Save the Children, la Fundación Secretariado Gitano y el CERMI aúnan fuerzas para incidir en la nueva reforma legislativa y que evite las diferentes formas de segregación escolar que se dan por todo el país hacia personas con discapacidad, población gitana y en situación de esclusión social.
"El CERMI, Fundación Secretariado Gitano y Save the Children han unido fuerzas para exigir políticas contra segregación y cooperar para sistema edu inclusivo parar todos", así resumía María Teresa Suárez, del FSG, la alianza que las tres organizaciones han fomentado.
En el horizonte más directo, incidir en el trámite parlamentario de la nueva ley de educación, LOMLOE, que hace unas semanas comenzó a dar sus primeros pasos. El texto de la reforma hace referencia en no pocas ocasiones a la necesidad de un enfoque de derechos humanos y a la educación inclusiva como lugar al que dirigirse, pero para que esto sea posible es necesario el concurso de todas las opiniones.
Jesús Martín, representante del CERMI, habló durante la presentación de la necesidad de establecer un diálogo sereno pero claro con toda la comunidad educativa y los agentes implicados para comenzar a dar pasos en el camino de la inclusión y para acabar con la segregación. Este camino no solo implica a las personas con discapacidad, también a las que están en peores situaciones socioeconómicas, de orígenes nacionales diferentes y también étnicos.
Los representantes de las tres organizaciones insistieron que se trata de una cuestión de derechos humanos, un imperativo legal, además de moral, por el cual todas las personas deben estar escolarizadas fuera de guetos, centros y aulas específicos.
Las tres organizaciones reclaman a las administraciones públicas tres elementos como claves para acabar con la segregación y caminar hacia la inclusión:
En el horizonte más directo, incidir en el trámite parlamentario de la nueva ley de educación, LOMLOE, que hace unas semanas comenzó a dar sus primeros pasos. El texto de la reforma hace referencia en no pocas ocasiones a la necesidad de un enfoque de derechos humanos y a la educación inclusiva como lugar al que dirigirse, pero para que esto sea posible es necesario el concurso de todas las opiniones.
Jesús Martín, representante del CERMI, habló durante la presentación de la necesidad de establecer un diálogo sereno pero claro con toda la comunidad educativa y los agentes implicados para comenzar a dar pasos en el camino de la inclusión y para acabar con la segregación. Este camino no solo implica a las personas con discapacidad, también a las que están en peores situaciones socioeconómicas, de orígenes nacionales diferentes y también étnicos.
Los representantes de las tres organizaciones insistieron que se trata de una cuestión de derechos humanos, un imperativo legal, además de moral, por el cual todas las personas deben estar escolarizadas fuera de guetos, centros y aulas específicos.
Las tres organizaciones reclaman a las administraciones públicas tres elementos como claves para acabar con la segregación y caminar hacia la inclusión:
Reforma de la ley educativa que reconozca el derecho a la educación inclusiva y que establezca medidas concretas en relación a concretas la admisión, el control y la generación de recursos contra la segregación. También que reconozca el derecho a elegir el centro educativo, establezca la cláusula de no denegación (que impediría a la administración forzar la escolarización fuera de un centro ordinario) , con un sistema de seguimiento e indicadores.
Un plan estatal de inclusión educativa y contra la segregación que contemple medidas, presupuesto y calendario para estos objetivos de cara a 2030, con el establecimiento de un Observatorio de la equidad y la inclusión en el sistema educativo, vinculado a estrategias a favor del éxito educativo y contra el abandono escolar temprano y,
Una nueva Ley integral de igualdad de trato y lucha contra la discriminación. Un texto que hable sobre los procesos de admisión de alumnos, sobre su permanencia en el sistema educativo, que enfrente la denegación de los ajustes necesario, que aumente la celeridad en los casos judicializados, que contemple la formación del profesorado en relación a la no discriminación y que establezca una serie de sanciones cuando no se cumpla con ella.
Durante la presentación, Catalina Perazzo (Save the Children) ha hecho un somero repaso de algunas de las cifras clave de la segregación educativa en España, con centros en los que se concentra la población de menos recursos o de origen gitano. Centros que, además, son los que menos recursos tienen para hacer frente a las complejas situaciones que se viven en ellos. La organización reclama medidas, no solo educativas, también relativas a la segregación urbanística, aunque asegura que en sus diferentes informes han encontrado centros educativos que tienen una mayor proporción, por ejemplo, de alumnado migrante o de origen gitano o en situaciones de vulnerabilidad socioeconómicas, de la que hay en otros centros de los mismos barrios e, incluso, en la población general de los lugares en los que se encuentran.
Según los datos que manejan, todavía hay un 17% de alumnado con discapacidad escolarizado en centros de educación especial; o cómo para mitigar la concentración de estudiantes desfavorecidos, el 30% debería estar en centros educativos diferentes a aquellos en los que están. Un porcentaje que se eleva al 39% en el caso de quienes tienen origen migrante o lo son. O cómo el 10% de los centros son considerados guetos y el 90% de ellos son públicos. A esto habría que sumar que el 30% de las y los niños gitanos están escolarizados en centros de alta concentración. Este tipo de centros, ha dicho Perazzo, «los encontramos en todas las ciudades españolas». «Conocemos los datos por separados, pero hay que tener en cuenta que las formas de segregación se solapan agravando problema».
«La educación debe ser un traje a medida», aseguraba Martín.
Durante la presentación, Catalina Perazzo (Save the Children) ha hecho un somero repaso de algunas de las cifras clave de la segregación educativa en España, con centros en los que se concentra la población de menos recursos o de origen gitano. Centros que, además, son los que menos recursos tienen para hacer frente a las complejas situaciones que se viven en ellos. La organización reclama medidas, no solo educativas, también relativas a la segregación urbanística, aunque asegura que en sus diferentes informes han encontrado centros educativos que tienen una mayor proporción, por ejemplo, de alumnado migrante o de origen gitano o en situaciones de vulnerabilidad socioeconómicas, de la que hay en otros centros de los mismos barrios e, incluso, en la población general de los lugares en los que se encuentran.
Según los datos que manejan, todavía hay un 17% de alumnado con discapacidad escolarizado en centros de educación especial; o cómo para mitigar la concentración de estudiantes desfavorecidos, el 30% debería estar en centros educativos diferentes a aquellos en los que están. Un porcentaje que se eleva al 39% en el caso de quienes tienen origen migrante o lo son. O cómo el 10% de los centros son considerados guetos y el 90% de ellos son públicos. A esto habría que sumar que el 30% de las y los niños gitanos están escolarizados en centros de alta concentración. Este tipo de centros, ha dicho Perazzo, «los encontramos en todas las ciudades españolas». «Conocemos los datos por separados, pero hay que tener en cuenta que las formas de segregación se solapan agravando problema».
«La educación debe ser un traje a medida», aseguraba Martín.
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