Cabecera de la manifestación contra la corrupción celebrada en Murcia el pasado 5 de marzo. / CorrupcionNoRM (Twitter)
La corrupción y la privatización de la educación pública son a veces dos caras de la misma moneda. Lo ha sido en Madrid, con la trama Púnica que se embolsaba cerca de un millón de euros con una serie de colegios concertados. En Murcia coinciden en el tiempo la misma indecencia política y el mismo expolio educativo, pero la movilización social se ha puesto en marcha. Como en muchas ocasiones la política no está a la altura de la ciudadanía y el resultado es incierto. El lunes, el juez Pérez-Templado, el de las cañas con dirigentes del PP, decidirá si archiva o no la acusación de cuatro delitos del presidente regional ¿Qué pasará? Veamos.
El 5 de marzo hubo una gran manifestación en Murcia contra la corrupción. Muchos miles de personas salieron a la calle convocados por la Plataforma Anticorrupción y bajo el lema: ‘Contra la corrupción, decencia’. No era para menos, su presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez (PP) ha sido imputado en el caso Auditorio y declaraba al día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Los manifestantes clamaban pidiendo su dimisión y responsabilizaban a la corrupción de los recortes.
Hay que recordar que el caso Auditorio se refiere a la construcción de un complejo cultural en Puerto Lumbreras, impulsado por Pedro Antonio Sánchez, entonces alcalde del PP de la localidad. La cosa no es ninguna broma, tanto por las dimensiones económicas del proyecto: 6 millones de euros que se financiaban con una subvención del gobierno regional amigo, aunque se acabaron pagando las obras con fondos públicos del Plan de Pago a Proveedores cuando faltaba por acabar casi el 40% de las mismas. Y porque hubo otras muchas irregularidades en la tramitación y total opacidad sobre cómo se gastó la subvención recibida. Prueba de la gravedad del escándalo es la dureza de las imputaciones que le hicieron a Sánchez el fiscal López Bernal y la jueza de Lorca por cuatro presuntos delitos: prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación.
Por cierto, el fiscal superior de Murcia, López Bernal, no ha sido renovado en su puesto por el Consejo Fiscal cuando estaba en mitad de la investigación. López Bernal ha reconocido haber recibido presiones de partidos políticos en el desempeño de su cargo y haber sufrido campañas de desprestigio. También ha declarado que sufren “intimidaciones” y “desprotección” quienes se dedican a combatir casos de corrupción. Se refería a que al fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, le han entrado en su casa hasta en dos ocasiones para robarle información de su ordenador. Son claros avisos de la mafia existente, aunque la tarjeta de visita no adopte la forma de una cabeza de caballo sobre la cama.
El caso Auditorio no es algo excepcional. En Murcia se han seguido muchos procedimientos judiciales sobre corrupción: casos Totem, Ninette, Camelot y Pagamenta, Nova Carthago, Umbra, etc. Más cosas para tener completo el paisaje: el presidente murciano colocó en la ejecutiva del PP al amigo del juez que debe resolver, Pérez-Templado, el que ha sido recusado por falta de imparcialidad. Ernesto Ekáizer explica que el enredo político-judicial es tan pavoroso que hace dudar sobre las garantías reales de justicia en Murcia. En pocas novelas de la serie negra habría una trama tan oscura y densa como en la política murciana.
Pero Rajoy, fiel a su doctrina de defensa a ultranza de los suyos, defiende a Sánchez y ha rechazado pedir su dimisión a pesar de estar imputado. No ha hecho el menor caso a Ciudadanos que ha exigido el cumplimiento del acuerdo que firmaron para la investidura y que exigía –en teoría– una mayor diligencia contra los cargos públicos salpicados por la corrupción. El asunto es muy serio porque no se trata solo de incumplir un acuerdo o de desprecio a los socios que –junto con el PSOE– han asegurado al PP el gobierno. Va más allá, refleja la voluntad de seguir tolerando y encubriendo la corrupción en sus filas.
Ahora el PP de Murcia aborda una descarada privatización de la educación ampliando los conciertos con dinero público a la enseñanza no obligatoria de Formación Profesional y Bachillerato y aumentando su duración de 4 a 6 años. Lo ha anunciado el imputado presidente en el marco de un colegio concertado, con el falaz argumento de la “libertad de las familias”. Pero en realidad financian segregación y negocio económico o ideológico de los centros religiosos con el dinero de todos. Y pretenden hacerlo a la carrera, sin debate en el parlamento regional, porque intuyen que pueden tener poco tiempo político. Paralelamente el Director General de Educación desprestigia a la educación pública diciendo que los conciertos permitirán impartir la FP “con mayor seriedad”.
La respuesta no se ha hecho esperar: cientos de profesores y estudiantes ocuparon las calles del centro de Murcia el 23 de marzo, convocados por todos los sindicatos, la Junta de Personal Docente, la Marea Verde y organizaciones estudiantiles. Su objetivo es defender la educación pública de todos y para todos y que no se dé más dinero público a la privada, ya que supondría pérdida de unidades, alumnado y profesorado. Además, hay varias decenas de encierros en los centros educativos y una huelga y una gran manifestación convocada para el 28 de marzo.
Mientras la ciudadanía se moviliza, la oposición compite a ver quién tiene más protagonismo y es incapaz de presentar una moción de censura conjunta. Finalmente lo ha hecho el PSOE y Podemos la apoyará, pero Ciudadanos dice que no la votará si no es para convocar elecciones. Así las cosas, no está claro qué pasará. Si el lunes el juez Pérez-Templado archiva el caso, seguirá Sánchez; si abre juicio oral, tendría que dimitir en aplicación de los estatutos y C´s apoyaría a un nuevo presidente del PP, aunque fuera un títere del anterior. Todo seguiría igual, incluida la intención aprobar el decreto sobre los conciertos educativos. Es necesario que la oposición pacte un cambio de gobierno y de política. Conseguir el acuerdo es un imperativo democrático para combatir la corrupción y asegurar que Murcia tenga un gobierno decente que mire por el interés de la mayoría social. De lo contrario, la oposición hará un ridículo espantoso si no es capaz de acabar con un gobierno nefasto, cuando la calle y plataformas de ciudadanos están pidiendo a gritos un gobierno de progreso.
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