Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado en cuartopoder.es:
Gobierne quien gobierne los derechos se defienden. Este es el lema con el que se convoca a la ciudadanía madrileña el 27 de febrero por Mareas Ciudadanas. Hay que recordar que las Mareas Ciudadanas nacen en 2013 al calor de las luchas contra los recortes y la política de austeridad. No fue casualidad que la primera movilización se realizara el 23 de febrero (23-F) de ese año, como metáfora del saqueo que el gobierno del PP estaba realizando en el país y a su ciudadanía. Fue un gran éxito: cientos de miles de personas se manifestaron en toda España.
Si se quiere comprender el presente hay que preguntarse por el pasado. Por qué ocurrieron determinados acontecimientos y, sobre todo, qué consecuencias tuvieron. Las movilizaciones convocadas el 23-F o en su entorno no es un azar. El 27-F y el acto del Ateneo de Madrid del 23-F se convocan cuando se cumplen 35 años aquel golpe de Estado fallido.
La transición fue fruto de la relación de fuerzas. En este sentido, la esencia del 23-F de 1981, y del continuo ruido de sables en los cuarteles, fue embridar el proceso para condicionarlo. Pasamos de una dictadura a un régimen democrático gracias a la movilización: Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Pero se pagó un alto peaje: las élites económicas, políticas y religiosas conservaron intacto su poder. La Constitución Española (CE) estuvo afeitada en temas como la monarquía, el modelo económico, social y territorial o la participación ciudadana. También se aseguró la impunidad de los franquistas: creíamos que la amnistía era para los que no habíamos cometido ningún delito y, en realidad era para los franquistas responsables de delitos imprescriptibles según la ONU.
Aquel fue un golpe militar y hoy vivimos un golpe socioeconómico. Ahora los golpes contra la democracia no los da el ejército, sino la Troika y la banca, las multinacionales y los gobiernos neoliberales a su servicio. Son golpes a la democracia la modificación con alevosía y sin debate del artículo 135 de la CE que prioriza el pago de la deuda sobre las necesidades sociales. O el fraude político de mantener una ley electoral injusta y desproporcionada; o que el 95% de los ciudadanos que están fuera del país no hayan podido votar. O que se rescate a la banca y cajas que han estafado con las preferentes y se abandone a su suerte a las personas y se les aplique la mayor dureza a la hora de despedir, desahuciar y sumir en la pobreza. O criminalizar toda forma de protesta con leyes represivas (Seguridad Ciudadana, Código Penal (art. 315.3), etc.). Estamos ante un golpe en sesión continua que roba derechos y libertades en el marco de una corrupción casi sistémica para que la crisis la paguen los trabajadores y las clases medias. No podemos olvidar que su corrupción son nuestros recortes.
Por ello hay que oponerse a los nuevos ajustes de 10.000 millones de euros que propone la Troika a España para 2016, seguir rechazando las reformas laborales de 2010 y 2012, y exigir una auditoría ciudadana de la deuda. Y por supuesto, reclamar que se proteja a las personas, evitando el saqueo de lo público. Es necesaria una fiscalidad progresiva y suficiente para disponer de unos servicios públicos universales de calidad. Urge recuperar lo esquilmado y diseñar un futuro que asegure una vida digna para todos y todas. En el plano internacional hay que respetar el derecho al asilo político a los refugiados, así como, denunciar e impedir la aplicación del TTIP, TISA y CETA.
Además de recuperar lo robado hay que salir de la crisis. Ello pasa por un cambio de modelo y de política económica y aquí es donde aparece la importancia de la educación. Necesitamos reforzar la formación de los jóvenes, la cualificación de los trabajadores y el trabajo decente, para cambiar el modelo productivo. Potenciar la industria y la I+D, apostar por un nuevo modelo energético y una producción sostenible y de mayor valor añadido. Hay que mejorar el sistema educativo derogando la LOMCE, invertir un 7% PIB y asegurar el carácter público de la educación.
En el último año se ha mirado demasiado a las urnas, la calle aflojó su presión y ello tuvo su reflejo electoral. Ya hemos visto los resultados. Con todo lo que ha sucedido, la derecha sigue teniendo demasiados votos y la izquierda no se unió lo suficiente para optimizar la representación de las fuerzas de cambio. Desde la experiencia histórica hay que reafirmase en varios principios que nos parecen fundamentales:
a) Es necesario recuperar la calle y el activismo social tanto para conseguir un gobierno progresista como para frenar una nueva versión de gobierno neoliberal; b) los movimientos sociales y el sindicalismo de clase deben mantener su independencia en toda circunstancia –incluso con gobiernos “amigos”-, porque es la mejor garantía de ir hasta el final en la defensa de los derechos sociales y democráticos y que no se ceda ante las presiones de los mercados; c) no se debe delegar en nadie la movilización y la unidad de acción para poner la política al servicio de la gente.
Si no se recupera la calle, no cambiará nada. Ni habrá gobierno de progreso ni se impulsarán las reformas necesarias. Por ello el 27-F hay que salir a la calle a manifestarse para que no nos confundan con cómplices del saqueo por pasividad. Es una cuestión de dignidad y decencia. Es mucho lo que está en juego.
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