El
Artículo 27CE y las políticas nocivas para la escuela pública
¡No nos callarán!, de José Luis Pazos,
es un minucioso dietario de las decisiones adoptadas por la Comunidad de Madrid
en estos 15 últimos años.
El 40º aniversario de la Constitución (CE78) ha solemnizado todo
tipo de opiniones, lógicas en un proceso cuyo inicio no fue bonancible y en
que, después, no ha brillado una idílica sintonía. Lo acontecido con la
Educación en este transcurso de casi dos generaciones es un buen espejo para
observar lo realmente acontecido. Indiscutible es que los desacuerdos se
produjeron desde antes de la primera redacción del actual artículo 27, como han
contado los propios redactores del texto y expresaron sus votaciones. También,
que quedaron abiertas las dos posibilidades de desarrollo que venían
compitiendo desde antes del Concordato de 1851, de modo que la alternancia de
leyes orgánicas hasta el presente ha sido una constante. Ahí sigue, en fin, la
LOMCE como última interpretación del art. 27CE, con el equipo de Celáa viendo
qué deba derogar más y sin que su anteproyecto reformista –en un Gobierno
provisional- suscite entusiasmos generalizados.
La gerencia del Artículo
27CE
Justo ahora aparece el libro de José Luis Pazos: ¡No nos callarán!, que analiza el desarrollo del art.27CE partiendo
de que la limitada concreción de la igualdad del derecho de todos los ciudadanos
a una buena educación ha dependido de las decisiones adoptadas en cada
Comunidad. Desde la FAPA Giner de los Ríos, el autor estuvo en las instituciones
en que se informaron las políticas educativas antes de ser normativas en la de
Madrid. Lo que ha escrito obedece a lo vivido en contacto inmediato con lo
acontecido, sobre todo en los centros escolares públicos, como testigo durante
los últimos 15 años. El resultado es un minucioso dietario de la poca
aceptación que han tenido las propuestas de las familias durante ese tiempo,
atentas a las necesidades educativas de sus hijos e hijas. Refleja cómo cuanto
en esa dura etapa se proyectó y ejecutó desde
la Consejería de Educación madrileña cómo –pese a la vigencia de la LOE hasta 2013- sirvió,
más bien, de ensayo experimental para las directrices de la LOMCE vigentes hoy
en todo el Estado. En una secuencia implacable, el lector verá cuanto aconteció
y, sobre todo, lo que, en interés de las
familias mayoritarias, nunca debió haber
acontecido: que las decisiones más relevantes privilegiaran al tercio
más escogido de la población.
Este modo de actuar, promovido sucesivamente bajo Gallardón,
Aguirre, González, Cifuentes y, ahora mismo, Garrido, configuró una traducción del artículo 27CE muy
favorable a las redes privada y concertada y muy contraria a la red pública de
centros. En el libro de Pazos aparece esa complicidad con la educación como oportunidad
de negocio, revestida de los formalismos administrativos oportunos y una
abrumadora cobertura propagandística. Entre los diversos instrumentos con que
la sistematizaron, los conciertos y exenciones aventajadas –gestionadas al lado
de ayudas y becas-, se complementan con un amplio catálogo de actuaciones. El
libro presta especial atención a cómo, en perjuicio de la escuela pública, se
repitieron, año tras año, recortes de presupuestos, disminución
de profesorado, elección a dedo de sus directores, el incremento de las ratios
de alumnado por aula o la desatención al más necesitado de tutoría, además de desatención
prolongada a los propios edificios. De paso, en perjuicio de un ambiente
escolar propicio, reducción de las becas de libros de texto y comedor, eliminación de rutas escolares,
cierre de bachilleratos nocturnos y múltiples especialidades de FP, y supresión
del ciclo 0-6 en escuelas infantiles públicas, al tiempo que introdujeron en
esa red escolar un programa de bilingüismo disgregador y algún circuito de
“excelencia” que, en contradicción con las ratios y dotaciones del resto de
institutos, discrimina más a unos pocos “selectos” del otro alumnado: todo un
símbolo de segregación educativa, incapaz de ocultar múltiples déficits
programados con apoyo de exprofesores de la red pública.
Un miniimperio privado
En el relato del expresidente
de la FAPA también se puede ver cómo, para que el objetivo central de estas
políticas se cumpliera, la Consejería madrileña frenó la demanda de plazas en
institutos, regaló más de 100 grandes solares municipales a empresas privadas o
utilizó el mecanismo de los “cheques escolares” para potenciar las redes privadas.
Y cómo, para disimular que el favor a las élites se hacía a cuenta de los otros
ciudadanos, se sincronizó una constante hostilidad polifacética
hacia las personas, asociaciones y
sindicatos discrepantes de sus políticas educativas. Es decir, que en el libro
de Pazos aparecen las claves de cómo estos
gestores de la Comunidad de Madrid utilizaron “la crisis” para desmantelar
mejor un meditizado estado de bienestar en lo educativo y crear un miniimperio independiente,
colonizador de clientelas cautivas a cuenta del erario público. En síntesis narrativa, los algoritmos que
Naomí Klein explicó en La doctrina del
shock.
La guinda de esa frenética obsesión
fue que, con dinero de todos, pagaron para que se favoreciera su narcisista
imagen en los medios, otra muestra de una sistémica prepotencia interpretativa del
artículo 27CE, de que todavía nos quedan rubores a sufrir según se resuelvan
investigaciones judiciales en curso. Más duradero será el daño que ha causado a
las familias cuyos niños y niñas no han podido tener la educación que debieron haber
tenido. Sin contar las carencias de
diverso orden que deparará a la sociedad una gestión neoliberal tan
desvergonzada.
¿Una guía social?
Este alegato de Pazos deconstruye los caminos que ha impuesto ese
mantra de “la
calidad” con que la LOMCE rige el sistema educativo español –el escolar
y el universitario-, obediente a ficciones para “mejorarlo”. Quienes
quieran caminar hacia una escuela de todos y para todos tienen en No nos callarán –recién publicado por
Ediciones ACC, de Madrid- un atractivo
instrumento de valor múltiple. Documenta el alcance actual del art. 27CE:
restrictivo para una mayoría social y privilegiado para unos pocos. Testimonia la
resistencia de los ciudadanos, en este caso desde las asociaciones de padres y
madres de alumnos, en defensa de los derechos de los menores en un campo tan principal
como el de su educación. Y muestra,
además, el contraste entre responsabilidad e irresponsabilidad cívica: cuando
algunos políticos y gerentes desaparecen de la escena, los administrados se
sienten muy aliviados, mientras los resistentes de este libro hacen verdad que
los derechos de todos solo se sostienen con el esfuerzo de todos.
Adicionalmente, después de esta lectura, se puede concluir con más fundamento
si el artículo 27CE –e indirectamente la Constitución- debe ser revisado,
cambiado del todo o continuar como está cuando cumple 40 años.
Manuel Menor Currás,
Madrid, 07.12.2018
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