Hay baraturas educativas
que tienen que ver con crisis democráticas
Casi nada es lo que
parece, y menos en educación. Hay transparencias oscuras, tan pretenciosas y cansinas en sus
exigencias como lo fueron en el siglo
XIX.
Lo inédito de no
disponer del rodillo parlamentario es que se producen situaciones como echarle
un pulso al Parlamento y pretextar que éste quiere desgastar al Gobierno: éste le da plantón y le dice, de inmediato, que es culpable por pedir explicaciones.
Con las mayorías absolutas no pasaba. Sucedió, eso sí, que en más de cien
ocasiones de la pasada Legislatura, las peticiones de explicación no llegaban
al orden del día: la mesa del Congreso frenaba la demanda. Costumbre que ha
llevado a muchos a pensar que la democracia puede no diferenciarse mucho de lo
que no lo es. Explicarse exige esfuerzo, pero es signo de educación y respeto.
Es verdad que este Parlamento no eligió a este Ejecutivo, pero también es
anómalo que éste vaya por un lado y en la Carrera de San Jerónimo cunda la
impresión de que les burlan, contraviniendo el sentido constitucional del art.
26.2 de la Ley del Gobierno: “Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político
de las Cortes Generales” (Ley 50/1997. BOE,
28/11/1997).
Oscuras transparencias
Caben múltiples explicaciones a
este indisimulado afán de cautelosa preservación, y más ante la urgencia de formar
nuevo Gobierno. Los demás no pueden ser culpables de un aislamiento ganado a
pulso durante cuatro años, después de larga praxis en no pactar o consensuar
poco con otros grupos parlamentarios.
Nada es eterno, de todos modos,
en el juego político, que, además, se compadece mal con la historia. Perspectivas
a las que, por su parte, la jerarquía eclesiástica ha sido siempre proclive
desde el constantiniano año 313 d.C.
Estos días de Semana Santa, cuando muchos piensan la Declaración del IRPF,
suele hacer circular leves informaciones respecto al uso de los dineros que,
por efecto de los acuerdos con el Vaticano en 1979 y por las actualizaciones de
Zapatero en 2006,
explicita la Ley de Presupuestos. Este año fiscal asciende a 250 millones de
euros, que destina sustantivamente a salarios y seguridad social del clero,
aunque también sirva, al parecer, para financiar asuntos que son muy discutibles como actividad pastoral en un país democrático. Sirva, a modo de
ejemplo, que lo que percibe Cáritas –el lado más social de la Iglesia- de estos
recursos son tan sólo 6 millones, una mínima parte de su presupuesto anual
nutrido principalmente de otras partidas.
Este capítulo de 250 millones,
el que suele publicitar la CEE como si todo lo demás cayera del cielo, es tan
sólo una pequeña parte de lo que la Iglesia católica recibe del Estado. Si no se
quieren opacos ni misteriosos los recursos económicos –y lo son si se mezcla lo
que es de Dios con lo que es del César-, han de sumársele las subvenciones que
las actividades eclesiásticas reciben de los distintos ministerios, comunidades
autónomas y ayuntamientos; las exenciones y bonificaciones tributarias que
tienen sus propiedades; y los programas de mantenimiento y restauración de su
patrimonio documental, artístico y monumental. También han de incluirse
partidas menos solemnes como, por ejemplo, subvenciones para misas y rezos en
el Valle de los Caídos, El Escorial y Yuste por un importe global de 900.000
euros (en 2013) –por “levantar las cargas espirituales” de sus fundadores, amén
de otras atenciones-, que ahora pone en cuestión el Tribunal de Cuentas. Pero el cómputo de este segundo capítulo, en que se suma lo que
viene percibiendo anualmente del Estado por tan variados conceptos se estima
-según los onformes periódicos de Europa laica-, en
más de 11.000 millones de euros. Una cifra global equivalente a decir que cada
ciudadano -católico o no- da a la Iglesia católica en torno a los 240 euros
anuales. Retengan la cifra, pues todavía queda otro capítulo.
Existe, en efecto, un tercer
capítulo de recursos económicos, normalmente inexplicado cuando de recursos
eclesiásticos se trata. Es el más antiguo y está estrechamente vinculado a las
relaciones del clero con sus fieles. Curiosamente,a quienes menos les gusta
recordarlo es a muchos clérigos que, fieles a lo que propugnó el Concilio
Vaticano II a comienzos de los años
sesenta –y a veces con gran escándalo de sus propios compañeros- renunciaron a
cobrar por actos estrictamente litúrgicos lo que les facultaba el derecho
canónico, las sinodales diocesanas y los arraigados hábitos sociales de pueblos
y ciudades. Las parroquias, por ejemplo, estaban clasificadas -en las guías
publicadas por la Iglesia y algunas diócesis-, no sólo por el número de
“almas”, sino por el cálculo de ingresos que podían producir a quienes las
regentaran. E igual sucedía con la tipología de oficios religiosos, cuyo coste
dependía del ornato, solemnidad, oficiantes y horarios en que fuera dispuesto.
