El proyecto de Ley
escolar del PSOE pretende erradicar
algunos principios organizativos de la LOMCE, pero deja intacto el núcleo de
los desacuerdos educativos.
Estamos
en campaña electoral en un momento de gran incertidumbre política y no es raro
volver a oír, cuando ya nos urgen con el IRPF, de grupúsculos con muchísimo poder. Como quiera que los colegios
concertados también han entrado en campaña para reafirmar sus cuotas de
fidelizados, cabe referirse a dos entes poderosos en ese y otros procesos: la
Iglesia católica –que, según estudia Ángel Munárriz, podría llamarse Iglesia.
S.A.- y los
empresarios que han visto en la enseñanza un sector de creciente interés rentable a poco que se amplíen subvenciones,
conciertos y deducciones fiscales.
Las raíces históricas
Lo
que denominamos Iglesia abarca un conglomerado de instituciones, organizaciones
y creyentes con diversas tendencias, genéricamente en sintonía con el Vaticano.
Su atención al mundo educativo viene de una historia potenciada desde el siglo
IV, cuando la querencia del poder político romano facilitó a sus jerarcas
controlar el valor simbólico de maestros de la verdad y propagar esa unicidad
contra toda heterodoxia discrepante. Lo recursos
para la apología de esa razón vital procedieron de dos vías complementarias: los pobres como excusa para
recibir y
gestionar donativos, y la muerte como razón religiosa –subyacente a muchos
rituales desde los orígenes de la humanidad- fundante de su existencia. De
ambas fluyeron las limosnas y legados fundacionales que alimentaron los feudos
monásticos y episcopales desde los albores medievales. ¿Son un precedente de fundaciones
de algunos colegios privados?
La
desamortización de las propiedades que habían amparado a la Iglesia antes de
1789 coincidió con la preocupación por democratizar el derecho la
educación. La
necesidad de allegar recursos hizo que abriera su presencia educadora a
sectores de la burguesía e, incluso, del mundo obrero. Al desarrollar para esos
segmentos iniciativas diferenciadas y reactualizar organizaciones que, como los
jesuitas, habían nacido principalmente para los hijos de la nobleza, el
resultado fue una gran variedad, más
prolífica desde la Rerum novarum en
1891, como aliada en la gestión de la caridad para
frenar cuanto, desde “la cuestión social”, pudiera poner en
peligro el orden instituido. En España, el apoyo vaticano a la legitimidad de
Isabel II, frente al carlismo, ya se había saldado, en el Concordato de 1851. El Estado, entre otras cesiones, subsidiaría la
vigilancia eclesiástica para que no se enseñara nada –incluso en la
Universidad- que no fuera “del todo conforme a la doctrina de la religión
católica”, y
para censurar “cuanto pudiera pervertir los ánimos de los fieles y corromper
las costumbres”. El acuerdo facultó a
los eclesiásticos para crear instituciones docentes y tanto la Ley
de Instrucción Pública, en 1857,
como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se inscribieron en ese
circuito en que se profesaba la confesionalidad del Estado y la unidad católica.
Pero
desde que en 1905 se estableciera en Francia una clara
separación de
Iglesia y Estado, además de que en España crecieron sobremanera los colegios
católicos –que Canalejas tendría que limitar en 1910-, se escenificaron desencuentros
especialmente virulentos con cuantos como la ILE invocaran educar en libertad.
Como presagiaban los últimos testimonios recogidos por Yvonne Turin en: La educación y la escuela en España de 1874
a 1902 (Aguilar, 1967), irían a más. Antes
de que la II República intentara imitar a Francia, ya había una verdadera
“guerra escolar”, que culminaría con depuraciones de maestros, profesores y
científicos, y que privaría a varias generaciones de buenos docentes. El Concordato
de 1953 –en
un momento de enorme aislamiento internacional de España- reafirmó el poder
educativo de la Iglesia, y a ella fueron a parar -según reivindicó Carrero Blanco
en 1972- unos 300.000 millones de pesetas de la época, cuando ni siquiera
con el desarrollismo había escuela para todos. Esos recursos propiciaron que la
Iglesia de esos años suplantara al Estado como Magistra.
Aquellos seminarios y conventos, además de multitud de colegios de distintas
congregaciones y parroquias -y del control que ejerció desde el Ministerio
Nacional de Educación, el CSIC y los Departamentos universitarios-
fundamentaron el potencial educativo actual de la Iglesia, principalmente en el
sector privado y concertado, pero también en el estrictamente público con la
presencia de su catequesis en el currículum escolar.
