La primera semana de marzo la amenaza del coronavirus iba abriéndose espacio en la agenda mediática. Wuhan o Lombardía asomaban en las noticias como un piloto encendido mientras en conversaciones de oficina, debates en las redes, o charlas en grupos de amigos se intentaba dimensionar la gravedad de la amenaza.
Entonces llegó la segunda semana de marzo. De un día para otro, La Rioja y Madrid comunicaban que cerraban todos los centros educativos, en las siguientes jornadas les seguirían el resto de territorios. Así la comunidad educativa debía adaptarse a esa abrupta interrupción de la normalidad hasta que reabriesen las aulas. El plazo inicial eran quince días, luego se extendió hasta el final de la Semana Santa, finalmente, el curso acabó y el alumnado no había retomado las clases presenciales. Poco a poco, docentes, alumnado y familias iban aceptando que tendrían que esperar a septiembre para que niñas, niños y adolescentes volvieran a las escuelas. Esta semana empiezan a vislumbrar la respuesta a aquello que se vienen preguntando desde hace semanas. ¿Podrán volver al cole?
Como la Sanidad, la Educación es competencia de las Comunidades Autónomas, y el modo en el que estas afrontan el comienzo de curso es diverso. Pero hay algo en lo que la mayoría de las comunidades han actuado de forma similar, según denuncian sindicatos docentes, asociaciones de padres a lo largo y ancho del Estado. No han hecho lo necesario para poder concretar una vuelta al cole segura.
A finales de junio el Ministerio de Educación presentaba un documento con las directrices para organizar un retorno a las aulas seguro. En el protocolo, en el que se apuesta por privilegiar la educación presencial, se aportaban una serie de pautas para la prevención de los contagios, que partían de la ampliación de las plantillas, la bajada de las ratio, la adecuación de los espacios, la distancia social de un metro y medio, o la incorporación de medidas de higiene.
Un corta y pega del protocolo aprobado a nivel estatal. Así define Nacho Contel, secretario de Acción Sindical de FASE CGT, muchos de los protocolos autonómicos para el regreso a las clases y en particular el que le afecta, el andaluz. En este caso un corta y pega que incorpora nuevos problemas: uno fundamental, mientras que tanto el Ministerio como otras comunidades han barajado varias posibilidades, la Junta lo apuesta todo a un supuesto: que el inicio de curso se realice en un contexto de normalidad. A medida que crecen los nuevos contagios esa posibildad parece esfumarse. Y lo preparado por la Consejería de Educación no alcanza.
“Hay un protocolo que exige una distancia de seguridad y la Junta de Andalucía automáticamente se lo salta. En lugar de asumir y pensar ‘qué puedo hacer’ para solucionar esto, directamente mantiene ratios ilegales. Los grupos empiezan ya a desbordar por arriba el ratio antes de empezar el curso”. Al integrante de CGT también le parecen insuficientes los docentes que la administración andaluza ha dicho que iba a contratar. “Han anunciado entre 4000 y 6000 pero estamos hablando de miles de centros. Cuando se haga el reparto, en el mejor de los casos, tocarán a uno o dos por centro. Esto no soluciona nada. Y menos en infantil con los recortes que ha habido en los últimos años de docentes”, apunta el sindicalista. La Junta también ha comprado miles de tablets, “ya veremos a qué empresa”, deja caer.
“Hay un protocolo que exige una distancia de seguridad y la Junta de Andalucía automáticamente se lo salta. En lugar de asumir y pensar ‘qué puedo hacer’ para solucionar esto, directamente mantiene ratios ilegales”.
Contel define la interlocución con la Consejería de Educación como insatisfactoria. “Lo que hacen es: Yo me siento a hablar con vosotros con los deberes hechos, y además no voy a cambiar una coma. Me siento con vosotros no para dialogar o consensuar sino para mostraros lo que vais a hacer”, ironiza. Considera que durante este tiempo las autoridades no se han adecuado ni a las nuevas evidencias científicas ni a la incidencia actual de la pandemia, por lo cual su sindicato ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
“Llevamos años denunciando porque estamos viendo que es la única forma de que hagan mínimamente algo, no parecen servir la negociación o el diálogo”. Para Contel la situación es muy seria: entre alumnado y personal profesional de distintos rubros, calcula que son dos millones de personas las que acuden a los centros educativos, un cuarto de la población andaluza expuesta al contagio si no se toman medidas. Además, recuerda que hay mucho personal de riesgo entre las personas docentes a quienes se pretende movilizar a pesar de su vulnerabilidad. Junto a la denuncia, la comunidad educativa ha convocado a la huelga el 18 de septiembre. “Si no nos movilizamos nos llevan al matadero”, zanja Contel.
