"La desastrosa gestión educativa de Cifuentes" (por Agustín Moreno para CUARTO PODER)

Reproducimos este artículo del compañero Agustín Moreno, publicado en CUARTOPODER.ES

«El inicio del curso escolar en la CAM ha sido un desastre por la incompetencia de la Consejería de Educación y la política de agresión a la educación pública».

«Siendo Madrid la CA con mayor renta per cápita está, junto con Andalucía a la cola en inversión: 4.443 euros por alumno, en 2014, frente a los 8.978 del País Vasco».

«La Francia del neoliberal Macrón ha puesto una ratio de 12 alumnos y dos profesores por aula en los centros de difícil desempeño, como algunos de Vallecas».


El comienzo del curso escolar en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha sido un auténtico desastre por la incompetencia de la Consejería de Educación y la política de agresión a la educación pública. Se siguen padeciendo los problemas derivados de los recortes y la implantación de la LOMCE. A ello hay que sumar la escolarización desequilibrada, una privatización que no cesa, los incumplimientos en la construcción de infraestructuras, los raquíticos presupuestos educativos y la ausencia de diálogo.

Los recortes han continuado. Los cupos que llegaron en julio disminuían en dos o tres el número de profesores en muchos centros. Algún equipo directivo se plantó, amenazando con dimitir y recuperaron los profesores recortados; los que no lo hicieron, los han perdido y han tenido que aumentar ratio, suprimir desdobles, laboratorios, etcétera. El curso comenzó sin todo el profesorado en sus puestos, incluidas bastantes tutoras. Se han incumplido los acuerdos con los sindicatos de aumento de plantillas, especialmente en atención de la diversidad.

Las cosas no pasan por casualidad. La perspectiva es seguir reduciendo la inversión educativa: el Gobierno Rajoy se ha comprometido con la Unión Europea a bajarla hasta el 3,7% del PIB. Ello supone la menor inversión de los últimos 20 años y consolidar un recorte de 9.000 millones de euros, que nos deja a un nivel inferior a los de Bulgaria y Rumanía. Y si España invierte poco en educación el gobierno del PP gasta aún menos en Madrid. Siendo la comunidad con mayor renta per cápita está a la cola en inversión de toda España, junto con Andalucía: en 2014, Madrid invirtió 4.443 euros por alumno, frente a los 8.978 del País Vasco. Si además se siguen derivando recursos públicos a la educación privada-concertada, y que dentro de la pública se da más a quien menos lo necesita (centros bilingües o de excelencia), tenemos una radiografía de la desigual realidad educativa que está construyendo el PP.

En cuanto a la LOMCE, sus efectos segregadores se han dejado sentir en el fracaso de los nuevos itinerarios de PMAR y Formación Profesional Básica, la reducción de alumnado en 1º de bachillerato por la implantación del itinerario no académico de 4º de ESO. Hay que añadir la incertidumbre con las pruebas externas y reválidas, la reducción de la democracia en la elección de los equipos directivos y el reforzamiento coercitivo de la asignatura de Religión.

La Consejería ha seguido resistiéndose a la demanda de las familias, barrios y localidades de creación de infraestructuras educativas. Cuando se ve obligada a construir, la chapuza en la contratación hace que no se acaben las obras en los plazos previstos y no se pueda comenzar el curso; se ha llegado a derivar a alumnado hacia centros concertados. Estamos hablando de 25 centros sin terminar, como denuncia la Plataforma de Centros Públicos educativos. Se cierran centros injustificadamente como el IES Pérez Galdós, y grupos en escuelas e institutos públicos. Ello supone una reducción de la oferta de plazas públicas, que es especialmente grave en el caso de la Formación Profesional.


El maltrato al profesorado es una constante. Recortes de plantilla, altas ratios, no reducción de la jornada lectiva, adjudicaciones de plaza con frecuencia irregulares y sin transparencia, nombramientos tardíos de profesorado interino, abundantes jornadas parciales (medias o tercios), etcétera. Ni la peor empresa privada trata tan mal a sus trabajadores como esta administración, algo que no solo es un error de gestión, sino que denota el desprecio hacia la educación pública.

Esta política educativa segregadora ha propiciado la propuesta de una Iniciativa Legislativa (IL) por una Educación Inclusiva o ha hecho estallar de indignación a barrios como Vallecas por la escolarización desequilibrada entre la doble red (pública-concertada), generadora de grandes desigualdades sociales. La IL por la inclusividad se ha presentado en la Asamblea de Madrid el 17 de octubre, aprobada por 40 ayuntamientos y por más de 200 entidades. Habrá que estar atentos al debate.

La Plataforma de Vallecas por la Educación Pública viene pidiendo reiteradamente una reunión a Cristina Cifuentes, sin ser atendida. Pero la presidenta se dignó a ir al barrio a repartir banderitas y proclamar las bondades de la educación. Estamos acostumbrados a casi todo, pero hay políticos que nos sorprenden por su desconocimiento o desfachatez para negar la realidad. La Plataforma mantuvo el 5 de octubre un encuentro con la administración educativa. Sus demandas son muy claras: Vallecas debe de ser una zona escolar libre de recortes, se debe invertir más y el alumnado con necesidades educativas se debe escolarizar equilibradamente entre los centros públicos y los privados sostenidos con fondos públicos. De nada sirve que se aporten el dato de que más del 80% de esos alumnos es asumido por la pública, generando una tendencia a crear guetos. O que la Francia del neoliberal Macrón haya puesto una ratio de 12 alumnos y dos profesores por aula en los centros de difícil desempeño, como algunos de Vallecas. Cuando la administración educativa es una alfombra del poder político, su sordera ante las demandas educativas es infinita.

Ante este panorama, hay que reivindicar que los efectos más calamitosos de comienzo de curso han podido paliarse gracias al sobreesfuerzo del profesorado y las familias. Se ha intentado que la incompetencia de la Administración y el incumplimiento de su propia legalidad afecten lo menos posible al alumnado y a la calidad educativa. Pero continúan los ataques, ahora con un burdo chantaje para que los sindicatos firmen un acuerdo educativo que consagra la LOMCE, para cumplir un acuerdo sectorial acordado con ellos el curso pasado. Así las cosas, para defender el derecho fundamental a una educación de calidad, es necesario mantener la movilización contra un gobierno regional enemigo de la escuela pública. Nos jugamos el futuro.