El compañero Manuel Menor nos envía este artículo:
Se reanudan los trabajos
de la Subcomisión parlamentaria por un Pacto educativo. También la expectativa
de que no aumente la decepción.
El comienzo del otoño viene coloreado este año de cansancios y
olvidos que, si no se remedian, alcanzarán más pronto que tarde cambios
climáticos nada propicios par la convivencia colectiva. El problema no es del
día 1-O, sino de lo que seamos capaces de armar desde el día siguiente. Las
circunstancias que han propiciado ese momento hosco habrán de revisarse a fondo
si se está por fomentar una unidad consistente de los distintos territorios que
merezca la pena. De proseguir el itinerario emprendido para este duro presente
será difícil restablecer unas condiciones en que todos se sientan parte de lo
mismo: es evidente que con el mero recurso a la legalidad ordenancista no es
suficiente.
El reglamento
La decisión de recurrir constantemente a la intangibilidad de lo
legislado en otro momento nunca ha sido suficiente para atender a las
variaciones que la necesaria evolución de los acontecimientos haya ido
imponiendo de continuo. Ni siquiera en la etapa franquista fueron capaces de
sostener aquel tinglado sin adaptaciones reformistas de lo suyo. El paso del tiempo
y el peso de lo que en otra circunstancia era irrelevante pero que ahora tiene
relieve –o la necesaria variabilidad de los componentes que intervienen en las
modulaciones de las formas de vida- hace imprescindible que las decisiones políticas
se acompasen al ritmo de ese torrente
vital. Salvo que se prefiera la obsolescencia que impone el atenerse a la
literalidad reglamentista, pese a que pueda erigirse en motivo rupturista.
Esta actitud suele ir acompañada de planteamientos conceptuales absolutos.
Es propia de los poseedores exclusivos de la certeza, nada propicios para
compartir ni acompañar en el camino vital a otros. Este tipo de determinaciones
políticas las generan gentes y grupos que resultan beneficiados con que todo
siga intacto. Incluso en coyunturas formalmente democráticas favorecen su
posición dominante y se corresponden mejor con su manera de procurar que los
demás se atengan a lo que ellos deciden que es la verdad.
El pretexto y la ocasión puede ser cualquiera, pero la actitud
siempre es la misma y, de inmediato, las posiciones que se producen suelen ser
muy antagónicas, casi siempre abocadas al desencuentro y a la imposición más o
menos arbitraria. Da igual: siempre maduran mediante la intimidación de la
fuerza y la escalada del miedo. En este momento, la cuestión que ocupa casi
todo el escenario mediático es la de las relaciones
con Cataluña. Pero no se debiera olvidar que, simultáneamente, hay asuntos
de tanta o mayor importancia que están siendo ocultados a la atención pública a
causa de esta urgencia. Entre otros, la precariedad de los pocos empleos que se
generan, las distancias sociales crecientes o los derechos sociales
disminuidos. La cuestión de la enseñanza pública, en creciente asalto de las
privatizaciones y recorte de medios, no es asunto menor. Y tampoco lo es que
todo ese conjunto de desatinos e incertidumbres, que ha de sufrir especialmente
la mayoría del pueblo llano, haya de convivir con los perjuicios que plantean
los casos de corrupción y asalto al erario público, con la derivación hacia un creciente desapego ciudadano hacia la vida
política.
La cronificación de los recortes
A la España de 2017 le sucede algo muy similar a lo que acontece
con el curso escolar que lleva el mismo guarismo. Es más: lo que está
aconteciendo en ese microcosmos de la educación es una metáfora de lo que
sucede en otros planos más amplios. La LOMCE –la ley vigente- sigue en vigor
pregonando la “mejora del sistema educativo”, pero la
inversión se congela y los recortes se cronifican. Lo que equivale al truco
de siempre: lo bueno, bonito y barato siempre perjudica, sobre todo, a los más
débiles y más crédulos. Si en relación con el PIB la evolución del gasto
público educativo ha bajado desde 2009
hasta ahora sistemáticamente, pese al supuesto crecimiento final de este
indicador; si entretanto se ha sostenido e incluso se ha acrecentado levemente
el de los conciertos educativos, cosa que en Madrid, Cataluña o Valencia, ha
sido más contundente; si el alumnado matriculado en los centros públicos ha ido
en aumento en estos mismos años desde 2009; si el gasto público en atención a
la diversidad ha servido para afianzar la desigualdad; o si han disminuido los
becarios, las becas y sus cuantías y, además, no se recupera el empleo docente
y aumenta su temporalidad pese al acuerdo firmado en marzo de 2017, no se puede decir que España vaya bien, ni que
todo sea cuestión de unos problemillas que estamos a punto de resolver con las
reformas emprendidas.
