La Federación de Padres y Madres presenta una demanda colectiva contra el cártel de los libros de texto (L. Galaup y R. Ejerique en eldiario.es)

Artículo de Laura Galaup y Raquel Ejerique en eldiario.es

• La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en mayo a las mayores editoriales de España por acordar precios y sellar un pacto comercial que aumentó sus beneficios sin que se redujera el precio de los manuales

• La Federación madrileña de asociaciones de padres y madres, la FAPA Giner de los Ríos, inicia este lunes una denuncia colectiva a nivel nacional contra estas empresas para recuperar el dinero cobrado de más a las familias

• Fuentes jurídicas confirman que las infracciones detectadas por Competencia abren la puerta a que las familias inicien un procedimiento para exigir "la reparación de daños"

La Federación de la Comunidad de Madrid de asociaciones de padres y madres, la FAPA Giner de los Ríos, va a iniciar una batalla judicial contra más de 30 editoriales de libros de texto tras la sanción que les impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo que hicieron estas empresas y su patronal (Anele), según el extenso informe oficial, fue pactar el precio de los libros digitales poniéndolos como mínimo a diez euros. También acordaron no dar descuentos, formación ni ningún tipo de obsequio a los colegios, que son quienes eligen los manuales, para ahorrarse los costes de estos incentivos.

La entidad presentará una denuncia colectiva contra estas compañías, con la intención de que se sumen a título individual familias de todo el país y puedan solicitar la devolución de parte del dinero que, consideran, han estado pagando de más desde 2012, cuando se produjo el pacto, hasta 2018, cuando supuestamente terminó.

Desde la Giner de los Ríos acusan a las editoriales de imponer "precios sin mucho más control por parte de la administración". Además, consideran que las familias han sido "las más perjudicadas" por estas actuaciones porque "han asumido este coste de forma mayoritaria". Fuentes jurídicas confirman a esta redacción que la reciente sanción emitida por la CNMC les abre la puerta para iniciar una reclamación exigiendo la reparación de daños, aunque para que prospere las familias necesitan "aportan un informe pericial muy documentado" que acredite los perjuicios.

Según la CNMC, lo que hicieron las grandes editoriales del país –lideradas por los gigantes Santillana (PRISA), Anaya (de la francesa Hachette Livre), SM (de los marianistas) y Oxford (británica, de libros en inglés)– fue poner un precio mínimo al libro digital y acordar estrategias que les ahorraron 80 millones de euros en gastos de promoción. Antes de que se produjera el pacto, los agentes comerciales de estas empresas editoriales visitaban todos los centros educativos de España y ofrecían manuales, ordenadores o pizarras digitales gratis como incentivo. A veces también montaban cursos de formación para profesores o hacían donaciones de libros a las Ampas o las bibliotecas. Estas estrategias comerciales iban encaminadas a que su libro fuera elegido por los jefes de los departamentos de colegios e institutos, donde permanecerían un mínimo de cuatro años por ley. Pero a partir de 2012 hay un acuerdo orquestado para que nadie ofrezca esos incentivos, un gasto que la propia patronal califica en documentos internos de "barbaridad" y algo "insoportable", como relata el informe de la CNMC.

De este modo, aumentó el margen de beneficio de las editoriales más de un 10%, ahorraron unos 80 millones, pero nunca repercutieron ese ahorro en el coste de los manuales. Si en el curso 2006-2007 cada uno de estos libros suponía 15,21 euros de media, una década después el coste aumentó a 18,05 euros. Además, los libros de texto son un bien más caro que los libros de lectura. Si el precio medio de un libro ordinario es de 23,74 euros, el coste de uno de texto es de 35,11 euros, según los datos publicados en el informe El sector del libro en España 2017, editado por el Ministerio de Educación.

La educación no universitaria es un gran negocio porque el público es fijo y además el libro se debe mantener un mínimo de cuatro años en el colegio o instituto, que es el que tiene autonomía para elegir. Cada año necesitan libros escolares más de ocho millones de estudiantes (desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional).

El 30 de mayo la CNMC reconoció en su extensa resolución la peculiaridad de este mercado reseñando que la "oferta es muy limitada", así como que "no existe sustituibilidad" del producto porque las familias "adquieren el libro de la editorial que se indique desde el centro educativo". En este escrito, en el que se impone una multa de 32 millones de euros a la patronal y más de 30 editoriales, llegan a identificar a los padres y madres como "demanda cautiva" de esta actividad comercial. La investigación se inició después de que la editorial Vicens Vives denunciase estas actuaciones que limitaban la competencia, ya que la patronal, controlada por las grandes editoriales, presionó para que nadie ofreciera rebajas ni promociones e incluso se llegaron a iniciar procedimientos judiciales contra editoriales díscolas como Edelvives (que más adelante llegó a un pacto con la patronal).

Anaya, Santillana, SM y Oxford (OUP) tuvieron "un papel preeminente en la toma de decisiones y han participado activamente y desde sus inicios en la Comisión de Supervisión de la patronal Anele –siempre según el texto redactado por la CNMC–, que era el órgano decisorio principal para limitar las políticas comerciales de las editoriales". A ese órgano interno se elevaban las quejas y chivatazos sobre posibles incumplimientos. Para que nadie hiciera competencia introduciendo promociones usaron la vigilancia mutua: los propios comerciales alertaban si alguna editorial estaba haciendo regalos. También Anele envió cartas "intimidatorias", según la CNMC, a directores de 
centros para que no aceptaran regalos.

Sanción recurrida
Desde el gabinete de prensa de Anele reconocen que "todas las empresas han recurrido la sanción" ante la Audiencia Nacional, alegando que "no se ha incurrido en las prácticas que señala la CNMC", que son las prácticas de cártel aunque el informe no las califica con ese nombre, y que el código de conducta que aprobaron en 2012 y que recrimina la resolución buscaba "asegurar que la selección y prescripción de los libros de texto se hiciera única y exclusivamente por la calidad de los mismos y no porque mediara regalo o prebenda a los centros o a los profesores".

La CNCM dice sin embargo en sus conclusiones que "las medidas acordadas han sobrepasado de manera nítida los límites de una autorregulación de carácter ético y han diseñado un completo modus operandi para coaccionar y boicotear a aquellas editoriales que no querían adherirse a esta estrategia anticompetitiva. Ese modo de actuar ha tratado de condicionar la actuación de los centros educativos y de reducir su poder de negociación".

El recurso anunciado por estas empresas podría paralizar de forma temporal la demanda colectiva que los padres quieren presentar, tal y como confirman fuentes jurídicas. Las letradas Lourdes Ruiz y Susana Beltrán, especializadas en competencia, explican que la decisión de las editoriales podría provocar que el juzgado que reciba la actuación iniciada por la FAPA Giner de los Ríos la suspenda de forma cautelar a la espera de que la Audiencia Nacional se posicione sobre la sanción. Aunque también explican que la actuación de las familias les permite evitar que prescriba la infracción. La Federación de padres y madres presentará este lunes los detalles para participar en la demanda colectiva y reclamar la cantidad de dinero que, consideran, las familias han pagado de más.

Por su parte, desde ANELE aseguran que no se han "producido daños o perjuicios a las familias" ya que aseguran que "el gasto medio en libros de texto por alumno se ha reducido". Según los datos planteados en un comunicado, desde la patronal indican que el incremento entre 2012 y 2018 "ha sido del 1% pese a la inflación". Además, destacan que la resolución del órgano sancionador "está relacionada fundamentalmente con la elaboración, aprobación e implementación de un código ético del sector" y no por el "sobrecoste".