Los ritos funerarios, por ejemplo, eran sensiblemente distintos no sólo por
estos motivos, sino especialmente por la cantidad y calidad de responsos
cantados que los deudos del difunto quisieran y pudieran sufragar.Clérigos y
religiosos suman, pues, a lo que les pueda corresponder por los dos capítulos
anteriores, los estipendios regulados que perciben de cuanto puedan allegar por
actos religiosos demandados, tales como misas, bodas, defunciones y bautizos,
amén de devociones y procesiones varias.Es un capítulo este muy cambiante,
entre otras razones a causa de la sensible mudanza de las prácticas religiosas.
Pero en este tercer capítulo pueden contabilizarse igualmente, además de rentas
de viviendas y diestrales exentos de tributación, las cantidades que
habitualmente suelen pagarse, por ejemplo, al visitar museos catedralicios.
También, las limosnas o donativos que, de paso, quieran hacer creyentes y
devotos en los múltiples petos o alcancías que suelen abundar en los lugares de
culto especialmente ante imágenes tenidas popularmente como “milagrosas”,
“abogadas” frente a algún mal. Este aspecto no es nada desdeñable según qué
sitios: la Catedral de Santiago o la de Toledo –más de millón y medio de
visitantes anuales- distan mucho de lo que pueden recaudar otros templos. Los
“petos de ánimas” –de mano o de piedra, en el interior de los templos y en los
cruces de caminos- siguen gozado de especial predicamento en algunas áreas
geográficas después del Concilio de Trento; y los “santuarios” prosiguen, a su
vez, una tradición milenaria, anterior a la cristianización. Y especial mención
merecen, en fin, un asunto más poderoso que las “inmatriculaciones”, los legados testamentarios y donaciones
fundacionales de carácter caritativo o memorial, instrumentos jurídicos de
incremento principal -desde época romana- de las propiedades eclesiásticas
antes y después de la desamortización.
Las subvenciones educativas
Los colegios de influjo
católico también tienen un historial muy variado que, la mayoría de veces, con
el pretexto de la proyección social de la Iglesia, se nutrió de alguno o varios
de estos capítulos de ingresos. Ahora, ya no hay colegios “subvencionados”.
Desde la LODE, “Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación” (BOE, del 04/07/2016), en sus arts. 47 a 63, se conocen como
“colegios concertados”, incluso “asimilados a fundaciones benéfico-docentes” a
efectos de la aplicación de beneficios, fiscales o no fiscales, reconocidos a
este tipo de entidades. También fue esta norma la que estableció que, para ser
concertados, se obligaban a impartir gratuitamente las enseñanzas regladas
objeto de los “conciertos con el Estado”. Igualmente les comprometía a que las
actividades escolares complementarias, las extraescolares y los servicios
escolares no podrían tener “carácter lucrativo”.
Con independencia de lo que
haya sucedido en la práctica en muchos casos, y de cómo hayan sido desvirtuados
los compromisos de la LODE, para entender la cuestión de la supuesta baratura
de estos centros concertados, es importante volver al mencionado capítulo de
los 11.000 millones. De ellos, 600 se emplean en salarios del personal
encargado de la catequesis curricular –no exactamente Religión- en los centros
públicos. Y han de sumárseles, sobre todo, los 4.300 que implican “los
conciertos” de los colegios de la órbita católica. Es verdad que no están
incluidos en esta cantidad todos los centros concertados, pero sí una parte sustantiva
que afecta todavía al 65%. Aparte de los
católicos,confluyen en este sector otros actores empresariales que concurren
con creciente interés por la enseñanza. Lo ven como un sector de mercado que
desean lo más libre y desregulado posible y al que están induciendo
planteamientos estratégicos no necesariamente coincidentes con los de la
jerarquía católica. Abundandatos, de todos modos–constatables en los registros
del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, del Banco Hipotecario,
de los Planes de Desarrollo o de las variada “obra social” de muchas Cajas de
Ahorro- para ver que no todo fue evangélico ni social bajo el manto eclesiástico en estos asuntos. Basta leer Caballo de Troya, folleto de la patronal
E.G. (Educación y Gestión) –ligada entonces a la FERE (fundada por los
religiosos de la enseñanza en 1957)- en que fustigaba como “afán
estatalizador”, en 1994, las obligaciones impuestas porla LODE, contrarias a
los hábitosdirigistas que habían regido en
muchos colegios respecto al justo
salariode los profesores externos que contrataban. La rápida contestación de
FETE.UGT fue otro folleto de fácil consulta que se tituló: En defensa del pago delegado, en pro de sus afiliados, y que
todavía aporta luz a este debate.
