A algunos – el Ministerio de Educación, por ejemplo – les preocupa especialmente no penalizar a los estudiantes con mayor dificultad para aprovechar la oferta de educación a distancia y online, y que son los más vulnerables de nuestra sociedad. A otros, sin embargo, les preocupa que una tal vez excesiva flexibilidad o manga ancha evaluadora, justificada o no por las excepcionales circunstancias, pudiera conducir a una pérdida de credibilidad del sistema escolar, al transmitirse a estudiantes y sus familias que se rebajan deliberadamente los niveles de exigencia académica y por tanto, alegan, se renuncia a valorar y recompensar el esfuerzo individual.
Al politizarse este debate en los últimos días, la opinión pública parece percibirlo, sin mayor matiz, como “aprobado general versus aquí no se regala nada”. Y ello a pesar de que ninguna de las dos posturas se presenta a sí misma en esos términos tan radicales. En definitiva, teníamos un consenso amplio sobre la necesidad de invertir los recursos necesarios en que ningún alumno dejara de aprender durante el cierre de centros, y el consenso se nos ha roto en mil pedazos en cuanto el calendario se ha empezado a acercar al mes de junio, con sus evaluaciones, calificaciones y decisiones derivadas. Aprender y aprobar siguen siendo por lo visto dos planetas aparte, dos códigos que solo se entenderían el uno al otro sobre la convicción de que la única motivación para aprender seria aprobar.
¿Es eso lo que de verdad pensamos las familias, el profesorado, los responsables políticos y la opinión pública en general? ¿Por qué ha sido tan fácil consensuar la continuidad en el aprendizaje y resulta tan difícil consensuar la continuidad en la evaluación? Algunas respuestas a estas preguntas son bien conocidas; otras no lo son tanto.
Al acercarse el calendario a las fechas de final de curso, era inevitable plantearse el problema de evaluar y calificar el rendimiento de los estudiantes. Hasta el 13 de marzo las notas de los dos trimestres cursados han de elaborarse como siempre, y también como siempre, habrá estudiantes con sobresalientes y con suspensos. Por tanto, éstos tendrían que repetir y titular de acuerdo con las normas de la legalidad vigente, con o sin pandemia. Como no es políticamente viable cambiar esas normas ahora, se pueden contextualizar, como por otra parte han hecho siempre los equipos docentes, con buenos profesionales en su seno, incluidos gabinetes de orientación, y acompañados de servicios de inspección con el suficiente conocimiento de las circunstancias de cada centro y aun de cada estudiante.
El problema sin precedentes, sin embargo, es que el curso no está acabando, aunque así lo haga parecer el calendario. El curso se ha interrumpido y solo gracias al esfuerzo tan profesional como voluntarista del profesorado (y de otros muchos profesionales de la educación) se está dando, con dificultades y desde luego no para todos los estudiantes, la continuidad en el aprendizaje de que hablamos. Los más viejos del lugar recordamos bien que, en el pasado régimen, y tanto para el bachillerato (que empezaba a los 10 años) como en la universidad, existía la matricula libre. Costaba menos que la oficial, el alumno no tenía derecho a ir a clase, y solo se presentaba en el Instituto en junio o en septiembre a examinarse. Pretender que la evaluación y decisiones derivadas se haga ahora como si este fuera un curso normal, crearía una situación no ya muy parecida a aquella matricula libre, sino que además la convertiría en obligatoria. La legalidad de esta vía seria como mínimo dudosa y, de entrada, muchos contribuyentes podrían reclamar la devolución de la cuota, parte de sus impuestos que van a sostener la educación pública y concertada. Además, los estudiantes sin acceso a la oferta online o cuyos centros y profesorado no cuenten con la preparación y recursos suficientes para trabajar a distancia y con materiales digitales, se verían injustamente perjudicados. Con la escolarización interrumpida, un posible aumento del fracaso y la repetición podría incluso llevar a muchas familias a iniciar acciones legales. Y todo eso por no hablar de aquellos estudiantes que están haciendo frente, además de al confinamiento, a la muerte de familiares muy cercanos, a la pérdida de empleo de sus padres y madres, o a la presión psicológica de la pandemia paralela de violencia en los hogares durante el confinamiento. Es el propio derecho a la educación el que esta en juego.
