¿TRANSFORMAR LA UNIVERSIDAD?
En la situación actual, los planteamientos discrepantes entre la Comunidad y el Ministerio hacen aún más difícil que la claridad y la sensatez logren ocupar un lugar mínimamente preponderante. Y la falta de coordinación y el intento por parte de cada instancia, de conseguir imponer su propio modelo de Universidad, ha complicado y embarullado más los temas.
El modelo de Universidad es de capital importancia en este planteamiento. Simplificando, se puede decir que asistimos a una clara contraposición entre la concepción de la Universidad como servicio público, y aquel que entiende que la Educación -y por tanto la Universidad- es uno de los campos actuales con mayor potencialidad para poder conseguir pingües beneficios en un plazo de tiempo relativamente corto.
Y, en esta desigual batalla, el lugar que ocupan las Universidades privadas tiene que ser necesariamente relevante. Y nos encontramos ante la paradoja de que los máximos defensores de las universidades privadas ocupan puestos especialmente significativos en las administraciones Publicas. Pero, no pueden dejar entrever semejante predilección, viéndose obligados a utilizar todo tipo de triquiñuelas, con objeto de encubrir sus verdaderas intenciones.
El dictamen oficial del PP insistía en que uno de los grandes problemas que arrastraba la educación superior española era el exceso de Universidades. A partir de semejante planteamiento, parecería razonable deducir que se restringiría drásticamente la aprobación de nuevas universidades. A juzgar por lo que se está planteando hacer en estos momentos la CA de Madrid ,si ya la situación actual era un despropósito con 6 Universidades Públicas y 8 Privadas, la previsible aprobación por parte de la Comunidad de Madrid --obviamente una entidad pública- de tres nuevas universidades privadas, hace que la situación, en breve tiempo, lo será aún mucho más, con seis públicas y once privadas, tras la incorporación de Villanueva, Esic y Cunef, las dos primeras ligadas a confesiones religiosas, y la tercera a la Banca.
Si consideramos, además, que han quedado-al menos momentáneamente- fuera de juego, grupos empresariales y mediáticos que poseen una gran influencia e incidencia en nuestra sociedad, no resulta nada aventurado suponer que no se tardará en ampliar el número de Universidades Privadas, llegando a duplicar-como mínimo- el número de Universidades Públicas.
La Comunidad de Madrid, para poder llevar a cabo sus propósitos, se ha permitido ignorar los informes desfavorables, tanto del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, como, del propio Servicio Jurídico de la Consejería de Educación e Investigación.
Que se ignore el Consejo Universitario ya es grave, puesto que es el único órgano en el que posee representación una parte de la comunidad universitaria -solo una parte y en escasa cantidad- pero parece todavía mucho más absurdo que la Comunidad ignore el parecer de sus propios servicios jurídicos, demostrando una vez más, que los incumplimientos de las leyes que no les favorecen, provienen, en numerosas oportunidades, de los mismos políticos que no dudan en presumir y considerarse constitucionalistas.
El otro tema candente es la actuación y pretensiones de la CRUE. Pese a que son casi los únicos, que procedentes de las universidades -públicas y privadas- están representados en el Consejo universitario, la CRUE, que es una asociación PRIVADA, cuya financiación sigue siendo un secreto, se cree con derechos para poder (a)firmar lo siguiente: “ los rectores y rectoras ,en nombre de la comunidad universitaria se sienten plenamente legitimados para manifestar ante la ciudadanía y la opinión pública, las siguientes consideraciones: Exigimos a los responsables políticos que se ocupen de las necesidades urgentes que tienen nuestras universidades, que aporten más recursos y que se pongan de acuerdo mediante un Pacto de Estado en una nueva Ley de Universidades. Una Ley que sirva para que se lleven a cabo las mejoras que todos los universitarios reivindicamos, de manera prioritaria, para seguir al servicio del bienestar de la ciudadanía. Una sociedad que no confía en sus universidades no tiene futuro”.
La CRUE, es la misma institución que ha utilizado la autonomía universitaria-consagrada por la constitución con el objetivo de evitar que el poder político interfiera en las decisiones claves sobre las Universidades- para tratar de tapar vergonzantemente, encubrir, y lavarse las manos ante un Rector plagiario, y disculpar y blanquear las intervenciones tan lamentables, como denigrantes para la Universidad Pública, de otro Rector, el de la URJC.
Pero resultan más significativas todavía las prioridades que la CRUE especifica en su escrito: aumentar los recursos para las Universidades, y firmar un pacto de estado para una nueva ley de Universidades. Parece un desatino la insistencia en un pacto de estado, cuando el fracaso del llamado Pacto para la Educación, -que se ha demostrado inviable tras dos años de negociaciones- aún está caliente. Por otra parte, la ampliación de recursos- que obviamente debería de ser un elemento indispensable de todo presunto acuerdo- es desgajado del planteamiento general dejando en evidencia cuál es su verdadera prioridad, ya que aumentar la financiación, pero sin especificar, por ejemplo, la imprescindible y prioritaria necesidad de revertir inmediatamente todo tipo de recortes, no puede ser más clarificador.
A la vez que la CRUE exige que se le considere interlocutor privilegiado, se olvida del resto de los componentes de la comunidad universitaria, aceptando una representación mutilada que magnifica y refuerza que su presencia pueda ser más determinante, aun al precio de devaluar y falsear una verdadera representación de la comunidad universitaria.
Los rectores ocultan voluntariamente que la supervivencia de la Universidad, durante los años de la crisis, solo fue posible a costa de la progresiva precarización del profesorado y del PAS, unido a la utilización por parte de los Rectorados de la contratación de profesores asociados y profesores visitantes, en incuestionable fraude de ley, para compensar el 17% de los profesores perdidos, convenientemente aderezado por la expulsión de entre 70.000 y 100.000 estudiantes como consecuencia de la ingente y desproporcionada subida de las tasas.
CUPUMA, 10 de enero de 2019
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