Aquella parábola, alusiva a la
estratagema divulgada por Homero y Virgilio,
está hoy en trance de poder significar el papel de muchos centros educativos
católicos en el conjunto de los concertados. En este sector mutante,
crecientemente sindicado como lobby
para defender intereses concretos de falsa competencia mercantil y creciente
afán monopolístico, los centros del ámbito católico son todavía más de 2600.
Los otros, propiedad de fundaciones y empresas incluso multinacionales,
adquieren más peso si se contemplan en la globalidad y se suman a los centros
estrictamente privados -que también tienen deducciones en las declaraciones de
IRPF-. Todos juntos atienden a más del 30% de niños españoles en edad escolar.
Estas estadísticas globales permiten, por demás, obviar la distinta intensidad
presencial del sector privado-concertado según niveles educativos. Dejan además
en la oscuridad una muy variable distribución según Comunidades autónomas y, dentro
de ellas, una no menos diferente
implantación territorial. Lo cual, por otra parte, facilita la opacidad
de muchas razones benéfico-sociales invocadas para justificar los conciertos
existentes, y no referirse a situaciones heredadas, sobre todo de un muy duro
siglo XX –nada igual de duro para todos-.
Se miente, de entrada, cuando
se considera plano el territorio distributivo de la educación. Lo prueba la
mera ubicación física de su triple fórmula para una supuesta “libre elección” de
los demandantes de plaza escolar. En caso de mapearse la península con todos
los datos disponibles –cuestión principal para hablar con fundamento de improbables
baraturas-, mostrará que en muchos lugares de España estos centros nunca han
optado por estar ni se les espera. En otros, en cambio, el afán de presencia ha
sido tan intenso que permiten ver cómo ansiadas localizaciones, buscadas por algunos,han
variado ligeramente dentro del mismo hinterland,
siguiendo las remodelaciones urbanísticas y atendiendo a la movilidad de una
clientela muy específica. Nadie puede extrañarse, por tanto, de que la historia
de nuestras ciudades –con sus espacios socialmente prósperos, sus islas oghettos particulares, y sus procesos de
gentrificación- haya sido pródiga en diferenciar los posicionamientos de muy distintos centros
docentes. En los años cincuenta y sesenta las baraturas afloraron patrones que
acompañaron la expansión del ladrillo, hasta este presente en que los
“recortes” presupuestarios volvieron a mostrar que las asimetrías continuaban
inalteradas y en aumento.
Aquellas pautas de
entonces -especialmente fuertes en los sesenta
y primeros setenta- siguen siendo válidas, entre otras cosas, para distinguir
-dentro de los “colegios concertados” que se presentan como “más baratos”-, los que de verdad se ocuparon de un tipo de
educación atenta a la transformación de la vida de los barrios y a las
necesidades culturales de los vecinos, igual que trataron de hacer, pese a
dificultades de presupuesto, múltiples centros públicos. En la historia de los
centros educativos –a pie de calle-, lo más evidente es que no todos han sido ni
son iguales: no vale mezclarlo todo de nuevo, como si nada. Ytambién es obvio que no se trata de
diferencias “naturales”. La educación española y sus modalidades de diversificación
legalizada tienen una larga historia de emboscamientos a superar. Siempre
escasa de medios, en el siglo XIX fue muy belicosa. Desde los años 30 del siglo
XX propició que los intereses de “la subvencionada” fueran especialmente
prioritarios. Y a este criterio se han atenido fervorosamente responsables
políticos como los que, en 2013, han sacado adelante la LOMCE.
Y seguimos…
Ni nosotros ni la naturaleza
procedemos por saltos. Las dificultades para concertar un Gobierno estable, que, se ocupe de los problemas de todos, son
parejas a cuanto acontece en educación.
A este ámbito, de gran valor simbólico,le quedan por delante largo recorrido.
Persisten muchas ansias deque siga siendo un espacio y tiempo propicios para que
los jóvenes sostengan la competencia entre crecientes diferencias sociales; al
margen de que una educación temprana en el selecto individualismo reproduzca
situaciones imposibles para crecer como personas y ciudadanos libres en una
sociedad plural. ¿Han visto el odioso machismo de los hinchas holandeses en la Plaza Mayor madrileña? ¿Y los acuerdos de la UE sobrelos refugiados sirios?... ¿Qué mundo estamos
dejando? En un tiempo similarmente ciego y sordo, Curros
Enríquez, poeta de Celanova, hizo decir al Creador: "Si iste é o mundo que
eufixen, que o demo me leve". (Continuará).
TEMAS: Presupuestos Generales del Estado. Recursos eclesiásticos.
Competencia sectores educativos. Privada-Concertada. Colegios católicos. FERE.
Subvenciones y libertad comercial. Curros Enríquez.
Manuel Menor Currás
Madrid, 20/03/2016
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