educación Especial no van a desaparecer. Se trata de una falsedad más de PP, VOX y C’s, en la que además, no han tenido ningún reparo en utilizar a las familias y alumnado de educación especial para propagar su mentira.
8. “No se concibe que una familia sin recursos permita que sus hijos sean aprobados porque sí” (Ayuso dixit)
Quizás sea la queja más difícil de rebatir por su incoherencia y su estúpido contenido, pero no nos resistimos, al menos, a comentarla.
Podemos empezar diciendo que la presidenta de la CAM es una absoluta ignorante en lo que a la ley educativa se refiere, pues si al menos se la hubiera leído, sabría que, según los decretos de evaluación y promoción de su Consejería de Educación, en la Comunidad de Madrid, un alumno de 2º ESO podría pasar a 3º ESO hasta con cinco asignaturas suspensas. Sí, eso es cierto. Entre las que no computan y la posibilidad de que la junta docente considere adecuado que un alumno pase de curso excepcionalmente con tres suspensos, nos podríamos encontrar con que dicha persona promocionaría de curso con cinco asignaturas suspensas. A eso le llamaríamos cultura del esfuerzo, tal y como siempre propagan a los cuatro vientos acerca de las señas de identidad de la escuela madrileña. Ya durante la pandemia tuvimos que escuchar al señor Ossorio, Consejero de Educación del gobierno de Ayuso, decir que no firmaban con el gobierno las directrices de la evaluación de final de curso “porque en Madrid no se puede pasar de curso con asignaturas suspensas”. Palabras del mismísimo consejero de Educación.
Por otro lado, ¿qué insinúa la presidenta cuando habla de las familias sin recursos? ¿Acaso los que los tienen aprueban por su esfuerzo y los que no, no podrían? ¿Se refiere a la Escuela Pública, que es donde van los alumnos con familias sin recursos? ¿En la escuela privada, a la que van los alumnos con familias bien posicionadas económicamente, no ocurre esto? Somos muy mal pensados y, por tanto, conociendo a esta persona, sabemos que se refiere a la Escuela Pública, donde van las familias que no tienen recursos, porque, según se deduce de estas palabras, si los tuvieran, estarían en la escuela privada. Viva la segregación social, señora Ayuso. Se cubre usted de gloria cada vez que abre la boca.
9. Parte final
No queremos despedirnos de los lectores sin antes recomendarles insistentemente que se lean la ley, o que, al menos, le echen un vistazo por encima.
Nosotros creemos que es una Ley Educativa manifiestamente mejorable, pues no reduce las ratios ni el horario lectivo del profesorado de Primaria y Secundaria, ni CONCERTADA. entre otras cosas, pero no nos parece bien que la derecha española se dedique a hacer una campaña basada en falsedades solo con el objetivo de derrocar al gobierno e imponernos, de nuevo sin consenso ni debate, sus leyes escondidas en los cajones de la FAES.
Guillermo Silva Uribarri y Silvia Casado Arenas son profesores de Enseñanza Secundaria. Carlos Fernández Liria es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
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