Un “pacto educativo”
relevante no se logra desde “impactos” aleatorios
La Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica resulta más
oportunista que esclarecedora de lo que puede aportar hoy el confesionalismo
educativo.
“Detrás de cada X hay una historia”, anunciaba un franja lateral
del ABC digital este pasado día
02.03.2017 por iniciativa de Xtantos, una
web bajo la que hay “una llamada a contribuir con la labor de la Iglesia
católica: millones de personas que luchan por hacer una sociedad mejor por amor de Dios”.
IRPF “aconfesional”
El precedente de esta
campaña publicitaria es la disposición adicional 46ª de los PGE correspondientes a 2016, que mostraba, igual que ha sucedido desde la Ley
de Presupuestos del 28.12.2006, la revisión que se había hecho al alza, hasta
el 0.7%, de la asignación tributaria que la Iglesia percibía “provisionalmente”
desde 1988. Hasta entonces era el 0,5239% del IRPF de las personas físicas que
marcaran la casilla correspondiente al “sostenimiento de la Iglesia”.
Desde enero de 2007 esa reformulación tiene “carácter indefinido”
y en su origen está el “desarrollo de lo previsto en el artículo II del Acuerdo
entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero
de 1979”. Incluyó, además, que no hubiera merma de lo percibido el año
anterior; se regularizaría todos los años con referencia “a la última
liquidación practicada”. Nunca en estos acuerdos se excluyeron otras
aportaciones en forma de exenciones y recursos a cuenta de Hacienda u otros Ministerios,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos u otras instituciones públicas, incluidos
los conciertos educativos de los “colegios católicos”. Ni se contabilizaron los
ingresos y estipendios que la Conferencia Episcopal, las Diócesis o que los
religiosos y sacerdotes pudieran percibir de las demandas de culto litúrgico -como
bautizos, bodas y funerales-, amén de limosnas, donativos, fundaciones o
legados que los fieles o devotos tuvieran
a bien darles o legarles a cambio de diversos actos rituales, devocionales o
procesionales.
Antes de que se ratificara el acuerdo de 28.07.1976 y se llegara a
los cuatro Acuerdos vigentes entre España y la Santa Sede el 03.01.1979 –secuencia pactada muy al filo de la Constitución
de 1978-, el Estado no se había declarado “aconstitucional”. Esta ambigua
fórmula conceptual que ahora se adoptaba supuso, según sentencia del Tribunal Constitucional del 15.02.2001, establecer en la práctica no una laicidad estricta como la
vigente en Francia desde 1905 con la Ley Briand –que se trató de mantener alejada en España- , sino
una “idea de aconfesionalidad o laicidad positiva”, una especie de sí pero no,
en continuidad con “el componente religioso perceptible en la sociedad
española”. Es decir, dar prioridad al poso que el tiempo había instituido como
habitual modo de convivencia, al menos desde el Concordato de 1953, cuando el
Estado se había declarado “confesional”. En ese tiempo, ser español y católico
a muchos llegó a parecerles consustancial, de acuerdo con lo aprendido en muchas
aulas durante un tiempo más largo que el de la educación nacional-católica.
Todavía se declaran católicos aunque no practiquen; mantienen que lo no
católico no pertenece a la nación española e insisten en que su decadencia está
ligada a su secularización, un tópico que William Kallahan ya detectó en la primera mitad del XIX.
El largo Estado
confesional
El Concordato de 1953 supuso una gran disponibilidad de recursos y
un poder excepcional para la Iglesia Católica. Un antecedente de lo que para
entonces ya sucedía en toda España desde abril de 1939, y que en los lugares
donde los sublevados contra la República ya sucedió desde el inicio del golpe
de Estado, consta en el acuerdo de 07.06.1941 por el que los vencedores acordaron con el Vaticano
respetar la parte sustantiva del Concordato de 1851: sus cuatro primeros
artículos. Este Concordato adquiere de este modo una importancia crucial en la
transmisión de las aspiraciones temporales del catolicismo.
