Una vez más comenzamos el curso escolar con las ya de por sí exiguas plantillas de los centros educativos incompletas. Gran parte del alumnado de Primaria no conocerá a sus tutoras en los primeros días de clase, muchos centros tendrán que hacer equilibrios para suplir la falta de profesorado de determinadas materias. Eso sí, los primeros actos públicos para asignar vacantes corresponderán a la asignatura de Religión católica. En fin.
¿Qué es lo que ocurre? ¿No se conocen las necesidades reales de los centros? A finales del curso pasado se enviaron las previsiones de necesidades de plantilla, que ya tenían en cuenta las muy restrictivas instrucciones en cuanto a la posibilidad de agrupaciones flexibles, optativas con “poco” alumnado, reducción de ratios (siempre se debe tratar de ahorrar en grupos, aún a costa de sobrepasar los límites legales) ¿Acaso no hay suficientes docentes dispuestos a trabajar? Claro que sí: funcionarios interinos y de carrera de determinadas especialidades esperan a ser llamados para poder desempeñar su labor en unas condiciones muchas veces lamentables, sin seguridad jurídica de ningún tipo, sin posibilidad de desarrollar proyectos a medio plazo. La Administración apura hasta el último momento (y más allá de lo tolerable) para colocar las piezas en los huecos disponibles, siempre con el ahorro en mente. Ahorro que pagan tanto nuestros menores, por la escasez de medios que se ponen a su disposición, como las docentes que ven, año tras año, que su función es mucho menos importante que el balance final de unos presupuestos que chorrean millones en otros apartados menos virtuosos que la Educación.
No son novedosos tampoco los problemas con las infraestructuras educativas. Extensas zonas de nuestra Comunidad no cuentan con Institutos de Secundaria (Loeches, Montecarmelo, Rejas o La Garena). Centros de Arroyomolinos, Paracuellos, Las Tablas o Ensanche de Vallecas no podrán abrir a comienzos de curso: en algunos casos, se reubica al alumnado en centros concertados. Obras de ampliación que ya duran varios cursos, sin que se cumplan las promesas de finalización en Getafe, Leganés, Montecarmelo, Coslada y Villaverde, obligando en algunos casos (Valdemoro y Las Rozas) a utilizar barracones de obra. O centros como el CRA El Jarama, “creado” el 31 de agosto y con una dirección impuesta contra la totalidad del claustro, que no cuenta con personal ni con recursos suficientes.
No se puede entender esta situación como dejadez o incompetencia: hay que inscribirla en el proceso de privatización de los servicios públicos en el que, en esto sí, nuestra Comunidad sigue siendo lideresa. Mientras que la inversión en infraestructura pública ha pasado de 210 millones en 2009 a 70 en 2017, la Comunidad de Madrid cuida con primor a la concertada: aumento de 210 aulas (a sumar a las 762 creadas en los dos últimos años) y 15 millones de euros más en su presupuesto (llegando casi a 1000 millones).
Todos estos problemas vienen repitiéndose cada año: las respuestas de la administración, más o menos desdeñosas, suelen limitarse a quitar importancia a los problemas o culpar a otros. Esclaro que no piensan hacer nada por evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, pues no constituyen ningún problema para ellos.
Por ello, el Sindicato de Enseñanza de Madrid de la CGT pide la dimisión del Consejero Rafael van Grieken. Los cambios necesarios sólo se producirán si somos capaces de movilizarnos y organizarnos más y mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. A eso os animamos.
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