- La URJC acusa a la expresidenta de un delito de falsificación de documento público que también atribuye a su asesora Feito, a Álvarez Conde y a la profesora Rosado
- Considera acreditado que Cifuentes dio "órdenes expresas" a Feito para que se ocultara la "ausencia de méritos académicos"
La representación letrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha presentado su escrito de acusación en el caso Máster en el que solicita cuatro años de cárcel para Cristina Cifuentes por un delito de falsificación de documento público. La URJC solicita la misma pena para el que fuera director del Instituto de Derecho Público (IDP), el órgano que impartía el falso máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde; la profesora que falsificó el acta, Cecilia Rosado; y para la asesora de la Comunidad de Madrid que presionó para la realización de dicha falsificación, Maite Feito.
Además de los cuatro años de cárcel, la URJC pide para todos ellos una multa de 24 meses con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación especial par el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, así como inhabilitación especial por seis años para ejercer cualquier cargo público.
En el escrito al que ha tenido acceso este periódico, la universidad considera acreditado que el día que eldiario.es desveló las primeras informaciones que apuntaban a que la expresidenta había obtenido un título de forma irregular en URJC, ésta dio "instrucciones expresas" a su asesora para que "ocultara" la "ausencia de mérito académicos".
También sostiene que fue esta colaboradora la que instó al director del IDP a que "creara –o diera instrucciones para crear– la documentación necesaria que justificara" que Cifuentes "había cursado el máster con normalidad y superados todos los trámites necesarios para obtener el título, incluida la defensa de fin de máster".
Según la URJC, con el objetivo de "ocultar" las irregularidades en el máster de Cifuentes, Álvarez Conde se puso en contacto telefónico con la profesora Rosado, que había sido una de sus discípulas y trabajaba como personal laboral en la universidad, "indicándole que procediera a elaborar ese mismo día un acta falsa" de defensa de su TFM. Ese fue uno de los cinco documentos con los que la entonces presidenta regional intentó justificar que sí había cursado esos estudios. Pero el papel no tenía sello oficial y estaba escrito a mano.
La universidad mantiene que esta docente siguió en todo momento las instrucciones de Álvarez Conde inventándose la fecha, el título del trabajo y la composición del tribunal y remitiendo el documento al rector, Javier Ramos, para así darle "apariencia de verosimilitud". Siempre según la versión del campus, también "simuló" las firmas de otras dos profesoras con las que había hablado por teléfono ese día para acordar los "trámites" a realizar en la falsificación.
Cifuentes, procesada
En un auto dictado el pasado 28 de noviembre, la jueza Carmen Rodríguez-Medel dio por concluida la instrucción y propuso juzgar a Cifuentes, Álvarez Conde, Rosado y Feito por esta falsificación. En su resolución razonada, la instructora afirma que "no resultaron creíbles" las afirmaciones de Cifuentes en su declaración como imputada respecto a que "efectivamente hizo el trabajo y lo defendió ante un tribunal" y que ésta "promovió" la falsa coartada.
La causa que investigaba si en la URJC se dieron títulos regalados a alumnos "escogidos" frente a otros "ordinarios" quedó reducida a una investigación contra las citada cinco personas y solo circunscrita a la falsificación de la citada acta cuando la jueza Rodríguez Medel archivó gran parte del caso tras la decisión del Tribunal Supremo de no investigar al líder del PP, Pablo Casado. No obstante, la expresidenta niega también haber cometido el delito de falsificación por el que sigue imputada y dice que esa es una cuestión que queda "fuera" de su "responsabilidad" porque " en ningún momento participó de la confección ideológica o material de ningún título".
De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.
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