La derecha ya ha desplegado su primer campo de batalla antes incluso de que arranque la legislatura. El partido de Pablo Casado ha convertido las declaraciones de Isabel Celaá sobre la libertad de elección de centro educativo en la primera gran ofensiva contra el preacuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno.
En tromba, todos los dirigentes populares han salido en público en los últimos días a defender sin ambages las subvenciones públicas que reciben los colegios concertados, sobre todo los católicos, bajo el argumento de que la ministra, con sus palabras, puso en cuestión "la libertad" de los padres para educar a sus hijos. La misma bandera enarbolan la patronal Escuelas Católicas –propietaria de la mayoría de los centros concertados de España–, la Iglesia católica y la prensa conservadora.
De momento, se prepara el terreno para agitar una causa que ya utilizó el PP en la oposición: durante aquellas multitudinarias manifestaciones que mezclaban banderas españolas y sotanas en defensa de la familia y la educación religiosa durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Como entonces, un sector de la Iglesia ha decidido implicarse activamente. Este lunes la Conferencia Episcopal se ha referido de forma indirecta al tema, dado que para el presidente de los obispos españoles todavía Pedro Sánchez no es presidente y por lo tanto ni se le puede felicitar, ni valorar un futuro gobierno con Pablo Iglesias.
Por su parte, la principal patronal de enseñanza concertada, Escuelas Católicas, aporta elementos a la "preocupación" por lo que pudiera pasar si se forma un gobierno progresista. Su secretario general, José María Alvira, cree que "las palabras de la ministra son una especie de advertencia de lo que puede ser una ley de Educación", a pesar de que la misma Celaá intentó el viernes, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, rebajar una controversia que considera "exagerada y alimentada a nivel artificial". "Las familias pueden estar tranquilas", aseguró.
Pero ese mismo día el PP anunció "una ofensiva parlamentaria", presentando "mociones en el Congreso, Senado, ayuntamientos y comunidades autónomas en defensa de la libertad educativa". "El compromiso del PP en la defensa de la libertad educativa es total. Es absolutamente intolerable que una ministra de España ataque a la educación concertada", afirmó entonces el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, en rueda de prensa. Pablo Casado no solo ha decidido implicar al grupo parlamentario en un asunto sensible para su electorado, ahora en disputa con Vox. También desde las instituciones en manos del PP se pretende dar esa batalla contra el Gobierno central.
"Nos tendrán en contra. En la calle si hace falta", escenificó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el Gobierno con más presupuesto de todos los que controla el PP y donde la financiación de la concertada se ha disparado en la última década en detrimento de la inversión en la educación pública.
Mientras, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aseguraba a la prensa que esperaba que las palabras de la ministra hubieran sido "un lapsus". Y fuentes de la cúpula del clero español reconocían que les preocupa que estas palabras anticipen una ofensiva de un futuro Gobierno de PSOE y UP para laminar parte de los privilegios económicos, tributarios y educativos de la Iglesia.
El tema de la semana para el PP
Tras la campaña que inundó las redes populares a lo largo del fin de semana, en la que prácticamente todos los cargos de responsabilidad del PP publicaron mensajes en sus cuentas de Twitter apelando a esa "libertad educativa", el propio Pablo Casado reservaba toda su agenda de este lunes a avivar la polémica.
El líder del partido ha reunido en Génova a todos los consejeros de Educación de los gobiernos en manos de los conservadores por la mañana, y ha dedicado parte de la tarde a un encuentro con entidades de la educación concertada. "Sánchez lleva años cuestionando la enseñanza concertada, pero nosotros vamos a defenderla como pilar esencial para millones de familias españolas", apuntaba después Casado en un tuit.
Fuentes de la dirección del partido prefieren no entrar a valorar si esas apelaciones a la "libertad" se refieren a que el PP reivindica las ayudas públicas a los colegios religiosos. Se limitan a asegurar a eldiario.es que lo que defienden es "la libertad de educación contemplada en el artículo 27 de la Constitución". El mismo artículo que Celaá aseguró el jueves que no amparaba la libre elección de centro educativo, uno de los mantras de la derecha. En cuanto al régimen de concierto, añaden en el PP, "está contemplado en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) aprobada por un gobierno socialista".
