La mayoría de expertos señalan la urgencia de establecer el objetivo de equiparación del gasto educativo público a la media europea; es decir, el 5% del PIB
Si el Gobierno mostrara algo más de determinación, se podría recuperar la fórmula de la LODE de 1985, que definía a la red de centros públicos como la red principal y a la concertada como una red subsidiaria, para comenzar a desprivatizar el modelo educativo
La Ministra Isabel Celaá ha anunciado su intención de derogar la LOMCE. Y esto, indudablemente, es una buena noticia. Sin embargo, parece que esta decisión no va a implicar la apertura de un tiempo nuevo, sino más bien una vuelta a lo de antes. A lo de 2006, para ser más exactos.
Efectivamente, el Anteproyecto de Ley de Educación que ha elaborado el Gobierno no presenta muchas novedades respecto a la LOE. Es una vuelta a lo ya conocido que apenas innova, que no incluye muchas de las proposiciones aprobadas esta legislatura y, sobre todo, que no recoge muchos de los consensos a los que llegó la comunidad educativa en el “Documento de Bases para una Ley de Educación”. Documento, por cierto, que entre otros muchos también firmó el propio PSOE.
Pero, ¿por qué decimos que resulta tan decepcionante esta reforma educativa?
En primer lugar, porque la financiación vuelve a ser la gran olvidada. A nadie se le escapa que con la inversión actual no es posible revertir todos los recortes del Partido Popular. Además, la mayoría de expertos señalan la urgencia de establecer el objetivo de equiparación del gasto educativo público a la media europea; es decir, el 5% del PIB. Fue la falta de compromiso presupuestario del anterior Gobierno lo que provocó que tanto Unidos Podemos como el PSOE nos levantáramos de la mesa del Pacto. Por eso, ahora que el PSOE podría cumplir sus propias exigencias, resulta tan incomprensible que este anteproyecto de ley no incorpore una memoria económica o una disposición adicional que fije los objetivos de inversión y plazos.
Una segunda cuestión fundamental que esta reforma no corrige, ni compensa, es la situación de abandono en la que se encuentra la Educación Pública. Aunque se elimina el artículo 109 de la LOMCE donde se establecía la programación educativa a “demanda social”, lo cierto es que se vuelve a la fórmula de la LOE de considerar a centros públicos y concertados como “redes complementarias”. En su momento esta formulación fue una cesión del PSOE a los sectores educativos más conservadores y supuso, en sí misma, desdibujar el papel vertebrador de la escuela pública.
Sin embargo, si el Gobierno mostrara algo más de determinación, se podría recuperar la fórmula de la LODE de 1985, que definía a la red de centros públicos como la red principal y a la concertada como una red subsidiaria. No por una cuestión meramente terminológica, sino para comenzar a desprivatizar el modelo educativo; limitando, por ejemplo, el régimen de conciertos a la enseñanza obligatoria y paralizando, en consecuencia, los nuevos conciertos en Bachillerato y Formación Profesional, que tanto promocionan los Gobiernos del PP.
El tercero de los escollos de este Anteproyecto de Ley es el de un tema tan sensible como la etapa educativa 0-6. A pesar de que el Gobierno siempre habla de universalizar esta etapa educativa, la realidad es que este anteproyecto de ley no crea las estructuras necesarias para ello. A nuestro juicio también en este punto se podría haber ido bastante más lejos: estableciendo el deber de las Administraciones de ampliar la oferta de plazas públicas para atender toda la demanda del primer ciclo, y garantizando la universalidad del segundo ciclo en la red pública. Pues sigue siendo de vital importancia que la Educación Infantil tenga el carácter estrictamente educativo que le asignó la LOGSE y se aleje definitivamente de una función asistencial encaminada únicamente a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
En lo referente a la ordenación curricular, celebramos la supresión de los itinerarios tempranos que introdujo la LOMCE, pero, por lo mismo, lamentamos que el Ministerio haya decidido mantener precisamente la Formación Profesional Básica, que no es más que otro itinerario segregador dentro de la Educación Secundaria. La FPB, en efecto, encarrila a los estudiantes por un camino secundario de difícil retorno y, por tanto, rompe con los principios comprensivos, de calidad y equidad que deberían vertebrar esta etapa.
Por otra parte, y pese a la buena acogida la expectación que despertó la vuelta de la Filosofía a los planes de estudio, el Ministerio tampoco ha cumplido con la proposición de Unidos Podemos. Si bien, por un lado, se recupera la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, por otro se elimina la Ética de 4ª de la ESO, ya que la asignatura de Valores Cívicos y Éticos no es una materia propiamente filosófica, sino que se asemejaría más a una Educación para la Ciudadanía “versión 2018”.
En cuanto a la religión seguimos un poco en lo mismo. La reforma elimina el carácter evaluable de la materia, pero la sigue considerando parte del currículum educativo. Y eso cuando no hace ni medio año que aprobamos una proposición con el PSOE, impulsada por Europa Laica, para derogar el Concordato y sacar la catequesis de las escuelas. Aunque la supresión de los privilegios del Vaticano excede el ámbito de una Ley educativa, lo cierto es que, dentro del marco vigente, se podía ir más allá; por ejemplo, dejando la religión fuera del horario escolar.
Por último, vemos con preocupación cómo este anteproyecto de ley no tiene la voluntad ni pone los instrumentos para abordar los problemas que tienen nuestros docentes.
De hecho, no hay una sola mención a la situación de interinidad de las plantillas docente ni a la degradación de sus condiciones laborales. En este sentido, pensamos que es urgente y prioritario habilitar, como disposición transitoria, un proceso extraordinario para la consolidación y estabilización de las plantillas docentes. Ésta no es una propuesta original, se trataría simplemente de cumplir una lo que aprobamos Unidos Podemos y el Grupo Socialista, en la Comisión de Educación del Congreso.
Estamos, por tanto, ante una Ley de mínimos, que cumple con la derogación de la LOMCE pero evita ir más allá, ya que el Gobierno parece estar más pendiente de las reacciones de la PP y C’s, que de los consensos y demandas de la comunidad educativa. El Gobierno se equivoca si piensa que volviendo a la LOE y evitando todas las cuestiones, va a calmar las aguas. Lo que le puede ocurrir, al contrario, es que se quede entre dos aguas.
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