Educadores sociales exigen ser incluidos en centros educativos a través de la Ley Rhodes (Lis Gaibar para elsaltodiario.com)

Artículo de Lis Gaibar para elsaltodiario.com

El Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES) pide que la figura de “coordinador o coordinadora de bienestar y protección” que contempla la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia sea asumida por profesionales de la educación social.

9-6-2020

Lourdes Menacho, presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales en España (CGCEES), reconoce que se enteraron de que pronto se aprobaría la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia —conocida como Ley Rhodes— a través de los medios de comunicación. Lamenta que no se les haya tenido en cuenta porque, aunque el CGEES no ha podido revisar el texto completo, con lo que saben del mismo tienen una demanda clara: que la figura contemplada en la ley de “coordinador o coordinadora de bienestar y protección” sea asumida por educadores y educadoras sociales.

Aunque el CGEES aplaude que se dé un paso más en la protección de niños y niñas y adolescentes con la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros de este martes, les ha sorprendido esta figura, ya que “los educadores y las educadoras sociales son la referencia en protección, y las funciones que se adjudican a estos coordinadores son las propias de nuestro colectivo”, expone Menacho. Ya lo explicaron en el escrito que el organismo remitió al Gobierno en noviembre de 2018, cuando el Gobierno del PSOE ya aprobó un anteproyecto de Ley que retoma ahora el Gobierno de coalición y que se ha dado en llamar Ley Rhodes, donde pedían que constara de forma expresa que “corresponde a las personas graduadas en Educación Social la valoración, intervención y emisión de informes sobre los aspectos socio-educativos en intervención con menores”.

Profesionales de la Educación Social piden al Gobierno que “sea valiente” y marque unos mínimos que sean acompañados de financiación a las comunidades autónomas

En este sentido, Menacho explica que el Gobierno ha anunciado que serán las comunidades autónomas las que decidan quién asume estas funciones, lo que incrementa el riesgo de más sobrecarga entre el profesorado, pero no solo: “Todos los sistemas educativos necesitan nuevas profesiones, y esta tarea requiere profesionalidad”. Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia, explicó en la rueda de prensa en la que varias organizaciones valoraban el anteproyecto de ley este lunes que esta figura, aunque se presente como nueva, ya tiene un precedente en los llamados “coordinadores de convivencia”, que son profesores de los centros que —además de su docencia— asumen una serie de funciones para un plan de convivencia. Esto es precisamente lo que el colectivo de educación social pretende evitar: “No nos creemos una mejora real de la protección si no se dota de más recursos a los centros”, asevera la presidenta, que insiste en la necesidad de profesionalización de estas tareas.

Solo cinco comunidades autónomas (Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía, Baleares y Canarias) ya cuentan con educadores sociales en centros educativos

Por eso piden al Gobierno que sea “valiente” y marque unos mínimos que sean acompañados de financiación a las comunidades autónomas. “La educación social necesita que el Gobierno se tome en serio la inclusión”, resume Menacho. De hecho, el Consejo recuerda que lo que proponen no es nuevo y que se ha probado su eficacia: Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía, Baleares y Canarias ya cuentan con educadores sociales en centros educativos, “muy bien acogidos” por parte de la comunidad educativa y con positivos resultados en cuestiones como prevención de acoso escolar o reducción de las tasas de abandono, insisten desde el CGEES. Así lo han hecho saber también en el documento de aportaciones a la LOMLOE en el que el Consejo expone la necesidad del colectivo en los centros educativos e inciden en la vulneración del principio de igualdad que supone que solo cinco comunidades autónomas dispongan de estos profesionales en sus centros.

INVISIBILIZACIÓN DE LAS DIFICULTADES
No solo la Ley Rhodes parece estar olvidando al colectivo. Estos profesionales, considerados servicio esencial, han seguido trabajando durante toda la pandemia “sin protocolos claros ni equipos de protección suficientes”, apunta Menacho, acudiendo personalmente a centros de mayores, de personas con diversidad funcional, de protección de menores o de salud mental —entre otros—. El teletrabajo también ha entrañado muchas dificultades en el ejercicio de su profesión: “Es muy difícil trabajar telemáticamente con una población que no tiene acceso a esos medios digitales”, resume la educadora social.

“Si la educación del siglo XXI no es social, no es del siglo XXI”, apunta Lourdes Menacho, presidenta del CGEES

A las dificultades de la pandemia se han sumado las que ya tenían antes de la llegada del virus, como la externalización que asume el colectivo o la falta de regulación que todavía existe. Por eso la reciente demanda del Consejo, expone Menacho, es también un llamamiento a la Conferencia de Decanos: “¿Qué hacemos ofertando grados sin salida?”, cuestiona. La portavoz insiste en lo necesario de regular las profesiones de intervención social, apuntando que aspectos como las licitaciones o ratios tienen que estar claras “Si la educación del siglo XXI no es social, no es del siglo XXI”, concluye la educadora.