CCOO ha presentado un recurso administrativo contra la resolución publicada que dicta las instrucciones para la aplicación de la prueba en la Comunidad de Madrid por atentar contra múltiples normas y principios jurídicos, pese a que la Consejería ha omitido cuestiones, precisamente para evitar incumplirlas.
CCOO ha presentado un recurso administrativo en el día de ayer, con la Resolución firmada por las dos viceconsejeras de 8 de mayo, publicada a cinco días lectivos de su inicio.
CCOO ya denunció el pasado 26 de abril que se estaba evitando publicar la Resolución relativa a estas pruebas para eludir la contestación por parte de la comunidad educativa, y ahora vemos que se ha publicado en el BOCM, pero omitiendo respecto de la de 3º de Primaria plazos procedimentales necesarios que, si bien deben figurar, han sido eliminados sobre el papel, precisamente para tratar de evitar un contenido de imposible cumplimiento que conduciría a la nulidad plena de la norma.
Los motivos en los que basamos el recurso y pedimos la nulidad total y suspensión de las pruebas son los siguientes:
1. Pese a la omisión de los plazos procedimentales, la nulidad por imposibilidad racional de cumplir dichos procedimientos con garantías de los derechos del alumnado. Por ejemplo, de aquellos que necesitan adaptaciones en las pruebas.
CCOO ya denunció el pasado 26 de abril que se estaba evitando publicar la Resolución relativa a estas pruebas para eludir la contestación por parte de la comunidad educativa, y ahora vemos que se ha publicado en el BOCM, pero omitiendo respecto de la de 3º de Primaria plazos procedimentales necesarios que, si bien deben figurar, han sido eliminados sobre el papel, precisamente para tratar de evitar un contenido de imposible cumplimiento que conduciría a la nulidad plena de la norma.
Los motivos en los que basamos el recurso y pedimos la nulidad total y suspensión de las pruebas son los siguientes:
1. Pese a la omisión de los plazos procedimentales, la nulidad por imposibilidad racional de cumplir dichos procedimientos con garantías de los derechos del alumnado. Por ejemplo, de aquellos que necesitan adaptaciones en las pruebas.
2. Ausencia de garantías en las comunicaciones y notificaciones a través de una índole de plataforma que no está previamente establecida ni regulada, ni cumple con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
3. Obligación a los centros que tienen la prueba interna, que son todos los de la región, salvo los de la capital, cuya aplicación es externa este año, de correr con los gastos de impresión y fotocopias de los exámenes, lo cual es especialmente grave para los centros públicos, pues la Consejería no les transfiere las cantidades para gastos de funcionamiento, lo que ocasiona que estén en números rojos. Y esto, mientras a la empresa a la que se ha adjudicado la organización de las pruebas se le abonan más de 330.000 euros.
5. Obligación de realizar un trabajo extra al profesorado en los centros de aplicación interna que obligatoriamente corregirá las pruebas sin contraprestación dineraria ni de ningún tipo.
6. Ausencia de negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, a pesar de que sus condiciones laborales (carga de trabajo, horarios...) se verán notablemente gravados por las pruebas.
7. Vulneración del principio de publicidad, de transparencia y de buen gobierno, pues al no haber publicado la resolución con el debido tiempo se dificulta e incluso imposibilita la información y el ejercicio de derechos fundamentales como el de protesta o el de impugnación.
8. Vulneración de los derechos del alumnado con dificultades de aprendizaje, puesto que al ampliar los tiempos de los exámenes al alumnado con dislexia, DEA o TDAH no se les permite los mismos descansos que al resto del alumnado, pese a que debería tener más descanso, precisamente por sus dificultades.
9. Obligación a las familias de cumplimentar el cuestionario de contexto y de recibir los resultados por vía telemática a través de la plataforma antes mencionada y, en caso de no ser posible, obligación a los centros de asumir el auxilio de dichas familias, con el probable colapso de funcionamiento de los que escolarizan al alumnado económica y socialmente más desfavorecido y vulnerable y que más están sufriendo los recortes.
10. Falta absoluta de rigor en los cuestionarios de contexto, más allá de su contenido, pues no se contemplan, por ejemplo, los diversos tipos de familias, por ejemplo, los numerosos casos en los que habría de facilitar dos cuestionarios por existir dos contextos de convivencia familiar, lo que demuestra la total desidia y ausencia de rigor del planteamiento de las pruebas y de los resultados que pueden arrojar.
Por todas estas razones, a las que se añade la prohibición del uso de los equipos informáticos en los centros educativos en los últimos debido al ataque informático, CCOO reclama la paralización inmediata de estas pruebas y llama a la enérgica contestación y objeción contra estas. Por este motivo, CCOO estará hoy en la rueda de prensa convocada por FAPA Giner de los Ríos y el Sindicato de Estudiantes a las 11 de la mañana, ante la Consejería de Educación.
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