El colegio y la
escuela
Los Acuerdos de 1976-79
le dieron cobertura a esa situación predemocrática. La legalizaron en el art. 27CE
y sus posteriores desarrollos, entre ellos los conciertos educativos en 1985,
cuando la LODE le garantizó la provisión de recursos del Estado. Para
justificarla, se esgrimió durante un tiempo la limitada capacidad del Estado para universalizar la extensión
de la educación hasta los 14 años. Pero, al margen de que solo fuera medio
verdad, del lado católico no han cesado de incrementarse las demandas de apoyos
y conciertos bajo una supuesta “función social” en competencia
con la red
pública. Además, aunque muchos conciertos
han cumplido el contrato pactado, en otros se ha institucionalizado un mundo
aparte con pretensión de que esa red educativa, conceptualmente
diferencial y destinatarios
con niveles y proyección social acordes, sea el eje de un sistema, en el que a
los centros públicos correspondería un papel subsidiario. Igual que, hasta casi
los años setenta, había sucedido con la escolarización escolar
Del
arraigo de esta tendencia selectiva, de pura demostración social, incentivada
desde algunas Consejerías autonómicas y consagrada en 2013 por la
LOMCE, da cuenta el crecimiento de iniciativas. Hoy, la red de enseñanza
privada y privada-concertada –un 35% del sistema educativo español, con diferencias
autonómicas, y según etapas educativas- aglutina emprendedores que disputan presencia significativa en ese conjunto a
los eclesiásticos. Grandes inversores internacionales ven propicio este mercado y los
empresarios de Valencia quieren que se mimetice la educación con sus necesidades de negocio; igual que cuando la
Iglesia quería que se identificara con sus supuestos culturales.
La Ley Celáa
Esta
historia pesa. Las dejaciones de diversa índole operadas en este terreno
durante largo tiempo contarán en el voto de las elecciones que se avecinan. Polarizan
posturas con supuestos que, todavía intangibles
en la etapa de Méndez de Vigo, dificultan necesarios acuerdos en las políticas
educativas a que alude el primero de los 110 bienintencionados compromisos electorales del PSOE. De hecho, los
intereses eclesiásticos siguen casi intactos en la segunda de estas promesas, la propuesta de ley para revertir
la LOMCE, pese a
que a España le sale muy caro sostenerlos si, además de su opacidad, se tienen
en cuenta las cuantías que, según Europa Laica, implican para, en definitiva, promover una imagen social
particular, distorsionadora de la igualdad laica de todos.
El
clima es que, por muy favorables que resulten las elecciones para revisar este
engranaje anclado en el art. 27CE o denunciar los Acuerdos con el Vaticano, el centro y la derecha política española
se opondrán. Pero seguramente también el PSOE, si renovara la posibilidad de Gobierno,
seguirá ambiguo en este terreno de la laicidad, en continuidad de sucesivas
contradicciones que ha acumulado desde 1982 entre palabra y obra. Antes que
afrontarlo en serio, entre las limitadas posibilidades del paso por la Moncloa
en estos meses han preferido entretenerse con la dudosa exhumación del dictador.
Mientras, en estos 110 compromisos, los Acuerdos siguen parasitando recursos del Estado para supuestos
fines sociales. Por tanto, pese a la creciente
secularización, la
situación política favorece que la
jerarquía eclesiástica siga fagocitando el valor simbólico de la educación, la
sanidad y diversas maneras de ayuda social en el uso de recursos públicos a
beneficio de su marca católica.
Ascensor social
En
plena expansión neoliberal, esta imagen debilita la de un Estado capaz de
construir por sí mismo la armonía ciudadana. El desafío urgente parece que
fuera, más bien, lograr pronto un Estado mínimo que, muy frágil en casi todo,
solo se ocupe del orden público, lo que favorece a las empresas del sector
educativo privado y genera que, desde
las autonomías, se incentiven dinámicas contrarias a la enseñanza
pública. Vótese o no se vote, arriesgado
será no advertir, en cambio, que la movilidad social se ha estancado. Los datos últimos de la OCDE son
inclementes para
las expectativas de quienes tengan ingresos bajos o ni eso. Los hijos de padres
trabajadores tienen un 50% de posibilidades de seguir perteneciendo a ese grupo
en que habitualmente repiten las características de escolarización precaria, justo
al revés de los hijos de quienes meramente por tener estudios universitarios tienen un 48% más de renta.
Si en estos años, pues, han aumentado las desigualdades
en recursos -incluido el acceso a la educación como “ascensor social”-, lo que esta
recapitulación histórica plantea a todo votante interesado en el futuro
educativo, es que un proyecto de ley como el de la promesa nº 2 del PSOE
pretendiendo revertir la LOMCE de raíz, no puede soslayar qué aporten los
colegios concertados –con o sin apoyo de la Iglesia jerárquica- en la reducción
de la inequidad. Las buenas intenciones teóricas que pueda tener ese texto le
restarán autoridad moral para que las Autonomías revisen, igualmente, lo que esté pasando en
centros de la red pública donde persisten estilos y cuotas de selección y
discriminación no
muy distintas de las consentidas en algunos colegios de la otra. De ningún modo
–según la Teoría
de la Justicia
de John Rawls- pueden compaginarse en el mismo plano libertad e igualdad educativas
protegiendo disparidades de trato por nacimiento, razones económicas o capital
cultural, que hagan improbable el éxito de muchos que acceden a la
escolarización obligatoria. Ese es el reto según la ONU: el derecho a la
educación no se cumple si no es inclusiva y no propicia la igualdad de
oportunidades.
Manuel Menor Currás
Madrid, 28.03.2019
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