Hemos asistido a uno de los más lamentable -pero a la vez extraordinariamente esclarecedor- episodios de la desvergüenza que se ha adueñado del ejercicio de la política española, y muy especialmente de algunas comunidades Autónomas, -Valencia, Cataluña, Andalucía y en el caso que nos ocupa, la de la capital de nuestro país.
Lo primero que llama la atención, es constatar que, pese a que los robos organizados llevan numerosas décadas perpetrándose, y ejecutándose, solo hemos podido enterarnos de lo ocurrido, con veinte años de retraso, y debido a que la avaricia de algunas de las bandas rivales, organizadas para robar y delinquir, ha propiciado y permitido el descubrimiento de las fechorías de sus rivales, y de rebote, de las propias.
Cuando el paso del tiempo empieza a aclarar mínimamente lo ocurrido con el famoso masters de Cifuentes,-con el hecho decisivo de la obligada imputación de la expresidenta-, queda de manifiesto, una vez más, que los distintos comunicados y argumentos de CUPUMA, se acercan mucho más a lo realmente sucedido, que las informaciones oficiales y oficiosas, que casi siempre son una patética acumulación de falsedades contradictorias que parecen emanadas de las extraños delirios de mentirosos patológicos.
Pensamos que, en el momento actual, resulta mucho más interesante-y significativo- que tratar de insistir en el obvio comportamiento prepotente, dictatorial y egocéntrico de Cifuentes y sus subordinados, poner el acento en la importancia del caso Cifuentes entendido como síntoma y por tanto insistir en las condiciones mínimas que tenían que confluir para que lo sucedido pudiera tener la menor posibilidad de producirse.
1.- Una comunidad, la CAM, que gobierna el PP, sin la menor trasparencia, y que, con el apoyo de Ciudadanos, dedica subvenciones injustificadas- e injustificables- a chiringuitos privados, exigiendo como contrapartida las adecuadas prebendas para aquellos que les financian.
2.- Una universidad pública que crea institutos opacos con fines sustancialmente mercantilistas y clientelares y reparte dinero entre los profesores y gestores de los masters, siempre y cuando -al margen de su ideología o su pertenencia a partidos o/y sindicatos- estén de acuerdo en obedecer, cobrar y callar, institucionalizando el conocido como modelo Bankia-Caja Madrid, instaurado con notable éxito económico por el Partido Popular.
3.-Una serie de Rectores afines al PP que toleran, alientan, favorecen, y se aprovechan de este tipo de planteamientos.
4.- Que la presidenta de la Comunidad, como máxima responsable de la concesión de las subvenciones, decida que, si muchos de sus compañeros de partido ya se han visto beneficiados por los títulos generosamente expedidos por los chiringuitos subvencionados por el PP, ella no puede ser menos, y tiene más derecho que nadie a conseguir su master, sin necesidad de asistir a clase-es un master presencial- ni de examinarse, ni de hacer los indispensables trabajos exigidos.
5.- Que “esa persona de la que estamos hablando” utilice a una profesora de la URJC -en excedencia, - por su cargo de asesora del Consejero de Educación, a su vez vice-rector de la URJC en el momento de los hechos- para hablar inmediatamente con el Rector y reclamar que se pongan todos los medios necesarios para desmentir contundentemente la información publicada por el diario.es.
6.- Que el Rector Ramos siga al pie de la letra las “instrucciones” -delegadas- de la presidenta y reclame al director del Instituto-chiringuito, una inmediata solución al problema.
7.-Que, siguiendo adecuadamente la jerarquía militar, el director del chiringuito cite a sus “discípulas” en el despacho de un abogado para convencerlas de lo imperativo de resolver el tema, de forma inmediata y al precio que sea, si no quieren ver en peligro sus carreras docentes.
8.- Que el Rector, en rueda de prensa, avale la versión de Cifuentes, asegurando que solo hay un error en la transcripción de las notas, sabiendo perfectamente que eso es absolutamente falso.
