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domingo, 4 de octubre de 2020

Los directores madrileños exigen a Educación recursos humanos y materiales para hacer frente a las bajas de profesorado (Pablo del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIODELAEDUCACION.COM

La asociación Adimad, que engloba a los directores de secundaria de centros públicos, reclama a la Consejería de Educación una mayor inversión en equipamientos, contratación de personal docente y no docente así como la cobertura de las bajas que se están produciendo diariamente. «Estamos solos», asegura Esteban Álvarez, su presidente.

La situación de los institutos públicos madrileños está cerca del colapso. Han comenzado el curso con las mismas fechas previstas al final del pasado, con cambios de criterio a dos semanas de comenzar y sin los instrumentos prometidos por la Administración educativa.

En su momento, Educación aseguró que enviaría 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras a los centros para poder llevar a cabo la enseñanza semipresencial que está en marcha desde 3º de ESO hasta el bachillerato. También, que se mejoraría la conectividad para poder dar un buen servicio. No se ha hecho nada al respecto, que sepan en Adimad. Así de tajante se ha expresado Esteban Álvarez en la rueda de prensa que acaban de dar para hablar de las propuestas que ponen sobre la mesa.

Después de repasar qué ha ocurrido en los últimos meses, así como de denunciar que no se ha convocado a ninguna reunión a las y los directores para que pudieran plantear sus necesidades, Álvarez ha detallado cuáles son las peticiones, casi exigencias, que plantean desde la asociación.

Recursos

Madrid, como otras comunidades autónomas, vive una compleja situación por falta de personal en las listas de interinos. Este es el motivo para la aprobación del Real Decreto-ley que permitirá la contratación de «docentes» sin titulación acreditativa. En cualquier caso, es una de las reivindicaciones de Adimad. La contratación de más personal para poder realizar con garantías la labor educativa en los centros.

A esta contratación, que supondría la posibilidad de bajar las ratios de alumnos por aula, se suma que hoy, por el vaciado de esas listas, no se están cubriendo con rapidez las bajas que se producen. Álvarez ha asegurado que, según sus datos (la Comunidad, ya sea vía Educación o Sanidad, no los facilita) de media, en cada instituto hay entre tres y cuatro docentes de baja o confinados por causa de la COVID. Cifras a las que hay que sumar el profesorado que está de baja por otras razones. Para apoyar el argumento, Ángeles González, también directora en Madrid, aseguraba que en su instituto hay diez docentes de baja actualmente.

Pero no solo se trata de personal docente, también es necesario un refuerzo del de administración y servicios, grupo en el cual también se están produciendo bajas que no se cubren. A esto, se suma el personal de limpieza, contratado por terceras empresas y que tampoco se cubre con la celeridad necesaria para mantener los centros educativos cercanos a un funcionamiento normal.

Más allá de la falta de recursos humanos está la falta de equipamiento tecnológico comprometido por la Consejería. 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras para intentar asegurar que la semipresencialidad del alumnado más mayor de secundaria y bachillerato fuera efectiva. A día de hoy, no han llegado esos equipos a los centros educativos. Sobrevuela a esto la pregunta de en qué se está invirtiendo el dinero enviado por el Gobierno central de los fondos Covid (cerca de 300 millones para Madrid). Tampoco la mejora de la conectividad en los centros. Asegura Álvarez que están prestando todo el material que pueden, pero no pueden prestar todo el que tienen porque, al mismo tiempo, hay que utilizarlo en el instituto para mantener la semipresencialidad.

Adimad denuncia que se han visto obligados a «competir» unos centros con otros en los últimos meses. Primero, por la compra de material higiénico-sanitario como geles hidroalcohólicos, mascarillas y demás. Ahora, por conseguir al mejor precio posible, equipamiento informático. Un equipamiento, asegura Esteban Álvarez, que no tiene casi stock en Europa y que ha visto sus precios aumentado por la presión de la demanda. Una demanda que ahora está intentando realizar las compras directamente en países como China.

Incomunicación con Salud Pública

A los problemas de infraestructuras materiales y humanas, viene a sumarse la incertidumbre en la que se están moviendo los centros. Están obligados a estar en contacto con la Dirección General de Salud Pública para informar de los casos que se estén produciendo y esperar a las instrucciones que les den, principalmente, sobre el cierre de aulas y el confinamiento de alumnado y profesorado. Desde hace días, no pueden contactar vía telefónica con dicha Dirección General. Cuando lo hacen por correo electrónico, no se garantiza que haya respuesta, y de haberla, tarde cinco o seis días, ha explicado el presidente de Adimad. Todo esto contando que la figura del coordinador COVID, una persona del equipo directivo, ha pasado a ser literalmente, un restreador de casos y contactos directos y estrechos.

Tampoco saben qué hacer cuando un docente, por ejemplo, tiene casos positivos cercanos pero de fuera del ambiente laboral. ¿Ha de guardar cuarentena? ¿Ha de comunicarlo a alguien? Según las informaciones publicadas en los últimos días, la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer pruebas PCR a los contactos estrechos de un positivo a no ser que sea, principalmente, una persona conviviente. Alumnado y profesorado no lo son.

Son 2.000 los centros públicos que deberían estar en comunicación con Salud Pública. Según las estimaciones de la asociación de directores, además de los cuatro o cinco docentes que en cada centro se están dando de baja por motivos relacionados con la COVID, hay que sumar los casos entre el alumnado. En las primeras semanas, aseguran desde Adimad, había uno o dos diarios. Ya están entre tres y cuatro, teniendo en cuenta que la incidencia del virus es desigual dependiendo de dónde esté el centro educativo.

Álvarez, además, ha explicado la dificultad de hacer este seguimiento en los institutos, en donde no existen los grupos estables de convivencia y hay materias en las que se juntan alumnos de diferentes clases. La optatividad de los cursos más altos incide negativamente en la posibilidad de controlar los contactos interpersonales. Aún así, asegura que los centros están cumpliendo con todas las normas higiénico-sanitarias que se les han dado. Aunque hay momentos, como los recreos, en los que se hace realmente complicado.

Discrimación

Otro de los problemas que denuncian desde Adimad es el hecho de que después de que la Comunidad de Madrid haya prohibido a los centros educativos públicos realizar obras de acondicionamiento que permitiesen, en la medida de lo posible, albergar a todo el alumnado en las aulas, hace unos días recibieron una comunicación en la que la Administración daba permiso a los centros de secundaria para que pasaran a una presencialidad total en todos los cursos.

Desde Adimad entienden que este cambio de criterios, de la semipresencialidad a la posibilidad de presencialidad total, deja a la pública en desventaja frente a la concertada, que ha podido realizar ese acondicionamiento de los centros educativos así como la contratación de personal docente para el desdoble de grupos y la bajada de ratios.

Los públicos, ahora, no pueden acometer obras, aunque sí, aseguran, han acondicionado todos los espacios posibles para dar cabida a los desdobles. Tampoco pueden contratar personal ya es que es responsabilidad de la Consejería y, por último, no ha sido posible la idea de contar con espacios municipales a los que trasladar al alumnado desde los centros como también se planteó en algún momento.

Una situación que, además, se extiende a la prohibición expresa de que las y los docentes madrileños utilicen otra plataforma que no sea Educamadrid. «Ha mejorado, es verdad», aseguraba Álvarez a los medios. Pero no es suficiente. «Necesitamos convenios con las plataformas educativas para usarlas si son adecuadas», insistía. El presidente de Adimad recordaba cómo en otras comunidades autónomas se ha hecho precisamente esto. «No entendemos por qué aquí no».

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