La ONU constata que España viola sistemáticamente el derecho a la educación de alumnos con discapacidad. "La segregación y exclusión de España de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", explican desde esta organización internacional en un comunicado.
Esta crítica se ha emitido dos horas después de que el ministro de Educación asegurase en el Congreso esta mañana, cuestionado por PSOE y Unidos Podemos, que en el sistema educativo español no existe segregación. "Nuestro sistema no segrega, el régimen de segregación es el del Apartheid de Sudáfrica".
Entre las conclusiones que destacan los observadores de la ONU, alertan de que en nuestro país se han aprobado disposiciones legales "para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general".
Además, advierten de la inexistencia de mecanismos independientes que detecten estos problemas. Esta falta de monitoreo provoca "que una vez que un estudiante abandona el sistema educativo general, él o ella permanecerá fuera". "El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidad, que no encajan en las escuelas generales, les aboca a trayectorias paralelas en la vida escolar, en el empleo y más tarde en la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes", ha asegurado Theresia Degener, presidenta del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
Investigación que se inició en 2014
Esta es una de las conclusiones a las que han llegado varios expertos de Naciones Unidas en un informe que han publicado este martes. La investigación comenzó tras una queja emitida el 2014 por una organización – no detallan cuál – de personas con diversidad funcional. El año pasado una delegación de este Comité visitó varias ciudades españoles y se entrevistas con más de 165 personas, entre ellas funcionarios representantes de asociaciones de afectados y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.
Uno de los participantes en esta investigación, Carlos Parra, ha criticado este modelo paralelo creado por las administraciones españolas. "Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera", ha incidido.
El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad considera que España vulnera la Convención que ratificó y que incluye el compromiso de garantizar que "las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita o obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad".
Para evitar esta exclusión, este organismo de la ONU insta a España "a establecer un plan de acción nacional elaborado en consulta con las organizaciones representativas de personas con discapacidad".
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