9.- Que una vez que el Rector envió la falsificación del acta del trabajo de fin de master, la presidenta desafíe a todo el mundo y asegure que no está dispuesta a dimitir “porque no hay ningún motivo”, y que “piensa quedarse” y denunciar a los periodistas que publicaron la informacion.
10.- Que el resto de las autoridades de la URJC apoye sin fisuras la postura del Rector y Cifuentes, con pleno conocimiento de lo sucedido.
11.- Que, a excepción de algunas asociaciones de estudiantes, prácticamente nadie de la URJC haya sido capaz de expresar su opinión, si esta era contraria a la defendida oficialmente.
Las sucesivas noticias van descubriendo la falsedad de muchas versiones, y a partir de este momento todos comprenden que se trata de un “sálvese quien pueda”, y los implicados intentan conservar su cabeza, aunque sea a costa de poner en riesgo – u ofrendar en bandeja de plata- las de los demás.
Tras ser remitido el expediente al juzgado, y dadas las posibles condenas en juego, existe la posibilidad de que por primera vez se investigue en serio el enorme entramado clientelar creado por la CAM, con la imprescindible colaboración de algunas Universidades Públicas, dependientes económicamente de ella, y aprovechándose una vez más el modelo de Bankia-Caja Madrid, instaurado por el Partido Popular, que le permitió contar con la colaboración de miembros del PSOE, IU, UGT, CCOO ,etc. etc., y que concluyó con los resultados por todos conocidos, incluidas las condenas a los usuarios fraudulentos de las tarjetas blacks.
En estas condiciones, que la CAM insista en la necesidad de que se apruebe la LEMES, esa ley de Universidades de la comunidad de Madrid, que pretende consagrar por ley el intervencionismo y el control de las Universidades, parece, no ya un desatino, sino un monstruoso sarcasmo.
Se pretende convertir en ley los procedimientos desplegados por Cifuentes durante el mes largo que se encargó de poner en práctica su verdadera manera de entender el gobierno de una Comunidad, dejando al descubierto su íntima convicción de que gobernar es resistir a cualquier precio, aunque suponga negar la evidencia, falsificar documentos públicos, mentir permanentemente , tratar de acallar a la prensa con infundios y amenazas, comprar y extorsionar profesores, títulos, masters, etc., etc., .con tal de imponer su voluntad, asegurándose la consecución de los objetivos propuestos, sin que el precio, o los medios a utilizar, puedan presentar o suponer el menor problema.
Tras la experiencia de la LOMCE, ¿podemos consentir que se apruebe la LEMES y sirva de punta de lanza para un cambio de modelo de la Universidad Pública, con control absoluto por parte de las Comunidades autonómicas, progresiva privatización, control del profesorado por parte de la CAM, con el objetivo de implantar definitivamente la Universidad como un negocio apetecible, por encima -y en detrimento-del servicio público?
¿Podemos permitir o siquiera tolerar que se legalice la corrupción después de que Cifuentes nos diera un cursillo acelerado de su concepto de lo que debe ser el Espacio Superior de Educación de Madrid, y con qué criterios se debe regir?
¿Puede alguien, en su sano juicio, pensar que el mismo gobierno que encabezó Cifuentes, en la actualidad presidido por su mano derecha, tiene la fuerza moral suficiente para forzar la aprobación de su LEMES?
Aquellos que defendieron, una y otra vez hasta el final, tan demencial comportamiento, y expresaron públicamente su lealtad inquebrantable a Cifuentes, por encima de toda lógica, ¿poseen la mínima credibilidad exigible para que puedan convencer a los madrileños que el objetivo de su LEMES es regenerar y combatir la corrupción en la Universidad, y no para utilizarla a su capricho sin que se les caiga la cara de vergüenza?
O, más bien el sentido común, llevará a la inmensa mayoría a pensar que estamos ante un nuevo episodio que prolonga y consolida el bochornoso espectáculo ofrecido, en el que Cifuentes ha dejado meridianamente explícito que considera que la universidad debe de estar a su servicio, subordinada a sus intereses, tanto los personales, como los derivados de su condición de dirigente y responsable del PP.
14 de mayo de 2018
CUPUMA (Coordinadora Universidades Públicas de Madrid)
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