Desde Madrid la Secretaria General de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, también encuentra aporpiado el concepto de matadero. Los principales sindicatos de enseñanza han convocado a la huelga para el inicio de curso. Denuncian, como en Andalucía, la inacción de la administración para garantizar una vuelta al cole segura.
“No es improvisación, yo creo que ellos ignoran la pandemia y siguen con su agenda, con lo que tenían previsto, los hitos que habían anunciado y por los que obtuvo el apoyo de Vox”, señala Galvín. Esos hitos son la ampliación del cheque bachillerato —ayuda económica para acceder a instituciones privadas—, cuya cuantía se ha duplicado, o el cambio curricular que introduce una tercera hora de educación física a costa de reducir el tiempo dedicado a segundas lenguas y otras optativas, además de incluir la historia del pueblo judío y de Israel en la curricula escolar.
“No han tomado medidas ni para ampliar las plantillas ni para tener mayor distancia, nada para bajar las ratios, nada para mantener la limpieza, que eso preocupa muchísmo a los directores de los centros”
Sin embargo, denuncia Galvín, “no han hecho en seis meses nada para preparar la vuelta al curso. Nada. Hicieron cuatro escenarios de los cuales como mucho podríamos pensar en dos, y claramene lo que estaban pensando es en no tener enseñanza presencial porque sin enseñanza presencial el coste es menor. Ellos se gastarán lo que llegue del gobierno en sus prioridades”, desconfía la sindicalista. “No han tomado medidas ni para ampliar las plantillas ni para tener mayor distancia, nada para bajar las ratios, nada para mantener la limpieza, que eso preocupa muchísmo a los directores de los centros”, comenta.
“Estamos ante la situación más difícil en décadas. Todas las Comunidades Autónomas pensamos cómo hacer lo mejor para nuestros alumnos y profesores. Presentaremos próximamente nuestra estrategia, sin embargo ya tenemos la huelga pertinente. Pedimos responsabilidad”, protestaba Isabel Díaz Ayuso tras el anuncio de las huelgas convocadas”, para Galvín este tipo de reacciones encajan en la senda del PP aguirrista de Madrid: atacar a la educación pública y deslegitimar a los docentes. El propio consejero de Educación, Enrique Ossorio daba un buen ejemplo de ello, cuando en una entrevista afirmaba respecto al profesorado: “Durante el confinamiento les gustó comer y tener luz y había gente trabajando para ello”, y señalaba el prejuicio que los mismos harían a las familias. Así mismo, afirmaba que protocolo había, en su visión serían los centros los culpables de no aplicarlo.
El anuncia de huelga —también se habla de esa posibilidad en Galicia— ha obligado a las administraciones a pronunciarse. Madrid ha anunciado que presentará su plan el próximo martes —de momento confirmando que, como Murcia, optará por un retorno semipresencial—, y Sanidad y Educación han convocado a las autonomías el próximo jueves 27 de agosto, a solo unos días de que empiece el curso.
Con septiembre a la vuelta de la esquina la distancia entre el contenido de los protocolos y los medios puestos a disposición para cumplirlos es un agujero de incertidumbre. Supone una brecha en la que equipos y directivos se dejan la salud para pensar cómo hacer sin recursos lo que se les pide. La campaña #Queremosvolver, expone en su carta abierta esta sensación de cansancio y decepción y detallan las medidas que consideran necesarias para la vuelta segura y presencial que demandan.
Para Galvín la falta de profesores extra hace inviable una vuelta segura. Y forma además parte del modelo de gobernanza del PP madrileño: “Están evitando hacer contrataciones porque no quieren aumentar el peso de lo público, lo quieren reducir”, asevera. “Yo veo la misma estrategia en Sanidad y Educación, por eso no contratan”.
Frente al Paìs Valencià o Ceuta —donde se han reforzado las plantillas y habilitado otros espacios para la docencia— en la mayoria de las comunidades los reclamos son similares: faltan medios para cumplir con las recomendaciones y se espera que equipos directivos y docentes asuman la responsabilidad. En Madrid, comenta Galvín, son numerosos los directores que están actuando legalmente para declararse no responsables. Por su parte, Contel muestra los formularios con los que madres y padres están comunicando que no llevarán a sus hijos al colegio por falta de seguridad, y como denuncia a la mala gestión de las administraciones dentro de la campaña #sinseguridadnovolvemos.