Lo que sugiere lo acontecido con los asuntos educativos es que hay
problemas de fondo, más estructurales, que no se arreglan, como se pretende,
con un juego terminológico que remita a la legalidad vigente. El diálogo
político atento a los problemas de todos es más duro e incómodo, pero es lo que
se echa en falta si de una España de todos se habla, pues las diferencias en
financiación, infraestructuras y servicios son muy dispares
de unas Comunidades a otras. Y de entrada hay que añadir, además, que los
costes de esta crisis que venimos soportando desde 2009 ha sido soportada
sustancialmente, en unos y otros territorios, por los grupos sociales menos
favorecidos, como hace visible el Informe FOESSA-2017 sobre “Desprotección
social y estrategias familiares”. El análisis de la inversión pública en educación
que acaba de hacer púbica FE-CCOO con motivo del inicio de este curso académico
incide en que es el derecho universal a una educación digna el que los más
débiles no han logrado disfrutar, mientras otros segmentos sociales apenas han
notado su carencia. En definitiva, entre relatos y contrarelatos, lo
constatable es la desigualdad de trato y el poco interés en ponerle remedio
ajustado.
Acuerdos concretos para
un pacto
Manuel de Puelles acaba de recordar en la Subcomisión parlamentaria por el Pacto
Social y Político en Educación la irresistible seducción por solucionar cuestiones
relevantes con la mera legislación. Tal tentación no ha impedido que nos
encontremos con problemas de difícil
solución si no se alcanzan, al menos,
algunos “acuerdos pragmáticos concretos” ni si, en el medio plazo, no se revisa
lo acordado en el artc. 27 de la Constitución. Puede que no sea este el momento
adecuado para tener en cuenta los incumplimientos. Pero es que desde 1978 nunca
hemos tenido tiempo para ello, lo que en sí mismo constituye un problema más
serio: en casi 40 años –tantos como los de la etapa franquista- no se han logrado casar satisfactoriamente
dos pretensiones primordiales en un sistema democrático como la universalidad y
la igualdad educativas en libertad.
Sin entrar en un acuerdo en profundidad del artículo 27, siempre
que las partes ansíen de verdad un pacto educativo el no plantear ahora un
cambio constitucional “no resta, sin embargo, la posibilidad de llegar a un
acuerdo en la interpretación de este artículo”. En esa dirección, se ha de ser consciente, de
todos modos, de que no es la primera vez que se sueña con un pacto en este
ámbito. El incumplimiento de lo pactado en la Constitución hizo
que se intentara en 1997, y que lo rechazara Esperanza Aguirre; también lo
propuso el Consejo Escolar del Estado
en 2004, con Marta Mata todavía en su presidencia; y volvió a tratar de
lograrlo Ángel Gabilondo en
2009 sin que lograra sacarlo adelante. E igualmente se ha de advertir que,
para lograr algo efectivo y no meramente cosmético, en esta Subcomisión hace
falta algo más que formalismos. En lo
que le reste de trabajo, no debiera
convertirse en mera catarsis particular, reducida a oír voces contradictorias. Peor sería que se quedara en dilación de pura
distracción, nada terapéutica.
Se podría empezar, en consecuencia, por “fijar los procedimientos
para los acuerdos y consensuar las propuestas de contenidos de esos acuerdos
concretos”. Si el theatron griego era
un espacio para ver y la paideia lo
que todo ateniense debía saber, la experiencia visual y auditiva que proporcione
esta Subcomisión parlamentaria propiciaría de este modo el clima adecuado para
establecer las políticas que permitan mejorar el sistema educativo en el sentido de
cumplir lo que, en principio, trató de casar el artc. 27: su igualdad en la
libertad.
Esperemos que este curso sea más fructífero en esa dirección y
que, para ejemplo, la LOMCE sea derogada pronto. De no seguirse esta secuencia
propiciadora de la filía o
fraternidad democrática, la educación española seguirá haciendo contemplar desajustes
derivados de la inequidad creciente que privilegia. Pese al espectáculo que
acaba de reanudarse en el Parlamento, seguirá traduciendo un entendimiento
sesgado de la libertad de enseñanza, por aristocratizante y segregador. Bien
merece la pena limitar el malestar híspido y displicente que, en vísperas del
1-0, se vive estos días especialmente en la historia particular de Cataluña y,
por reflejo, en el resto de las comunidades españolas. Para algo útil debiera
servir esta mala experiencia.
Manuel Menor Currás
Madrid, 17.09.2017
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