Falta de inversión, medidas que ya se aplican en las autonomías y cierta lejanía de la escuela son algunas de las fallas que dejan el texto en una declaración de intenciones.
Tras tres horas de reunión de la Conferencia Sectorial entre Ministerio y comunidades autónomas, la sensación en los pasillos es agridulce. Un plan estratégico de convivencia que lleva desde el verano pasado metido en un cajón esperando a la formación de gobierno y en el que ya se llevaba meses trabajando no parece gustar a casi nadie.
Si ayer eran las comunidades del PSOE, a cuya cabeza estaba la consejera aragonesa Mayte Pérez, las que criticaban el plan por no tener financiación suficiente, hoy, poco a poco, se iba conociendo que buenas parte de las autonomías lo ven más como una guía que como una posibilidad real.
Desde Cristina Uriarte, consejera vasca, hasta Fernando Rey, de Castilla y León, han comentado a la prensa que el texto no deja de ser una guía, no tiene carácter obligatorio y buena parte de las medidas, muchas autonomías llevan tiempo poniéndolas en marcha. Meritxell Ruiz, consejera catalana de educación, aclaró que los asuntos relacionados con convivencia escolar competen a las comunidades autónomas y que son ellas las que decidirán qué políticas implementar. “Pero nos parece insuficiente”, dijo refiriéndose al plan del Ministerio, y defendió la potestad de los centros educativos, como expertos en su realidad, de poner en marcha los protocolos necesarios.
El propio ministro Ínigo Méndez de Vigo a insistido en esta idea al ser preguntado por los casi cuatro millones de euros de inversión en el plan.
Además de asegurar que el plan no es obligatorio para nadie, aseguró que “el Ministerio lo que hace es un plan con medidas útiles para prevenir y reprimir el acoso”. Una demostración, afirmó, de que el gobierno está sensibilizado, como lo está la sociedad, con el problema del bullyig y el ciberbullying.
Carencias
A parte de los problemas derivados de la falta de armonía entre las administraciones educativas a la hora de hablar sobre convivencia, el plan no termina de gustar.
“Creo que el documento es muy ‘académico-universitario” y faltan visiones de la escuela”, opinia Chema Salguero, orientador en un instituto de la Comunidad de Madrid. Algo en lo que también está de acuerdo Pedro Uruñuela, experto en convivencia y resolución pacífica de conflictos.
El texto es “básicamente lo que teníamos” afirma. “Un plan que surge sin tener en cuenta la LOMCE, que habla de inclusión con una ley que clasifica a los alumnos no es creíble” dice quien fuera uno de los responsables en el Ministerio de Educación del Observatorio Estatal de la Convivencia puesto en marcha en 2007.
Desde su punto de vista el texto, además, es reactivo y habla poco de crear un clima de convivencia en los centros que evite los casos de acoso. Tampoco hace “un aprendizaje curricular de la convivencia” sino que hace un acercamiento instrumental. Y habla solo de un tipo de acoso, pero se olvida de situaciones disruptivas dentro de las aulas y tampoco habla de la violencia institucional, hacia el alumnado, que en algunos casos sufren por parte de los docentes.
Y, claro, la financiación siempre es un problema. “Nosotros habíamos previsto 8,5 millones de euros”, asegura Pedro Uruñuela, cuando el Plan ahora prevé algo menos de 4.
En este sentido también habla Salguero: “Lo más importante para mí sería revertir, ante de crear figuras nuevas, los recortes que se han realizado en los departamentos de orientación. Si estos contaran con PTSC, un mínimo, educadores sociales, profesorado suficiente de compensatoria y PT podría trabajarse mucho mejor la convivencia”.
Y por supuesto, la formación inicial del profesorado suspende. El plan dedica buena parte de las medidas a incidir en la formación docente, inicial y continua. Pero Salguero se muestra escéptico en relación a que en 2018 (como prevé el documento) “se incluyan contenidos de convivencia, aunque un grupo de docentes ya lo hacemos en la materia Procesos y contextos. Chema Salguero, además de su trabajo en el instituto es docente en el máster de formación del profesorado de la Universidad Complutense de Madrid.
Pacto y comunidades autónomas
Otro de los temas que más tiempo se han llevado de la Conferencia Sectorial de Educación ha sido el del Pacto educativo. En realidad sobre el papel que las comunidades autónomas quieren tener en la redacción de un pacto que, en definitiva y de una forma y otra, serán ellas quien implementen.
Como explicaron al terminar, ha habido discrepancias en la forma en la que las administraciones autonómicas tendrían peso en el documento. Mientras algunas querían desarrollar un grupo de trabajo dentro de la Sectorial, como espacio en el que las consejerías están representadas, otras preferían que no fuera así.
Finalmente se ha llegado a la solución de consenso de que sea la Conferencia General, un órgano técnico dentro de la Sectorial, la encargada de emitir un informe para estudiar la mejor manera de que las aportaciones de las autonomías se plasmen en el documento del pacto.
Documento que, en principio saldrá de la subcomisión de educación del Congreso de los Diputados, pero que también habrá de recibir las aportaciones que le lleguen desde el Senado.
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