LA CRISIS DE CUIDADOS QUE NO ACABA
Con el confinamiento y la educación online, la primavera trajo a las familias una evidencia: conciliar con las escuelas cerradas y sin acceso a apoyos como los abuelos suponía un gran esfuerzo. A veces los trabajos presenciales no lo permitían, a veces el teletrabajo se convertía en una actividad realizada a horas intempestivas para poder compaginar dobles y triples jornadas. Y casi siempre, las mujeres eran las más expuestas al estrés asociado a esta nueva cotidianeidad. La Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) en un comunicado en el que exige que se implique a las familias en la planificación del regreso al cole planteaba la necesidad de planes de conciliación familiar y laboral, una dimensión difícil de encontrar en los discursos y protocolos.
Si hay un colectivo que sabe del laberinto que es intentar trabajar y cuidar con los colegios cerrados y sin poder echar mano de red por el confinamiento, esas son las familias monomarentales. Tras meses de hacer equilibrismos para subsistir, ante la imposibilidad de conservar trabajos presenciales o el estrés de teletrabajar con sus hijos en casa sin apoyo, ahora que septiembre está ya próximo, se les hurta la promesa de una vuelta a la normalidad, sin que se haya resuelto lo que pasaron meses denunciando. Cómo trabajar y cuidar sin políticas públicas que acompañen.
“No se ha pensado en habilitar espacios de cuidados que facilitaran la conciliación, en los distintos escenarios posibles parece que no se tiene en cuenta la dimensión de los cuidados”, dice Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS). Flores considera que tanto el derecho a la educación como la necesidad de retomar las clases en condiciones de seguridad son fundamentales, pero lamenta que, tras presentar propuestas a las diversas administraciones para facilitar la conciliación del colectivo, se sigan encontrando solas ante la incertidumbre de si podrán mantener el trabajo en caso de que niñas y niños vuelvan a quedarse en casa.
Extenuadas económicamente, muchas no han recibido el Ingreso Mínimo Vital aunque en su momento se afirmó desde el gobierno que tendrían prioridad. También, al no tener con quien dejar a sus hijas e hijos, estos estarán más expuestos a los riesgos que pueden darse en los centros educativos pues muchas madres no tendrán la opción de tenerlos en casa como modo de prevención. Y en un momento en el que en varias Comunidades Autónomas se prohiben las reuniones de más de 10 personas, muchas madres, padres y docentes sienten desasosiego ante la idea de juntar a 25 niñas y niños en un espacio cerrado, sin lugar para la distancia social ni medios de prevención.
LA MIRADA AL GOBIERNO
A finales de primavera las reuniones entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas eran tensas. Celosas de mantener su autonomía, de tener margen de decisión en competencias que les correspondían, el consenso no parecía algo fácil. “Hace dos meses las comunidades autónomas reclamaban autonomía y autogestión, y ahora le piden al gobierno que intervenga, es un poco patético”, resume el secretario de acción sindical de CGT la evolución de esta tensión, con algunas comunidades reprochándole su inacción al gobierno.
Para el sindicalista andaluz el gobierno tampoco ha estado muy ágil: que no se haya convocado desde Educación y Sanidad a las autonomías hasta la última semana de agosto da testimonio de ello. Galvín también es crítica. “El gobierno no ha liderado en educación, la propia ministra Isabel Celaá ha hecho un papel muy difícil de entender, primero dijo 15 alumnos por aula, luego veinte, luego habló de grupos burbuja que si son de 30 no pasa nada. No hay claridad. Todos sabemos que esas medidas básicas hay que consensuarlas, bajar ratios, contratar profesores y perfiles profesionales, medidas claras de higiene y prevención...”
“Lo que nos tememos es que dentro de diez años en no sé qué tipo de causa con no sé qué tipo de nombre se acabe investigando qué se ha hecho en Madrid con esos fondos”
La integrante de CC OO cuestiona por qué, a diferencia de otros planes consensuados por el gobierno con las autonomías sobre sectores como el automóvil o el turismo, donde no había claúsula de descuelgue, justamente en Educación las comunidades autónomás han tenido la opción de “descolgarse”, de medidas como que los fondos fuesen a la educación pública —principio que no se mantuvo de todos modos. Y aún consciente de que una intervención del gobierno puede generar tensiones, se pregunta por qué los fondos provenientes del Estado no pueden ser finalistas, es decir, estar ligados a objetivos concretos (como la contratación de más docentes) y fiscalizados, para que Madrid “no lo gaste todo en cheques bachillerato”. “Lo que nos tememos es que dentro de diez años en no sé qué tipo de causa con no sé qué tipo de nombre se acabe investigando qué se ha hecho en Madrid con esos fondos”, apunta. Y otro temor, que el PP madrileño, al que tanto le gusta ahorrar en la escuela pública, le coja el gusto a la educación semipresencial, menos costosa, y perfile sobre esa base la escuela del futuro, una escuela aún más excluyente y desigual.
