Es
la época de la baratura mental. También se avecina un Black Friday educativo
La
idea es afianzar lo que hay, con la apariencia de moderno. Que la mayoría esté
contenta con una escolarización de rebajas, mientras un tercio poblacional presume de selecto.
La mercadotecnia sabe cómo hacer que todo parezca bonito, bueno y
barato. Observar, padecer o participar de lleno en la fiebre compradora enseña
mucho al respecto. Conviene aprender pronto esa lección, pues todo el año será
un Black Friday continuado, una
especie de orgía inacabable del comprar. Independientemente de si merece la
pena o es indispensable lo que compramos, allá iremos en aglomeración para no
ser infelices y, además, porque de este modo haremos crecer mucho –eso han
vendido ya- los puestos de trabajo. Por este camino –y sin advertir que lo de
la lechera era un cuento de luctuoso final-, pronto nos harán saber que no hay
otro modo de acabar con el paro laboral: como si todo fuera cosa de aumentar
ligeramente el promedio de 230 euros de promedio de gasto que estiman
gastaremos los españoles en esta compulsiva fiesta comercial.
Como cuando Claudio
Moyano
No suelen contar, para que no dudemos de tantos beneficios
inefables, la explotación laboral que conlleva la mayoría de estos nuevos
“trabajos”, su estricta precariedad y condiciones contractuales a menudo
fraudulentas, inadvertidas por las
inspecciones de Trabajo y por los bien engrasados resortes mediáticos
encargados de dejar en la nebulosa del incienso los salarios traspapelados en
temporalidades que no se pagan y que hay que trabajar. Sin embargo, como andamos de neolenguajes, y
entre tanta modernidad denominativa no conviene perder el sentido, vaya por
delante que no todo es adelanto. A menudo, puede ser una barbaridad lo que, en
medio del glamour advenedizo de una
motivación exótica, nos pueden querer colar, ya sea con el Thanksgiving, el Black Friday,
el Cyber Monday o con la intensa
devoción que por un pacto educativo le ha entrado a este ministro de Educación y
de otras variopintas competencias. Tantas son y tan al servicio de lo que haya
de decir como Portavoz del Gobierno, que -en medio de tanta adaptabilidad a las
pautas americanas-, recuerda al que fuera Ministro de Fomento en el siglo XIX,
el zamorano Claudio Moyano, de quien lleva nombre la primera ley general
relevante en la educación española.
En un reciente acto en la Universidad de Valladolid, -donde había sido rector Don Claudio-, se le
alabó especialmente esta ley de 1857 y, como en muchas otras ocasiones en que
se le menciona, se obvió decir que anticipó la irrelevancia que se daría a los
asuntos educativos en las instancias políticas. Aquel Ministerio de Fomento era
un conglomerado constituido a cuenta de
competencias de otras instituciones del absolutismo, cuando Fernando VII
estaba casi en las últimas, en la pretensión de que enjalbegara de urgente
modernización la cerrada tosquedad que mostraba el Estado. Desde su sede en el palacio que había sido de la Inquisición, Fomento trató de racionalizar y proteger “todos los intereses
legítimos y los agentes inmediatos de la prosperidad”, pero con límites y condicionantes tales que el papel asignado a los asuntos
educativos fue prácticamente nulo. Mesonero Romanos lo deja traslucir en Memorias de un setentón e, incluso, en
su Manual de Madrid. Por otro lado,
si el Estado de la segunda mitad del siglo XIX apenas se preocupó de las tasas
de analfabetismo existente, ya se había condicionado a sí mismo en el terreno
de la instrucción con las cesiones de soberanía que había hecho al Vaticano en
el Concordato de 1851. La famosa ley educativa -además de no ir acompañada de
presupuesto económico- dejó campo abierto a la iniciativa privada y,
particularmente, a las asociaciones y órdenes religiosas, como estudió Yvonne
Turin en 1963. Y también alentó la fiebre legislativa alternante y contraria
que se puso de moda enseguida: baste recordar que nuestro primer ministro de
Educación en 1900, García Álix, en apenas seis meses que duró en el cargo –otra
constante de la época-, emitió 308 decretos que muy pronto iban a ser
sustituidos por otros y que, cuando su sucesor pretendió regular en igualdad de
mérito variables como la “libertad de centros”, el intento fue cortado con todo
tipo de querellas y otras modalidades belicosas. Es en ese contexto de una
legislación condicionada e indecisa en el que la historia de la Instiución Libre de Enseñanza, su
nacimiento en 1876 y buena parte de sus desventuras tuvieron su raíz. E igual
cabe decir de los intentos de la II República por la dignificación de la
enseñanza pública, depurados y –como dijo Ibáñez Martín en la inauguración del
curso 1940-41- “amputados con energía”, pues de “envenadores
del alma popular” se trataba, según ya había escrito José María Pemán en 1936. De
ahí que nada de la actual estructura del sistema educativo establecido en 1978
sea gratuito, ni que tampoco sea casual Méndez de Vigo en la c/ Alcalá, 34.
Un consenso de Black Fryday
No hacía falta, pues, la aparente modernidad de un Black Friday en Educación, que es lo que
parece vaya a ser el texto consensuado que en abril –o algo antes- le hagan
llegar los partidos a este ministro como propuesta de Pacto en que apoyar una nueva ley. Sería la 12ª, un
signo claro de que el supuesto pacto residenciado en el art. 27 de la
Constitución tiene muchos agujeros en demasiados aspectos. Sin tanta alharaca,
y si hubieran analizado en detalle las razones de la falta de consenso que
persiste en los asuntos educativos,
hubieran advertido que allí se dieron por válidas -por desigualdad de peso
específico de los firmantes y cuando también aquí estaban en marcha los
Acuerdos con el Vaticano-, una serie de pautas que son las causantes de muchas
de las carencias existentes. No de todas, desde luego, pero sí de bastantes y
muy significativas. El argumento de la tradición, reafirmado por estos 40 años
últimos , a lo que se ve tiene vocación de futuro en la estructura educativa
española. Durante mucho tiempo una cosa fue “ir al colegio” y otra muy
diferente “ir a la escuela”, y ahora parece volver a imponerse –en lenguaje democrático extraño- que una cosa
siga siendo ir a la escuela pública y otra muy distinta el enviar los niños y niñas
–separados, incluso- a colegios concertados o privados. Y ya se verá cómo se
cuenta que todo se ha de seguir haciendo a cuenta del mismo erario público.
El problema es que, si la
tradición vale en determinadas asociaciones como argumento doctrinal de
cohesión y de fe, en cuestión de políticas educativas democráticas lo único que
cabe invocar es la racionalidad contable, justa y equitativa,. Si de un único
sistema educativo hablamos, no son inteligibles privilegios que adulteren la
responsabilidad del Estado en la defensa y protección de los derechos de sus
ciudadanos, ni tampoco que este haga dejación de su neutralidad doctrinal al
menos en lo que atañe a la estricta red de enseñanza pública. Lo que está
tratando de reafirmarse en este momento, sin embargo -y que habría de evitarse-
es que estos derechos continuaran solapados en un discriminatorio Black Friday educativo, en que los más se contenten con ir a unas rebajas
y los muy pocos –cada vez más selectos, por más segregados del resto- traten de
sostener a toda costa un certificado de excelencia por una vía de la diferencia
que, a ser posible, lleve el marchamo religioso en los primeros años escolares
y, a continuación -si Dios lo quisiere-, mediante Universidades y MBAs de indiscutido
posicionamiento en el top socio-económico. Un pacto con tales supuestos es un
mal apaño que pronto volverá a ser objeto de recriminaciones de todo tipo. Como
tantas otras veces en el pasado, volverá a ser algo provisional, demostrativo de
que la Educación sigue siendo asunto irrelevante en la política española.
De “envidias
igualitarias”
Los tiempos convulsos en que vivimos son propicios a la pérdida
del seny o del sentidiño, que dicen
en Galicia, cuando de asuntos importantes se trata. Algún ilustre político ya
hizo notar hace años, cuando se iniciaba en el arte de la impasibilidad y en la
técnica de los “hilillos de chapapopte”, que para mantenerse en el inestable candelabro valía
argüir, cuando de derechos derechos sociales se tratara, con la “envidia igualitaria” de los otros, “este gran mal”. Ahora mismo, y tal vez
por ello, hipócrita parece celebrar el día internacional contra la violencia de
género si también esta aspiración se introduce en ese constructo negacionista,
causante de tantos desastres en nuestro mundo: 55 asesinatos ya van este año, amén de nueve menores de edad por este capítulo.
Las manifestaciones del día 25 han mostrado cifras muy altas en todo el mundo
y a muchos les vale como excusa. Cuando se acuerdan de que es urgente poner
remedio, apelan a lo bien que vendría una buena educación. La mencionan,
plantean un protocolo –que les sirva de salvoconducto irresponsable- y la dejan
en el mismo vacío de cuidados.
Cuando tan bien decían que iba la recuperación económica, sin
embargo, nos han recriminado que seamos el estado europeo en que más ha crecido
la desigualdad. Todo
un récord de excelencia democrática. Raro es, igualmente, que este año el
Informe PISA-2015 –tal como lo han traducido los medios- no haya destacado que el
sistema educativo español sea de los más igualitarios si se tiene en cuenta el
nivel socioeconómico del país. ¿Es que sería peligrosa esa línea de actuación?
¿Y no resulta extraño que sea preciso este informe de la OCDE para decir algo que todo profesor ha visto desde hace
años ante sus ojos de continuo: que las chicas suelen ser más colaborativas que
los chicos en asuntos como la resolución de problemas, pero que también podrían
destacarse en otros muchos aspectos escolares?
En suma, esta nebulosa no debiera impedir ver que el Black Friday de la educación española no
es nuevo. Está en marcha desde hace tiempo y sólo falta la oportunidad para que
se oficialice su flexible adaptabilidad a lo moderno. Una educación altruista es
más costosa y, sobre todo, no agrada a quienes lamentarían que el sistema educativo
pudiera ser un efectivo instrumento
inclusivo, equitativo y de calidad.
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