Nuestro compañero Manuel Menor comparte con tod@s este análisis
Anuncian nuevos
protocolos para ser profesor universitario y, también, para los candidatos a
profesores o maestros en los niveles escolares.
La judicialización de la vida política prosigue tan alegre.
Siempre hay algún motivo a mano para intentar parar el tiempo y los problemas
y, de paso, no adentrarse en los que atañen de continuo a la vida ciudadana. Distraer
al personal con andanzas ante la Judicatura puede dar la impresión de gran
preocupación cuando solo es una estafa al tratamiento serio de los asuntos. Si
es cuestión de incompetencia o de seguir una vieja tradición es opinable, pero
muchas veces, en el transcurso de este último mes, ha dado la impresión de que
sea una conjunción de ambos ingredientes.
Judializaciones
rentables
Debe ser productivo para que todo siga más o menos con el mismo tono
amorfo y desajustado. Y más cuando cuando un paralelo enfado exagerado propicia
la épica patriótica ante las cámaras. El
Ejecutivo, entretanto, mientras trata de responder retrasa lo que urge decidir
y, al hacerlo, adopta medidas que procuren no enfadar mucho. Juega por la banda
y no centra nunca el balón. Todo se va dilatando, entrelazan jugadas que
parecen de gran calado, pero que tan solo son retoques de apariencia.
La falta de juego en profundidad es muy probable que siga siendo
la tónica de la Legislatura. “España no puede ser de unos contra otros. Debe ser de todos y para todos”, decía el Rey el día tres de
febrero, al inicio y, teóricamente, estaría bien que fuera así. La secuencia
táctica del juego parlamentario lo dirá. No han pasado ni los 100 días
ritualmente preceptivos para que la confianza haya podido acreditarse, pero
también es verdad lo que hace algún tiempo confesaba Ángel Gabilondo, que lo
que no se hace en los primeros compases, en los últimos –a él le pilló en abril
de 2009- ya se hace más difícilmente o queda sin hacer. Aquel “pacto educativo”
que casi iba a ser posible, y que Mario Bedera (PSOE) y Sandra Moneo (PP)
tuvieron a punto, se vino abajo mostrando que, en política, ser de palabra es
muy complicado si se avecinan unas elecciones con poca expectativa.
Los asociados
De las varias decisiones que en políticas educativas se pueden tomar
entre tantas que reclaman atención, en Universidades parecen haberse inclinado
por poner orden en la contratación de “asociados”. Y en lo que atañe a los
niveles escolares, parece que quieren empezar atendiendo a algo concerniente a
la selección del profesorado. Consistiría en tutorar durante un año a los
candidatos preseleccionados para ser profesores o maestros. Las dos medidas son
interesantes por tratar problemas concretos. Pero se pueden quedar en nada si
no van acompañados de una revisión a
fondo del contexto, aunque puedan dar mucho juego para parrafear en tertulias y
en medios como si fuese algo trascendental por sí mismo.
Hay un punto en que las dos medidas se complementan aunque pertenezcan a
dos ministerios actualmente independientes. Entre la mala aplicación en 2009
del EEES –habitualmente conocido como Plan Bolonia-, y la depresión que la
Universidad pública experimentó con los recortes que el pretexto de la crisis
económica aumentó desde 2011, la proporción de profesorado universitario mal
pagado ha ido en aumento, los asociados y sus tipologías variopintas han ido
supliendo carencias y, en muchos departamentos, no se cumplen los mínimos de
rigor. Evitar que prosiga la degradación es caminar en la dirección acertada de
consolidar un sistema educativo atractivo para elevar el nivel cultural medio
de la sociedad y, en particular, el de quienes vayan a ser docentes en los
niveles escolares.
Pensar que estos serán mejores porque sean capaces de superar unas
determinadas oposiciones con currículos heredados de hace dos siglos y que, a
continuación, vayan a trabajar como deba hacerse en aulas del siglo XXI es poco
serio. Si han visto en la Universidad profesores obsoletos y desganados, rutinarios
o pagados de su autoritarismo como signo de saber, salvo excepciones eso
repetirán cuando les toque ejercer. Porque no hay docencia que no haya sido
aprendida, y creerán que lo que Paulo Freire ya criticaba
como “educación bancaria” es la mejor manera de enseñar, aunque en realidad sea
una deformación del buen sentido de la enseñanza. Atajar, pues, este apaño de
asociados que en realidad son como siervos de la gleba, puede ser un paso en la
buena dirección. Pero solo un paso, que solo tendrá sentido si se está en
disposición de dar los que hacen falta para que sea coherente esta decisión.
Tutores de prácticas
La otra medida anunciada, si bien se mira, poco añade a lo que ya era
preceptivo desde finales de los años sesenta y que en 2006 se estimó
transitorio y no lo fue. El año de prácticas ha estado ahí durante todos estos
años, más que el CAP, envejecido antes de nacer y preceptivo para dar el primer
paso para ser profesor. Ese año de prácticas era obligatorio para consolidar la
oposición. Ahora, al parecer, se va a cuidar de que la tutoría de ese año sea efectiva
y que su evaluación sea decisiva para dar plaza definitiva a un candidato o candidata.
Si así logra ser algo habremos avanzado, pero a ver qué pasa en cada Autonomía.
En la de Madrid, por ejemplo, cuando se planteó el practicum de los másteres
que empezaron a ser preceptivos en 2009, podía apuntarse cualquiera y de modo
muy ramplón: les daba igual. Como les da igual hartar a los candidatos con
largos años de interinaje… o ni siquiera. Si de eficacia se trata, habrá que
ver de dónde salen tutores que merezcan la pena, con qué centros educativos se
cuenta, los criterios con que se escoge a unos y otros y cómo se les estimula.
En modo alguno será indiferente el tipo de centro a donde vaya a parar el
candidato a profesor o maestro, porque quien educa no es un individuo, sino el
ambiente perceptible en el centro educativo elegido. Todo candidato a docente
ha de percibir como un deber y no como una voluntariedad aleatoria que es
convocado a ser buen educador y buen docente.
¿Y de lo demás?
También en esta asunto la medida anunciada solo es un pequeño aspecto de
la indispensable formación de los docentes. Antes de ella, están el paso por la
Universidad y por el máster correspondiente y está el proceso de selección
mediante oposición o algún otro sistema, dos pasos que actualmente son
ampliamente mejorables. Como está el saber si en la red privada y concertada
los procesos y criterios a seguir van a ser iguales que los que se propugnan
para la red pública. Y está, en el
itinerario profesional de todo docente, la exigencia y garantía de continuidad
formativa e investigadora a lo largo del ciclo laboral. Igual que está el
siempre demandado Estatuto de la Función Docente, tantas veces reclamado y
ninguna atendido. En fin, están muchas cuestiones colaterales que debieran
decirse cuanto antes, porque, si no, el riesgo de ramplonería irá en aumento. No
habrá buenos sustitutos para los más de 800.000 docentes existentes en el
sistema educativo español –sin contar los de niveles universitarios. Los
posibles candidatos que merezcan la pena no optarán por algo que no esté
reconocido socialmente y que solo tenga como función reproducir lo que ya hay.
Hasta la fecha, poco o nada hemos oído sino palabras al respecto. Como otros
muchos asuntos que se aventuran más costosos, que puede que vayan quedando ad kalendas graecas. Veremos.
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