Le habían precedido unas difíciles negociaciones en que se buscaba
el reconocimiento del Vaticano, cuando
todavía el Papa tenía gran relevancia en la política europea y, en España, Fernando
VII había dejado a su hija Isabel II acosada por el absolutismo carlista. El
Papa –y sus delegados los obispos- aceptaban las desamortizaciones de bienes
eclesiásticos realizadas y confirmaba los derechos de la Corona en la
presentación de cargos episcopales. En contrapartida, el Estado español, se
responsabilizaba de sostener al clero y los edificios del culto, financiaba los
seminarios, reconocía a los obispos jurisdicción sobre su actividad, y que
pudieran acceder a nuevas propiedades y reinstaurar congregaciones religiosas. Después de reconocer al
catolicismo la exclusiva “como única religión de la nación española” (art. 1),
se exigía que la enseñanza de todos los niveles educativos había de adecuarse
“a la pureza de la doctrina de la fe” (art. 2). De una y otra parte se esperaba
una conciliación de intereses a través de la cooperación en cuanto a costumbres
y educación. Pero el problema seguiría en los límites: ni el liberalismo
moderado estaba muy dispuesto a que la Iglesia impusiese la política pública,
ni la Iglesia y sus partidarios cederían en sus pretensiones absolutas, razón
de las peleas y desavenencias que culminaron en el posicionamiento frente al
laicismo republicano. El miedo de los eclesiásticos a perder presencia les
llevó siempre a ver cada coyuntura como algo accidental, sin desesperar nunca
de la posibilidad del dominio católico universal, pues según predicaban, toda
la humanidad procede de Dios, de quien se sentían representantes.
La vuelta en 1953 a los principios fundamentales del Concordato de
1851 –presente ya en los primeros decretos de los antirepublicanos- fue una
forma de pago a la Iglesia por su colaboración. La beneficiaria del control y censura de la
educación, el arte y las costumbres sociales hasta la Constitución de 1978, se
había empeñado a fondo. La gran mayoría del clero y sus obispos –salvo
excepciones- o el Congreso de Acción Católica en Burgos, en septiembre de 1936,
aprobaron con entusiasmo que la guerra era una “cruzada” en que se dilucidaba
–como pregonaba Pla y Deniel el 28.09.1936- la agustiniana lucha entre la ciudad de Dios y la
ciudad del Diablo. La connivencia pronto dio en llamarse nacionalcatolicismo o
catolicismo de Estado y privilegió la versión más conservadora del catolicismo.
En los años sesenta, algunos sectores abiertos a lo que entendieron daría de sí
el Concilio Vaticano II, mostraron otras maneras de entender el cristianismo, algunas
muy liberadoras, pero pronto quedaron marginadas de la oficialidad católica,
que volvió a privilegiar un espiritualismo individualista, propicio a
posicionamientos neoconservadores próximos a las políticas neoliberales.
El agustinismo de Pla y Deniel remonta esta historia de
temporalidades eclesiásticas a varios siglos antes. Aunque algo tortuoso, ese
trayecto es muy aconsejable si se quiere
contextualizar el mensaje reciente de la Conferencia Episcopal Española a
propósito de “la historia de la X” en la casilla del IRPF. Fue con el Edicto de Teodosio, el 27.02.380,
cuando el cristianismo empezó a ser la religión oficial del Estado. Su
autoridad, que abarcaba entonces a todo el Imperio romano, proclamaba la
ortodoxia del Concilio de Nicea frente a otras doctrinas, y que sólo los creyentes
en la Trinidad asumían el título de católicos –universales- señalando a los
demás como “herejes” y “locos insensatos”. “Sus lugares de reunión –por tanto- no serán
considerados como iglesias y serán destruidos tanto por la venganza divina como
por nuestra iniciativa, que tomaremos de acuerdo con el arbitrio celeste”. (Edictum ad Populum urbis Constantinoplae).
Antes de que muriera Teodosio en 393, la Roma católica –émula del
duro imperialismo de los césares- empezó a ejercer esa
posición dominante y exclusiva, no sólo contra los disidentes sino también contra las religiones “paganas”.
