Hoy es un plagio cometido por el rector Fernando Suárez. Ayer la universidad se negaba a retirar el doctorado honoris causa a Rodrigo Rato pese a estar imputado por las tarjetas black. Antes de ayer, el mismo rector daba clases en un campus no autorizado, contrataba profesores a dedo retorciendo el sistema (saltándoselo incluso) o esquivaba las sentencias del Tribunal Supremo para readjudicar, a las mismas personas, unas plazas que la justicia había tumbado.
Raro es el mes en el que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), pública, no sea noticia. Y no precisamente por sus logros académicos o de investigación.
La URJC fue creada en 1996, cuando Alberto Ruiz Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid y Gustavo Villapalos su consejero de Educación. Se convirtió en ese momento en la sexta universidad pública de la región. Maneja un presupuesto de 122.216.259 euros, según sus propias cuentas, para atender a casi 40.000 alumnos, 605 miembros del PAS (personal de administración y servicios) y 1.434 PDI (personal docente e investigador) repartidos por cuatro campus oficiales y uno no autorizado en el que daba clase el propio rector Suárez.
La universidad se ha convertido en una especie de coto cerrado en el que si desentonas, quedas señalado, relatan de forma anónima varios de sus empleados, que prefieren no dar la cara porque temen por sus puestos de trabajo. El rector, Fernando Suárez Bilbao, maneja el centro con mano de hierro, lo que provoca en el centro una especie de omertá en la que es difícil conseguir información. Por ejemplo, llamar o escribir al servicio de comunicación pidiendo respuestas es, la mayoría de las veces, una pérdida de tiempo. La centralita ni siquiera atiende las llamadas y remite a la web. Para encontrar teléfonos de departamentos hay que armarse de paciencia.
Vinculación al PP
Prácticamente desde su inauguración, la URJC es conocida en el mundo universitario de la región como "la universidad del PP", igual que la Carlos III se asocia al PSOE (porque se creó durante mandatos socialistas) o el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense a Podemos (de allí surgió el partido).
En el caso de la URJC, la universidad ha sido noticia por contratar empleados que tienen relación familiar con personas del PP. Entre ellos se encuentran nombres como Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla (prima del exministro), Margarita Cifuentes Cuencas (hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Isabel Mayor Bastida (sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja), o María del Mar Alarcón (cuñada del exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados). También está en nómina Francisco Marhuenda, director de La Razón y exjefe de gabinete de Rajoy.
Contrataciones ilegales e irregulares
La política de contratación de la URJC también ha dado que hablar en los últimos tiempos por varias causas. Algunas directamente por ser ilegales.
Durante la época del anterior rector, la universidad hizo caso omiso de la tasa de reposición que había impuesto el Ministerio de Hacienda por la crisis (solo se podía reponer al 10% de los funcionarios que se jubilaban) y contrató al menos a 25 personas. El Tribunal Supremo fue anulando una a una todas las plazas: la universidad había excedido la tasa de reposición en un 2.400%.
¿Qué hizo el centro? Ignorar las sentencias hasta que no pudo más (tuvo a un vicerrector ejerciendo pese a que legalmente ni era profesor de la URJC) para luego volver a convocar las mismas plazas (en un teórico concurso público) que están ganando, una a una, las mismas personas a las que les fueron anuladas.
Este mismo año la URJC también admitió en los tribunales que había estado pagando 10.000 euros anuales de menos a uno de sus profesores visitantes, pese a que las remuneraciones en la universidad están perfectamente estipuladas por tablas según las categorías.
El caso sacó a la luz una política de contratación de profesores visitantes cuanto menos muy particular. Esta figura, el profesor visitante, permite a las universidades contratar profesionales de prestigio para realizar estancias de manera puntual. Está totalmente regulada por ley en cuanto a las características que deben reunir los profesores en cuestión (prestigio, venir de otro centro, etc.) y no pueden estar más de dos años en el centro.
Su presencia en las universidades suele ser anecdótica, apenas un 1% de los profesores. En la URJC uno de cada cinco docentes (20%) ha sido contratado bajo esta figura, que permite saltarse los concursos y contratar a dedo.
A dedo también se han adjudicado varias plazas tanto de PAS como de PDI según han denunciado en varias ocasiones profesores del centro. Convocatorias en las que no se especifican los requisitos necesarios para presentarse o que solo se hacen públicas en la intranet del centro –cuando deben ser abiertas a todos los ciudadanos del país que puedan presentarse– son habituales en la URJC, según algunos empleados.
Plagio y amenazas del rector
El mismo rector se ha visto envuelto en algunas situaciones comprometidas durante su primer mandato, que acaba este mismo curso, pero también cuando estaba en el equipo del anterior regidor, Pedro José González-Trevijano. El caso más reciente es el plagio del 68% de un artículo que publicó en 2006. Pero no es el único.
Cuando uno mete su nombre completo en Google (Fernando Suárez Bilbao) el primer link que aparece lleva a una información en la que El Mundo revela un turbio episodio en el que amenazó a otro profesor del centro para que apoyara la candidatura de su entonces jefe para repetir cargo. El caso se sobreseyó en los tribunales porque la grabación se declaró no válida pese a que la Fiscalía la admitía.
Suárez también se vio salpicado por la gestión que hizo la URJC del campus de Aranjuez. El Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez, un centro privado de titularidad pública creado hace 15 años por el Ayuntamiento de la localidad con el permiso de la Comunidad, existe. La universidad se hizo cargo de él en verano de 2014 con permiso para impartir cinco grados. La universidad ignoró el aviso del Gobierno regional y decidió ofertar 14 grados. El propio rector dio clase en alguno de ellos, cobrando el complemento de movilidad de 500 euros mensuales que él mismo se autoconcedió. Por dar clases en un campus no autorizado en grados no autorizados por la Comunidad de Madrid.
El 'horroris' causa Rato
La universidad también estuvo en el disparadero por negarse, durante meses, a retirar el doctorado honoris causa que había concedido a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico. Cuando Rato fue detenido acusado de una retahíla de cargos por el escándalo de las tarjetas black, la universidad alegó que no podía retirarle la mención. La presión de estudiantes y algún profesor llevó a la URJC a ceder y anunciar que "estudiaría" el tema. Ocho meses de estudio después, decidió retirar la mención honorífica.
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