- El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social6-4-2020
Las escuelas de iniciativa privada sostenidas con presupuesto público se establecieron en 1985, asimilándose “teóricamente” a las escuelas públicas, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) con el argumento de falta de recursos para escolarizar a toda la población.
Desde entonces ha habido un debate abierto sobre la continuidad de estos conciertos. Debate que ha sido aprovechado constantemente por el empresariado de la enseñanza privada para seguir arañando conciertos, mayores subvenciones y aumentando su negocio. Entre otros mensajes, se argumenta, por ejemplo, que los fondos públicos no son suficientes ya que el coste por alumno es menor que en el sector público y, por tanto, “voluntariamente” las familias han de aportar cuotas “voluntarias”, que es el térmico que se utiliza para escapar de la prohibición. Hoy siguen defendiendo y pidiendo que se aumenten los conciertos, dicen, con el fin de que se haga efectivo el “derecho” de las familias a elegir centro para sus hijos e hijas.
Algunos países (Bélgica, Francia, Malta y Holanda) que también tienen instaurada esta práctica no llegan a las cifras del nuestro, con la salvedad de que se permiten los conciertos en zonas más degradadas y con problemas sociales.
En España, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y alumnas y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros con un presupuesto de dinero público destinado en 2017 de 6.179 millones de euros, distribuidos de manera desigual en los distintos territorios. La mayoría de los centros están situados en comunidades de renta alta o tradición “ideológica” de escuela privada.
Desde entonces ha habido un debate abierto sobre la continuidad de estos conciertos. Debate que ha sido aprovechado constantemente por el empresariado de la enseñanza privada para seguir arañando conciertos, mayores subvenciones y aumentando su negocio. Entre otros mensajes, se argumenta, por ejemplo, que los fondos públicos no son suficientes ya que el coste por alumno es menor que en el sector público y, por tanto, “voluntariamente” las familias han de aportar cuotas “voluntarias”, que es el térmico que se utiliza para escapar de la prohibición. Hoy siguen defendiendo y pidiendo que se aumenten los conciertos, dicen, con el fin de que se haga efectivo el “derecho” de las familias a elegir centro para sus hijos e hijas.
Algunos países (Bélgica, Francia, Malta y Holanda) que también tienen instaurada esta práctica no llegan a las cifras del nuestro, con la salvedad de que se permiten los conciertos en zonas más degradadas y con problemas sociales.
En España, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y alumnas y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros con un presupuesto de dinero público destinado en 2017 de 6.179 millones de euros, distribuidos de manera desigual en los distintos territorios. La mayoría de los centros están situados en comunidades de renta alta o tradición “ideológica” de escuela privada.
En cifras globales, estos centros acogen a uno de cada cuatro estudiantes en la enseñanza obligatoria (el 30% del alumnado), cifras superadas únicamente por Bélgica en el número de alumnos matriculados.
Es de destacar que el 64% de las escuelas concertadas son directamente propiedad de la Iglesia o instituciones ligadas a ella y que algunas de ellas segregan por sexo, argumentando, además, que su labor es de verdadera ayuda al Estado.
El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica, como sus defensores afirman sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social, ya que:
sistema socioeconómico que tenemos nos ha legado un sistema educativo dual y un Estado democrático no puede permitirse desdeñar la escuela pública y apoyar a la enseñanza privada-concertada y confesional. El deber de las administraciones públicas es articular un sistema público de educación igualitario basado en la justicia social y democrático y efectivo, con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el sector educativo privado, que deberá ser siempre subsidiario al público.
Por todo ello, el ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’, defiende que la responsabilidad de la escolarización ha de regularse y planificarse con la afirmación de la centralidad de la escuela pública. Así, entendemos que es necesario que el Estado camine en la dirección de dar respuesta a la necesidad de escolarización de toda la población en la red de escuelas públicas, de forma que los conciertos con la escuela privada vayan desapareciendo progresivamente en un tiempo que se determine. Las escuelas concertadas podrán pasar a públicas con las condiciones de la educación pública o escoger quedarse únicamente como escuelas privadas con su financiación propia.