Podemos saltarnos los casi 16 siglos que median hasta 1789, en que
entra en crisis el poder religioso omnímodo que tuvieron en el Antiguo Régimen.
Pero sin olvidar que el criterio moral, social, político y cultural dominante
de esos 1.591 años lo ejerció la Iglesia de manera casi absoluta. Con el Cisma
de Oriente (1054) perdió mucho, y con la disputa por el poder con las
monarquías modernas nacientes, en torno al Cisma de Avignon (de 1378 a 1417),
también. Esas pérdidas acentuaron la reacción a las tesis de Lutero en 1517,
cuando el poder político y económico que se amparaba bajo la autoridad
doctrinal del Papa se puso en entredicho. La libertad de leer la Biblia sin
intermediarios adelantó la modernidad del conocimiento con Bacon, Galileo o
Descartes, pero la disputa por el control político entre papistas
y antipapistas desarrolló nuevas alianzas estratégicas. Las monarquías que se
sucedieron en España ligaron su destino –y el de sus súbditos- al prestigio papal:
un toma y daca de matrimonios de conveniencia, coronaciones, guerras de
religión, reparto del destino y riquezas
de América… Reaccionarias actitudes inquisitoriales, gastos suntuosos a espaldas
de las necesidades del tercer Estado y fundaciones más o menos piadosas
acompañaron a la persecución de lo establecido en el Concilio de Trento. Y con la
Contrarreforma, aparecieron –cómo no- los instrumentos educativos para acrecentar
la fidelidad de los vástagos de quienes tenían poder social: los colegios
jesuíticos y su ratio studiorum (1599) datan de entonces.
Y pese a esos
esfuerzos por situar el dominio eclesiástico en las altas esferas de las
decisiones políticas, de esos mimbres saldrían algunos prohombres del
pensamiento ilustrado como Voltaire. Sus cartas filosóficas, sus peleas contra
el fanatismo, sus sátiras e ironías contra el cándido optimismo y, sobre todo
su defensa de la tolerancia y la libertad de pensamiento, de que dejó sobrada
constancia en su Diccionario filosófico (1764),
planteaban un mundo distinto, opuesto incluso al que, predominantemente, venía
defendiendo la Iglesia. Más allá de posiciones excepcionales, más abundantes en
el clero bajo, las actitudes en que se fue implicando prioritariamente el
Papado y la jerarquía católica desde
1789 hasta el presente ilustran bien el “impacto” a que se refiere la
Conferencia Episcopal Española al auditar la múltiple actividad “social” de la
Iglesia en España. Permiten advertir continuidades significativas. Por ejemplo,
si se estudia de qué lado se pusieron en la primera restauración absolutista española, entre
1814-1820, o cuando la Santa Alianza envió los “100.000 hijos de San Luis”, en 1822,
para “liberar” a Fernando VII del constitucionalismo de Cádiz. La pérdida
inminente de Roma el 20.09.1870, como último reducto de poder temporal de Pío IX,
es redundante en muchos aspectos complementarios. Elevó su autoridad doctrinal
en el Concilio Vaticano I que se estaba celebrando, y lo encastilló –como
“prisionero”- a la defensiva durante largo tiempo frente a “toda modernidad”,
como se impuso al clero entre 1910 y 1967. La
convulsión producida marcó la sensibilidad social eclesiástica: basta ver de
qué lado se puso la caridad “social” que promovió la Rerum novarum en 1891, cuando
el “movimiento obrero” llevaba más de medio siglo en marcha e incluso Bismarck
se había pronunciado a favor de un Estado de “seguridad social” que limitara el
absoluto derecho de propiedad de la Economía política. Más cerca, y sin entrar en cómo hayan sido o sigan siendo las afinidades selectivas de
muchos obispos, ahí están en sus propios medios informativos sus apoyos a doctrinas e intereses
no impelidos precisamente por las urgencias democráticas.
El “impacto” de ahora
Sin conocer ese pasado de hegemonía y exclusividad es difícil
comprender por qué tenga interés hablar de las relaciones de la Iglesia con la
LOMCE y con un posible pacto educativo.
