Hace casi dos años un grupo de familias y de docentes de la zona sur de la Comunidad de Madrid se reunió para dar una vuelta a la situación de la inclusión de personas con necesidades educativas especiales en el sistema educativo regional. Tenían en mente que las cosas no estaban funcionando bien, y querían convertir en certezas esas impresiones.
De esta manera investigaron los datos sobre la escolarización, vieron cifras como las publicadas por el Ministerio y comprobaron que había grandesdiferencias autonómicas a la hora de escolarizar a niños y niñas con alguna discapacidad o con alguna necesidad específica. Unas diferencias que atribuyeron a la voluntad política de cada gobierno.
Según los datos del Ministerio de Educación, las diferencias van de Galicia, en donde el 91% del alumnado con necesidades educativas especiales está en centros ordinarios, al otro lado, Valencia, en donde lo está el 18%.
Aseguran quienes han iniciado el procedimiento que tras estudiar los datos de escolarización en tres localidades del sur de Madrid han visto un patrón. Cuando la Administración educativa decide que hay que cerrar aulas por cuestiones demográficas, estos cierres ocurren en los centros que escolarizan alumnado con necesidades.
Forzar el cambio
Con las cifras en la mano, los colectivos (hoy son más de 160 según informan) pensaron que una manera de revertir la situación era cambiar la normativa de escolarización. Después de huelgas, concentraciones y manifestaciones, decidieron cambiar la forma de protesta con el objetivo de forzar los cambios desde las instituciones. Gracias, claro, a la situación política de la Comunidad de Madrid, en donde el PP se sostiene gracias a los votos de Ciudadanos en la Asamblea.
Decidieron llevar a cabo una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos, una posibilidad contemplada en la normativa para que los municipios puedan elevar al Parlamento cambios legislativos. Dada la complejidad del procedimiento decidieron que el texto fuera lo más concreto posible incidiendo directamente en el proceso de escolarización. En cualquier caso, era necesario tener el apoyo expreso de tres ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Hace unos día ya tenían mociones aprobadas en tres, a cierre de esta edición eran once los municipios de la Comunidad y según fuentes del grupo inicial, hay otros 30 ayuntamientos que han metido en sus calendarios la votación de estas mociones para apoyar la iniciativa legislativa.
Claves de la ILP
El texto ha sido elaborado desde un primer momento de forma colectiva. Eso sí, con la colaboración de expertos de diferentes ámbitos que han ayudado a darle una forma correcta, así como un objetivo claro, para evitar modificaciones indeseadas. Pero el pasado mes de abril, por fin, se aprobó el texto definitivo que se enviará a la Asamblea.
Cuatro son los objetivos fundamentales del texto: la planificación de la oferta educativa con criterios de equidad, el descenso de las ratios en las aulas con alumnado con necesidades educativas especiales, el incremento ponderado de los recursos en función de las necesidades de los centros educativos y la redacción de planes de educación inclusiva en todos los colegios e institutos.
Los objetivos concretos del texto legislativo serían: favorecer la presencia de la diversidad del alumnado en las aulas ordinarias; garantizar la equidad en los procesos de escolarización en los centros sostenidos con fondos públicos; dotar de equidad y transparencia a los procedimientos de planificación de la oferta de plazas; dotar a los centros escolares de profesorado, personal de apoyo, espacios y recursos didácticos suficientes y adecuados, e impulsar el papel de la educación como instrumento de cohesión social.
Durante los próximos meses, sobre todo en junio, pero también al principio de julio, la intención es que la moción siga tratándose en estos plenos y aprobándose en su caso. Y dadas las fechas, habrá que esperar hasta la apertura del próximo curso en septiembre para que por fin el texto legislativo llegue a la Asamblea. El parlamento autonómico cierra sus puertas en menos de un mes, el 23 de junio.
Desde la plataforma aseguran haberse reunido con todos los grupos parlamentarios madrileños a excepción del Partido Popular que no les ha recibido. Tanto Ciudadanos como PSOE y Podemos, aseguran, han mostrado su acuerdo tanto con el diagnóstico de la situación como con la pertinencia de esta iniciativa legal.
Ciudadanos parece ahora la clave en este proceso. Desde la plataforma ciudadana hacen una lectura positiva ya que el partido ha ido votando a favor de la moción en los diferentes municipios, incluso en aquellos en los que gobierna, como Valdemoro. Pero, como admiten, al ser una plataforma ciudadana “no tenemos todas las claves” del juego parlamentario.
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