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domingo, 24 de septiembre de 2017

El caótico inicio del curso escolar es responsabilidad de Cifuentes (Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid)

La Asamblea Marea Verde denuncia que el comienzo del curso escolar 2017-2018 en la comunidad de Madrid ha sido un auténtico desastre por la incompetencia de la consejería de Educación y la política de agresión a la educación pública. Se siguen padeciendo los problemas derivados de los recortes, la implantación de la LOMCE, la escolarización desequilibrada, la privatización que no cesa, los incumplimientos en la construcción de infraestructuras, los raquíticos presupuestos educativos y la ausencia de diálogo.

En primer lugar, han continuado los recortes y la aplicación de la LOMCE. Siguen faltando profesorado al comienzo del curso incluidas bastantes tutoras en primaria, no se han cumplido los acuerdos de aumento de plantillas, especialmente en atención de la diversidad, lo que da lugar a unas ratios de alumnado por clase muy elevadas, a la reducción de desdobles y a la falta de otros profesionales educativos. En cuanto a al LOMCE, sus efectos segregadores se han dejado sentir en el fracaso de los nuevos itinerarios de PMAR y Formación profesional Básica, la reducción de alumnado en bachillerato por la implantación del itinerario no académico de 4º de ESO, la reducción de la democracia a la hora de elegir los equipos directivos, las incertidumbres con las pruebas externas y reválidas y el reforzamiento coercitivo de la asignatura de Religión católica.

Los datos están ahí: la comunidad de Madrid es la que menos invierte en educación, junto con Andalucía, de toda España. Y las diferencias son muy grandes. Según los datos de 2014, Madrid invierte 4.443 euros por alumno, frente a los 8.978 del País Vasco.

Si a lo anterior le unimos que se siguen derivando recursos públicos a la educación privada-concertada, y que dentro de la pública se da más a quien menos lo necesita (como a los centros bilingües) tenemos una radiografía de la realidad educativa que está construyendo el PP en Madrid. Los centros concertados no asumen la escolarización del alumnado con necesidades educativas y de compensatoria. Ello atenta contra una escuela no segregadora y ha obligado a poner en marcha una ILP que apuesta por la inclusividad y ha llevado a barrios como Vallecas a estallar de indignación ante una política de acoso a la escuela pública y generadora de grandes desigualdades sociales.

El maltrato al profesorado es una constante. Los cupos de profesorado en muchos centros suponen recortes. No se ha reducido la jornada lectiva, la recuperación de una hora lectiva para las tutorías de 1º, 2º y 3º de la ESO se hace sin dotar a los cupos de más plantilla. Las adjudicaciones de plazas han sido con frecuencia irregulares y faltas de transparencia. Y lo están sufriendo especialmente las especialidades de Música y Dibujo, afectando a funcionarios de carrera y profesorado en expectativa ignorado como las Humanidades por este gobierno. Mucho profesorado interino aún no ha sido nombrado, abundan las jornadas parciales y se han generado muchos agravios comparativos. Ni la peor empresa privada trata tan mal a sus trabajadores como esta administración, algo que no solo es un error sino que denota el desprecio hacia la educación pública.

En el plano de la creación de infraestructuras educativas sigue la política de la consejería de resistirse a admitir la demanda de las familias, los barrios y localidades. Cuando se ven obligados a hacerlo la chapuza en la contratación hace que no se acaben las obras en los plazos previstos y queden a medio construir sin poder comenzar el curso y derivando el alumnado hacia centros concertados. Estamos hablando de 19 centros sin acabar de construirse, como denuncia la coordinadora en Defensa de Centros Públicos educativos. También han seguido cerrando centros injustificadamente como el IES Pérez Galdós, así como grupos en escuelas e institutos sin negociar con las comunidades educativas correspondientes. Esto conduce a una reducción de la oferta de plazas educativas públicas, que es especialmente grave en el caso de la Formación Profesional.

Solo han podido paliarse los efectos más calamitosos gracias al sobreesfuerzo de muchos equipos directivos y del profesorado y las familias que han intentado que la incompetencia de la administración y el hecho de que incumplan su propia legalidad afecten lo menos posible al alumnado y a la calidad educativa. Para defender el derecho fundamental a una educación de calidad, urge empezar a preparar la movilización contra un gobierno regional enemigo de la escuela pública.

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