El trabajo realizado por los estudiantes desde el cierre de centros debe servir para recuperar o mejorar las calificaciones. Por tanto, ningún estudiante puede ser penalizado en la evaluación de este trimestre digital. En particular, para quienes no hayan podido avanzar durante este trimestre, a causa de la brecha digital, en lugar de quedar abocados a la repetición, se deben identificar, en un informe individualizado, las necesidades de adaptación y, a partir de ahí, articular un plan de recuperación a lo largo del próximo curso. Así, los conocimientos esenciales del tercer trimestre podrían abordarse adaptados, sobre todo durante el primer trimestre del curso que viene (que, a efectos académicos, debería ser al mismo tiempo el último trimestre del curso 19-20). Quienes ya los hubieran trabajado y superado, pueden ampliar sus conocimientos y habilidades, por ejemplo, dando apoyo a compañeros y desempeñando funciones de liderazgo a través de aprendizaje cooperativo en las aulas. Los equipos docentes sabrán reconocer su esfuerzo y sus nuevas habilidades, y eso se reflejará en sus calificaciones. Por tanto, desde la práctica de los equipos docentes, y desde la confianza en su profesionalidad, no es incompatible premiar el esfuerzo individual con asegurar que la brecha digital – y otras que se están abriendo con esta pandemia – no dejan a ningún estudiante injustamente atrás.
Algunos altos responsables educativos han exigido normas claras sobre repetición y titulación, para evitar que se pudiera terminar regalando aprobado general. En principio habrá que recordar que esas normas existen ya, ni más ni menos que a nivel de ley orgánica, la LOMCE, todavía vigente, y que obliga y compromete a todos (LOMCE RD 126/214 para Primaria y RD/1105/2014, para ESO y Bachillerato, modificado por RD562/2017, en donde se definen las condiciones de titulación de las etapas citadas). Recordemos pues, que ya se promociona en ESO con dos suspensos de forma ordinaria, o tres excepcionalmente si así lo decide el equipo docente. En Bachillerato se promociona hasta con dos suspensos. En cuanto a titulación, la norma en Bachillerato es que se logra si no hay ningún suspenso, mientras que en la ESO es posible titular con dos suspensos, siempre que no sean Lengua y Matemáticas a la vez. Por lo que se refiere a la repetición, la LOMCE conservó el texto de la LOE al establecer que sea absolutamente excepcional: “...solo si se han agotado todas las medidas de apoyo y refuerzo posibles". Como esas medidas no pueden tomarse ni desde luego agotarse durante el cierre de centros, hay que apostar por la recuperación en lugar de la repetición. No es solo lo más justo socialmente y un verdadero imperativo moral; también es lo que más respeta la legalidad vigente y garantiza el derecho a la educación.
¿Cuál es la novedad aportada por la Conferencia Sectorial ante esta situación excepcional? Que otorga y solicita a las CCAA “que puedan flexibilizar, de manera extraordinaria durante el curso 2019-20, los criterios de promoción y de titulación actuales, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes”. Esta propuesta no hace sino reconocer tanto la norma vigente (LOMCE, art. 28.2.), como la práctica habitual de tutores y equipos docentes cuando, al llegar el final de curso, además de la evaluación de cada materia, valoran el progreso de cada estudiante “atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes” para decidir sobre la promoción y titulación. Y si de verdad se quisiera conseguir una aplicación más homogénea de la norma para promoción y titulación, habría que avanzar en definir y establecer con claridad perfiles competenciales, como de hecho ya tiene la Formación Profesional. Pero esta tarea, aun siendo necesaria, no es la que toca en la situación sin precedentes a la que nos enfrentamos.
Solo podemos confiar en el buen sentido de las Consejerías de Educación a quienes se hace corresponsables de esta excepcional situación, y sobre todo en la profesionalidad de los claustros de profesores para que las juntas de evaluación de este año no se dejen contaminar por batallas partidistas y territoriales que poco o nada tienen que ver con la responsabilidad que se le asigna a nuestro sector. Hoy confiamos ciegamente en nuestros profesionales de la sanidad y les aplaudimos – con razón y emoción – cada día. Queremos hacer lo mismo con nuestros profesionales de la educación. Son igual de buenos.
Llegará más adelante el momento de revisar críticamente todo lo relativo a la evaluación, incluida la legalidad vigente que aquí hemos recordado. Son sin duda cuestiones clave en un modelo educativo que la pandemia está poniendo a prueba. Y será urgente contemplarlas en el marco de un Pacto por la recuperación económica y del bienestar social, en el que Sanidad y Educación sean pilares fundamentales.
EQUIPO DEL PROYECTO ATLÁNTIDA
(Coords: Juan Manuel Moreno y Florencio Luengo, que son, respectivamente, Presidente y Coordinador General del Proyecto de innovación e investigación).
Entradas relacionadas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario