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El Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero de 2019, está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria. No quisiéramos que se limitara a ser una vuelta a la LOE.
Desde Yo estudié en la Pública saludamos la derogación, tan ampliamente demandada por la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto, de los aspectos más lesivos de la Lomce. Celebramos que la inclusión, la coeducación y la crisis climática constituyan puntos centrales de la exposición de motivos. Echamos de menos, sin embargo, una apuesta más valiente en su articulado que nos permita confiar en la coherencia entre los objetivos que la propia ley establece -inclusión, modernización, mejora de resultados y estabilidad del sistema-, sus ejes transversales -derechos de la infancia, perspectiva de género y coeducación, educación digital, aprendizaje competencial y personalizado y educación para el desarrollo sostenible- y la concreción de los mismos a lo largo de la ley.
Ante la inminente tramitación de este proyecto de ley destacamos cuatro aspectos íntimamente relacionados entre sí que nos preocupan de manera especial y que nos sitúan aún lejos del horizonte de transformación profunda que nuestro sistema educativo necesita:
En primer lugar, el currículo y los ejes transversales. Observamos una continua alusión a los llamados ejes transversales (valores que sustentan la democracia y los derechos humanos y valores ecológicos). Esta reiteración, por lo tanto, debe concretarse en el currículo. Resultaría novedoso y oportuno que esos valores a los que tanta importancia se les da en un proyecto de ley lograran por fin materializarse en contenidos que, desde las diferentes áreas, les confirieran el protagonismo que se merecen. De otra forma, el tratamiento de los valores transversales dependerá de la voluntad del profesorado más concienciado, en la paradoja de tener que trabajarlos contra y a pesar de los currículos.
Por otra parte, si de verdad la Lomloe quiere evitar errores de anteriores leyes, resulta crucial la revisión de los currículos, también en el sentido cuantitativo. Lejos queda un Diseño Universal de Aprendizaje al que se hace referencia si mantenemos unos currículos inabarcables que expulsan a gran parte del alumnado a itinerarios segregados y condena la actividad educativa a metodologías endémicas en nuestro sistema: la clase magistral, el tratamiento apresurado y superficial de los contenidos y la memorización como forma casi única de ser evaluados.
Un proceso de enseñanza/aprendizaje que incida en metodologías activas, que invite a la reflexión y a la comprensión profunda y verdaderamente transformadora del conocimiento, pasa inexcusablemente por el aligeramiento de los currículos. Este cambio constituye una de las más insistentes y generalizadas demandas del profesorado a pie de aula. El currículo debe ser objeto de una honda revisión de manera que permita el abordaje interdisciplinar de cuestiones relevantes poniendo en el centro la coeducación y la educación ecosocial evitando la asignaturización y el enciclopedismo. Huelga decir que la religión confesional debe quedar fuera del currículo formal.
En segundo lugar, la red de centros. La doble red pública/concertada del sistema español representa una anomalía dentro de la Unión Europea. La existencia de esta doble red supone uno de los impulsos más dañinos y segregadores de nuestra escuela (segregación contra la que esta ley lleva por bandera luchar). Ello entra en conflicto con la consideración de la escuela como principal agente de cohesión y movilidad social, y en la que la coeducación no es una opción. Apunta, pues, a su esencia democrática.
En el proyecto de ley se perpetúa y refuerza el carácter segregador de nuestra escuela al ofrecer a los centros privados la posibilidad de acogerse al sistema de conciertos. Continúa así la deriva privatizadora de nuestro sistema educativo, de manera que el trasvase de fondos públicos a la iniciativa privada seguirá en aumento. En oposición radical a este planteamiento reclamamos la estimulación y oportunidad para que sean los centros concertados los que puedan transformarse en centros públicos y volver paulatinamente a la consolidación de la escuela pública como red hegemónica de nuestro sistema educativo y principal agente de cohesión y movilidad social.
En tercer lugar, las evaluaciones externas. En los últimos años la multiplicación de evaluaciones externas en el sistema educativo español, lejos de traducirse en una mejora de las condiciones de escolarización y docencia así como una apuesta por la equidad, ha provocado el efecto contrario. Sus secuelas más notables han sido el incremento de la segregación escolar y el teach to the test, de tan nefastas consecuencias.
El hecho de derivar la responsabilidad de los resultados en el alumnado y sus familias -o utilizarlos para orientarlos a determinados itinerarios- y de requerir planes de mejora a los centros sin dotarlos de recursos, mientras la Administración se inhibe por completo de cuanto corresponde a su ámbito de actuación ha creado una profunda desconfianza en la comunidad educativa acerca del sentido de estas evaluaciones externas. A falta de conocer si los nuevos currículos y las herramientas de evaluación del sistema educativo serán coherentes con los principios establecidos en el proyecto de ley, reclamamos:
La eliminación de las evaluaciones censales y el carácter anónimo de las pruebas muestrales y plurianuales realizadas al alumnado, que deberán ser completadas con otro tipo de herramientas que permitan un análisis completo de nuestro sistema educativo y no se limiten a cargar sobre las espaldas del alumnado el resultado de lo que debería ser una evaluación mucho más completa y participada.
Un compromiso claro e inequívoco de que la Administración asumirá su responsabilidad brindando los recursos necesarios para subsanar los problemas detectados.
Y, por último, todo cuanto afecta a la inclusión y la equidad, y que depende en gran medida de lo enunciado anteriormente. Uno de los principales retos a los que debemos enfrentarnos es el de construir una educación que siente sus bases en los principios de equidad e inclusión. Nos encontramos ante una situación en la que es urgente luchar contra la desigualdad, agravada por una creciente segregación educativa por motivos socioeconómicos; altas tasas de abandono que ponen de manifiesto el fracaso del sistema educativo; el encarecimiento de los costes educativos para las familias; el riesgo de pobreza y exclusión social; y una pretendida atención a la diversidad que las más de las veces se traduce en exclusión escolar de quienes no “encajan” en currículos estandarizados. Para afrontar esta situación reclamamos una mención explícita en la ley a tres de los ámbitos que más han sufrido la política de recortes de los últimos años:
La reducción de las ratios, imprescindible para una atención personalizada del alumnado.
La revisión de las condiciones laborales del profesorado, a fin de permitir la necesaria formación permanente y la coordinación en la elaboración de planes de refuerzo y mejora, así como una estabilidad en las plantillas y la reducción de las tasas de interinidad.
La apuesta por los Equipos y Departamentos de Orientación con profesionales de distintos perfiles capaces de atender a quienes manifiesten alguna dificultad en los aprendizajes y como agentes imprescindibles para mejorar la convivencia en los centros educativos y atender la diversidad en las aulas.
Desde Yo estudié en la Pública siempre hemos apostado por que cualquier cambio en materia de educación sea fruto de un amplio diálogo social y ciudadano. Por este motivo, junto a una amplia representación de colectivos, plataformas y partidos políticos elaboramos a través de “Redes para una nueva política educativa” un Documento de bases para una nueva ley de educación que esperamos que sirva como referente a los partidos políticos a la hora de introducir mejoras en el proyecto de Ley. Consideramos que la nueva Ley de Educación ha de ser:Democrática, en su contenido y en su proceso de elaboración.
Estable, centrada en las necesidades de las personas y no en los intereses de los partidos.
Comprometida con un mundo más justo y que afronte la situación de emergencia climática y de desigualdad que vivimos.
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
viernes, 28 de febrero de 2020
La Comunidad de Madrid provoca la alarma con la subida de horas de Educación Física
ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica esta información
<<Parece que lo han hecho con nocturnidad y alevosía». Habla Puri Gómez, presidenta de la asociación de docentes de Lengua francesa, Madrigalia. Se refiere al periodo de alegaciones que ha concedido el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la modificación del Decreto de currículo de secundaria que tiene previsto aumentar hasta 3 las horas semanales de Educación Física.
«Nos retrotrae a la situación de 2011», asegura Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de la Madrid. La sindicalista, que asegura que le consta que la decisión ha salido de círculos cercanos a Presidencia de la Comunidad, afirma que supondrá un enorme impacto en los cupos de los centros educativos el próximo curso. Sobre todo para el personal interino o el que no tenga destino definitivo.
Fuentes de Educación aseguran que «es aventurado hacer un pronóstico de necesidades de profesorado interino para el curso que viene, así como de los grupos que habrá por centro en las diferentes asignaturas de libre configuración y optativas».
La Comunidad aduce en el proyecto de modificación la importancia para la salud de las y los chicos madrileños del aumento de esta tercera hora a costa de las materias optativas en secundaria. Desde diferentes colectivos creen que este beneficio podría conseguirse por otros caminos, como la inclusión de la figura de la enfermera escolar o mediante actividades deportivas, como campeonatos, que ya se están realizando hoy día.
La preocupación del profesorado de francés es, además, doble, por el hecho de que en los planes del Ministerio de Educación esté el hecho de que su materia no sea de obligada oferta en los institutos. Hoy por hoy lo es.
También critican el hecho de que se vaya a suprimir a la mitad su peso horario aunque no existe constancia de que el curriculo de la materia vaya a disminuir. Puri Gómez se pregunta cómo podrán alcanzar los objetivos de la asignatura con la mitad de tiempo.
El cambio en el decreto se conoció ayer, cuando fue publicado el cambio en el Portal de Transparencia de la Comunidad. La Administración ha dejado un periodo de alegaciones que va desde ayer, 25 de febrero, hasta el próximo día 5 de marzo. Además de haber un fin de semana de por medio, en Madrid el viernes no es lectivo y el lunes tampoco. Es otra de las críticas que hace el colectivo de docentes, que ven muy mermada la capacidad real de dar respuesta a la Consejería.
De hecho, esta celeridad se ha trasladados a los sindicatos. Esta misma tarde se celebra una asamblea en la Federación madrileña de CCOO en la que, explica Galvín, quieren decidir cuáles serán las medidas de presión y protesta para que la Consejería se eche atrás.
Galvín asegura que esta decisión unilateral se ha sentido como un ataque frontal al colectivo docente de las materias afectadas. Además de provocar suspicacias y tiranteces entre profesorado de diferentes especialidades.
Tanto desde CCOO como desde UGT proponen que la horas lectivas que se «comerá» la Educación Física salgan de la asignatura de Religión para evitar el descalabro que supondrá en la oferta de materias artísticas y de humanidades, además de las de recuperación de Lengua y Matemáticas. Religión, en la Comunidad de Madrid, tiene el máximo número de horas lectivas. Los sindicatos creen que la única alternativa razonable es que se lleve a niveles mínimos y así pueda absorberse esa tercera hora.
«Es un problema de calidad de la enseñanza» remarca Puri Gómez en relación a que no haya más modificación curricular que la conocida. Esto supone que el profesorado de estas materias tendrá que impartir los mismos conocimientos previstos para dos horas semanales en la mitad de tiempo. La Consejería responde, a preguntas de este periódico, que «los centros educativos tienen la posibilidad de dar en mayor o menor profundidad el currículo de la segunda lengua como asignatura de libre configuración autonómica».
Ayer se celebró en Madrid una reunión de docentes de francés, también de la universidad y de las Escuelas Oficiales de Idiomas. La preocupación es ya no solo el que la calidad de la enseñanza se vea mermada al no contemplar la enorme reducción horaria sin la disminución de los contenidos. Desde las enseñanzas posteriores se ve el problema de que cada vez, por ejemplo, menos personas se matriculen a las filologías porque no tienen conocimientos iniciales.
Por supuesto el problema laboral también está muy presente. Puri Gómez comenta que ella, hoy por hoy, tiene jornada completa; con la modificación se verá reducida a la mitad. Por una parte, para los funcionarios de carrera supondrá aumentar el número de institutos en los que imparten la materia, al tiempo que verán rellenado su horario con la impartición de materias afines, como Lengua y Literatura u otras lenguas extranjeras.
Quienes no tengan destino definitivo también se verán impactados, mientras que para quienes sean personal interino, lo más probable es que acaben engrosando las listas del paro.
Otras materias afectadas
Además de las segundas lenguas extranjeras, de obligada oferta en 3º y 4º de ESO, también perderán horas lectivas la materias específicas opcionales y las de libre configuracion autonómica, que hasta ahora tenían 2 horas semanales. Con el nuevo decreto, quedarían en una hora: la recuperación de lengua y la de matemáticas (1º y 2º de ESO), Cultura Clásica (3º de ESO), Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3º ESO), Taller de Música (1º ESO), Ampliación de Matemáticas (3º de ESO), Deporte. En 4º de ESO, las materias reducidas serían las de libre configuración autonómica que serían Tecnología, Programación y Robótica; Dibujo Técnico y Diseño, Deportes, Ampliación de matemáticas y Ampliación de Física y Química..
Galvín asegura que la medida, además, provocará que solo las famiilias que tengan suficiente poder adquisitivo sean capaces de absorber el coste de que sus hijas e hijos puedan recibir la formación que desde el sistema público de enseñanza se les niega a base de academias y actividades extraescolares.
- La medida supone la reducción de las segundas lenguas extranjeras, los refuerzos de Matemáticas y Lengua, la asignaturas artísticas y de humanidades.
- Los sindicatos sostienen que esa tercera hora podría salir de Religión, en máximos en Madrid, y que provocaría menor problemas con los cupos de los centros.
<<Parece que lo han hecho con nocturnidad y alevosía». Habla Puri Gómez, presidenta de la asociación de docentes de Lengua francesa, Madrigalia. Se refiere al periodo de alegaciones que ha concedido el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la modificación del Decreto de currículo de secundaria que tiene previsto aumentar hasta 3 las horas semanales de Educación Física.
«Nos retrotrae a la situación de 2011», asegura Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de la Madrid. La sindicalista, que asegura que le consta que la decisión ha salido de círculos cercanos a Presidencia de la Comunidad, afirma que supondrá un enorme impacto en los cupos de los centros educativos el próximo curso. Sobre todo para el personal interino o el que no tenga destino definitivo.
Fuentes de Educación aseguran que «es aventurado hacer un pronóstico de necesidades de profesorado interino para el curso que viene, así como de los grupos que habrá por centro en las diferentes asignaturas de libre configuración y optativas».
La Comunidad aduce en el proyecto de modificación la importancia para la salud de las y los chicos madrileños del aumento de esta tercera hora a costa de las materias optativas en secundaria. Desde diferentes colectivos creen que este beneficio podría conseguirse por otros caminos, como la inclusión de la figura de la enfermera escolar o mediante actividades deportivas, como campeonatos, que ya se están realizando hoy día.
La preocupación del profesorado de francés es, además, doble, por el hecho de que en los planes del Ministerio de Educación esté el hecho de que su materia no sea de obligada oferta en los institutos. Hoy por hoy lo es.
También critican el hecho de que se vaya a suprimir a la mitad su peso horario aunque no existe constancia de que el curriculo de la materia vaya a disminuir. Puri Gómez se pregunta cómo podrán alcanzar los objetivos de la asignatura con la mitad de tiempo.
El cambio en el decreto se conoció ayer, cuando fue publicado el cambio en el Portal de Transparencia de la Comunidad. La Administración ha dejado un periodo de alegaciones que va desde ayer, 25 de febrero, hasta el próximo día 5 de marzo. Además de haber un fin de semana de por medio, en Madrid el viernes no es lectivo y el lunes tampoco. Es otra de las críticas que hace el colectivo de docentes, que ven muy mermada la capacidad real de dar respuesta a la Consejería.
De hecho, esta celeridad se ha trasladados a los sindicatos. Esta misma tarde se celebra una asamblea en la Federación madrileña de CCOO en la que, explica Galvín, quieren decidir cuáles serán las medidas de presión y protesta para que la Consejería se eche atrás.
Galvín asegura que esta decisión unilateral se ha sentido como un ataque frontal al colectivo docente de las materias afectadas. Además de provocar suspicacias y tiranteces entre profesorado de diferentes especialidades.
Tanto desde CCOO como desde UGT proponen que la horas lectivas que se «comerá» la Educación Física salgan de la asignatura de Religión para evitar el descalabro que supondrá en la oferta de materias artísticas y de humanidades, además de las de recuperación de Lengua y Matemáticas. Religión, en la Comunidad de Madrid, tiene el máximo número de horas lectivas. Los sindicatos creen que la única alternativa razonable es que se lleve a niveles mínimos y así pueda absorberse esa tercera hora.
«Es un problema de calidad de la enseñanza» remarca Puri Gómez en relación a que no haya más modificación curricular que la conocida. Esto supone que el profesorado de estas materias tendrá que impartir los mismos conocimientos previstos para dos horas semanales en la mitad de tiempo. La Consejería responde, a preguntas de este periódico, que «los centros educativos tienen la posibilidad de dar en mayor o menor profundidad el currículo de la segunda lengua como asignatura de libre configuración autonómica».
Ayer se celebró en Madrid una reunión de docentes de francés, también de la universidad y de las Escuelas Oficiales de Idiomas. La preocupación es ya no solo el que la calidad de la enseñanza se vea mermada al no contemplar la enorme reducción horaria sin la disminución de los contenidos. Desde las enseñanzas posteriores se ve el problema de que cada vez, por ejemplo, menos personas se matriculen a las filologías porque no tienen conocimientos iniciales.
Por supuesto el problema laboral también está muy presente. Puri Gómez comenta que ella, hoy por hoy, tiene jornada completa; con la modificación se verá reducida a la mitad. Por una parte, para los funcionarios de carrera supondrá aumentar el número de institutos en los que imparten la materia, al tiempo que verán rellenado su horario con la impartición de materias afines, como Lengua y Literatura u otras lenguas extranjeras.
Quienes no tengan destino definitivo también se verán impactados, mientras que para quienes sean personal interino, lo más probable es que acaben engrosando las listas del paro.
Otras materias afectadas
Además de las segundas lenguas extranjeras, de obligada oferta en 3º y 4º de ESO, también perderán horas lectivas la materias específicas opcionales y las de libre configuracion autonómica, que hasta ahora tenían 2 horas semanales. Con el nuevo decreto, quedarían en una hora: la recuperación de lengua y la de matemáticas (1º y 2º de ESO), Cultura Clásica (3º de ESO), Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3º ESO), Taller de Música (1º ESO), Ampliación de Matemáticas (3º de ESO), Deporte. En 4º de ESO, las materias reducidas serían las de libre configuración autonómica que serían Tecnología, Programación y Robótica; Dibujo Técnico y Diseño, Deportes, Ampliación de matemáticas y Ampliación de Física y Química..
Galvín asegura que la medida, además, provocará que solo las famiilias que tengan suficiente poder adquisitivo sean capaces de absorber el coste de que sus hijas e hijos puedan recibir la formación que desde el sistema público de enseñanza se les niega a base de academias y actividades extraescolares.
"La educación no debería ser un campo de batalla político" (Agustín Moreno para CUARTOPODER.ES)
CUARTOPODER.ES publica este artículo de Agustín Moreno
El Gobierno ha informado que tramitará una nueva ley de Educación: la LOMLOE y derogará la LOMCE de 2013. Este anteproyecto de ley se llevó al Congreso en febrero de 2019, el mismo día que se disolvían las Cortes, por lo que no podía tener ningún recorrido. Ahora se vuelve a presentar el mismo texto y va a ser aprovechado por el Gobierno actual para agilizar los plazos para su aprobación. Pero la LOMLOE es solo del PSOE. Por eso es necesario que en el trámite parlamentario se modifique en todo aquello que refleje el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos (UP) en materia de educación y que se recojan las enmiendas que plantea la comunidad educativa.
Ya comenté en diciembre los acuerdos PSOE y UP para la formación del Gobierno de coalición progresista. El resumen de los mismos se refleja en el título del artículo: Los cambios en educación dependerán de cómo se concreten. Una nueva ley y otra política educativa permitirían fortalecer la educación pública siguiendo el modelo de casi todos los países europeos. Pero advertía que no está clara la suficiente apuesta por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, en su comparecencia del 20 de febrero al presentar la nueva ley centró el interés informativo en un tema colateral: el llamado “MIR educativo”. Aunque la formación del profesorado siempre se puede y se debe mejorar, los problemas más urgentes siguen siendo la precariedad, las elevadas ratios, las largas jornadas lectivas, la falta de medios o una organización escolar sin inclusividad. No debe haber señuelos que distraigan de los problemas de fondo de la educación en España: doble red segregadora, insuficiente financiación y adoctrinamiento religioso. Porque lo verdaderamente importante es el resultado final, que dependerá de si a través de las enmiendas se producen cambios sustanciales en estos temas citados.
Redes por una Nueva Política Educativa organizó un debate el 7 de febrero en el que participó una amplia representación de la comunidad educativa y representantes parlamentarios de los partidos PSOE, Unidas Podemos y ERC. Éstos entendían que la reforma supondrá un avance importante al derogar la LOMCE y reformular sus aspectos más lesivos. Destacaron los elementos de progreso de este proyecto, entre otros, la nueva concepción de educación permanente, de la educación infantil, la inclusión educativa, admisión escolar, enseñanza de la Religión, competencias estatales y autonómicas.
Pero en el debate posterior, los asistentes defendieron el Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación y mostraron sus preocupaciones y dudas con el texto del Proyecto de Reforma por su falta de convicción y claridad en defensa de una escuela pública, laica, democrática e inclusiva. También manifestaron su inquietud con algunas de las medidas recogidas en relación con “la coeducación, gestión democrática y participada del sistema escolar y centros educativos con insuficientes canales estables y permanentes para la participación de las comunidades educativas, parcelación de currículo en asignaturas, limitada relevancia de la planificación escolar, falta de decisión sobre el papel de subsidiaridad de los conciertos escolares, débil referencia al papel del sistema educativo en temas de emergencia climática, financiación de la reforma, si la ley lleva aparejada una memoria económica que posibilite las medidas anunciadas y la reversión de los recortes en educación, etc.”
En el debate los representantes políticos expresaron la importancia de contar con el apoyo de los colectivos presentes durante el periodo de tramitación del proyecto de reforma. Se mostraron abiertos a la recepción de propuestas de enmiendas al texto, que serían trabajadas por los Grupos parlamentarios en la tramitación parlamentaria de la ley. En esta línea, el Foro de Sevilla, que apoya el proyecto de una ley educativa porque es necesario derogar la LOMCE y todas las medidas que promueven la desigualdad y la selección del alumnado, hemos remitido a los partidos políticos 101 enmiendas de calado que esperamos sean recogidas.
Desde Mareas por la Educación Pública se han planteado movilizaciones en las distintas Comunidades Autónomas para el día 28 de marzo, con el horizonte de una movilización conjunta, en Madrid para mayo. Probablemente serán críticas, porque es difícil movilizarse en apoyo a una ley que no entusiasme si le falta ambición. Es seguro que otras movilizaciones las protagonicen la derecha, la Iglesia católica y la patronal privada. Y ello, aunque no vean realmente sus intereses perjudicados, porque hace mucho tiempo que han convertido la educación en un campo para la batalla política y se han empeñado en un peligroso proceso de privatización.
La utilidad de la nueva ley para el sistema educativo y el futuro de la sociedad española radica en si va a detener y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. De lo contrario, no servirá para nada la nueva Ley de Educación. Si no impide, por ejemplo, maniobras privatizadoras como el decreto de escolarización del Gobierno de Andalucía que elimina las garantías de existencia de plazas públicas suficientes, obliga a las familias a pedir centros públicos y concertados, y que ha hecho que se convoque una huelga en el sector para el 4 de marzo por todos los sindicatos . O si no evita la negativa a construir centros públicos, que se concierten enseñanzas no obligatorias (bachilleratos) y se trasfieran cada vez más recursos públicos a la privada, como hace Díaz Ayuso en Madrid.
Si no consigue evitar la segregación socioeconómica y no blinda la Educación Pública, la ley que sustituya a la LOMCE será una ley inane incapaz de reformar con visión de futuro la educación para el siglo XXI. Es una buena ocasión para apostar por una ley valiente que garantice el derecho a una educación pública de todos y para todos. No la desaprovechemos.
jueves, 27 de febrero de 2020
5-3-20: Reunión de la Comisión de Educación de la FRAVM (18:00 h, Camino de Vinateros, 53 bis. Madrid)
Hemos recibido esta convocatoria:
Buenas tardes compañeros y compañeras,
os informamos que el próximo jueves 5 de marzo a las 18.00 horas tendrá lugar la reunión de la Comisión de Educación de la FRAVM. El tema principal de la reunión será la bicicletada por la construcción y mantenimiento de equipamientos educativos públicos y contra la construcción por fases. Este año, como sabéis, hay situaciones especialmente graves como las que estan sufriendo los/las vecinos/as de Butarque. Si tenéis demandas en este sentido, no dudéis en acudir a la reunión y participar de la movilización. Os esperamos.
Saludos.
Secretaría de la FRAVM
Buenas tardes compañeros y compañeras,
os informamos que el próximo jueves 5 de marzo a las 18.00 horas tendrá lugar la reunión de la Comisión de Educación de la FRAVM. El tema principal de la reunión será la bicicletada por la construcción y mantenimiento de equipamientos educativos públicos y contra la construcción por fases. Este año, como sabéis, hay situaciones especialmente graves como las que estan sufriendo los/las vecinos/as de Butarque. Si tenéis demandas en este sentido, no dudéis en acudir a la reunión y participar de la movilización. Os esperamos.
Saludos.
Secretaría de la FRAVM
"Cambios epidérmicos para ser docente" (Manuel Menor Currás)
Nuestro compañero Manuel Menor comparte con tod@s este análisis
Anuncian nuevos
protocolos para ser profesor universitario y, también, para los candidatos a
profesores o maestros en los niveles escolares.
La judicialización de la vida política prosigue tan alegre.
Siempre hay algún motivo a mano para intentar parar el tiempo y los problemas
y, de paso, no adentrarse en los que atañen de continuo a la vida ciudadana. Distraer
al personal con andanzas ante la Judicatura puede dar la impresión de gran
preocupación cuando solo es una estafa al tratamiento serio de los asuntos. Si
es cuestión de incompetencia o de seguir una vieja tradición es opinable, pero
muchas veces, en el transcurso de este último mes, ha dado la impresión de que
sea una conjunción de ambos ingredientes.
Judializaciones
rentables
Debe ser productivo para que todo siga más o menos con el mismo tono
amorfo y desajustado. Y más cuando cuando un paralelo enfado exagerado propicia
la épica patriótica ante las cámaras. El
Ejecutivo, entretanto, mientras trata de responder retrasa lo que urge decidir
y, al hacerlo, adopta medidas que procuren no enfadar mucho. Juega por la banda
y no centra nunca el balón. Todo se va dilatando, entrelazan jugadas que
parecen de gran calado, pero que tan solo son retoques de apariencia.
La falta de juego en profundidad es muy probable que siga siendo
la tónica de la Legislatura. “España no puede ser de unos contra otros. Debe ser de todos y para todos”, decía el Rey el día tres de
febrero, al inicio y, teóricamente, estaría bien que fuera así. La secuencia
táctica del juego parlamentario lo dirá. No han pasado ni los 100 días
ritualmente preceptivos para que la confianza haya podido acreditarse, pero
también es verdad lo que hace algún tiempo confesaba Ángel Gabilondo, que lo
que no se hace en los primeros compases, en los últimos –a él le pilló en abril
de 2009- ya se hace más difícilmente o queda sin hacer. Aquel “pacto educativo”
que casi iba a ser posible, y que Mario Bedera (PSOE) y Sandra Moneo (PP)
tuvieron a punto, se vino abajo mostrando que, en política, ser de palabra es
muy complicado si se avecinan unas elecciones con poca expectativa.
Los asociados
De las varias decisiones que en políticas educativas se pueden tomar
entre tantas que reclaman atención, en Universidades parecen haberse inclinado
por poner orden en la contratación de “asociados”. Y en lo que atañe a los
niveles escolares, parece que quieren empezar atendiendo a algo concerniente a
la selección del profesorado. Consistiría en tutorar durante un año a los
candidatos preseleccionados para ser profesores o maestros. Las dos medidas son
interesantes por tratar problemas concretos. Pero se pueden quedar en nada si
no van acompañados de una revisión a
fondo del contexto, aunque puedan dar mucho juego para parrafear en tertulias y
en medios como si fuese algo trascendental por sí mismo.
Hay un punto en que las dos medidas se complementan aunque pertenezcan a
dos ministerios actualmente independientes. Entre la mala aplicación en 2009
del EEES –habitualmente conocido como Plan Bolonia-, y la depresión que la
Universidad pública experimentó con los recortes que el pretexto de la crisis
económica aumentó desde 2011, la proporción de profesorado universitario mal
pagado ha ido en aumento, los asociados y sus tipologías variopintas han ido
supliendo carencias y, en muchos departamentos, no se cumplen los mínimos de
rigor. Evitar que prosiga la degradación es caminar en la dirección acertada de
consolidar un sistema educativo atractivo para elevar el nivel cultural medio
de la sociedad y, en particular, el de quienes vayan a ser docentes en los
niveles escolares.
Pensar que estos serán mejores porque sean capaces de superar unas
determinadas oposiciones con currículos heredados de hace dos siglos y que, a
continuación, vayan a trabajar como deba hacerse en aulas del siglo XXI es poco
serio. Si han visto en la Universidad profesores obsoletos y desganados, rutinarios
o pagados de su autoritarismo como signo de saber, salvo excepciones eso
repetirán cuando les toque ejercer. Porque no hay docencia que no haya sido
aprendida, y creerán que lo que Paulo Freire ya criticaba
como “educación bancaria” es la mejor manera de enseñar, aunque en realidad sea
una deformación del buen sentido de la enseñanza. Atajar, pues, este apaño de
asociados que en realidad son como siervos de la gleba, puede ser un paso en la
buena dirección. Pero solo un paso, que solo tendrá sentido si se está en
disposición de dar los que hacen falta para que sea coherente esta decisión.
Tutores de prácticas
La otra medida anunciada, si bien se mira, poco añade a lo que ya era
preceptivo desde finales de los años sesenta y que en 2006 se estimó
transitorio y no lo fue. El año de prácticas ha estado ahí durante todos estos
años, más que el CAP, envejecido antes de nacer y preceptivo para dar el primer
paso para ser profesor. Ese año de prácticas era obligatorio para consolidar la
oposición. Ahora, al parecer, se va a cuidar de que la tutoría de ese año sea efectiva
y que su evaluación sea decisiva para dar plaza definitiva a un candidato o candidata.
Si así logra ser algo habremos avanzado, pero a ver qué pasa en cada Autonomía.
En la de Madrid, por ejemplo, cuando se planteó el practicum de los másteres
que empezaron a ser preceptivos en 2009, podía apuntarse cualquiera y de modo
muy ramplón: les daba igual. Como les da igual hartar a los candidatos con
largos años de interinaje… o ni siquiera. Si de eficacia se trata, habrá que
ver de dónde salen tutores que merezcan la pena, con qué centros educativos se
cuenta, los criterios con que se escoge a unos y otros y cómo se les estimula.
En modo alguno será indiferente el tipo de centro a donde vaya a parar el
candidato a profesor o maestro, porque quien educa no es un individuo, sino el
ambiente perceptible en el centro educativo elegido. Todo candidato a docente
ha de percibir como un deber y no como una voluntariedad aleatoria que es
convocado a ser buen educador y buen docente.
¿Y de lo demás?
También en esta asunto la medida anunciada solo es un pequeño aspecto de
la indispensable formación de los docentes. Antes de ella, están el paso por la
Universidad y por el máster correspondiente y está el proceso de selección
mediante oposición o algún otro sistema, dos pasos que actualmente son
ampliamente mejorables. Como está el saber si en la red privada y concertada
los procesos y criterios a seguir van a ser iguales que los que se propugnan
para la red pública. Y está, en el
itinerario profesional de todo docente, la exigencia y garantía de continuidad
formativa e investigadora a lo largo del ciclo laboral. Igual que está el
siempre demandado Estatuto de la Función Docente, tantas veces reclamado y
ninguna atendido. En fin, están muchas cuestiones colaterales que debieran
decirse cuanto antes, porque, si no, el riesgo de ramplonería irá en aumento. No
habrá buenos sustitutos para los más de 800.000 docentes existentes en el
sistema educativo español –sin contar los de niveles universitarios. Los
posibles candidatos que merezcan la pena no optarán por algo que no esté
reconocido socialmente y que solo tenga como función reproducir lo que ya hay.
Hasta la fecha, poco o nada hemos oído sino palabras al respecto. Como otros
muchos asuntos que se aventuran más costosos, que puede que vayan quedando ad kalendas graecas. Veremos.
"Estos son nuestros objetivos" (Plataforma Tetuán por la Educación Pública)
Tetuán por la Educación Pública nos envía este texto
Lo más importante para un grupo como el nuestro es compartir los objetivos y entre todas definir las actividades que nos permitan conseguirlo.
Lo más importante para un grupo como el nuestro es compartir los objetivos y entre todas definir las actividades que nos permitan conseguirlo.
En la primera asamblea (24 Enero) cada una de las presentes escribimos individualmente nuestras ideas de ´lo que debía ser la Plataforma. Resultaron 69 propuestas.
Una comisión trabajó con ellas y elaboró una síntesis que tras debatirla en la asamblea del 21 de Febrero lo aprobamos por unanimidad. Esto es lo que aprobamos
El objetivo global de la Platafoma por la Escuela Pública del distrito de Tetuán es potenciar la enseñanza pública (EP) en el distrito. Tal objetivo podría dividirse en 5 objetivos específicos, para cuya consecución proponemos diferentes actividades.
1. Visibilizar y defender la EP
● Dar a conocer los valores y logros de la EP
● Defender la EP frente a las campañas de su desprestigio, encaminadas a que las familias elijan la Enseñanza Privada
● Exigir la eliminación gradual de la Enseñanza Concertada
● Defender el laicismo como un valor de la EP
● Dar a conocer los valores y logros de la EP
● Defender la EP frente a las campañas de su desprestigio, encaminadas a que las familias elijan la Enseñanza Privada
● Exigir la eliminación gradual de la Enseñanza Concertada
● Defender el laicismo como un valor de la EP
2. Promover la matrícula en la EP
● Exigir que la oferta de plazas escolares en todas las etapas se adecue a las necesidades de la población escolarizable del distrito.
● Analizar las causas de la baja escolarización.
● Luchar por garantizar una oferta suficiente en EP, exigiendo el freno de la privada subvencionada o concertada
● Exigir la ampliación de la oferta de plazas de Escuelas Infantiles, para cubrir la demanda del distrito
● Realizar campañas de difusión de la oferta y calidad de los Centros Educativos Públicos del distrito, para permitir a los vecin@s conocer su riqueza.
● Exigir que la oferta de plazas escolares en todas las etapas se adecue a las necesidades de la población escolarizable del distrito.
● Analizar las causas de la baja escolarización.
● Luchar por garantizar una oferta suficiente en EP, exigiendo el freno de la privada subvencionada o concertada
● Exigir la ampliación de la oferta de plazas de Escuelas Infantiles, para cubrir la demanda del distrito
● Realizar campañas de difusión de la oferta y calidad de los Centros Educativos Públicos del distrito, para permitir a los vecin@s conocer su riqueza.
- Apertura de espacios y cauces que propicien encuentros de diferentes colectivos sociales
● Colaborar con los distintos agentes de la comunidad educativa del distrito (equipos directivos y docentes, AMPAs, familias etc.)
● Hacer partícipe del proceso educativo al tejido social del barrio, para poder beneficiarse de los recursos de los centros del distrito.
● Realizar un mapa de recursos Educativos del distrito.
● Coordinar y colaborar con distintas plataformas y movimientos sociales en pro de la EP
● Promover actividades en educación afectivo-sexual, memoria histórica, innovación educativa, relación de diversas generaciones, ocio para adolescentes ( deporte, cine , teatro) etc.
4. Apoyar ante la administración los problemas de los centros y colaborar en la búsqueda de soluciones
● Analizar la situación de las infraestructuras de los educativos centros (edificios, patios, instalaciones deportivas etc), para poder evaluar sus deficiencias
● Promover la apertura de los centros fuera del horario escolar para optimizar sus recursos
● Participar en la Junta de Distrito dirigiendo preguntas en los plenos
● Analizar la situación de las infraestructuras de los educativos centros (edificios, patios, instalaciones deportivas etc), para poder evaluar sus deficiencias
● Promover la apertura de los centros fuera del horario escolar para optimizar sus recursos
● Participar en la Junta de Distrito dirigiendo preguntas en los plenos
5. Favorecer la inclusión exigiendo que el alumnado sea escolarizado equilibradamente entre todos los tipos de centros educativos del distrito y demandar recursos para atender el alumnado de necesidades educativas especiales.
Esta será nuestra guía. Cuantas mas pensemos en ellos para proponer actividades y su desarrollo estos objetivos estarán mas cerca.
28 y 29-4-2020: Pruebas LOMCE de 6º de Primaria
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de las Viceconsejerías de Política Educativa
y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la
celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación final de los alumnos
de sexto curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid en el año
académico 2019-2020.
Publicado en BOCM 26-2-2020
y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la
celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación final de los alumnos
de sexto curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid en el año
académico 2019-2020.
Publicado en BOCM 26-2-2020
21 y 22-4-2020: Pruebas LOMCE 4º ESO
Aún no se ha publicado en el BOCM.
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RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de las Viceconsejerías de Política Educativa
y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la
celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación individualizada de
los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid
en el año académico 2019-2020.
Publicado en BOCM 26-2-2020
y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la
celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación individualizada de
los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid
en el año académico 2019-2020.
Publicado en BOCM 26-2-2020
domingo, 23 de febrero de 2020
Calendario de acciones de Marea Verde Madrid del 24 de febrero al 1 de marzo de 2020. Próximas convocatorias
Lunes 24
24-2-2020 "El juego de pintar. Condiciones para la Educación Creadora" (15:30 h, en la Sala de Profesores de la RESAD)
Martes 25 -> #ADIMArtes
Miércoles 26 -> Día de la camiseta verde
Sábado 29
29-2-2020: I Torneo de basket IES Francisca de Pedraza
Domingo 1
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Próximas convocatorias:
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Puedes enviarnos información de las acciones de tu centro/zona a accionesmareaverde@gmail.com y las publicaremos y les daremos difusión.
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En el curso 2019-20...
...volvemos al verde.
Ponte la camiseta: ¡pública sí!
Ponte la camiseta: ¡pública sí!
...¡SEGUIMOS!
¡Movilízate!
Materiales educativos del Equipo de Educación de Amnistía Internacional sobre acoso escolar, 8M y pin parental
Hemos recibido esta documentación de Aministía Internacional España
De nuevo te hacemos llegar varias propuestas educativas por si las consideras de interés:
1. Continuando con el objetivo de luchar y prevenir el Acoso Escolar, hemos elaborado un material para trabajar este problema invisible que sufren miles de niños, niñas y adolescentes. Son 5 talleres de 50 minutos casa uno y que se pueden realizar de forma independiente: https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php
2. Para todo el curso escolar pero especialmente en el entorno del 8 de marzo, os ofrecemos https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-profesorado/mujer/
· "No consiento". En España, las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan, además de a la propia agresión, a un duro y largo camino marcado por la discriminación y el maltrato institucional en todas las etapas. Aunque se preparó específicamente para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, puede ser utilizado en cualquier momento.
· "8M: Día Internacional de la mujer". Una serie de talleres que se pueden realizar con el objetivo de reflexionar sobre las desigualdades de género y los derechos humanos de las mujeres.
De nuevo te hacemos llegar varias propuestas educativas por si las consideras de interés:
1. Continuando con el objetivo de luchar y prevenir el Acoso Escolar, hemos elaborado un material para trabajar este problema invisible que sufren miles de niños, niñas y adolescentes. Son 5 talleres de 50 minutos casa uno y que se pueden realizar de forma independiente: https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php
2. Para todo el curso escolar pero especialmente en el entorno del 8 de marzo, os ofrecemos https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-profesorado/mujer/
· "No consiento". En España, las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan, además de a la propia agresión, a un duro y largo camino marcado por la discriminación y el maltrato institucional en todas las etapas. Aunque se preparó específicamente para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, puede ser utilizado en cualquier momento.
· "8M: Día Internacional de la mujer". Una serie de talleres que se pueden realizar con el objetivo de reflexionar sobre las desigualdades de género y los derechos humanos de las mujeres.
3. En relación con el polémico tema del llamado "pin parental", nos parece muy preocupante que se pueda dejar a una parte del alumnado sin participar en actividades que luchan contra la discriminación y potencian valores de empatía, solidaridad y compromiso. Para ello hemos iniciado una ciberacción en https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-pin-parental-ene20/
Como en anteriores ocasiones, nos gustaría conocer tu opinión sobre estas iniciativas y que las difundas si lo consideras oportuno. Te recordamos que hay más actividades en las páginas de la Red de Escuelas
Un cordial saludo
Equipo de Educación en Derechos Humanos
Amnistía Internacional - España
Como en anteriores ocasiones, nos gustaría conocer tu opinión sobre estas iniciativas y que las difundas si lo consideras oportuno. Te recordamos que hay más actividades en las páginas de la Red de Escuelas
Un cordial saludo
Equipo de Educación en Derechos Humanos
Amnistía Internacional - España
Celaá entierra el criterio Wert: las becas se otorgarán en función de la necesidad económica y no de las notas (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica esta noticia
El Gobierno se ha propuesto eliminar los requisitos académicos que impuso el exministro Wert para obtener y mantener las becas universitarias. Según el anuncio realizado este jueves en el Congreso por la ministra de Educación, Isabel Celaá, el nuevo programa de ayudas al estudio rebajará gradualmente de nuevo hasta el 5 –en un periodo de tiempo sin especificar– la nota necesaria para obtener una beca.
El PP había elevado la nota media necesaria para obtener y mantener las ayudas, en algunos casos hasta el 6,5, lo que estaba provocando que miles de estudiantes no tuvieran acceso o se vieran obligados a devolver becas concedidas porque el sistema no contemplaba atenuantes según los casos personales, como por ejemplo tener que trabajar durante la carrera porque las becas son insuficientes. Las ayudas más cuantiosas, correspondientes al umbral 1 de renta, oscilan entre los 2.250 euros anuales y los 4.124 si incluyen cambio de residencia.
"Vamos a llevar a cabo un profundo cambio en el sistema de becas", ha explicado Celaá en la Comisión de Educación durante el desglose de sus planes para la legislatura. Entre las modificaciones que incluirá el ministerio también está la reducción "sustancial" o eliminación de las cuantías variables –que se otorgaban mediante una compleja fórmula que tenía en cuenta el rendimiento propio y el de los demás estudiantes–, el aumento gradual de la cuantía fija, la modificación de los umbrales de renta para acceder a las diferentes ayudas y un aumento de 30 millones en la partida.
Durante su comparecencia, la ministra también ha informado de que la ley que sustituirá a la LOMCE será la primera que el Gobierno de coalición apruebe en el Consejo de Ministros, que modificará la formación inicial y continua de los docentes (incluyendo la instauración de un año de prácticas para los nuevos profesores) y que creará un instituto dedicado a diseñar los nuevos currículums, que serán más competenciales y menos memorísticos.
Las broncas por las becas
En los últimos años la cuestión de las becas se había enfriado a base de hechos consumados, pero durante los primeros meses del mandato del exministro José Ignacio Wert fue uno de los principales campos de batalla de la política educativa y causa de grandes broncas en el Congreso, principalmente con el PSOE.
El PP cambió el sistema de becas al poco de acceder al poder. Entre acusaciones cruzadas de mentir (porque cada partido calculaba el gasto en becas de una manera distinta) el exministro Wert sacó adelante un programa que por primera vez trataba de ajustar las partidas iniciales a las finales (históricamente el dinero que se dedicaba a becas era muy superior al presupuestado) pero que también introdujo ciertos requisitos académicos que los estudiantes debían cumplir para obtener primero y mantener después las ayudas.
Los principales cambios que introdujo Wert fue elevar la nota exigida para obtener una beca de matrícula, aunque luego se volvió a rebajar hasta el simple aprobado. Para optar a las ayudas económicas directas en el primer curso subió hasta el 6,5 la nota media de la Secundaria. Para los siguientes cursos estableció la obligatoriedad de haber aprobado entre un 85% y un 100% de los créditos del curso anterior o entre un 65% y un 85%, pero con un 6 o 6,5 de media (los requisitos varían según la rama del grado estudiado, la horquilla alta para las ciencias de la salud y las sociales y humanidades, la baja para las ciencias y enseñanzas técnicas).
También dividió la beca en dos cuantías: una fija, igual para todos en función de la renta, y otra variable, que cambiaba según el presupuesto disponible y las notas obtenidas y que se calculaba con una compleja fórmula matemática. La creación de esta cuantía variable tuvo el efecto inmediato de que los estudiantes no sabían hasta prácticamente acabado el curso cuál sería su ayuda total. También modificó los umbrales de renta que marcan quién tiene derecho a ayudas y cuánto corresponde a quién en función del umbral en el que se ubique.
El resultado del cambio fue que, como presumía el Gobierno entonces, subió el número de becarios (más ligado, probablemente, a la caída de las rentas por la crisis, lo que permitió a más familias entrar en los umbrales establecidos), pero cayó la cuantía media de las becas en unos 300 euros anuales porque la cacareada subida de las partidas realmente no fue tal: simplemente se presupuestaba la cantidad que se iba a gastar y que sí era la mayor presupuestada nunca, pero seguía siendo inferior a lo que Gobiernos anteriores acababan gastando aunque no figurara de inicio.
Más de 45.000 estudiantes sin su beca
La introducción de los requisitos académicos cumplió su función: la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) denunció la semana pasada con dureza que el sistema de becas es regresivo, que está pensado "para ahorrar" y que "los requisitos académicos están actuando como un factor excluyente para más de 45.000 alumnos que, cumpliendo las condiciones económicas para acceder y permanecer en la condición de becario", no obtienen las ayudas.
Otros sí las obtuvieron, pero vieron cómo el Ministerio de Educación les pedía que las devolvieran por no haber cumplido. Entre el curso 2012-2013 y el 2017-2018 el Ejecutivo exigió a 135.000 estudiantes de Bachillerato en adelante que retornaran las ayudas, medida con la que recaudó 160 millones de euros.
El departamento de Celaá se ha propuesto acabar con este tipo de situaciones. La ministra informó el jueves en el Congreso de que suprimirá estos requisitos académicos para volver al 5 (un aprobado) como única condición académica en todos los supuestos para las becas. Para las no universitarias se bajará al 5 con carácter inmediato. Para las universitarias, la parte destinada a cubrir la matrícula también volverá al simple aprobado y con las ayudas directas el compromiso es el mismo: rebajar al 5 lo necesario para obtener la parte fija y reducir "de manera sustancial" o directamente eliminar la cuantía variable, elevando en paralelo la fija.
La reforma del sistema se completará con una revisión de los umbrales de renta establecidos para obtener una ayuda, que el PP modificó también en su momento y que han sido tachados de poco progresivos. Actualmente hay tres umbrales que además varían en función de los miembros de la familia. Para un hogar tipo de cuatro miembros el umbral 1 es de 13.909 euros anuales, el 2 salta hasta los 36.421 y el 3 apenas varía, 38.831 euros anuales.
Además, Educación quiere "tener en cuenta la compatibilidad de las becas y ayudas con la vida laboral, flexibilizando las opciones que permitan compaginar estudio y trabajo para reducir el abandono".
Prácticas docentes
Celaá también ha anunciado medidas específicas para los docentes. La ministra, que ya ha comentado en ocasiones que quiere establecer algo parecido a un MIR (DIR lo llama ella, cambiando la "m" de médico por la "d" de docente), ha explicado que se cambiará la formación inicial universitaria y que los nuevos profesores tendrán que hacer un curso de prácticas, aunque no ha especificado si será remunerado o no, y tampoco si será para todos, solo para los de la pública o solo para los que aprueben una oposición.
El actual sistema ya contempla unas prácticas, pero son más cortas y de facto no se hacen ni nadie las controla.
Por último, Educación quiere revisar los currículums de las asignaturas en la nueva ley. La ministra ha anunciado la creación de un organismo que los diseñe. La idea del ministerio es hacerlos "menos memorísticos" y más competenciales. Si la idea es reducir la cantidad de contenidos para aumentar la calidad, los docentes, que siempre se quejan de lo inabarcables que son los currículos, probablemente lo agradecerán.
El Gobierno se ha propuesto eliminar los requisitos académicos que impuso el exministro Wert para obtener y mantener las becas universitarias. Según el anuncio realizado este jueves en el Congreso por la ministra de Educación, Isabel Celaá, el nuevo programa de ayudas al estudio rebajará gradualmente de nuevo hasta el 5 –en un periodo de tiempo sin especificar– la nota necesaria para obtener una beca.
El PP había elevado la nota media necesaria para obtener y mantener las ayudas, en algunos casos hasta el 6,5, lo que estaba provocando que miles de estudiantes no tuvieran acceso o se vieran obligados a devolver becas concedidas porque el sistema no contemplaba atenuantes según los casos personales, como por ejemplo tener que trabajar durante la carrera porque las becas son insuficientes. Las ayudas más cuantiosas, correspondientes al umbral 1 de renta, oscilan entre los 2.250 euros anuales y los 4.124 si incluyen cambio de residencia.
"Vamos a llevar a cabo un profundo cambio en el sistema de becas", ha explicado Celaá en la Comisión de Educación durante el desglose de sus planes para la legislatura. Entre las modificaciones que incluirá el ministerio también está la reducción "sustancial" o eliminación de las cuantías variables –que se otorgaban mediante una compleja fórmula que tenía en cuenta el rendimiento propio y el de los demás estudiantes–, el aumento gradual de la cuantía fija, la modificación de los umbrales de renta para acceder a las diferentes ayudas y un aumento de 30 millones en la partida.
Durante su comparecencia, la ministra también ha informado de que la ley que sustituirá a la LOMCE será la primera que el Gobierno de coalición apruebe en el Consejo de Ministros, que modificará la formación inicial y continua de los docentes (incluyendo la instauración de un año de prácticas para los nuevos profesores) y que creará un instituto dedicado a diseñar los nuevos currículums, que serán más competenciales y menos memorísticos.
Las broncas por las becas
En los últimos años la cuestión de las becas se había enfriado a base de hechos consumados, pero durante los primeros meses del mandato del exministro José Ignacio Wert fue uno de los principales campos de batalla de la política educativa y causa de grandes broncas en el Congreso, principalmente con el PSOE.
El PP cambió el sistema de becas al poco de acceder al poder. Entre acusaciones cruzadas de mentir (porque cada partido calculaba el gasto en becas de una manera distinta) el exministro Wert sacó adelante un programa que por primera vez trataba de ajustar las partidas iniciales a las finales (históricamente el dinero que se dedicaba a becas era muy superior al presupuestado) pero que también introdujo ciertos requisitos académicos que los estudiantes debían cumplir para obtener primero y mantener después las ayudas.
Los principales cambios que introdujo Wert fue elevar la nota exigida para obtener una beca de matrícula, aunque luego se volvió a rebajar hasta el simple aprobado. Para optar a las ayudas económicas directas en el primer curso subió hasta el 6,5 la nota media de la Secundaria. Para los siguientes cursos estableció la obligatoriedad de haber aprobado entre un 85% y un 100% de los créditos del curso anterior o entre un 65% y un 85%, pero con un 6 o 6,5 de media (los requisitos varían según la rama del grado estudiado, la horquilla alta para las ciencias de la salud y las sociales y humanidades, la baja para las ciencias y enseñanzas técnicas).
También dividió la beca en dos cuantías: una fija, igual para todos en función de la renta, y otra variable, que cambiaba según el presupuesto disponible y las notas obtenidas y que se calculaba con una compleja fórmula matemática. La creación de esta cuantía variable tuvo el efecto inmediato de que los estudiantes no sabían hasta prácticamente acabado el curso cuál sería su ayuda total. También modificó los umbrales de renta que marcan quién tiene derecho a ayudas y cuánto corresponde a quién en función del umbral en el que se ubique.
El resultado del cambio fue que, como presumía el Gobierno entonces, subió el número de becarios (más ligado, probablemente, a la caída de las rentas por la crisis, lo que permitió a más familias entrar en los umbrales establecidos), pero cayó la cuantía media de las becas en unos 300 euros anuales porque la cacareada subida de las partidas realmente no fue tal: simplemente se presupuestaba la cantidad que se iba a gastar y que sí era la mayor presupuestada nunca, pero seguía siendo inferior a lo que Gobiernos anteriores acababan gastando aunque no figurara de inicio.
Más de 45.000 estudiantes sin su beca
La introducción de los requisitos académicos cumplió su función: la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) denunció la semana pasada con dureza que el sistema de becas es regresivo, que está pensado "para ahorrar" y que "los requisitos académicos están actuando como un factor excluyente para más de 45.000 alumnos que, cumpliendo las condiciones económicas para acceder y permanecer en la condición de becario", no obtienen las ayudas.
Otros sí las obtuvieron, pero vieron cómo el Ministerio de Educación les pedía que las devolvieran por no haber cumplido. Entre el curso 2012-2013 y el 2017-2018 el Ejecutivo exigió a 135.000 estudiantes de Bachillerato en adelante que retornaran las ayudas, medida con la que recaudó 160 millones de euros.
El departamento de Celaá se ha propuesto acabar con este tipo de situaciones. La ministra informó el jueves en el Congreso de que suprimirá estos requisitos académicos para volver al 5 (un aprobado) como única condición académica en todos los supuestos para las becas. Para las no universitarias se bajará al 5 con carácter inmediato. Para las universitarias, la parte destinada a cubrir la matrícula también volverá al simple aprobado y con las ayudas directas el compromiso es el mismo: rebajar al 5 lo necesario para obtener la parte fija y reducir "de manera sustancial" o directamente eliminar la cuantía variable, elevando en paralelo la fija.
La reforma del sistema se completará con una revisión de los umbrales de renta establecidos para obtener una ayuda, que el PP modificó también en su momento y que han sido tachados de poco progresivos. Actualmente hay tres umbrales que además varían en función de los miembros de la familia. Para un hogar tipo de cuatro miembros el umbral 1 es de 13.909 euros anuales, el 2 salta hasta los 36.421 y el 3 apenas varía, 38.831 euros anuales.
Además, Educación quiere "tener en cuenta la compatibilidad de las becas y ayudas con la vida laboral, flexibilizando las opciones que permitan compaginar estudio y trabajo para reducir el abandono".
Prácticas docentes
Celaá también ha anunciado medidas específicas para los docentes. La ministra, que ya ha comentado en ocasiones que quiere establecer algo parecido a un MIR (DIR lo llama ella, cambiando la "m" de médico por la "d" de docente), ha explicado que se cambiará la formación inicial universitaria y que los nuevos profesores tendrán que hacer un curso de prácticas, aunque no ha especificado si será remunerado o no, y tampoco si será para todos, solo para los de la pública o solo para los que aprueben una oposición.
El actual sistema ya contempla unas prácticas, pero son más cortas y de facto no se hacen ni nadie las controla.
Por último, Educación quiere revisar los currículums de las asignaturas en la nueva ley. La ministra ha anunciado la creación de un organismo que los diseñe. La idea del ministerio es hacerlos "menos memorísticos" y más competenciales. Si la idea es reducir la cantidad de contenidos para aumentar la calidad, los docentes, que siempre se quejan de lo inabarcables que son los currículos, probablemente lo agradecerán.
Celaá anuncia que la nueva ley de Educación que derogará la LOMCE será la primera que aprobará el Gobierno (Daniel S´nchez Caballero para ELDIARIO.ES)
Publicamos esta información de ELDIARIO.ES
La nueva ley educativa llegará siete años después de que se aprobara la LOMCE, pero los plazos parlamentarios ponen en cuestión que llegue a tiempo para el curso siguiente
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este jueves en el Congreso que la de Educación será la primera ley que aprobará el Gobierno esta legislatura. Derogar la LOCME del PP ha sido una prioridad para el Parlamento (excluidos los populares) desde el momento mismo en el que se aprobó. Pese a esta premura, los tiempos que exige en el Congreso tramitar una ley orgánica como esta rondan los tres meses, lo que pone en cuestión que la reforma vaya a llegar a tiempo para entrar en vigor el próximo curso.
De hecho, el Gobierno ya aprobó en el Consejo de Ministros la LOMLOE –como se llamará la nueva ley– e incluso la llevó al Congreso. Pero lo hizo el mismo día que se disolvían las cortes, en febrero del pasado año, por lo que no tuvo recorrido alguno. Sin embargo, aquella maniobra sirvió para cumplir los trámites que debe pasar un proyecto de ley antes de ser aprobado, lo que va a aprovechar el Gobierno para agilizar el trámite ahora presentando el mismo texto.
Aún así, habrán pasado siete años desde que todos los grupos entonces presentes en el Congreso pactaron derogar la LOMCE en cuanto una mayoría parlamentaria lo permitiera.
Celaá ha explicado ante la Comisión de Educación del Congreso las medidas básicas que incluirá la ley, todas ellas ya conocidas. Como ideas generales, la ministra destacó que la ley incluirá por vez primera "el enfoque de derechos de la infancia como principio rector del sistema", que tendrá un enfoque de igualdad de género, la personalización del aprendizaje y un impulso a la Formación Profesional, que tendrá su desarrollo propio en forma de ley.
Más en concreto, la LOMLOE pretende reducir el abandono educativo (que supera el 17%), garantizar la educación en valores cívicos, flexibilizar la secundaria para que los estudiantes no entren en itinerarios muertos, extender la educación infantil de 0 a 3 años, modernizar la profesión docente (se incluirá un año de prácticas para los docentes), devolver competencias a los consejos escolares en los centros, modificar los currículos para fomentar las competencias y rebajar los contenidos o rebajar el peso de la Religión en los centros educativos haciendo que no cuente para la media y que no tenga asignatura alternativa.
Entre los planes del Ministerio también está modificar el sistema de becas (universitarias y no universitarias), crear un organismo que diseñe los nuevos currículos y cambiar la formación inicial y permanente del profesorado.
La nueva ley educativa llegará siete años después de que se aprobara la LOMCE, pero los plazos parlamentarios ponen en cuestión que llegue a tiempo para el curso siguiente
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este jueves en el Congreso que la de Educación será la primera ley que aprobará el Gobierno esta legislatura. Derogar la LOCME del PP ha sido una prioridad para el Parlamento (excluidos los populares) desde el momento mismo en el que se aprobó. Pese a esta premura, los tiempos que exige en el Congreso tramitar una ley orgánica como esta rondan los tres meses, lo que pone en cuestión que la reforma vaya a llegar a tiempo para entrar en vigor el próximo curso.
De hecho, el Gobierno ya aprobó en el Consejo de Ministros la LOMLOE –como se llamará la nueva ley– e incluso la llevó al Congreso. Pero lo hizo el mismo día que se disolvían las cortes, en febrero del pasado año, por lo que no tuvo recorrido alguno. Sin embargo, aquella maniobra sirvió para cumplir los trámites que debe pasar un proyecto de ley antes de ser aprobado, lo que va a aprovechar el Gobierno para agilizar el trámite ahora presentando el mismo texto.
Aún así, habrán pasado siete años desde que todos los grupos entonces presentes en el Congreso pactaron derogar la LOMCE en cuanto una mayoría parlamentaria lo permitiera.
Celaá ha explicado ante la Comisión de Educación del Congreso las medidas básicas que incluirá la ley, todas ellas ya conocidas. Como ideas generales, la ministra destacó que la ley incluirá por vez primera "el enfoque de derechos de la infancia como principio rector del sistema", que tendrá un enfoque de igualdad de género, la personalización del aprendizaje y un impulso a la Formación Profesional, que tendrá su desarrollo propio en forma de ley.
Más en concreto, la LOMLOE pretende reducir el abandono educativo (que supera el 17%), garantizar la educación en valores cívicos, flexibilizar la secundaria para que los estudiantes no entren en itinerarios muertos, extender la educación infantil de 0 a 3 años, modernizar la profesión docente (se incluirá un año de prácticas para los docentes), devolver competencias a los consejos escolares en los centros, modificar los currículos para fomentar las competencias y rebajar los contenidos o rebajar el peso de la Religión en los centros educativos haciendo que no cuente para la media y que no tenga asignatura alternativa.
Entre los planes del Ministerio también está modificar el sistema de becas (universitarias y no universitarias), crear un organismo que diseñe los nuevos currículos y cambiar la formación inicial y permanente del profesorado.
La educación infantil (0-6) reclama su presencia en la LOMLOE (Pablo Gutiérrez del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)
ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este artículo
Unificación de titulaciones para sus docentes, mejora de ratios, requisitos mínimos, currículo adaptado, evitar que la etapa 0-6 sea troceada o lo sean sus ciclos, aumento de recursos para la atención temprana... son algunas de las mejoras que esperan poder introducir en la nueva ley
Hace unos días, representantes de la Plataforma estatal en Defensa de la Educación Infantil 0-6 se reunieron con Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, y otros miembros del Ministerio para hablar de la situación de la etapa de infantil en la nueva ley educativa.
El texto contiene ya algunas reivindicaciones históricas del sector como que se tenga en cuenta el interés superior del menor en las decisiones relativas a la etapa (y al resto de la escolarización), que algunos de los requisitos mínimos sean marcados por el Gobierno (en colaboración con las comunidades autónomas), la extensión del primer ciclo con vistas a la universalización o que los centros que acojan a estas criaturas sean aprobados por los departamentos de Educación.
Estos puntos fueron introducidos en su momento por el anterior ejecutivo antes de la aprobación del texto ya conocido de la ley y hecho público a inicios de 2019. Pero algunas otras más, las que en definitiva comportarían una mayor inversión por parte de las administraciones, quedaron fuera en su momento. Según personas que estuvieron presentes en dicha reunión, los representantes del Ministerio se mostraron interesados en conocer estos puntos. Creen que, ahora, es posible que algunos partidos politicos hagan suyas estas peticiones para que puedan incorporarse vía enmiendas en el trámite parlamentario.
Cuestión de inversión
No todo lo que se ha quedado fuera de la Lomloe supone grandes inversiones, pero estas sí van a suponer un importante escollo en la negociación parlamentaria.
Entre las ausencias de la ley desde la Plataforma Estatal 0-6 se señala, por ejemplo, la importancia de que el texto evite el intrusismo. Según el redactado actual, la atención educativa directa correrá a cargo de personas que tengan un título de maestra o maestro o Grado equivalente con la especialida de Educación Infantil. Pero, a ojos de la Plataforma, se deja la puerta abierta a que, de facto, otros perfiles menos cualificados puedan hacer este trabajo.
«Y, en su caso, de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad». Esta oración es la que ha permitido, y permitiría si no es modificada, que la atención real y cotidiana quede en manos de personal con una menor cualificación profesional y que, además, por convenio, cobrará un salario más bajo por el mismo trabajo que una maestra o maestro.
Las ratios de infantil también han sido un problema desde hace tiempo, fundamentalmente, desde la entrada en vigor de la Lomce, momento en el que sobrepasaron algunos límites. Entre las reclamaciones explicadas a Alejandro Tiana se encuentra el cambio del aumento de la ratio en hasta un 10% en las aulas. Las maestras quieren que se utilice, en vez el concepto de aumento por el de reserva de plaza a la hora de la matriculación, lo que haría de tope de dicha ratio y evitaría que, de hecho, el número de criaturas a cargo de una persona adulta no estuviera siempre un 10% por encima de la ratio máxima.
A esta medida se sumaría la petición de que la nueva ley contemple unas ratios máximas, como hacía la Logse, y que siga las marcadas por la Red Europea de Atención a la Infancia: 4 bebés por persona adulta, 6 criaturas de 1-2 años, 8 de 2 a 3 años y 15 de 3 a 6 años. Desde la Plataforma plantean que esta reducción se haga de manera progresiva y que, para que pueda empezar el curso que viene, en vez de eliminar puestos escolares, se adopte la parreja pedagógica y así puedan disminuir rápidamente.
Ambas medidas supondrían, claro, un mayor coste para las administraciones. La pareja pedagógica debería aumentar el personal contratado y la extención del 0-3 y la bajada de ratios, un aumento en la construicción de centros educativas y en la contratación de profesionales.
Desde hace ya años, los centros concertados y, más recientemente los públicos, han ido ofreciendo plazas de infantil desde los dos años. Esto ha supuesto no solo partir la etapa en dos, sus dos ciclos, sino dividir el primero de ellos también. La Plataforma reclama que en la apuesta del Gobierno por la universalización se prioricen escuelas que acojan toda la etapa o, en su defecto, cada ciclo íntegro para poder mantener una misma línea pedagógica de calidad durante el mayor tiempo posible.
Apostar por quienes más lo necesitan
Las maestras y maestros de la Plataforma también ponen el punto de mira en los colectivos que más complicado lo tienen: el alumnado con necesidades educativas especiales y quienes tienen mayores dificultades económicas.
Por ello esperan que la ley, en el trámite parlamentario, contemple que las administraciones educativas pongan en marcha sistemas de becas y ayudas de comedor, transporte, actividades extraescolares, cuotas, etc. que puedan ser de hasta el 100% para quienes peores situaciones viven y así mejorar la equidad en el acceso para estas familias.
De la misma manera, ponen sobre la mesa la necesidad de mejorar los servicios de atención temprana con mayores y mejores dotaciones de personal y material, además de centralizar los diferentes servicios que tienen asociados para que las criaturas que los necesiten los alcancen lo antes posible y así pueda mejorarse, en la meidade de lo posible, la atención que reciben. «Pedimos que se contemplen con carácter inmediato recursos concretos a nivel estatal y la unificación en los centros educativos de los distintos servicios que proporcionan ayudas y apoyos a estas criaturas», dice un comunicado de la Plataforma en este sentido.
Para que todas estas medidas tengan alguna posibilidad, la discusión sobre los presupuestos y las transferencias será de una enorme importacia. Las resistencias a hacer concesiones desde las comunidades autónomas para la homologación en todo el estado de las condiciones de las escuelas infantiles puede ser importante. Así como las relativas a hacer las inversiones que la Plataforma propone, tanto en número de centros, como en cantidad de personal docente o en servicios complementarios.
Ahora la pelota está en el tejado de la Plataforma, que tendrá que convencer a los diferentes grupos parlamentarios de la necesidad de introducir estas medidas en el trámite de enmiendas a la ley.
1.160 millones de euros
Esta cifra es la que calcula la patronal ACADE que le costaría al Estado la desaparición de los centros privados que ofrecen educación infantil de primer ciclo. En un comunicado, la organización alerta de la posibilidad de cierre de muchas de estas escuelas principalmente por culpa de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
El incremento del SMI es uno de los puntos. ACADE señala también la bajada de la natalidad en todo el país o la competencia desleal que suponen algunos centros que reciben criaturas y ofrecen sus servicios como si fueran escuelas sin serlo.
La apuesta de la patronal pasaría por la extensión de la gratuidad del 0-3 mediante cheques-bebé y desgravaciones fiscales para las familias.
Unificación de titulaciones para sus docentes, mejora de ratios, requisitos mínimos, currículo adaptado, evitar que la etapa 0-6 sea troceada o lo sean sus ciclos, aumento de recursos para la atención temprana... son algunas de las mejoras que esperan poder introducir en la nueva ley
Hace unos días, representantes de la Plataforma estatal en Defensa de la Educación Infantil 0-6 se reunieron con Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, y otros miembros del Ministerio para hablar de la situación de la etapa de infantil en la nueva ley educativa.
El texto contiene ya algunas reivindicaciones históricas del sector como que se tenga en cuenta el interés superior del menor en las decisiones relativas a la etapa (y al resto de la escolarización), que algunos de los requisitos mínimos sean marcados por el Gobierno (en colaboración con las comunidades autónomas), la extensión del primer ciclo con vistas a la universalización o que los centros que acojan a estas criaturas sean aprobados por los departamentos de Educación.
Estos puntos fueron introducidos en su momento por el anterior ejecutivo antes de la aprobación del texto ya conocido de la ley y hecho público a inicios de 2019. Pero algunas otras más, las que en definitiva comportarían una mayor inversión por parte de las administraciones, quedaron fuera en su momento. Según personas que estuvieron presentes en dicha reunión, los representantes del Ministerio se mostraron interesados en conocer estos puntos. Creen que, ahora, es posible que algunos partidos politicos hagan suyas estas peticiones para que puedan incorporarse vía enmiendas en el trámite parlamentario.
Cuestión de inversión
No todo lo que se ha quedado fuera de la Lomloe supone grandes inversiones, pero estas sí van a suponer un importante escollo en la negociación parlamentaria.
Entre las ausencias de la ley desde la Plataforma Estatal 0-6 se señala, por ejemplo, la importancia de que el texto evite el intrusismo. Según el redactado actual, la atención educativa directa correrá a cargo de personas que tengan un título de maestra o maestro o Grado equivalente con la especialida de Educación Infantil. Pero, a ojos de la Plataforma, se deja la puerta abierta a que, de facto, otros perfiles menos cualificados puedan hacer este trabajo.
«Y, en su caso, de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad». Esta oración es la que ha permitido, y permitiría si no es modificada, que la atención real y cotidiana quede en manos de personal con una menor cualificación profesional y que, además, por convenio, cobrará un salario más bajo por el mismo trabajo que una maestra o maestro.
Las ratios de infantil también han sido un problema desde hace tiempo, fundamentalmente, desde la entrada en vigor de la Lomce, momento en el que sobrepasaron algunos límites. Entre las reclamaciones explicadas a Alejandro Tiana se encuentra el cambio del aumento de la ratio en hasta un 10% en las aulas. Las maestras quieren que se utilice, en vez el concepto de aumento por el de reserva de plaza a la hora de la matriculación, lo que haría de tope de dicha ratio y evitaría que, de hecho, el número de criaturas a cargo de una persona adulta no estuviera siempre un 10% por encima de la ratio máxima.
A esta medida se sumaría la petición de que la nueva ley contemple unas ratios máximas, como hacía la Logse, y que siga las marcadas por la Red Europea de Atención a la Infancia: 4 bebés por persona adulta, 6 criaturas de 1-2 años, 8 de 2 a 3 años y 15 de 3 a 6 años. Desde la Plataforma plantean que esta reducción se haga de manera progresiva y que, para que pueda empezar el curso que viene, en vez de eliminar puestos escolares, se adopte la parreja pedagógica y así puedan disminuir rápidamente.
Ambas medidas supondrían, claro, un mayor coste para las administraciones. La pareja pedagógica debería aumentar el personal contratado y la extención del 0-3 y la bajada de ratios, un aumento en la construicción de centros educativas y en la contratación de profesionales.
Desde hace ya años, los centros concertados y, más recientemente los públicos, han ido ofreciendo plazas de infantil desde los dos años. Esto ha supuesto no solo partir la etapa en dos, sus dos ciclos, sino dividir el primero de ellos también. La Plataforma reclama que en la apuesta del Gobierno por la universalización se prioricen escuelas que acojan toda la etapa o, en su defecto, cada ciclo íntegro para poder mantener una misma línea pedagógica de calidad durante el mayor tiempo posible.
Apostar por quienes más lo necesitan
Las maestras y maestros de la Plataforma también ponen el punto de mira en los colectivos que más complicado lo tienen: el alumnado con necesidades educativas especiales y quienes tienen mayores dificultades económicas.
Por ello esperan que la ley, en el trámite parlamentario, contemple que las administraciones educativas pongan en marcha sistemas de becas y ayudas de comedor, transporte, actividades extraescolares, cuotas, etc. que puedan ser de hasta el 100% para quienes peores situaciones viven y así mejorar la equidad en el acceso para estas familias.
De la misma manera, ponen sobre la mesa la necesidad de mejorar los servicios de atención temprana con mayores y mejores dotaciones de personal y material, además de centralizar los diferentes servicios que tienen asociados para que las criaturas que los necesiten los alcancen lo antes posible y así pueda mejorarse, en la meidade de lo posible, la atención que reciben. «Pedimos que se contemplen con carácter inmediato recursos concretos a nivel estatal y la unificación en los centros educativos de los distintos servicios que proporcionan ayudas y apoyos a estas criaturas», dice un comunicado de la Plataforma en este sentido.
Para que todas estas medidas tengan alguna posibilidad, la discusión sobre los presupuestos y las transferencias será de una enorme importacia. Las resistencias a hacer concesiones desde las comunidades autónomas para la homologación en todo el estado de las condiciones de las escuelas infantiles puede ser importante. Así como las relativas a hacer las inversiones que la Plataforma propone, tanto en número de centros, como en cantidad de personal docente o en servicios complementarios.
Ahora la pelota está en el tejado de la Plataforma, que tendrá que convencer a los diferentes grupos parlamentarios de la necesidad de introducir estas medidas en el trámite de enmiendas a la ley.
1.160 millones de euros
Esta cifra es la que calcula la patronal ACADE que le costaría al Estado la desaparición de los centros privados que ofrecen educación infantil de primer ciclo. En un comunicado, la organización alerta de la posibilidad de cierre de muchas de estas escuelas principalmente por culpa de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
El incremento del SMI es uno de los puntos. ACADE señala también la bajada de la natalidad en todo el país o la competencia desleal que suponen algunos centros que reciben criaturas y ofrecen sus servicios como si fueran escuelas sin serlo.
La apuesta de la patronal pasaría por la extensión de la gratuidad del 0-3 mediante cheques-bebé y desgravaciones fiscales para las familias.
El Gobierno lleva el 'veto parental' a los tribunales ante la negativa de Murcia de retirarlo de las aulas (Marta Borraz para ELDIARIO.ES)
Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES
El Ministerio de Educación presenta el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y exige de urgencia su suspensión como medida cautelar
Los profesionales de las charlas a las que ataca el veto parental: "Estos talleres pueden cambiar la vida de los alumnos"
El Gobierno acaba de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia un recurso contra el 'veto parental' implantado en la comunidad y ha solicitado, como medida cautelar y con carácter de urgencia, su suspensión. Lo hace un día después de que venciera el plazo que dio el Ministerio de Educación y Formación Profesional a la Consejería de la comunidad autónoma para retirar la medida por considerar que incurre en una "ilegalidad". Entonces, el departamento dirigido por Isabel Celaá dio el primer paso del procedimiento y envió un requerimiento que el Gobierno autonómico, de PP y Ciudadanos, ha desoído.
El veto parental, una de las medidas exigidas por Vox para aprobar los presupuestos de la región, permite a los progenitores impedir a sus hijos e hijas que acudan a actividades en los colegios que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. En el centro de la diana están las charlas y formaciones vinculadas a la educación afectivo sexual y LGTBI. El veto está vigente en Murcia desde principios de curso en forma de instrucciones a los centros educativos, que es exactamente lo que ha llevado a la justicia Educación, pero el pasado enero el Gobierno de coalición acordó blindarlo por decreto.
Entonces, el ministerio ya había anunciado que ponía en marcha la maquinaria para acudir a la vía judicial al entender que "vulnera los derechos de los alumnos y alumnas" y excede las competencias que tienen atribuidos los centros educativos. Celaá recordó al explicar el requerimiento enviado que se trata de actividades obligatorias para el alumnado y permitir su veto sería una especie de "objeción de conciencia encubierta que va en contra de la legislación española" y de los derechos fundamentales del alumnado.
El Gobierno de Murcia ha reiterado en varias ocasiones que mantendrá la medida a menos que ordene su retirada una instancia judicial porque considera que "cuenta con el aval suficiente del informe jurídico y el de inspección educativa que le dan soporte", señaló este lunes el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.
Por su parte, el Ministerio de Educación apunta a que la medida confronta con buena parte de la normativa española en vigor. Desde convenios internacionales ratificados por España a leyes estatales como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la ley del Aborto, que señala que los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en "la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual" o las leyes LGTBI autonómicas, que profundizan en la necesidad de incluir la educación en diversidad por orientación sexual e identidad de género en las aulas.
Los bulos difundidos por Vox
Desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo Vox presiona para que las diferentes comunidades en las que la derecha gobierna gracias a su apoyo introduzcan el 'veto parental'. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha defendido en varias ocasiones que "no hay adoctrinamiento" en las aulas madrileñas, pero, tras la polémica, el Gobierno que preside la popular ha ordenado a los centros educativos publicar sus programaciones anuales para allanar el voto de Vox a los presupuestos.
Para justificar la supuesta necesidad de una medida que en realidad nunca se ha tratado en los debates de política educativa, el Consejo Escolar o la inspección, el partido de extrema derecha han difundido bulos y manipulaciones sobre este tipo de charlas y actividades.
Uno de los más sonados fue el de "proteger a los niños" de "los juegos eróticos" que, según afirmó el líder del partido, Santiago Abascal, se les están enseñando en algunos colegios. La referencia está sacada de contexto y pertenece al programa de educación afectivo sexual Skolae, vigente en Navarra desde 2017, un plan que pretende educar a los niños y niñas en igualdad, prevenir el abuso sexual infantil y fomentar el autoconocimiento sin tabúes. Skolae fue premiado por la UNESCO el pasado verano.
Una oposición contundente
El 'veto parental' ha desatado una gran oposición por parte de la comunidad educativa y, en concreto, de los y las profesionales que se dedican a impartir este tipo de formaciones. "Estos talleres pueden cambiar la vida de los alumnos", sostenía Lolo López, coordinador de Educación del colectivo LGTBI sevillano DeFrente. Hace unos días, se ha convertido en viral el vídeo de Diego Reina, un profesor murciano que se ha declarado objetor del 'veto parental', que ha calificado de "censura encubierta".
La misma idea, pero desde el otro lado, sostienen muchos chicos y chicas que han asistido a estas actividades y reconocen haber sido de utilidad: "Los que me insultaban cambiaron de mentalidad y me llegaron a pedir perdón por el daño causado", comentaba Airan, un joven al que le hicieron bullying homófobo en clase.
Colectivos LGTBI y de educación también han mostrado su rechazo a las instrucciones aprobadas por la región de Murcia. La Plataforma Estatal por la Educación Pública, integrada por familias, estudiantes y sindicatos de enseñanza, ha denunciado que es una "intromisión educativa" que "vulnera el derecho a la educación integral de nuestros niños y niñas". La organización incide en que los centros ya cuentan con los mecanismos adecuados para que los progenitores ejerzan el control correspondiente sobre los contenidos que se imparten en las aulas.
Por su parte, los colectivos LGTBI y feministas señalan la necesidad de que la formación en diversidad afectivo sexual no solo no se reduzca, sino que se generalice aún más porque permitir el veto de los progenitores priva a los chicos y chicas de "su derecho a conocer la realidad" y "deja desprotegida en las aulas a la infancia LGTBI", anuncia la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB).