Desde Asamblea de Marea Verde de Madrid denunciamos las "irregularidades" que se han producido en el nombramiento de interinos para el presente
curso 2017/2018, muy especialmente en dos aspectos: la tardía
incorporación del profesorado interino (en muchos casos pendiente
aún hoy), la vulneración prácticamente sistemática del decreto de
especialidades (RD 665/2015 de 17 de julio)
y el aumento de la precariedad laboral.
En el
primer caso, ya desde julio los nombramientos fueron clamorosamente
escasos, especialmente los de asignaturas no instrumentales (por
poner un ejemplo, no se nombró ni un solo interino para la
asignatura de latín). Esto implica, a su vez, varios factores: por
un lado, que, de estos interinos, los que hayan tenido plaza el año
anterior son necesarios para firmar las actas de septiembre, algo que
en buena justicia no están en el deber de hacer, dado que su
nombramiento (prorrogado a última hora) expiró el 31 de agosto y
los primeros días de septiembre se encuentran en el paro; por otra
parte que, puesto que los llamamientos comenzaron el día 12 de
septiembre (el día 13 empezaba el curso), las incorporaciones han
tenido lugar a última hora y, en consecuencia, no se ha dado
posibilidad para el reparto de asignaturas y horarios (con el
consiguiente retraso en la elaboración de programaciones didácticas,
la planificación de actividades extraescolares, grupos de refuerzo,
etc.). Todo esto sin tener en cuenta las graves irregularidades que han tenido lugar en las convocatorias y los nombramientos en
sí.
Por
otra parte, en el reparto de asignaturas se está pasando de la irregularidad a la ilegalidad más flagrante:
la Administración está promoviendo indirectamente que se asignen
materias impropias de su especialidad, algo que entra en conflicto
con el RD antes citado. Aunque la responsabilidad legal recae sobre
la dirección de los centros (que propone el reparto) e inspección
educativa (que lo aprueba), desde AMV queremos poner de manifiesto
que son muchas las direcciones de los centros que se enfrentan a la
Administración a fin de conseguir los profesores necesarios para el
buen funcionamiento de su centro. La contratación de estos docentes
muchas veces es denegada por la Consejería, lo que deja en una
situación de indefensión tanto al centro que debe hacer un reparto
de asignaturas sencillamente ilegal y al profesor que, pese a no ser
especialista en la materia, se ve en la encrucijada entre aceptar la
ilegalidad o rechazar el trabajo.
Y
en tercer lugar, el aumento de la precariedad laboral por el
incremento de plazas compartidas, medias jornadas, incluso jornadas a
un tercio. Debido a esto, Cifuentes y Van Grieken se vanaglorian del
aumento del número de docentes, cuando están troceando las
vacantes.
Denunciamos,
pues, que esta situación continúa la estrategia de desmantelamiento
de la educación pública (como se ve en la reducción de presupuesto
en beneficio de la enseñanza concertada, en los recortes en
mantenimiento de infraestructuras o en el cierre de centros como el
IES Pérez Galdós, solo por citar algunos casos), que sumada al
progresivo establecimiento de una segregación so capa de
implantación del plan bilingüe, redunda en ensanchar la brecha en
desigualdad social y devaluación de la enseñanza. Consideramos que
los docentes tienen derecho a unas condiciones laborales dignas y los
alumnos a una enseñanza pública de calidad, única forma posible de
que esta funcione como integrador social.
Por todo
lo anterior, exigimos a la Consejería de Educación que respete a
sus usuarios, que respete a sus trabajadores y, sobre todo, que
respete la ley. Solo el refuerzo de la enseñanza pública hará que
el gobierno de la Comunidad de Madrid esté a la altura de sus
ciudadanos, solo el ejemplar cumplimiento de la legalidad hará que
tenga legitimidad para aplicarla.
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