Más tonto es soportar un marketing equívoco sobre aportación de recursos
del Estado vía IRPF para atraer posibles descontentos en un momento de hartazgo
y desilusion ciudadana. Si solo fuera cuestión de publicidad, esta
apuesta de Xtantos solo sería una
campaña publicitaria más. E igual cabría decir de la cuantificación del
supuesto “impacto social” que atribuye a su uso la reciente Memoria. Sería una de tantas que inundan
nuestro mundo mediático de continuo. El problema es que, sin entrar en el
detalle de sus confusos ingredientes analíticos, metodología seguida y
comparativas de lo cuantificado-, en este asunto todos estamos implicados
queramos o no, valoremos o no lo religioso.
El contexto último de esta
publicidad es significativo. Que la Iglesia haya tenido que encontrar alianzas dentro del Tribunal de Cuentas para que los capítulos de lo recaudado por esta vía
de los ingresos públicos, no tuvieran que ser detallados, o la prisa por la que
la propiedad registral de la Iglesia haya sido tan acelerada desde 1998 y a
contracorriente de muchas demandas ciudadanas, no coordinan con lo que pretende
destacar esta Memoria. Qué suceda con
los recursos públicos totales o cuáles sean sus preferencias de la Iglesia en
la distribución de lo que le proporciona el Estado son cuestiones que ofrecen flancos bastante
oscuros al “impacto” de la actividad eclesiástica. No se sabe de excedentes ni
a dónde vayan a parar; qué tenga que ver, por ejemplo, lo que percibe Cáritas con lo que se invierta en publicidad e información muy discutibles… , entre
otras cuestiones a las que la ciudadanía que paga tiene derecho a conocer.
No debiera quedar flotando la duda de si se trata de un Estado
dentro de otro Estado, porque detrás de la casilla del IRPF a la Iglesia está
que todos los ciudadanos sostienen con sus impuestos la Religión católica y las
otras que se van apuntando. No se ciñe a una estricta asignación voluntaria: haya o no
haya crisis, lo percibido el año anterior es obligatorio para el Estado. Y, por
otro lado, además de que también percibe de la otra casilla, la de fines de
interés social, lo aportado a través de la correspondiente a la Iglesia sólo es
una pequeña parte de lo que recibe la Iglesia del Estado –unos 11.000 millones de euros según algunas estimaciones- , sin contar lo de los fieles
que solicitan sus servicios y de los visitantes de sus archivos y museos o
patrimonio general: unos y otros han de pasar por variadas formas de copago
casi siempre, sin que se tenga control claro de su destino ni de si revierten
esas actividades a Hacienda algún impuesto. Y si se habla de colegios,
hospitales y centros asistenciales, cualquier apreciación cualitativa de “impacto”
–del orden que sea- es gratuita si no va acompañada del correspondiente cómputo
de ingresos particulares o de carácter público que los sostienen, además de la
especificación de otros aspectos de orden social que permitan establecer
comparaciones significativas.
La búsqueda de que impacte mucho el “impacto” que polariza esta Memoria de actividades debilita mucho el
mensaje pretendido. Contemplada a la luz de la larga historia que los obispos tienen detrás y no siendo el
“poder fáctico” que fueron, puede que tuviera razón Bourdieu cuando afirmaba
que “no pudiendo declararse como poder de pleno derecho”, estén condenados “a
mentirse a sí mismos y, por esta razón, al doble lenguaje y más precisamente a los procedimientos del doble sentido y del eufemismo, tan
profundamente característicos del discurso religioso en su universalidad” (La sagrada Familia, 1982). No se ha
de olvidar que, cuando implican valores muy preciados como los de índole
sacral, están jugando con valores simbólicos de gran relevancia, tras los que
pretenden enmascarar tratamientos significativos
de la diferencia para fidelizar mejor al conjunto social. Desde mucho antes de
la Transición democrática, no pocos centros educativos y asistenciales han proporcionado
muchas veces este mal ejemplo. Añádase el adoctrinamiento temprano que ansían
en los centros públicos con una enseñanza de la Religión que vaya más allá de lo logrado en la LOMCE. Y se entenderá que este empleo de los recursos públicos en
plan catequético resulte contradictorio con los derechos y necesidades del
común de una ciudadanía crecientemente plural y secularizada. Tanto, que la invocación a una
“aconfesionalidad o laicidad positiva” a que hacía apelación el Tribunal
Constitucional en la sentencia aludida, es cada vez menos sostenible con los
datos del CIS en la mano.