Las condiciones de la escolarización en una sociedad democrática han de estar regidas por la búsqueda de la equidad, la inclusión, la transparencia y la calidad máxima de la educación en todas y cada una de las escuelas de la red pública. A eso hemos de tender en la mayoría de las escuelas del sistema educativo.
Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero son miembros del ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’.
Es de destacar que el 64% de las escuelas concertadas son directamente propiedad de la Iglesia o instituciones ligadas a ella y que algunas de ellas segregan por sexo, argumentando, además, que su labor es de verdadera ayuda al Estado.
El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica, como sus defensores afirman sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social, ya que:
- El que estos centros educativos estén financiados por fondos públicos no indica que sea educación pública. Sus características pedagógicas y de gestión son de escuela privada y no aplican toda la normativa estatal del funcionamiento de las escuelas públicas. No se niega que hagan un servicio subsidiario a la población, pero la educación que imparten no responde, en termino generales, a los principios de igualdad y solidaridad, participación y democracia que son exigibles a la educación pública.
- Con fondos públicos de nuestros impuestos que, pagamos todos y todas, se financia una tipología de escuelas que seleccionan a su alumnado, con el argumento de la libertad de elección de las familias para escoger el centro educativo, cuando lo que realmente sucede es que se están seleccionando a las familias más interesantes desde cada centro.
- La principal consecuencia es que se segrega a una parte importante del alumnado. Los informes nos indican que la escuela pública matricula al 80% del alumnado inmigrante pese a escolarizar el 71% de la población total. La concertada tiene un 14% de inmigrantes con un 30% del alumnado general.
- Se generan dos redes educativas sostenidas con presupuestos públicos, que atienden a poblaciones sociales diferentes y aunque no pueden hacer una selección según la normativa, se hace. Las cuotas “voluntarias” son, de hecho, una forma de seleccionar a las familias que pueden pagarlas. Hay otras formas de selección como el “efecto barrio” donde se ubica la enseñanza privada concertada.
- Las escuelas concertadas defienden que su gasto, en comparación con la educación pública, es menor según algunas estadísticas. Otras, que incorporan más variables, dicen lo contrario. Además, no argumentan que ellos tienen en sus aulas estratos sociales más altos debido a la selección del alumnado y que se tiene en cuenta el gasto de las familias. Aun así, ocultan que la escuela pública tiene muchas más necesidades de apoyo, soporte y refuerzo que ellos no utilizan porque no los necesitan. Tampoco contemplan el coste financiero de las escuelas rurales, que son públicas en su totalidad, la formación del profesorado… etc.
sistema socioeconómico que tenemos nos ha legado un sistema educativo dual y un Estado democrático no puede permitirse desdeñar la escuela pública y apoyar a la enseñanza privada-concertada y confesional. El deber de las administraciones públicas es articular un sistema público de educación igualitario basado en la justicia social y democrático y efectivo, con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el sector educativo privado, que deberá ser siempre subsidiario al público.
Por todo ello, el ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’, defiende que la responsabilidad de la escolarización ha de regularse y planificarse con la afirmación de la centralidad de la escuela pública. Así, entendemos que es necesario que el Estado camine en la dirección de dar respuesta a la necesidad de escolarización de toda la población en la red de escuelas públicas, de forma que los conciertos con la escuela privada vayan desapareciendo progresivamente en un tiempo que se determine. Las escuelas concertadas podrán pasar a públicas con las condiciones de la educación pública o escoger quedarse únicamente como escuelas privadas con su financiación propia.
Las condiciones de la escolarización en una sociedad democrática han de estar regidas por la búsqueda de la equidad, la inclusión, la transparencia y la calidad máxima de la educación en todas y cada una de las escuelas de la red pública. A eso hemos de tender en la mayoría de las escuelas del sistema educativo.
Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero son miembros del ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’.
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