Prevenir la intolerancia
es salvar el estilo de vida democrático
La UE estimula la
cooperación de los centros educativos con las administraciones y los ciudadanos,
y que se amplíen las competencias de los docentes
La ministra de Educación ha defendido que habrá que crear una “asignatura obligatoria en valores cívicos y éticos”, lo que no ha parecido
gustar a los obispos, que dicen temer “se imponga una ética de Estado”. Este juego contrapuesto entre dos modos de
entender la educación sosteniendo los medios para que siga siendo confesional,
nos remite a lo que el Vaticano y España empezaron a pactar el 28.07.1976,
después de 40 años de intenso control moralizante. Mientras en Francia hace 113
años que decidieron evitar interferencias eclesiásticas, hemos acumulado muchos retrasos en la agenda educativa, entre ellos una inusitada trazabilidad de confesionalidad
en el currículo escolar, con su inmediata repercusión en el alumnado por su facilidad para buena nota. Para los promotores de la
LOMCE, el privilegio también alcanzó a los profesores de Religión: en Andalucía, por
ejemplo, un 12% ni dan clase, pero siguen ahí a diferencia de los interinos, pendientes de
que se reviertan los recortes de 2012.
La aritmética parlamentaria no facilitará a Isabel Celáa que su
gestualidad verbal modifique mucho la vida escolar. La estrategia episcopal, en
cambio, puede mover a sus más ruidosos fieles hacia nuevas cruzadas. Tal vez por ello, a cambio de
que no ponga pegas con lo que vaya acontecer en Cuelgamuros, ya esté apalabrada la manera de hacer
casi nada en el ámbito educativo. Lo cierto, sin embargo, es que, no solo a la
luz de nuestro entorno sociopolítico,
sino por razón de las sacudidas que recibe la convivencia a escala
internacional, europea y española, urgen políticas que ofrezcan un sistema
moral compartido, valiosas para potenciar la tolerancia entre todos los
ciudadanos. No se cubre esa urgencia con fundamento confesional. Habitualmente
excluyente de las reglas de vida de otros, el privilegiado en España desde 1851
acumula –en un menguante panorama de practicantes- grandes parcialidades históricas y morales: curas
y obispos ultraconservadores y de aire cismático, clásicas intransigencias en cuestiones de sexo y derechos de las mujeres, y otras actitudes nada ejemplares.
El Informe RAXEN
La enseñanza pluralista en valores cívicos viene urgida por el
inquietante panorama de datos que muestra el Informe sobre evolución de los incidentes relacionados con el odio en España, 2016,
del Ministerio del Interior. Las razones de manifestaciones y delitos de odio e
intolerancia son variadas: misoginia y sexismo, disfobia y aporofobia (contra
los pobres), homofobia y transfobia, negrofobia y afrofobia, antigitanismo y
romafobia, islamofobia y otras intolerancias religiosas, antisemitismo y
judeofobia, xenofobia y populismo antiinmigrante, ciberodio -más de un millar
de Webs y sites en Internet-,
violencia futbolera ultra y hasta música racista. Los crímenes, delitos e
incidentes detectados por estos capítulos fueron 1328 en 2015 y descendieron a
1272 en 2016, pero han sido especialmente crecientes en razón de racismo o
xenofobia (+32,7%), discapacidad (+20,6%), ideología (+20,4%), y orientación o identidad sexual (+18,1%). El
Informe RAXEN, del Movimiento contra la Intolerancia que lidera Esteban Ibarra,
añade a las entre 4.000 y 6.500 víctimas de estas agresiones, la luctuosa suma de 80 fallecidos desde la muerte de Lucrecia Pérez en 1992. Si
se suman los 30 feminicidios anteriores al nueve de julio –a sumar a los 720 acaecidos desde 2007- crece la urgencia.
Se han de fortalecer, pues, las razones comunes de la convivencia
y crear una enseñanza basada en valores cívicos, asentada en los Derechos
Humanos compartidos por todos. No será porque la UNESCO no lo haya propugnado reiteradas veces, entre ellas en el consejo ejecutivo de
23.11.2015, alertando sobre lo urgente de que “los educandos sean ciudadanos
del mundo creativos y responsables”, para fortalecer la Agenda 2030 de la ONU
en pro de un Desarrollo Sostenible. Las recomendaciones del Consejo Europeo y de la UE también caminan en el mismo sentido: promoción de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, tolerancia y no
discriminación a través de la educación.
Manuel Menor Currás
Madrid, 12.07.2018
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