La derecha está pisando el acelerador de las agresiones a la educación pública. El paisaje lo conforma un pacto-trampa para maquillar la ley Wert -que se sigue aplicando-, una inversión educativa a niveles de hace 26 años, el refuerzo de los colegios privados concertados y una sentencia del Tribunal Constitucional que permite el despropósito de segregar por sexo en la escuela y que lo paguemos todos. El último arreón del Partido Popular contra la escuela pública va a tener respuesta. Se ha convocado una Jornada de Lucha en todo el Estado y el 8 de mayo volverá la Marea Verde a las calles.Veamos.
Hace un año, el PP propició la creación de una subcomisión parlamentaria para un supuesto “pacto educativo”. Era la forma de bloquear la exigencia de las nuevas mayorías parlamentarias que aprobaron en dos ocasiones la paralización de la LOMCE y su sustitución por una nueva ley. El PP nunca tuvo voluntad de llegar a algún acuerdo, solo de ganar tiempo y, en todo caso, intentar implicar a alguna fuerza progresista en el simple maquillaje de la ley de educación más rechazada de la democracia. Tras noventa comparecencias en la subcomisión, no se habilitó ningún procedimiento para articular una negociación que permitiera un acuerdo social para dicho pacto.
La mesa política saltó por los aires por la financiación: no se revertían los recortes, no se alcanzaba el 5% del PIB y la cantidad que proponía la derecha era mínima y condicionada en el tiempo. En paralelo, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aparecía un gasto educativo del 3.7% del PIB. PSOE, Unidos Podemos, ERC y otros grupos abandonaron la subcomisión y se quedaron solos PP y Ciudadanos que coinciden en la cuestión estratégica de reducir el peso de la educación pública. Tampoco parecía fácil el acuerdo en otras cuestiones clave como la laicidad o los conciertos a centros privados.
Mientras tanto, la LOMCE se sigue aplicando. Están siendo un fracaso para mejorar la calidad sus medidas segregadoras: los programas de mejora del aprendizaje (PMAR) y de formación profesional básica (FPB) y el 4º de ESO propedéutico. Sí tiene “éxito” en el refuerzo de la confesionalidad ya que, al ser evaluable, hace que aumente el número de alumnos que elige religión, lo que supone un adoctrinamiento a la fuerza; y están apareciendo demandas de la comunidad musulmana de entrar también en los centros públicos. Es una Ley muy poco democrática al quitar poder a la comunidad educativa y permitir que se pongan direcciones de los centros a dedo.
La aplicación de esta Ley en algunas comunidades está generando problemas por la realización de las “falsas reválidas” y pruebas externas. Estas pruebas son caras, injustas porque no miden los avances, e inútiles porque no buscan mejorar la atención o recursos de los centros, sino establecer rankings. El boicot está siendo mayor cada año en comunidades como Madrid donde CGT y CCOO, AMPAS y estudiantes han convocado un boicot y huelgas los días 24, 25, 26 y 27 de abril y 7 y 8 de mayo, para 4º ESO y 3º y 6º de primaria.
Los PGE para 2018 no solo no recuperan inversión educativa, sino que la reducen a una cifra récord: el 3,7% del PIB. Hay que remontarse a 1992 para una inversión tan baja que, además, está alejadísima de la media de la Unión Europea (5%) y de las cifras de los países con mayor calidad como Finlandia (7%). A pesar de la tan cacareada recuperación económica, el Gobierno Rajoy no ha derogado siquiera el RD 14/2012 que generalizó los recortes con el aumento de la ratio de alumnado por aula, el aumento de la jornada lectiva o la no sustitución de las bajas hasta quince días después de producirse. La derecha sigue demostrando que para ella la educación no es una prioridad. En el fondo, quiere poner en correspondencia el sistema educativo con el mercado de trabajo de las reformas laborales, basado en precariedad, rotación, bajos salarios y fuerte emigración de la juventud más formada de la historia.
Pero no solo invierten poco en educación, sino que están haciendo una redistribución a favor de la educación privada financiada con fondos públicos, conocida como concertada. En los últimos seis años, la financiación a esta red ha aumentado en 346 millones de euros, según datos oficiales, mientras que se recortaban 6.400 millones en la pública, que ha aumentado en casi medio millón su alumnado. Ha sido especialmente escandaloso en autonomías controladas por el PP, como Madrid, Comunidad valenciana, Murcia y Rioja. Un auténtico atropello. Y todo, con una interpretación torticera del artículo 27 de la Constitución que si bien reconoce la libertad de crear centros privados y la libertad de cátedra, la derecha lo interpreta como la libertad de elección. Para ellos no es otra cosa que evitar la mezcla social, hacer negocio económico e ideológico-religioso, un modelo que, por cierto, prácticamente no existe en Europa. Madrid, por ejemplo, está a la cabeza de Europa en segregación escolar socioeconómica (NOTA 1)
Para completar el paisaje de agresiones, la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional, fruto de la lotizacione con la que el bipartidismo se ha repartido los tribunales, ha dictaminado sobre la LOMCE la legalidad de financiar conciertos que segregan por sexo. Un auténtico disparate pedagógico y social, que alimenta estereotipos y sexismos, que consagra privilegios de grupos católicos ultraconservadores como el Opus Dei, y que olvida que la escuela debe socializar de forma natural.
Así las cosas, da la sensación de que la derecha conservadora tiene prisa. Es como si intuyera su debacle electoral, tras el escándalo Cifuentes, las próximas sentencias judiciales por grandes casos de corrupción, y las movilizaciones de mujeres y pensionistas. Y quieran avanzar todo lo posible en privatizar la educación. De ahí que la comunidad educativa, sindicatos de enseñantes, organizaciones estudiantiles, ampas, movimiento de renovación pedagógica y asociaciones de vecinos hayan convocado movilizaciones. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública reivindica mayor financiación, nueva Ley educativa consensuada, reversión de los recortes, bajada de ratios en las aulas, recuperación de programas de atención a la diversidad, aumento de plantillas, reducción de horas lectivas para el profesorado y más becas y ayudas al alumnado (NOTA 2)
El 8 de mayo se volverán a teñir de verde las plazas y las calles. Está en juego que haya un sistema educativo público de calidad o que se consagre la peligrosa apuesta por una educación segregada con escuelas de ricos y escuelas de pobres. La mejora de la educación pública es imprescindible para mejorar la sociedad española y su equidad.
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