Septiembre se acerca, ya hemos aprendido que todo puede cambiar en una semana. En las escuelas, plantillas abandonadas a su suerte, estarán poniendo cintas en el suelo que marquen la dirección al andar, separarán pupitres conscientes de la imposibilidad de ampliar las distancias con el mismo espacio y el mismo número de alumnos, escribirán un enésimo mail preguntando por las mascarillas y los geles que no llegan, y revisarán el protocolo de su Comunidad Autónoma pensando en qué parte del mismo es factible sin que obre un milagro de por medio.
Mientras, madres y padres que vuelven a incorporarse al trabajo cruzarán fuerte los dedos, para no tener que dejar a los niños con los abuelos conociendo el riesgo, para no retomar la locura del teletrabajo con menores en casa. Y si se consigue comenzar el curso en las aulas, o incluso continuarlo, vivirán con inquietud cada décima de fiebre, cada resfriado que año tras año golpea sobre todo a los más pequeños. Rogando porque el niño no de positivo, que no haya ningún positivo entre sus compañeritos para no tener que parar quince días en un sistema que no espera a nadie.
A finales de primavera las reuniones entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas eran tensas. Celosas de mantener su autonomía, de tener margen de decisión en competencias que les correspondían, el consenso no parecía algo fácil. “Hace dos meses las comunidades autónomas reclamaban autonomía y autogestión, y ahora le piden al gobierno que intervenga, es un poco patético”, resume el secretario de acción sindical de CGT la evolución de esta tensión, con algunas comunidades reprochándole su inacción al gobierno.
Para el sindicalista andaluz el gobierno tampoco ha estado muy ágil: que no se haya convocado desde Educación y Sanidad a las autonomías hasta la última semana de agosto da testimonio de ello. Galvín también es crítica. “El gobierno no ha liderado en educación, la propia ministra Isabel Celaá ha hecho un papel muy difícil de entender, primero dijo 15 alumnos por aula, luego veinte, luego habló de grupos burbuja que si son de 30 no pasa nada. No hay claridad. Todos sabemos que esas medidas básicas hay que consensuarlas, bajar ratios, contratar profesores y perfiles profesionales, medidas claras de higiene y prevención...”
“Lo que nos tememos es que dentro de diez años en no sé qué tipo de causa con no sé qué tipo de nombre se acabe investigando qué se ha hecho en Madrid con esos fondos”
La integrante de CC OO cuestiona por qué, a diferencia de otros planes consensuados por el gobierno con las autonomías sobre sectores como el automóvil o el turismo, donde no había claúsula de descuelgue, justamente en Educación las comunidades autónomás han tenido la opción de “descolgarse”, de medidas como que los fondos fuesen a la educación pública —principio que no se mantuvo de todos modos. Y aún consciente de que una intervención del gobierno puede generar tensiones, se pregunta por qué los fondos provenientes del Estado no pueden ser finalistas, es decir, estar ligados a objetivos concretos (como la contratación de más docentes) y fiscalizados, para que Madrid “no lo gaste todo en cheques bachillerato”. “Lo que nos tememos es que dentro de diez años en no sé qué tipo de causa con no sé qué tipo de nombre se acabe investigando qué se ha hecho en Madrid con esos fondos”, apunta. Y otro temor, que el PP madrileño, al que tanto le gusta ahorrar en la escuela pública, le coja el gusto a la educación semipresencial, menos costosa, y perfile sobre esa base la escuela del futuro, una escuela aún más excluyente y desigual.
Septiembre se acerca, ya hemos aprendido que todo puede cambiar en una semana. En las escuelas, plantillas abandonadas a su suerte, estarán poniendo cintas en el suelo que marquen la dirección al andar, separarán pupitres conscientes de la imposibilidad de ampliar las distancias con el mismo espacio y el mismo número de alumnos, escribirán un enésimo mail preguntando por las mascarillas y los geles que no llegan, y revisarán el protocolo de su Comunidad Autónoma pensando en qué parte del mismo es factible sin que obre un milagro de por medio.
Mientras, madres y padres que vuelven a incorporarse al trabajo cruzarán fuerte los dedos, para no tener que dejar a los niños con los abuelos conociendo el riesgo, para no retomar la locura del teletrabajo con menores en casa. Y si se consigue comenzar el curso en las aulas, o incluso continuarlo, vivirán con inquietud cada décima de fiebre, cada resfriado que año tras año golpea sobre todo a los más pequeños. Rogando porque el niño no de positivo, que no haya ningún positivo entre sus compañeritos para no tener que parar quince días en un sistema que no espera a nadie.
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