Memoria y Evangelio
En consecuencia, cuando el ritmo de vida interna de la propia Iglesia Católica en España acusa problemas serios de
sostenibilidad -aparte de otros de renovación profunda de su propia jerarquía-,
es hipócrita acusar indebidamente a quienes demanden explicaciones coherentes
de comportamientos falaces o pongan en
cuestión determinados privilegios en el uso de recursos públicos: la “libertad religiosa” no exime de otras obligaciones cívicas con la equidad,
amén de lealtad con lo que se pretende enseñar acerca de “los nuestros” y “los
otros”. Alegaciones en pro de la ampliación de las subvenciones a la Iglesia,
como la pretextada en esta última Memoria
anual de Actividades de la Iglesia Católica en España, requieren a estas alturas de
la película un manejo más humilde y transparente de los datos. Ni este contexto
es el adecuado para alardes, ni las resonancias de la voz de Teodosio como si no hubiera pasado nada son el mejor
procedimiento para llegar a un sano “pacto educativo” a la altura de un Estado
de verdad aconstitucional.
Lo “caritativo” o “benéfico”, e incluso la “acción social”, suelen
pretender hacer amables actividades o
propósitos poco benignos. La “obra social de las Cajas de ahorro” fue una adelantada en ese terreno:
desde 1834, han dejado en España abundante rastro del sueño burgués de cómo soslayar
los fuertes problemas de “la cuestión social” sin arriesgar el orden instituido
y menos el de sus promotores. Si las obligaciones de la Conferencia Episcopal
con el “Evangelio” van a adoptar definitivamente el camino apologético de esta
política de marca debiera advertir que, si no se traduce en prácticas más
consistentes, su responsabilidad social corporativa tendrá cada vez más difícil
hacerse cargo de un pasado tan largo como intrincado de explicar desde la
habitual anfibología expresiva de la caridad ante la pobreza. A los muchos
perjudicados y excluidos de esa historia se añade que hoy, cuando hasta existe
pobreza digital, los recursos públicos siguen siendo escasos para una justicia
distributiva fraternal.
Las instituciones hablan por lo que hacen y los jerarcas católicos
han preferido ocuparse en promover una moral subjetiva de base religiosa,
salvífica a título individual. Podían haberse empleado en propuestas y
sociabilidad que dieran una consistencia fuerte a lo público, pero su
descontento permanente con los logros democráticos eligió erosionarlo pro domo sua y con aliados que buscan su
negocio particular. La continuidad en esa trayectoria histórica de defensores
de una caridad aleatoria –que autopromocionen ellos mismos- resulta hoy muy
débil para que la vida de todos los
ciudadanos sea vivible en la Tierra como derecho. Cambien de onda y serán bien
acogidos, como lo han sido siempre los curas y monjas que se han comprometido
de verdad en el esfuerzo común. Empiecen, por ejemplo, promoviendo una consultoría independiente que
evalúe en qué medida no compartir pupitre en la niñez y adolescencia genera
ciudadanos/as de distintas categorías, concernidos/as por desiguales reglas
tipológicas de conducta y de género. Tal vez haciendo avanzar la historia
educativa, puedan hacer creíble –más allá de un círculo incondicional- algo del
“impacto” que pretenden...
TEMAS: Igualdad. Fraternidad. Justicia distributiva. Caridad.
Beneficencia. Escuela publica. Escuela privada. IRPF. Laicismo.
Aconfesionalidad. Concordatos. Catolicismo.
Manuel Menor Currás
Madrid, 07.06.2017
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