La preocupación de la patronal
José María Alvira es una de las personas que se reunieron con Casado en Génova. El secretario general de Escuelas Católicas explica que la reunión es parte de una serie de encuentros que quieren tener con todos los partidos de cara a la próxima tramitación de una nueva ley educativa. También con el Gobierno. Todavía le da un mínimo voto de confianza a Celaá: "Me fío de que haya dicho que las familias no deben temer nada y podrán elegir, pero vamos a ver en qué se concreta", explica a eldiario.es.
Con "concretar", Alvira se refiere a qué pasa finalmente con la nueva ley de Educación, que será probablemente una de las primeras que intentará tramitar el próximo gobierno, si se acaba materializando. A Escuelas Católicas le preocupa que ya en el anterior proyecto –que se aprobó en el Consejo de Ministros el mismo día que se disolvían las Cortes– se eliminara el concepto "demanda social" de la programación de construcción de nuevas escuelas que realiza la administración.
Esto podría afectar al crecimiento del tejido de escuelas de corte religioso, que se ha multiplicado en los últimos años: solo las de Escuelas Católicas –sin contar con las de otros grupos religiosos como los kikos– son más del 60% de las escuelas concertadas, en las que se educan 1,2 millones de alumnos, y que recibe por su labor 4.866 millones de euros cada año, según sus propios datos.
Entre las reivindicaciones de Escuelas Católicas destacan, precisamente, que se respete la libertad de creación de centros –"Esto no se va a tocar", confía Alvira– o que la ampliación de la oferta de plazas en Infantil no se realice solo mediante la red pública, sino también con centros privados con ayudas. "En la anterior legislatura hubo predisposición al diálogo, aunque no nos entendiéramos del todo", explica Alvira, que prefiere no romper todos los puentes.
Las "oscuras opiniones" que denuncian los obispos
Escuelas Católicas agradece la defensa del PP, pero también pasa sus facturas a los populares: le ha pedido a Casado que traslade a hechos allí donde gobiernan las promesas electorales que realizaron en su momento. Por ejemplo, concertar el Bachillerato o las ayudas para la etapa de Infantil, sea en forma de subvenciones o mediante el concierto –en un principio solo se conciertan las etapas obligatorias, aunque hay comunidades autónomas que ya tienen el Bachillerato concertado, como Catalunya o Murcia–.
En una comparecencia ante los medios, la vicesecretaria de Política Social de los populares, Cuca Gamarra, no descartaba ninguna acción por parte del PP para garantizar esa "libertad educativa" que se traduce en mantener los conciertos con los colegios religiosos. Sin embargo, más que de acciones, la batalla de momento es más bien discursiva.
Ricardo Blázquez, a la cabeza de los obispos españoles, ha hablado este lunes en el discurso inaugural de la Plenaria de "oscuras opiniones" que dejan "perplejidad", y reivindicaciones "que crean sobresaltos" por parte de "personas con responsabilidades políticas". El tema de seguro formará parte de las discusiones de la reunión más importante del clero, que acaba el día 22, y no se descarta que se pronuncien más abiertamente en contra del Gobierno.
De momento, Blázquez ha dejado clara la posición del clero frente a la discusión sobre la libertad de elección de centro educativo: "A los padres corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones". Y agregó: "El poder civil debe respetar este derecho y los educadores deben cumplirlo con dedicación y calidad".
"La libertad religiosa no equivale a la tolerancia o a la evitación de persecuciones o exclusiones". La fe no se puede imponer ni impedir", zanjó Blázquez este lunes. Una afirmación que recuerda a las pancartas que levantaban en Cibeles contra la LOE el mismo Blázquez, Rouco Varela y los máximos exponentes de aquel PP de 2005: Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana o Ángel Acebes.
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